I. La Minoría de Edad de Isabel II: Cambios Políticos y Desarrollo Institucional (1833-1843)
1. La Guerra Carlista
En los años finales del reinado de Fernando VII se planteó un pleito dinástico. En 1713, Felipe V implantó el Auto Acordado con las Cortes, según el cual la sucesión de Fernando VII debía corresponder a su hermano Carlos María Isidro y no a su hija Isabel. Fernando VII, cuando nació Isabel, dictó la Pragmática Sanción de 1830, que legitimaba la sucesión femenina al trono, permitiendo el reinado de Isabel II y la regencia de su madre María Cristina. Los carlistas reaccionaron por considerarla imposición de los liberales y provocaron las Guerras Carlistas. El 1 de octubre, Don Carlos María Isidro proclamó desde Portugal sus derechos dinásticos (Manifiesto de Abrantes). El día 3 se produjo la primera proclamación de Don Carlos en Talavera, y el día 5 fue reconocido como Rey en Bilbao y Álava. Fue un conflicto civil de contenido social.
- Ideológicamente, en el bando carlista se alinearon los absolutistas, como los antiguos firmantes del Manifiesto de los Realistas Puros de 1826, defensores del Altar y el Trono.
- Socialmente, el carlismo estaba encabezado por una parte de la nobleza y por los miembros ultraconservadores de la Administración y del Ejército. Se unieron el bajo clero y el campesinado, que temían que los cambios sociales y económicos terminaran por hundir sus talleres frente a la gran industria.
Militarmente, la guerra se divide en tres fases:
- 1ª fase: Los carlistas, bajo la dirección del general Zumalacárregui, consiguieron derrotar a los ejércitos cristinos, aprovechando la táctica defensiva y su superior conocimiento del terreno. La primera derrota carlista se produjo en junio de 1835, cuando Don Carlos decidió intentar la toma de Bilbao. El sitio fracasó y en él murió Zumalacárregui.
- 2ª fase: Los carlistas intentaron romper su aislamiento mediante expediciones hacia el Sur, pero no encontraron respaldo entre la población. En 1837, Madrid casi fue tomada por los carlistas, pero D. Carlos intentó un pacto con la Regente. El ejército carlista debió retirarse hacia el Norte. Quedó patente la imposibilidad de su victoria militar y el casi nulo apoyo de la población civil al sur del Ebro.
- 3ª fase: La guerra terminó en agosto de 1839 con el Convenio de Vergara entre los generales Espartero y Maroto: se pactó la rendición carlista, pero con el reconocimiento de los grados y de los empleos de los vencidos. También se respetaron los fueros. La victoria de los cristinos se debió sobre todo a su superioridad material, al poco apoyo popular a la causa carlista al sur del Ebro y al nulo respaldo material y económico del exterior. Su derrota y su exilio significaron el fin del absolutismo.
2. La Regencia de María Cristina de Nápoles (1833-1840)
En 1833 moría Fernando VII. Su hija Isabel no contaba 3 años, pasando como Regente su madre María Cristina, asesorada por un Consejo Consultivo según constaba en el testamento de Fernando VII. La Regencia de María Cristina duró 7 años; renunció a favor de Espartero a causa de los acontecimientos políticos y de la guerra carlista. En principio, la Regente nombró como presidente de gobierno a Cea Bermúdez, quien se apoyaba en los liberales, ya que los carlistas rechazaban la regencia. La sociedad española quedó dividida en:
- Los carlistas, que defendían lo que creían esencias tradicionales hispanas: fueros, catolicismo, monarquía absoluta.
- Los liberales, que defendían el liberalismo, con tendencias anticlericales y la soberanía nacional.
La Reina Gobernadora llamó a los liberales que estaban en el exilio para que le ayudaran a custodiar el trono para su hija, pero estos veían insuficientes las reformas iniciadas por Cea Bermúdez y obligaron a la Regente, en 1834, a sustituir a este por Martínez de la Rosa, que promulgó el Estatuto Real de 1834. Comienza a definirse la separación del partido liberal: moderados, de tendencia conservadora, y progresistas, de tendencia más exaltada.
