La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias en España

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el entonces presidente Eduardo Dato declaró la neutralidad de España. Esta decisión se debió al aislamiento diplomático del país, así como a su incapacidad económica y militar para participar en el conflicto. A pesar de la neutralidad, los sectores sociales más avanzados se dividieron en dos bandos: los aliadófilos y los germanófilos.

Por lo general, los conservadores apoyaron a los Imperios Centrales, considerándolos garantes de la autoridad y el orden. Por otro lado, los liberales se inclinaron por los aliados, representantes de la democracia. Los anarcosindicalistas y socialistas, por su parte, calificaron la guerra como un enfrentamiento entre imperialismos por igual.

La neutralidad española propició una expansión económica espectacular. España comenzó a abastecer a los países beligerantes, y el alza de las exportaciones tuvo un triple efecto: rápida expansión industrial, acumulación de capitales y una imparable inflación. Mientras la burguesía se enriquecía, los obreros y el campesinado vieron descender precipitadamente su nivel de vida. Esto se tradujo en protestas y huelgas, a lo que se sumó la descomposición de los partidos dinásticos.

Crisis de la Restauración

Con esta tensión, la Restauración sufrió tres graves conflictos:

La crisis militar: las Juntas de Defensa

El descontento militar se explica por el intento de reforma del Ejército, con el propósito de reducir el número de oficiales y modificar el sistema de ascensos. Las tropas peninsulares no veían con buenos ojos los méritos de guerra de las tropas en Marruecos, que además no sufrían la inflación. Los jóvenes militares peninsulares pretendían un sistema de ascensos por rigurosa antigüedad, lo que desembocó en la formación de Juntas de Defensa, con un marcado carácter sindical. También querían acabar con la intromisión política y lanzaron un ultimátum al gobierno, que se replegó ante el temor de un golpe de Estado.

La crisis política: la Asamblea de Parlamentarios

El aparente regeneracionismo de las Juntas fue interpretado por los opositores al régimen como un símbolo de debilidad del sistema y de oportunidad para la revolución democrática. Ante la suspensión de las garantías constitucionales por parte de Dato, Cambó tomó la iniciativa y convocó a los diputados en Barcelona. La Asamblea acordó un gobierno provisional y un nuevo régimen más democrático y descentralizador. Sin embargo, la escasa participación y el rechazo de las Juntas permitieron disolverla rápidamente.

La crisis social: la huelga general de agosto

El movimiento obrero también quiso unirse a la aparente revolución. Los sindicatos rivales, UGT y CNT, firmaron un manifiesto común convocando una huelga general. Sin embargo, ésta solo tuvo impacto en las zonas industriales, donde se produjeron los incidentes más graves.

La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dirigió un golpe de Estado que apenas encontró oposición. La indecisión del gobierno, el malestar del Ejército y la desconfianza del rey Alfonso XIII hacia el régimen parlamentario facilitaron el éxito del golpe. Primo de Rivera hizo públicas sus intenciones, presentándose como el “cirujano de hierro” que acabaría con el caciquismo, la conflictividad social y el separatismo. La opinión pública se mostró a favor o simplemente demostró una actitud pasiva y expectante, como el PSOE y la UGT. El 15 del mismo mes, Alfonso XIII encargó a Primo de Rivera la formación de un nuevo gobierno y se instauró el Directorio Militar.

El Directorio Militar

El Directorio proclamó el estado de guerra por dos años, suspendió la Constitución y las garantías constitucionales. Se prohibieron e ilegalizaron los sindicatos y los partidos políticos, como la CNT y el PCE. También se reprimió cualquier exaltación nacionalista, especialmente la catalana.

