La Transición Española (1975-1978)
Los inicios de la transición (1975-1978): Inmovilistas, reformistas y rupturistas
El panorama político de la década de los 70 presentaba tres alternativas. Unos defendían claramente la continuidad, otros la reforma y la mayoría de la oposición antifranquista se inclinaba por la ruptura.
El inmovilismo del gobierno de Arias Navarro
Dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey. De este primer gobierno de la monarquía se esperaba la aceleración de las reformas, que debían conducir a la progresiva democratización. Su propuesta representaba una simple reproducción del viejo espíritu del 12 de febrero y se limitaba a proponer unas leyes extremadamente restrictivas.
Las movilizaciones populares
Para presionar a favor de una alternativa democrática, la oposición tomó la iniciativa política y definió un programa común para todas las fuerzas antifascistas. Los organismos unitarios creados en la etapa final del franquismo se unieron en la llamada Coordinación Democrática, que se expresaba en la fórmula de la ruptura democrática.
Las fuerzas antifranquistas también promovieron una serie de movilizaciones populares que reclamaban las libertades democráticas y la amnistía. En Cataluña y en el País Vasco se promovieron diversas huelgas generales y en Madrid varios sectores. El gobierno y los empresarios respondieron con detenciones y despidos. Especialmente graves fueron los sucesos de la huelga general de Vitoria, en marzo de 1976.
El gobierno de Suárez y la reforma política
Los inmovilistas solo aceptaban la continuidad del régimen y la represión policial. Los reformistas, ante la incapacidad del gobierno de Arias Navarro, se esforzaron por desplazar del gobierno a los inmovilistas. Su proyecto de cambio pretendía promover una reforma progresiva del sistema político a partir de la evolución de las leyes de las instituciones franquistas.
El rey Juan Carlos y sus colaboradores forzaron la dimisión de Arias Navarro y Torcuato Fernández-Miranda maniobró para imponer como sucesor a Adolfo Suárez. Para ello era necesario anular la resistencia de los inmovilistas en las instituciones del estado. Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos. Además, propuso la Ley de Reforma Política.
El principal problema de la Ley de Reforma era su aprobación por las Cortes franquistas. La ley fue aprobada sin problemas por las Cortes y en ello desempeñaron un papel decisivo las negociaciones con procuradores franquistas.
La constitución de la democracia
La legalización de los partidos políticos
El primer paso fueron una serie de decretos que permitieron la libertad sindical y la legalización de los partidos políticos. La legalización del PCE, a la que se oponían radicalmente los inmovilistas y amplios sectores del ejército, se había convertido en piedra de toque del proceso democrático. Los comunistas apostaban claramente por el proceso democrático.
Las primeras elecciones democráticas
Manuel Fraga creó un nuevo partido, Alianza Popular. Desde el gobierno se constituyó la Unión de Centro Democrático, cuyo líder era Adolfo Suárez. Las elecciones generales se celebraron el 15 de junio de 1977. Aunque no contaba con mayoría absoluta en la Cámara Baja, compuesta por 350 diputados, Adolfo Suárez constituyó el primer gobierno democrático de España después de la Guerra Civil.
La Constitución de 1978
Las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 no tenían formalmente el carácter de constituyentes. Pronto se impuso la opinión de que su primera tarea debía ser la elaboración de una Constitución democrática. La redacción de la Constitución inició la llamada política de consenso, que consistió en resolver los problemas que se presentaban mediante el diálogo y la negociación entre las diferentes fuerzas políticas. La Constitución adoptó un carácter progresista.
La Constitución de 1978 define España como un Estado social y democrático de derecho, con una monarquía parlamentaria, con carácter no confesional y que desarrolla una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades. En ella también se establece el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España.
El Estado de las Autonomías
El proceso de constitución del Estado de las Autonomías tuvo dos etapas: la primera fue la de las preautonomías y la segunda se emprendió a partir del momento en que la Constitución reguló definitivamente el régimen autonómico.
La creación de las preautonomías
La primera preautonomía se concedió a Cataluña, donde se estableció la Generalitat bajo la presidencia de Josep Tarradellas. Posteriormente, en el País Vasco se formó un Consejo General Vasco y en Galicia se creó una Xunta de Galicia.
La Constitución establecía la posibilidad de que todas las regiones se convirtieran en Comunidades Autónomas que se rigieran por un Estatuto de Autonomía. Pero establecía dos procedimientos distintos:
- La mayoría de las Comunidades Autónomas se regirían por el artículo 143.
- Navarra y Andalucía accederían a la autonomía por la vía rápida del artículo 151.
Los Estatutos de Autonomía
Los primeros Estatutos promulgados fueron los de Cataluña y el País Vasco en 1979. Los Estatutos de Galicia y Andalucía se aprobaron en 1981 y, posteriormente, entre 1982 y 1983, los del resto de las Comunidades Autónomas.