La Oposición al Sistema Liberal: Carlismo y Guerra Civil

En 1830, nació Isabel, hija de Fernando VII. Antes de su nacimiento, el rey aprobó la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica, permitiendo reinar a las mujeres. Esto excluía de la sucesión al trono al ultra absolutista Carlos María Isidro, hermano del rey. Los partidarios de Carlos, con el rey enfermo, obtuvieron en 1832 la derogación de la Pragmática. Pero una vez recuperado, Fernando VII restauró los derechos sucesorios de su hija. En septiembre de 1833, moría el rey, y su viuda, María Cristina de Borbón, se establecía como regente, en nombre de su hija, la reina Isabel II. Los grupos absolutistas no reconocieron a Isabel y se sublevaron contra el gobierno de María Cristina, proclamando rey a Carlos María Isidro (como Carlos V), por lo que serían conocidos como carlistas.

El carlismo, tradicionalista y antiliberal, englobó a parte de la nobleza rural, del clero y del campesinado, pequeños y medianos propietarios que defendían las formas tradicionales de propiedad agraria. Estos grupos temían las reformas tributarias y económicas del liberalismo. Los carlistas defendían la monarquía absoluta, la preeminencia de la Iglesia y la conservación de los fueros.

Ante el levantamiento carlista, la regente María Cristina contó con la alta nobleza latifundista y con la jerarquía eclesiástica. Además, para defender a Isabel II, la regente pactó con sectores liberales, que empezaban a conseguir el apoyo, sobre todo de los progresistas, de los sectores populares urbanos de las ciudades más importantes.

Ambos bandos lucharon en una guerra de más de seis años, que enfrentó a los partidarios de una u otra opción ideológica (liberales frente a absolutistas).

Los carlistas, en el País Vasco y Navarra, controlaron el mundo rural. Sin embargo, las ciudades permanecieron fieles a Isabel II. En principio, los carlistas desarrollaron una guerra de guerrillas. Pero la tardanza del gobierno en enviar al ejército permitió al general carlista Zumalacárregui organizar un ejército de 25.000 hombres, mientras Cabrera unificaba a las partidas aragonesas y catalanas. Con la muerte de Zumalacárregui en 1835, se inició la reacción liberal, que tuvo en la defensa de Bilbao su máximo objetivo. El general liberal Espartero venció a las tropas carlistas en Luchana, en 1836, y puso fin al sitio de Bilbao.

En 1839, un sector de los carlistas alcanzó un acuerdo con los liberales. El general carlista Maroto firmó el Convenio de Vergara (1839) con el general liberal Espartero. Este sector carlista dejaba las armas a cambio del mantenimiento de los fueros en el norte y la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Sólo las partidas de Cabrera resistirían hasta su derrota en 1840.

A lo largo del siglo XIX, se dieron dos nuevas guerras carlistas. La guerra «dels matiners» (1846-1849) en Cataluña (segunda guerra carlista, el pretendiente era el hijo, Carlos VI). El movimiento fue rápidamente sofocado por el Estado isabelino.

Más importante fue la tercera guerra carlista durante los años 70. Con la llegada de Amadeo de Saboya, un sector del carlismo volvió a la insurrección armada en 1872, querían sentar en el trono a Carlos VII, con partidas guerrilleras en el País Vasco, Navarra y zonas de Cataluña. Con el nacimiento de la República (1873), se recrudeció la guerra. La restauración de los Borbones, con Alfonso XII en 1875, privó a la causa carlista de buena parte de su hipotética legitimidad. Un mayor esfuerzo llevó a la derrota en 1876 a los carlistas. El régimen foral fue abolido.

Isabel II (1833-1843): Las Regencias

Por las guerras carlistas, la regente María Cristina pactó con los liberales. Puso en el gobierno al doceañista Martínez de la Rosa, que promulgó el Estatuto Real en 1834: era una carta otorgada que reconocía algunos derechos y libertades, pero sin soberanía nacional, con Cortes bicamerales (Estamento de Próceres, elegido por la corona, y el Estamento de Procuradores, por sufragio restringido). Las actividades legislativas necesitaban de aprobación real. Estas reformas fueron insuficientes para los liberales progresistas.

En el verano de 1835, los progresistas, con las juntas y la Milicia, protagonizaron revueltas urbanas. Se llamó entonces a un gobierno progresista de Mendizábal, que inició reformas como la desamortización de las tierras del clero para armar al ejército; por esto, la reina lo destituyó. Un año después, tras más revueltas, la reina regente tuvo que llamar otra vez al gobierno a los progresistas; estos restablecieron la Constitución de Cádiz.