Reformas del Directorio

Con el pretexto de acabar con el régimen caciquil, Primo de Rivera reformó la administración, sustituyendo a los gobernadores civiles por gobernadores militares y tomando el control de los ayuntamientos por medio de delegados gubernativos. Sin embargo, los ayuntamientos fueron reemplazados por consejos de vocales estrechamente vinculados con los caciques locales. Con el Estatuto Municipal solo se consiguió un cambio de forma del caciquismo, pero más que eliminarlo lo acrecentó. El Estatuto Provincial abolió la Mancomunidad, exacerbando el sentimiento separatista de los catalanes.

La cuestión marroquí

Primo de Rivera, sabedor de la impopularidad de la guerra de Marruecos, buscó una solución dialogada al conflicto. Sin embargo, Abd-el-Krim aprovechó este semiabandono para expandirse. El ataque a las tropas españolas en Xauen y el hecho de penetrar en territorio francés hizo que ambos países coordinaran, en 1925, el desembarco de Alhucemas. Esta operación fue un rotundo éxito que se saldó con la derrota de Abd-el-Krim y la conquista efectiva del Protectorado un año después.

El Directorio Civil y la Unión Patriótica

Resueltas la agitación social y la cuestión marroquí, Primo de Rivera se centró en el afianzamiento del régimen, mediante el Directorio Civil, ayudado por políticos de derechas como José Calvo Sotelo. El régimen empezó a asemejarse a las dictaduras corporativistas de la Europa de entreguerras.

Con ese fin, se impuso el partido único de derechas, Unión Patriótica. Su consolidación fracasó debido a su escasa afiliación –de funcionarios y pequeños caciques– y a su poco definida ideología conservadora. En 1926 se anunció una Asamblea Nacional Consultiva para elaborar una nueva constitución, llamada Estatuto Fundamental de la Monarquía. Su parcialidad solo aumentó la creciente oposición de socialistas y viejos partidos dinásticos.

Política económica y social

España se benefició de la expansión económica internacional de los años veinte. La política económica del régimen se basó en el intervencionismo estatal, con el fin de impulsar la industria nacional. Se crearon grandes monopolios estatales como CAMPSA o la Compañía Telefónica. El fomento de obras públicas como carreteras, ferrocarriles o embalses también fue crucial. Se crearon las confederaciones hidrográficas, se electrificó el mundo rural y se construyó gran cantidad de carreteras. Sin embargo, el obsoleto sistema fiscal no pudo evitar el déficit presupuestario.

La conflictividad social fue escasa en parte debido a la represión militar de anarquistas y en parte a la política social del régimen: construcción de viviendas baratas, creación de escuelas y hospitales públicos, y el nuevo sistema corporativista de los sindicatos y los comités paritarios, representados en la Organización Corporativa Nacional, apoyados por los socialistas.

Oposición y caída de la dictadura

A partir de 1926, tanto la dictadura como la monarquía empezaron a ser duramente criticadas. El cuerpo de Artillería se distanció del dictador tras su disolución por parte del Rey al rechazar el ascenso por méritos de guerra. Desde entonces, ciertas facciones del Ejército protagonizaron levantamientos militares fallidos como la Sanjuanada. Otra oposición importante fue la de los intelectuales como Ortega y Gasset, Unamuno o Blasco Ibáñez. Esto motivó la formación de coaliciones contrarias a la dictadura, como la Alianza Republicana. También se reanimaron los nacionalistas catalanes, que tras la fallida invasión de Cataluña por parte de Macià se reorganizaron en la Esquerra Republicana de Cataluña. Por su parte, los sectores radicales de la CNT fundaron la Federación Anarquista Ibérica. En este clima tan tenso, y falto de apoyos, Primo de Rivera presentó su dimisión al rey en 1930.

La “dictablanda” de Berenguer y el advenimiento de la República

Alfonso XIII encomendó el gobierno al general Dámaso Berenguer para volver a la normalidad institucional precedente a la dictadura. Sin embargo, la falta de apoyos de los desarticulados partidos dinásticos y el Pacto de San Sebastián, firmado por los fortalecidos republicanos y los nacionalistas catalanes y gallegos, hicieron patente la agonía monárquica. Los socialistas y los intelectuales se adhirieron al nuevo auge republicano, aunque el pronunciamiento de Jaca falló por falta de coordinación.