El Estatuto Real era una Carta Otorgada. En sus 50 artículos se regulaban las nuevas Cortes, su estructura, la forma y tiempo de reunión y sus limitaciones. Se establecían unas Cortes Bicamerales, con un Estamento de Próceres y un Estamento de Procuradores. El primero lo componían representantes de la nobleza, clero y las clases burguesas. Los puestos eran de designación real y vitalicios, con el fin de limitar las reformas que pudieran plantearse. La segunda cámara era electiva, pero mediante un sufragio censitario restrictivo e indirecto.
3. La Regencia de Espartero
La renuncia de María Cristina creó un problema constitucional, lo que llevó a tener que celebrar elecciones en mayo de 1841, que aprobaron la Regencia de Espartero, que es unipersonal, y los moderados se pusieron en marcha con otro general, Narváez. La breve Regencia de Espartero tendrá que luchar con diversas fuerzas: un grupo de moderados que tenían la ayuda económica de María Cristina, los enemigos personales de Espartero (Narváez y O’Donnell) y los sectores progresistas descontentos de su partido. Donde más patente se hizo la oposición hacia Espartero fue en Cataluña, porque los catalanes se oponían a la política librecambista y a la ampliación de las medidas desamortizadoras; destaca el general Prim. Este descontento general del país, junto al personalismo de Espartero y su talante militarista, le llevó a crearse enemigos y a un levantamiento general encabezado por Narváez, que triunfó en agosto de 1843. Espartero abandonó España, refugiándose en Inglaterra. Finalizada la Regencia de Espartero y ante la falta de alternativas, diputados y senadores votaron en las Cortes del 8 de noviembre de 1843 adelantar la mayoría de edad de Isabel II, y, aprobada tal propuesta, Isabel II pasó a ser reina de España. Isabel II juró la Constitución de 1837 y se hizo cargo del gobierno. En 1846 se le impuso un matrimonio con su primo Francisco de Asís. Su reinado apenas se diferenciará del período de las regencias: militarismo, bicameralismo y predominio moderado, con algún breve período progresista (el Bienio 1854-1856) y el período indeciso de la Unión Liberal. Sin embargo, se afianzó el constitucionalismo, se normalizaron las relaciones con la Iglesia a través de la firma del Concordato de 1851 y se logró la unificación administrativa. Se institucionalizó la figura del Gobernador Civil a finales del siglo XX. En política, apareció la Unión Liberal. Y es que en el esquema político isabelino solo cabían los partidos estrictamente burgueses: los moderados, los progresistas, la Unión Liberal e incluso los demócratas, mientras los republicanos quedaban fuera. Esto representa el divorcio entre la España oficial y la España real.
4. Etapas de su reinado
1. La Década Moderada (1844-1854)
Con el gobierno de los moderados, dirigido por el general Narváez, se sentaron las bases del nuevo Estado y se organizaron sus instituciones. Además, en estos años se hicieron importantes logros:
- La creación de la Guardia Civil en 1844 por el duque de Ahumada.
- Aprobación de una Ley de Ayuntamientos en 1845 y la reorganización de las Diputaciones Provinciales, que reservaba a la Corona el nombramiento de alcaldes y jefes políticos.
- Reforma del sistema fiscal por Alejandro Mon y Ramón Santillán. Con esta reforma, los impuestos quedaron clasificados en:
- Impuestos directos: La contribución territorial sobre las propiedades inmobiliarias urbanas y sobre los rendimientos de las fincas rústicas cultivadas y por actividades industriales y comerciales.
- Impuestos indirectos: Sobre transmisión de bienes y consumos, impuesto sobre el consumo de algunos artículos.