Estos dos gobiernos progresistas acabaron con el Antiguo Régimen y pusieron un régimen liberal de monarquía parlamentaria y democrático. Introdujeron la propiedad capitalista en el campo. Disolvieron el régimen señorial (favoreciendo a la alta nobleza para que les apoyara en las guerras carlistas), desvinculación de las tierras y desamortización eclesiástica. Se promulgaron leyes de liberalización de la economía.

Las Cortes progresistas aprobaron la Constitución de 1837. En teoría, se reconocía la soberanía nacional compartida (Cortes y Corona) y se intentaba unir a las dos facciones liberales. El régimen era monarquía constitucional. Lo más avanzado era su declaración de derechos, muy amplia. No es confesional católica, pues no niega otros cultos, pero está obligada a mantener el culto católico.

La división de poderes era a la imagen del liberalismo moderado: unas Cortes con dos cámaras con la misma función legislativa. El Congreso de los Diputados, por sufragio censitario, y el Senado, por miembros elegidos de la corona. La corona tenía el mayor poder ejecutivo, con derecho de veto, disolver las Cortes y nombrar a los ministros. El rey era sagrado e inviolable, y los responsables legales eran los ministros. El poder judicial estaba en tribunales y juzgados. Los alcaldes eran elegidos por sufragio censitario. En las provincias, se crean los cuerpos de milicia nacional.

En septiembre de 1837, los moderados obtuvieron mayoría absoluta; en 1840, aprobaron una ley electoral más restrictiva, limitaron la libertad de imprenta y dispusieron que los alcaldes de importantes ciudades fueran elegidos por la corona. Se producirán, por esto, insurrecciones progresistas. María Cristina dimitió antes de apoyar a los progresistas otra vez. El general Espartero fue nombrado regente con apoyo progresista.

Pero su actitud autoritaria le llevó a enemistarse con algunos miembros, incluso del partido progresista. En 1842, tras aprobar un arancel y abrir el mercado al algodón inglés, Barcelona se sublevó, pues ponía en peligro su industria, y Espartero mandó bombardear la ciudad, poniendo a Cataluña y parte del progresismo en su contra. Conspiraciones con los moderados llevaron a la dimisión de Espartero en 1843. Para no nombrar un tercer regente, las Cortes nombraron a Isabel mayor de edad a los trece años.

Isabel II (1843-1868): El Reinado Efectivo

1. Elementos Constitutivos del Sistema Político

• La Corona: Durante casi todo el reinado de Isabel II, la Corona disfrutó de amplios poderes políticos. Sobre la reina, por su juventud y escasa formación, ejercían gran influencia las camarillas de palacio, que al final tenían mucho peso en las decisiones.
• Los Partidos Políticos:
  • El partido moderado, conservador, formado por altos estratos sociales (terratenientes, comerciantes, nobleza, clero y mandos militares), defendía la propiedad, el orden social, la soberanía compartida, un sufragio muy censitario, la limitación de los derechos y la gran influencia de la Iglesia Católica.
  • En el partido progresista predominaba la mediana burguesía y sectores de la burguesía industrial y financiera. Defendía la plena soberanía nacional, el predominio de las Cortes, limitando la intervención directa de la Corona en la política, ayuntamientos libremente elegidos, la ampliación de los derechos individuales y ampliar el sufragio censitario.
  • La Unión Liberal (1854) fue una escisión de los moderados y que atrajo a los más conservadores de los progresistas.
  • El Partido Demócrata (1849), escindido del progresismo, defendía el sufragio universal y la ampliación de las libertades. Su base social era la pequeña burguesía y sectores populares. Algunos defendían la República como forma de Estado.
• Intervención Militar: Desde la Guerra de la Independencia, había en el ejército sectores favorables al liberalismo, que se convirtió en las guerras carlistas en el apoyo de la monarquía isabelina. Durante su reinado, en general, el ejército mantuvo un apoyo a los moderados. Para llegar al poder, los progresistas tenían que recurrir a levantamientos populares y pronunciamientos militares. La intervención militar fue constante, y los jefes de los partidos eran altos cargos militares. Pero no era un sistema político militar: el ejército no llevaba la iniciativa, sino que ejecutaba una conspiración. Una prueba más de la debilidad del sistema de partidos.
• Juntas y Milicia Nacional: La gran influencia de la Corona, el recurso al ejército y la gran restricción del derecho al voto marginaron a la mayoría de la ciudadanía de la política parlamentaria. Los progresistas, la mediana burguesía urbana-liberal y amplios sectores populares, para incidir en el sistema, recurrieron a las juntas y la Milicia Nacional. Las juntas, formadas a nivel local y provincial, pero con coordinación nacional, se constituían en momentos en los que la acción de la monarquía y de los gobiernos moderados no respondía a las expectativas progresistas. La Milicia se encontrará detrás de los levantamientos liberales contra el absolutismo y será la fuerza, unida a las juntas, que utilizarán los progresistas para forzar a la Corona a llamarlos al poder.