Tras la dimisión de Berenguer ante el anuncio de los republicanos de no participar en las elecciones, el Almirante Aznar, nuevo presidente, convocó otras que, a su pesar, los republicanos tomaron como un plebiscito sobre la monarquía. El triunfo de éstos en las grandes ciudades fue decisivo para que se proclamase la Segunda República en 1931.

El bienio reformista (1931-1933)

Tras aprobar la Constitución, Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República. Alcalá Zamora encargó a Manuel Azaña la formación de gobierno. Lerroux, líder del Partido Radical, rechazó seguir en el gobierno junto a los socialistas, por lo que Azaña gobernó con la coalición de republicanos de izquierdas y socialistas.

La crisis económica

La República coincidió con la gran crisis económica de 1929-1933. Aunque ésta no llegó a afectar en gran medida a España, salvo al comercio exterior, perjudicó a los sectores más dinámicos como la minería y los cítricos. Las dificultades se debieron más a los problemas tradicionales de la economía española, como la falta de inversión, la poca competitividad y las estructuras anticuadas. La línea económica a seguir fue la del capitalismo clásico: presupuesto equilibrado y moneda fuerte. Sin embargo, las reformas del bienio aumentaron los gastos, debilitando al gobierno e intensificando la conflictividad social. Las desavenencias políticas fueron la principal causa de la inestabilidad.

Reformas del bienio

Reforma religiosa

El gobierno se ocupó rápidamente de la separación Iglesia-Estado, lo cual aumentó la animadversión de los sectores eclesiásticos. Se promulgaron la Ley del Divorcio y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, por la cual se cerraron los centros docentes religiosos, alimentando la ira de la derecha.

Reforma educativa

Las bases educativas eran crear una Educación pública, laica y gratuita. Se crearon infinidad de escuelas e institutos públicos, además de extender la cultura popular con bibliotecas y Misiones Pedagógicas, destinadas al mundo rural. El impulsor fue el ministro Marcelino Domingo.

Reformas laborales

Las reformas laborales fueron impulsadas por Largo Caballero. Destacan la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba contratos y convenios; la Ley de Jurados Mixtos, una especie de sindicatos paritarios; y la Ley de Asociaciones Obreras, que regulaba los sindicatos. Estas reformas encontraron la oposición de las patronales. Largo Caballero defendió ante todo mejorar las condiciones de los trabajadores del campo, especialmente de la UGT y la FETT, buscando el establecimiento del socialismo.

Reforma agraria

La reforma agraria fue la obra de mayor envergadura del bienio reformista. Su intención fue acabar con los rasgos arcaicos de la agricultura española, como la baja productividad, el absentismo de los latifundistas y la pésima estructura de la propiedad. Sin embargo, el contexto de crisis internacional intensificó la conflictividad de los jornaleros. La presión de la derecha y de las asociaciones de terratenientes lograron una ley muy moderada, que, tras el golpe de Sanjurjo, confiscó las tierras a la nobleza y buscó el asentamiento de campesinos. Sin embargo, el poco interés de los republicanos, incluido Azaña, y la incapacidad del ministro, Marcelino Domingo, hicieron fracasar la reforma en gran medida. A esto hubo que sumar la falta de presupuesto del IRA (Instituto de Reforma Agraria), encargado de la aplicación de la ley, la complejidad técnica y la oposición de los grandes propietarios. Este fracaso derivó en insurrecciones anarquistas en el campo.