- Aprobación de la Ley Electoral de 1846, que redujo el número de electores.
- Configuración de la Administración Central. Se crearon nuevos ministerios: Comercio, Instrucción Pública y de Ultramar. Respecto a la organización judicial, se configuró el Tribunal Supremo como cúspide de la administración de Justicia. Así sucedió con el Código Civil y el Código Penal. Sus objetivos fueron:
- Estabilizar la institución militar.
- Configurar una Administración funcionarial, caracterizada por los principios de jerarquización, racionalización y selección de sus miembros.
- Organizar la Administración provincial. Los gobernadores civiles quedaron perfilados de manera definitiva como cabeza de la Administración provincial, representantes del gobierno y delegados del rey.
- Firma del Concordato con la Santa Sede (1851), por el que se normalizaban las relaciones del Estado liberal con la Iglesia Católica.
- La Universidad. El Estado liberal impuso un modelo que significaba secularización, uniformización y centralismo. Sin embargo, desde un principio se trataba de una universidad burguesa.
- Elaboración de la Constitución de 1845, de carácter moderado, más reaccionaria y conservadora que la de 1837. Esta Constitución estará en vigor hasta la Regencia de Serrano y Prim en 1869.
Constitución de 1845
- Rechaza la soberanía nacional y la sustituye por la soberanía compartida de la Corona con las Cortes; la potestad de hacer las leyes residía en las Cortes con el Rey.
- Proclamaba la confesionalidad católica del Estado.
- Cambios en las cámaras legislativas:
- El Senado: el Rey nombraba a todos los senadores; pero la designación regia debía recaer en españoles comprendidos en alguna de las clases siguientes: altas categorías de la administración, el ejército, la Iglesia y las personas que hayan ocupado cargos políticos, y poseer determinados bienes y rentas. La condición de senador era vitalicia: el Senado adquiría flexibilidad; con lo segundo, independencia.
- El Congreso de los Diputados: la Constitución disponía que los diputados serían elegidos por cinco años. Por ley de 18 de marzo de 1846, se limitó el derecho de voto a los contribuyentes que pagasen 400 reales de impuesto directo y a determinadas capacidades que abonasen la mitad de esa cantidad, reduciendo el número de electores al 1% de la población.
- El poder de la Corona para disolver el Congreso, con la obligación de volver a convocarlo en el plazo de tres meses.
- Se suprime la expresión «poder judicial» y se limitan las garantías de autonomía de los tribunales; se suprime la Milicia Nacional y el juicio por jurados, y se remite a una ley posterior la regulación de ayuntamientos y diputaciones.
- El poder de nombrar y separar a los ministros: la Reina nombra como jefe de gobierno al político que prefiere, y este puede «fabricar» unas nuevas Cortes que le sean fieles. En 1847 se aprueba un nuevo reglamento de Cortes, y al año siguiente un código penal y una ley de enjuiciamiento civil. Entre las leyes administrativas y económicas, cabe destacar la reforma fiscal de Mon, que estableció el impuesto de «consumos» y sentó las bases de todo el sistema fiscal posterior, la reforma educativa de Gil de Zárate y la regularización del cuerpo de funcionarios por Bravo Murillo. En esta época se autorizan las primeras construcciones de ferrocarriles; se mejora la regulación de las sociedades por acciones, se aprueba una ley para la bolsa y se lleva a cabo una reforma bancaria. En octubre, Narváez vuelve a hacerse cargo del gobierno hasta 1851, en que es sustituido por Bravo Murillo. Su política no fue aceptada y tuvo que dimitir en 1852.
Desde entonces se sucedieron varios gobiernos cada vez más ineficaces. Así, progresistas y demócratas unirán sus fuerzas frente a un gobierno, el de Sartorius, que a finales de 1853 había disuelto las Cortes y obliga a Isabel II a llamar a Espartero para que forme gobierno.