2. Los Moderados en el Poder. La Constitución de 1845. La Década Moderada

Tras la proclamación como reina de Isabel II, los moderados se hicieron con el poder con el general Narváez, quien gobernó casi sin interrupción hasta 1868.

El régimen se asentó sobre el predominio de la burguesía terrateniente. Para estos grupos, era necesario consolidar un nuevo orden social (liberalismo doctrinario), limitando las libertades en defensa del orden y la propiedad. La Corona y gran parte del ejército se convirtieron en los garantes del sistema.

La Constitución de 1845 recoge las ideas del moderantismo: la soberanía compartida del Rey y las Cortes (bicamerales); la Corona (poder ejecutivo) nombra a los ministros y disuelve las Cortes; se amplían sus poderes en aspectos legislativos (derecho de veto absoluto sobre las leyes); disminuyen las atribuciones de las Cortes (legislativo). La Cámara baja de las Cortes era elegida por un sufragio muy censitario, mientras que el Senado era nombrado por la reina. La Constitución establece la exclusividad de la religión católica y la supresión de la Milicia Nacional.

Los moderados mejoraron sus relaciones con la Iglesia. Se firmó un Concordato con la Santa Sede (1851), se suspendió la venta de los bienes eclesiásticos, se devolvieron los no vendidos y se fijó la financiación pública del culto y el clero.

El liberalismo moderado construyó la estructura de Estado liberal en España, bajo los principios de centralismo y de la uniformidad. La reforma fiscal y de Hacienda de 1845 estableció la contribución directa, pero seguían primando los impuestos indirectos (los consumos). Se aprobó el Código Penal (1851) y se elaboró un proyecto de Código Civil. Se reorganizó la Administración. En la Administración provincial, se reforzó una estructura centralista basada en los Gobiernos Civiles y Militares. La Ley de Administración Local (1845) dispuso que los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes y de las capitales de provincia serían nombrados por la Corona, y los de los demás municipios, por el gobernador civil. Sólo País Vasco y Navarra conservaron sus antiguos derechos forales, para evitar levantamientos carlistas. La Ley Moyano de Instrucción Pública colocó la enseñanza local y provincial bajo el control de los alcaldes y gobernadores, dependiendo del Ministerio de Fomento. Se creó la Guardia Civil (1844), cuerpo armado con finalidades civiles, pero con estructura militar, que se encargaría de mantener el orden público y la propiedad privada, sobre todo en el medio rural.

3. El Bienio Progresista (1854-1856)

En el año 1854, el gobierno moderado de Bravo Murillo intentó reformar la Constitución para fortalecer más los poderes del ejecutivo, provocando el descontento de los progresistas y de parte de los moderados. En junio, se produjo el pronunciamiento en Vicálvaro del general O’Donnell (futuro líder de la Unión Liberal), militar moderado, crítico con la acción de gobierno. Sectores moderados y progresistas elaboraron el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas), demandando el cumplimiento de la Constitución y la reforma de la Ley electoral. Al llamamiento se unieron diversos jefes militares, y se dieron en junio levantamientos populares en diversas ciudades. Isabel II llamó a formar gobierno al progresista general Espartero y nombró a O’Donnell ministro de la guerra.

Los progresistas y la Unión Liberal, en las elecciones a Cortes Constituyentes, consiguieron una amplia mayoría. Durante dos años (Bienio Progresista), el nuevo gobierno restauró los principios del régimen constitucional de 1837. Se elaboró una Constitución, la de 1856, que no entró en vigor. Se emprendió un ambicioso plan de reformas económicas.

