Contexto Histórico
Los gobiernos liberales del siglo XIX, especialmente los progresistas, partían de una nueva concepción jurídica de los derechos de propiedad, que implicaba la liquidación de las formas propias del Antiguo Régimen (señorío, mayorazgo, bienes comunales, manos muertas…) y la consolidación de la propiedad privada de la tierra, como elemento esencial de la nueva organización capitalista de la economía.
Con este fin emprendieron una reforma agraria liberal, a través de un conjunto de medidas cuyo objetivo esencial era liberar la tierra de las trabas que ponía el Antiguo Régimen al desarrollo de la propiedad privada y de la economía de mercado. Tras las reformas, la tierra pasó a ser una mercancía que podía ser vendida y comprada libremente.
Medidas de la Reforma Agraria Liberal
En el corto período de tiempo entre 1836 y 1837, los gobiernos progresistas, encabezados por Mendizábal y Calatrava, consagraron los principios de la propiedad privada y de libre disponibilidad de la tierra, a partir de tres grandes medidas:
Disolución del Régimen Señorial
Ya iniciada en las Cortes de Cádiz, implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque mantuvieron la propiedad de las tierras. Así, el antiguo señor se convirtió en el nuevo propietario y muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios o jornaleros.
Desvinculación
La desvinculación (supresión de mayorazgos…) significó el fin de los patrimonios unidos obligatoriamente y a perpetuidad a una familia o institución, y sus propietarios fueron libres para poder venderlos sin trabas en el mercado.
Desamortización
Había sido un elemento recurrente desde el gobierno de Manuel Godoy, como medio para conseguir recursos para el Estado con la venta de tierras propiedad de la Iglesia y de los ayuntamientos. Posteriormente, tanto las Cortes de Cádiz como los gobiernos del Trienio Liberal desamortizaron bienes pertenecientes a monasterios y conventos disueltos.
La Desamortización de Mendizábal
En el año 1836, el presidente Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria) y estableció la incautación por parte del Estado del patrimonio (propiedades rústicas, edificios, obras de arte…) de las comunidades afectadas. Con tal fin, dictó dos decretos, uno en 1836 que afectaba al patrimonio del clero regular, y otro en 1837, que ampliaba la acción a los bienes del clero secular.
Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta mediante subasta pública a la que podían acceder todos los particulares interesados en su compra. Las tierras podían adquirirse en metálico o a cambio de títulos de la deuda pública.
Objetivos de la Desamortización
Mendizábal pretendía así conseguir los recursos necesarios para financiar al ejército liberal, recuperar vales de la deuda y aminorar el grave déficit presupuestario del Estado. Al mismo tiempo, los nuevos compradores constituirían unos sólidos apoyos sociales comprometidos con el triunfo del liberalismo. Más a largo plazo, las medidas deberían fomentar el desarrollo de la agricultura, al pasar la tierra a unos propietarios más emprendedores y dispuestos a introducir mejoras en las formas de cultivo.
Consecuencias de la Desamortización
La desvinculación de la tierra y las desamortizaciones permitieron que miles de propiedades salieran al mercado y comportaron una profunda modificación de la propiedad territorial. Como resultado de todo este proceso, a finales del siglo XIX habían cambiado de dueño miles de edificios y parcelas agrarias (se estima que un 50% de la tierra cultivable), y se habían incrementado y diversificado el número de poseedores.
Pero la desamortización no sirvió para que las tierras se repartieran entre los campesinos, ya que compraron tierras quienes ya las tenían y quienes contaban con recursos para adquirirlas, fundamentalmente la burguesía (funcionarios, militares, acreedores del estado, burguesía capitalista de provincias…).
La expulsión de campesinos de los nuevos latifundios y la concentración de la propiedad de la tierra, generó un aumento del proletariado agrario que a mediados de siglo alcanzó los dos millones de personas.
Consecuencias Económicas y Culturales
La desamortización trajo un aumento de la superficie cultivada y, por tanto, un aumento de la producción agrícola. En algunas zonas se produjeron procesos de inversiones, mejora y especialización de los cultivos (extensión del olivar y la vid en Andalucía…).
La desamortización también tuvo consecuencias culturales, como la pérdida y el expolio de los bienes artístico-culturales de los antiguos monasterios. Muchos edificios se arruinarían y bienes muebles (pinturas, bibliotecas…) fueron vendidos a precios irrisorios.