2. El Bienio Progresista o Liberal (1854-1856)
Su origen se debió a una causa social, el alza de los precios del grano, y a la tensión política con la prensa. Sin embargo, la inicial conspiración de militares moderados fracasó. Cuando los sublevados, dirigidos por el general O’Donnell, se enfrentaron en Vicálvaro (la Vicalvarada) con las tropas gubernamentales, no consiguieron ningún éxito. En Manzanares, el 7 de julio de 1854, fue redactado un manifiesto (Manifiesto de Manzanares) por Cánovas del Castillo, y cuyo programa incluía: un cumplimiento de la Constitución, la autonomía de los municipios, la reducción de los impuestos, el restablecimiento de la Milicia Nacional y nueva ley electoral y de imprenta. Hizo que comenzaran a aparecer Juntas en todo el territorio peninsular y que el golpe triunfara. Finalmente, la reina llamó al gobierno al general Espartero, y este dio a O’Donnell el Ministerio de la Guerra. Se aplicaron principios progresistas, reflejados en:
- Constitución non nata 1856: Recogía los principios de soberanía nacional y una declaración de derechos, obligaba al Estado a mantener el culto, pero imponía la no persecución de los no católicos. Se introducía un Senado electivo con iguales poderes y responsabilidad que el Congreso.
- Desamortización de Madoz: Las disposiciones de Madoz, en mayo de 1855, se refirieron a la nacionalización y la venta de los bienes de propiedad municipal y de propios y comunes, pero también de todos los bienes nacionalizados previamente que eran propiedad eclesiástica.
- Ley General de Ferrocarriles, que regulaba su construcción y ofrecía amplios incentivos a las empresas que intervinieron.
- En 1856 se aprobó una Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias, que contribuyó a facilitar la inversión ferroviaria y permitió el surgimiento de un mercado financiero moderno.
- Se presentó una Ley de Trabajo que introducía mejoras laborales: reducía la jornada laboral a los niños (de 12 a 10 horas), permitía las asociaciones obreras.
La ley fue rechazada por demócratas y republicanos, y la conflictividad siguió creciendo. En los meses del año 1856 sucedieron motines en las principales ciudades del país, con incendios y asaltos de fincas y fábricas, cada vez reprimidos con mayor brutalidad por el ejército y la guardia civil. La situación provocó una grave crisis en el gobierno. Espartero dimitió y O’Donnell recibió, en 1856, el encargo de formar gobierno.
3. El Gobierno de los Moderados y la Unión Liberal (1856-1868)
Hasta 1858, el gobierno estará en manos de Narváez, pero su moderantismo no supo renovarse a tiempo. Lo que dio lugar a que apareciera como solución a la crisis de moderados y progresistas un «partido de centro»: la Unión Liberal, que dirigía O’Donnell, que en junio de 1858 recibe el encargo de formar gobierno, el llamado «gobierno largo», que duró 5 años. La Unión Liberal poseía unos principios políticos lógicos: síntesis de libertad y orden, unión de los españoles bajo un liberalismo, repudio a los extremistas políticos, etc. Una de sus ideas era revitalizar la política exterior para que las potencias tuvieran que contar con España. Así, se desarrollaron acciones como la expedición a Indochina (1858-1863), que acompaña a Francia en sus objetivos expansionistas y logrará una indemnización de guerra y libertad comercial en la zona; la intervención en México (1862), en la que Prim intervendrá al frente de una expedición militar, de la que no se obtiene ningún éxito y solo sirve para asentar en aquel territorio, por un breve período de tiempo; pero las de mayor importancia fueron en el norte de África. El objetivo era la protección de Ceuta y Melilla, y la victoria de Wad-Ras permitió a España la incorporación de Sidi Ifni y la ampliación de la plaza de Ceuta. El gobierno de O’Donnell coincide también con un período de prosperidad económica a causa de la paz interna, que creó un clima propicio a la inversión. Ello estará marcado por el desarrollo del Plan de Ferrocarriles establecido en el Bienio y por las inversiones de capital extranjero. También se adoptó una política desamortizadora que pretendía continuar la obra de Madoz, pero, al mismo tiempo, intentaba llegar a un acuerdo con la Santa Sede, que se alcanzó en 1859-1860. Esta prosperidad no podía durar porque la Unión Liberal carecía de un programa concreto y sus hombres se fueron separando. En 1863, O’Donnell cae del poder y comienza una nueva crisis en el gobierno isabelino.