Las medidas reformistas del Bienio no mejoraron las condiciones de vida de las clases populares ni tuvieron en cuenta sus demandas. En 1856, se produjeron levantamientos en muchas ciudades del país, con asaltos e incendios de fincas y fábricas. Espartero dimitió, y la Reina confió el gobierno a O’Donnell, que reprimió duramente las protestas.

4. La Crisis del Moderantismo (1856-1868)

O’Donnell restauró el régimen moderado, restableciendo la Constitución de 1845. En octubre de 1856, el partido moderado volvió al poder. Hasta el fin del reinado, se turnaron en el gobierno los moderados y los unionistas. Entre 1858 y 1863, la Corona confió la formación de gobierno a la Unión Liberal (con O’Donnell), una etapa de estabilidad política y de intervenciones militares exteriores en busca de prestigio.

En 1863, O’Donnell dimitió. La Reina entregó de nuevo el poder a los moderados. Entre 1863 y 1868, el ejercicio del gobierno estuvo, la mayor parte de las veces, en manos de los moderados. Se gobernó de forma autoritaria, al margen de las Cortes, ejerciendo una fuerte represión, en un contexto de empeoramiento de la situación económica.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

1. Orígenes y Causas de la Revolución de 1868

2. La Revolución de 1868. El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869

La Constitución de 1869 establecía una monarquía democrática. La búsqueda de un rey dividió a la coalición de gobierno. Prim consiguió imponer la candidatura del italiano Amadeo de Saboya, que fue elegido por las Cortes rey en noviembre de 1870. El 27 de diciembre, fue asesinado en Madrid el general Prim; el nuevo monarca se quedó sin su valedor. El 2 de enero, Amadeo I juró en las Cortes y fue proclamado rey.

4. El Reinado de Amadeo de Saboya

A Amadeo I se le pusieron en contra los moderados, la nobleza y la Iglesia, fieles a los Borbones. Los adinerados eran neutrales al principio, pero se opusieron cuando pudieron promulgarse leyes en contra de sus intereses. También se le opusieron los campesinos, proletarios y republicanos en levantamientos y protestas. Estalló la tercera guerra carlista y se recrudeció la guerra independentista de Cuba.

Pero lo que condujo a la crisis definitiva del reinado de Amadeo de Saboya fue la desintegración de la coalición gubernamental. Al morir Prim, el partido progresista se dividió en el partido constitucionalista, dirigido por Sagasta, y en el partido radical, liderado por Ruiz Zorrilla. Deberían haber estabilizado la nueva monarquía y el sistema, pero, por sus disputas, dieron una gran inestabilidad al gobierno: se sucedieron en dos años seis gobiernos y tres elecciones. Sin apoyos, el 10 de febrero de 1873, Amadeo de Saboya presentaba su renuncia al trono.

5. La Primera República Española

Amadeo renunció, y se proclamó la República (11 de febrero de 1873). Gran parte de la Cámara era monárquica, pero votaron a favor de la República para evitar un vacío de poder.

El primer presidente fue Estanislao Figueras. Se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, ganadas por los republicanos con una abstención del 60%. Iniciaron un proceso de Constitución federal. Los republicanos se hallaban cada vez más divididos. Los sucesivos gobiernos de Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar no consiguieron dar estabilidad al régimen. Además, el conflicto carlista se recrudeció, y la guerra en Cuba seguía.

En zonas republicanas, se produjo la revolución cantonal, formándose cantones independientes que después querían unirse con pactos de igualdad en una república federal y revolucionaria. Lo secundaron clases populares arengadas por federales intransigentes, descontentos con la república. Pi y Margall dimitió al no querer usar la violencia contra ellos; fue sustituido por Salmerón, quien sí lo hizo. En la mayoría de los sitios, fueron aplastados los cantones y reforzado el ejército. Salmerón dimitió en septiembre al no querer firmar las condenas a muerte impuestas por los militares.

Desde septiembre de 1873, la república se hizo conservadora. Con Castelar, se abandonaron las pretensiones federalistas y reformistas. Al no tener mayoría parlamentaria, suspendió las Cortes tres meses, y, al volver a reunirlas en enero de 1874, el general Pavía, con la Guardia Civil, invadió las Cortes y las disolvió para que no formaran otro gobierno de izquierda. Una coalición de unionistas y progresistas llevaron el gobierno, dirigido por el general Serrano, de un modo autoritario. Quería poner una república autoritaria, pero se optó por la restauración borbónica y, en diciembre de 1874, el general Martínez Campos, en Sagunto, proclamaba rey a Alfonso XII.