Conflictividad social y política

A pesar de la moderación del anarcosindicalismo, el sector radical de la FAI se impuso en la CNT, partidarios de la acción directa, las huelgas y la insurrección. El gobierno creó la Ley de Defensa de la República, que permitió episodios sangrientos entre la Guardia Civil y campesinos como los de Castilblanco y Arnedo. El fracaso de la reforma agraria produjo a partir de 1932 un punto álgido en la insurrección anarquista, que se llevó a cabo en la cuenca del Alto Llobregat. Los sucesos más sangrientos fueron los de Casas Viejas, en Cádiz, en el cual las fuerzas del orden acribillaron y fusilaron a varios campesinos. Este acontecimiento fue en gran medida la causa principal de la caída de Azaña y de la coalición izquierdista.

Las derechas españolas actuaron de dos formas contra las reformas y el régimen republicano. Los monárquicos se reorganizaron para conspirar contra la República: en la Comunión Tradicionalista los carlistas, y en Renovación Española una conjunción de alfonsinos con fascistas. Incitaban a generales a dar golpes de Estado, como el de Sanjurjo de 1932. Por otro lado, un sector de la derecha católica, al mando de Gil Robles, se aglutinó en la CEDA, un gran partido de masas que pretendía cambiar el contenido de la República y se manifestó de un modo ambiguo respecto al régimen republicano. Aunaron a gran cantidad de ciudadanos contrarios al proceso secularizador y a las reformas de izquierdas.

Caída del gobierno de Azaña

A mediados de 1933, el gobierno de Azaña fue acosado por las patronales y los grandes propietarios, quienes se quejaban de la política de Largo Caballero. A esto había que sumar las movilizaciones de la CNT. La postura de acoso y derribo de Lerroux y el Partido Radical, la posición socialista radical de Largo Caballero, que planteó finalizar la colaboración con los republicanos de Azaña, y el rechazo de Alcalá Zamora a la política laicista precipitaron la caída de la coalición. El presidente encargó una coalición a Lerroux, pero los republicanos de izquierda se negaron y entonces disolvió las Cortes y convocó elecciones.

La tímida apertura del régimen franquista

Tras el fin de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, Franco explotó hábilmente su anticomunismo, presentándose a los Estados Unidos como un firme aliado contra la URSS. El cambio de actitud de los estadounidenses y las presiones latinoamericanas y árabes condujeron al fin del aislamiento internacional de España. La Asamblea General de la ONU revocó su condena del régimen. España empezó a entrar en los grandes organismos internacionales, como la FAO, la UNESCO y, finalmente, la ONU. En 1951 regresó el embajador estadounidense, bastante identificado con el franquismo. Esto posibilitó los primeros acuerdos internacionales, como el Concordato con la Santa Sede, que legitimaba al régimen, y el Pacto de Madrid, por el que España cedió cuatro bases militares a los EEUU a cambio de ayuda económica (sobras del Plan Marshall). Sin embargo, Franco no pudo entrar en la OTAN ni recibió apoyo en la cuestión de Marruecos.

Reformismo económico y social

La coyuntura internacional y la debilidad económica del régimen hicieron que Franco remodelase su gobierno. Entraron en él ministros reformistas provenientes del ACNP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas) y se rodeó de personas de confianza como Carrero Blanco. Sin embargo, las crecientes huelgas y, concretamente, los graves enfrentamientos entre estudiantes y falangistas en 1956, demostraron que el Estado policial era insuficiente para contener el rechazo social.

Franco formó un nuevo gobierno en 1957, en el cual, influido por Carrero Blanco, introdujo a los tecnócratas del Opus Dei, en sustitución de los católicos de la ACNP. Éstos eran igual de conservadores que el resto en cuanto a lo social, pero económicamente tenían ideas más desarrolladas. De hecho, fueron los impulsores de la modernización del régimen. Pusieron fin a las políticas autárquicas y establecieron medidas liberalizadoras. Franco sentó las bases del Movimiento Nacional y de la futura monarquía, para relegar el papel de los falangistas, buscando una mayor credibilidad democrática del régimen ante las potencias occidentales.