4. La Crisis del Gobierno Isabelino y su Final (1863-1868)
Tras la caída de O’Donnell, en marzo de 1863, se produjo un retorno al moderantismo, y, tras dos gabinetes de transición, de nuevo el general Narváez se hizo cargo del gobierno en 1864, abriéndose el proceso que dio al traste con la monarquía borbónica. En ese proceso fue decisiva la crisis económica y el agravamiento de problemas sociales y políticos. Los primeros síntomas de la crisis se produjeron en 1864, al detenerse las construcciones ferroviarias, faltar inversiones extranjeras y caer los precios. Las causas fueron el déficit de las empresas ferroviarias y la falta de algodón, por la Guerra de Secesión de EE. UU., que hizo caer la producción textil catalana. Su resultado fue la pérdida de capacidad adquisitiva, el hundimiento del mercado y la extensión de la crisis. A esta situación se unió el clima de descontento político generalizado ante la inoperancia de los gobiernos sucesivos y la actitud cada vez más autoritaria de Narváez y O’Donnell al frente del gobierno. Pruebas de esa actitud fueron los sucesos de la noche de San Daniel y la represión de la sublevación militar. En octubre de 1864, el Ministro de Fomento, Alcalá Galiano, dictó una Real Orden prohibiendo la difusión, desde las cátedras, de ideas contrarias a la religión católica, la monarquía hereditaria y la Constitución. La prensa progresista publicó artículos de catedráticos que atacaban la política del gobierno y rechazaban la circular por atentar contra la libertad de cátedra. El gobierno expedientó a Castelar y le retiró su cátedra. Los estudiantes decidieron organizar una serenata de apoyo, para lo que pidieron permiso a la Jefatura de Policía, que lo concedió. En la noche del 10 de abril de 1865 se produjo el enfrentamiento entre miles de estudiantes y las fuerzas del orden, con una carga indiscriminada que causó nueve muertos y un centenar de heridos. Las protestas por la matanza de la noche de San Daniel se generalizaron. Finalmente, la reina optó por llamar de nuevo a O’Donnell para encargarle formar un nuevo gobierno en sustitución de Narváez. Un intento de pronunciamiento, el del general Prim, fracasó, aunque Prim ya por entonces era líder de los progresistas. Pero el intento más serio fue la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, el 22 de junio de 1866, cuando unos 1200 artilleros se amotinaron e intentaron hacerse con el control de Madrid. La rápida respuesta militar fue dirigida por O’Donnell y Serrano. El cuartel fue tomado al asalto, siendo el resultado final de unos 60 muertos y varios centenares de heridos, a los que se añadieron los cientos de deportados y los 66 suboficiales y oficiales fusilados por rebelión. A tan dura represión siguió una ola de protestas por todo el país. La respuesta gubernamental, de nuevo bajo la jefatura de Narváez desde julio de 1866 y hasta su muerte en abril de 1868, fue la represión indiscriminada: mantuvo las Cortes suspendidas, cerró todos los periódicos críticos y persiguió no solo a los sectores de oposición, sino incluso a cualquier miembro de la Unión Liberal o moderado que cuestionara la actuación del gobierno. Todo hacía pensar en un golpe de Estado que produciría un cambio de sistema político. En agosto de 1866 se reúnen demócratas y progresistas y llegan al Pacto de Ostende, por el que se comprometen a derrocar a Isabel II, tras lo cual se elegiría, por sufragio universal masculino, una asamblea constituyente que decidiría sobre la forma de gobierno. A pesar de todo, los criterios antimonárquicos se unificaron, culminando con la Revolución del 68 («La Gloriosa»), que sería el golpe que derribaría a Isabel II, que huye a Francia.
