Los Años del Boicot Interno (1945-1949)
El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para el franquismo una etapa de aislamiento y rechazo internacionales. Esta hostilidad se hizo evidente a lo largo de los años 1945 y 1946, cuando las Naciones Unidas, creadas recientemente, condenaron de manera explícita el régimen de Franco, impuesto por la fuerza gracias a la ayuda de las potencias fascistas derrotadas. El gobierno de Francia cerró la frontera con España y un acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó la retirada de los embajadores de Madrid (1946). La persistencia del franquismo después de la guerra mundial tuvo un coste económico y político enorme para España, que como consecuencia del aislamiento internacional recibió unas ayudas muy reducidas en términos comparativos. España no se pudo beneficiar del programa de ayuda estadounidense en Europa, el llamado Plan Marshall, iniciado en junio de 1947, y fue excluida de la nueva alianza defensiva occidental, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), constituida en el año 1949.
Reconocimiento Internacional (1947-1953)
A partir de 1947, la configuración de dos bloques antagónicos y el inicio de la Guerra Fría alteraron de manera significativa la situación internacional. En este nuevo contexto era más importante para los Estados Unidos y los países occidentales contar con un buen aliado en la lucha contra el comunismo, el gran enemigo en aquellos momentos, que presionar al régimen franquista para forzar la democratización de su sistema político. A pesar de que las condenas verbales al franquismo se mantuvieron, la aceptación internacional del régimen se fue abriendo camino. En 1947, los Estados Unidos se negaron a imponer nuevas sanciones a España y presionaron para que la ONU no ratificara su condena del año anterior. En 1950, una nueva resolución revocó el acuerdo de retirada de embajadores de España. En el año 1951, Franco decidió proceder a una remodelación del gobierno que facilitara su acercamiento a las potencias occidentales y le permitiera conseguir algunos éxitos en política exterior. En 1953, Franco obtuvo el definitivo reconocimiento internacional del régimen con la firma de los acuerdos con los Estados Unidos y el Concordato con la Santa Sede. Los acuerdos con Estados Unidos incluyeron aspectos de carácter defensivo y económico, y los dos países se comprometieron a la ayuda mutua en caso de conflicto. Los estadounidenses obtuvieron de España el derecho a establecer y utilizar en territorio español una serie de instalaciones militares. A cambio, España recibía material bélico para modernizar sus fuerzas armadas y ayuda económica y técnica. Además, los acuerdos con Estados Unidos sirvieron para regularizar las relaciones diplomáticas y comerciales de España con los países del bloque occidental.
Los Primeros Intentos de Apertura (1950-1958)
A mediados de la década de 1950, la situación económica era muy difícil: la producción aumentaba lentamente y el nivel de vida en España era muy inferior al de otros países europeos. Las ayudas estadounidenses no lograron salvar la situación de crisis interna y en la calle surgieron los primeros síntomas de descontento por la carestía de los productos básicos y el hambre. Entre 1956 y 1958 se produjeron una ola de protestas obreras en algunas ciudades y los primeros movimientos de disidencia en la universidad. Dentro del régimen aumentaba la presión de quienes defendían la necesidad de un cambio profundo en la orientación económica. En 1957, Franco procedió a una remodelación del ejecutivo, en la línea iniciada en 1951, donde entraron como ministros los tecnócratas.
La Estructura del Nuevo Estado
Las Leyes Fundamentales
El establecimiento de unas leyes políticas básicas que organizaran jurídicamente el estado franquista fue un proceso largo, que comenzó en plena Guerra Civil y se concluyó en 1966 con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado. En enero de 1938, cuando el Caudillo designó su primer gobierno, comenzó la verdadera tarea de construir o institucionalizar el régimen. El primer paso del nuevo estado fue la concentración de poder en la persona de Franco, que se mantuvo hasta la muerte del dictador. En 1938 se estableció el Fuero del Trabajo, una primera ley fundamental de clara inspiración fascista y basada en la Carta del Lavoro italiana. En 1945, tras la derrota de las potencias del Eje, el régimen de Franco se vio obligado a promulgar nuevas leyes fundamentales para congraciarse con los aliados. Se instauró el Fuero de los Españoles, que pretendía aparentar que en la España de Franco también los ciudadanos gozaban de ciertas libertades políticas, y la Ley del Referéndum Nacional. La Ley de Sucesión permitió a Franco designar su sucesor «a título de rey». En 1958 se promulgó la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que instituyó el Movimiento Nacional como único partido y estableció que todos los altos cargos civiles o militares pasaran a ser considerados miembros natos del movimiento.
La Democracia Orgánica
El franquismo rechazaba el sistema democrático, basado en la voluntad popular, en el sufragio y en la separación de poderes. Para la construcción del nuevo estado se inspiró en el estado corporativista italiano, que organizaba la participación popular a partir de tres unidades básicas. El sistema fue llamado democracia orgánica, un nombre con el que se pretendía dar legitimidad democrática al franquismo, pero evitando claramente la democracia representativa. La representación popular en las instituciones del estado se reguló a partir de la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), una ley fundamental que definía las Cortes como «órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado». También había procuradores que no lo eran por razón de su cargo y entre los que se contaban los alcaldes de las ciudades más grandes, los rectores de las universidades y los representantes de la jerarquía eclesiástica. Se trataba, por tanto, de una corporación corporativa por tercios: el sindical, el de entidades y el de la administración local. A partir de la nueva Ley Orgánica de 1966 surgieron los llamados procuradores por tercio familiar, que eran elegidos mediante sufragio por los jefes de familia. En el plano territorial, el poder del gobierno se transmitía mediante la vieja institución de los gobernadores civiles.