II. El Intento de Revolución Democrática: El Sexenio Revolucionario (1868-1874)
1. La Revolución del 68
Causas Económicas y Políticas
En septiembre de 1868 estalló la «Revolución Gloriosa», iniciada con una sublevación militar en Cádiz que contó con el apoyo popular de ciudades españolas, imponiéndose los revolucionarios sin apenas resistencia. A ella se llegó por el agotamiento y la impopularidad del moderantismo y de la monarquía de Isabel II y por la situación de crisis económica del capitalismo español. Asimismo, el descontento de las clases populares por la grave situación económica las lanzó a la insurrección en apoyo del movimiento de cambio político.
- La crisis económica, que desde 1866 se arrastra, fue una crisis financiera originada por la evidencia de que las inversiones ferroviarias no eran rentables, y coincidió con una grave crisis industrial, sobre todo en Cataluña, pues la guerra de Secesión de EE. UU. había interrumpido sus exportaciones de algodón e industrial, y una fuerte crisis de subsistencias provocada por la sequía y las malas cosechas, que trajo carestía y hambrunas ante la carestía del trigo.
- El deterioro político se debió a la alianza de Isabel II con los moderados, la aparición del partido demócrata y su presencia en el Pacto de Ostende.
El Proceso Revolucionario: La Gloriosa (1868)
La Gloriosa fue un pronunciamiento militar. Fue un golpe encabezado por los generales Serrano, Prim, Topete y Ros de Olano, que triunfó al sumarse unidades a la sublevación. El apoyo popular vino cuando los partidos organizaron Juntas locales y provinciales, entregaron armas a la población y organizaron a los llamados Voluntarios de la Libertad. El 19 de septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz, al mando de Topete, se sublevó contra el gobierno de Isabel II. Prim se reunió con los sublevados y consiguieron el apoyo de la población de Cádiz. Prim fue sublevando Málaga, Almería y Cartagena. En muchas ciudades españolas se constituyeron Juntas Revolucionarias que organizaron el alzamiento y lanzaron llamamientos al pueblo. Las consignas eran parecidas en todos los lugares: sufragio universal, supresión de las quintas, abolición de los consumos y su sustitución por una contribución directa, y elecciones a Cortes constituyentes. El gobierno y la Corona se encontraron aislados; los respaldaban los más beneficiados por su política. Los sublevados habían dejado claro que la desaparición de la Reina era esencial para poder regenerar la vida pública española. Cuando las tropas fieles al gobierno fueron derrotadas en el Puente de Alcolea, el gobierno no vio más salida que dimitir. Isabel II partió en exilio hacia Francia el 29 de septiembre de 1868. El poder residió de hecho en las Juntas Revolucionarias y del movimiento popular, que reclamaron amplias medidas de democratización política y de reformas sociales. Sin embargo, se evidenció que en la revolución de 1868 existían diversas revoluciones y que la que se iba a imponer era la de Prim o Serrano, cuyo objetivo (derrocar al gobierno) ya se había conseguido. Los firmantes del Pacto de Ostende tomaron la dirección del movimiento, constituyeron un Gobierno Provisional, decretaron la disolución de las Juntas y asumieron el ideario democrático de las Juntas Revolucionarias, reclamaron a los Voluntarios de la Libertad la devolución de las armas, y se dictaron instrucciones para designar nuevos Ayuntamientos y Diputaciones que aseguraran el control político del país.
El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869
Tras la huida de Isabel II a Francia, se formó un gobierno provisional encabezado por Prim y Serrano, que puso en marcha un programa de reformas. Se reconocieron la libertad de imprenta, el derecho de reunión y asociación y el sufragio universal; la reforma de la enseñanza, la democratización de Ayuntamientos y Diputaciones y la emancipación de los hijos de los esclavos en las colonias. A comienzos de diciembre, la «normalidad institucional» era completa, y el gobierno pudo convocar, para enero, elecciones a Cortes Constituyentes, que habrían de elegirse por sufragio universal directo masculino. La campaña electoral se desarrolló en medio de la polémica sobre la forma de Estado: monarquía o república. Los resultados dieron mayoría a los partidos de coalición antiborbónicos, a la que consideraban un régimen arraigado en la tradición y que aseguraba continuidad y moderación. A la izquierda se situó una facción del partido demócrata, partidaria de la república, y que formó el Partido Republicano Federal. Con Serrano como «Jefe del poder ejecutivo» y Nicolás María Rivero como Presidente de las Cortes, estas procedieron a elaborar la Constitución de 1869, que consta de 112 artículos en 11 títulos. Las características del texto son:
- Incluye una extensa y perfilada regulación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y el reconocimiento de que la soberanía «reside en la Nación». Esta concepción conducirá a la idea de una monarquía democrática. Se aprueba la inviolabilidad del domicilio, derecho al voto, sufragio universal, derecho de reunión y asociación.
- La monarquía como forma de Estado. Se trata de una monarquía democrática y parlamentaria en la que el Rey tiene limitadas sus competencias.
- La división radical de poderes, que reserva al monarca la sanción y promulgación de las leyes, cuya potestad de dictarlas reside en las Cortes.
- La «cuestión religiosa»: se aprobó la libertad de culto y el compromiso del Estado de mantener el culto y clero católicos.
- El centro del poder reside en las Cortes, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso es elegido por sufragio universal y directo en razón de un representante por cada 40 000 personas, y los candidatos no precisan más condiciones que la de ser elector. Esto permite el acceso al poder político a todas las clases sociales. El Senado tenía una naturaleza compleja:
- Por su origen, era de elección popular: los senadores se elegirían, en el marco de la provincia, por sufragio universal indirecto a dos grados.
- Por su composición, era o pretendía ser una asamblea seleccionada: para ser elegido senador se requerían determinadas exigencias de carácter general.
- Por su naturaleza, tenía una cierta dimensión federal inspirada en la Constitución americana.
- Se regulaba la situación de las colonias de ultramar.
- La Constitución regula, con criterio democrático, las diputaciones y ayuntamientos, la hacienda, el ejército.
Aprobada la Constitución, el general Serrano fue elegido regente y Prim pasó a dirigir el gobierno. Su objetivo era: conseguir aunar los partidos políticos; emprender el desarrollo legislativo de la Constitución; y buscar un candidato al trono.
2. La Monarquía Democrática de Amadeo de Saboya (1871-1873)
Los dos candidatos más importantes a la corona de España fueron Leopoldo de Hohenzollern y Amadeo de Saboya, duque de Aosta, candidato apreciado por conseguir la unificación e independencia italiana. El reinado de Amadeo I significará el fracaso del primer experimento político de monarquía democrática en España. El nuevo rey nunca logró hacerse popular. En segundo lugar, por la ausencia del hombre que le había traído a España y que mantenía unido al partido progresista y a la coalición gobernante: el general Prim. Pero la razón fundamental estuvo en que nadie creía que la casa de Saboya fuera la solución para la política del país; además, se vio perturbado por toda clase de conflictos políticos, sociales, cantonales o separatistas, e incluso una insurrección carlista en el País Vasco. Todo esto provocó la abdicación del Rey. Pero el elemento fundamental que condujo a la crisis final fue la desintegración de la coalición gubernamental, que dejó al monarca sin el apoyo necesario para hacer frente a los problemas del país. Finalmente, Amadeo renunció al trono y regresó a Italia, y el día 11 de febrero de 1873 el Senado y el Congreso, reunidos en Asamblea Nacional, proclaman la República como forma de gobierno.
3. La Primera República (1873-1874)
El fracaso de la monarquía democrática de Amadeo de Saboya dejaba abierto el camino a los republicanos. El partido contaba con el entusiasmo de las masas populares, convencidas de que la República iba a suprimir el servicio militar y los impuestos, y a convertir a los jornaleros en dueños de las tierras y a los obreros en dueños de los talleres. El primer presidente fue Figueras, uno de los líderes más moderados del republicanismo. Bajo su presidencia estallaron motines federales por todas partes, el gobierno no era obedecido por nadie y, a la quiebra financiera del Estado, se sumaba la precaria situación del sector agrario. Además, en el terreno internacional, solo EE. UU. y Suiza reconocieron al nuevo régimen, y, en el interior, la mayoría de los partidos pasaron a la oposición; incluso los propios republicanos estaban divididos entre unionistas y federalistas, por un lado, y entre republicanos conservadores y radicales, por otro. Figueras, desesperado, abandonó. Tras Figueras, asume la presidencia Pi y Margall. La Diputación de Barcelona se hizo proclamar República de Cataluña, Málaga se hizo República Independiente de Madrid y pronto siguieron su ejemplo: Cádiz, Sevilla, Granada, Valencia. A esto se unía la tercera guerra carlista, iniciada en 1872 con el reconocimiento como rey de D. Carlos VII. El tercer presidente, Salmerón y Alonso, no pudo hacer frente a la situación interna, que ahora se veía agravada por una sublevación en Cuba que amenazaba con independizarse de España. La República se hundía cuando Castelar subió al poder. Así, reforzó el poder del Estado, llamó al ejército, aplicó la pena de muerte, suprimió el principio federal para acentuar el centralismo, pero sus compañeros no le dejaron continuar, acusándole de militarista y dictatorial. Se redactó una «Constitución de 1873» que no llegó a entrar en vigor. Se establecía una república confederal compuesta por 17 estados y varios territorios de ultramar, cada uno de los cuales podía tener su propia Constitución. Confirmaba la división de poderes e inicia una extensa declaración de derechos, ratifica la abolición de la esclavitud en las colonias y se explicita la separación de Iglesia y Estado (dejan de subvencionar económicamente a la Iglesia católica).
4. El Final de la República: la Restauración de los Borbones
A partir de septiembre de 1873, el gobierno de Castelar fue abandonando las pretensiones federalistas y reformistas. Castelar no tenía mayoría en las Cortes y suspendió las sesiones parlamentarias y gobernó autoritariamente, respaldando a los sectores más conservadores. En diciembre de 1873, un sector importante de los diputados estaba de acuerdo en plantear la cuestión de confianza al gobierno Castelar y forzar su dimisión al abrirse las sesiones de Cortes el 2 de enero de 1874. La intención de este grupo era volver a controlar el gobierno. El día 3 de enero de 1874 se abrieron las Cortes y el gobierno de Castelar fue derrotado. Era inminente la formación de un gobierno de centro-izquierda. Para impedirlo, el general Pavia invadió el hemiciclo con fuerzas de la Guardia Civil y disolvió por la fuerza la Asamblea. El poder pasó a manos de una coalición de unionistas y progresistas, con el general Serrano a la cabeza, que suspendió la Constitución de 1869 y disolvió las Cortes, e intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador. Este gobierno se convirtió en un mero prólogo de la restauración borbónica, que se consumó definitivamente el 29 de diciembre de 1874, cuando el general Martínez Campos, en Sagunto, proclamó a Alfonso XII rey de España. Anteriormente, Isabel II había abdicado en su hijo. El 1 de diciembre del mismo año 1874, el príncipe Alfonso había firmado un manifiesto (Manifiesto de Sandhurst), redactado por Cánovas, que defendería el orden social, pero que garantizaría el funcionamiento del sistema político liberal.