Desamortización en la Regencia de María Cristina (1836-1840)

Contexto Histórico

En 1836, durante la regencia de María Cristina de Borbón, madre de Isabel II, España se encontraba inmersa en la Primera Guerra Carlista. Los liberales, partidarios de Isabel II, buscaban recursos para financiar la guerra y modernizar el país. En este contexto, se implementó la desamortización de las tierras, buscando acabar con las propiedades amortizadas y obtener fondos.

La Desamortización de Mendizábal

El ministro de Hacienda, Juan Álvarez Mendizábal, elaboró un plan dirigido a la regente para vender las propiedades expropiadas. Los objetivos eran:

• Obtener dinero para el Estado.
• Incentivar el trabajo al permitir que la gente poseyera sus propias tierras.
• Transferir la riqueza de manos de aquellos que no pagaban impuestos a quienes sí lo hacían, dinamizando la economía.
• Generar apoyo a Isabel II entre los nuevos propietarios.

Sin embargo, la desamortización de Mendizábal favoreció principalmente a la burguesía. Los terrenos subastados eran grandes, impidiendo el acceso a los campesinos. El sistema de pago, que permitía utilizar títulos de deuda devaluados, benefició a los burgueses que podían adquirirlos a bajo precio y pagar con ellos las tierras a su valor nominal.

Esta desamortización afectó a la Inquisición, la Compañía de Jesús y los monasterios con menos de 12 monjes, cuyas propiedades se utilizaron para pagar la deuda pública. La Iglesia, en respuesta, excomulgó a quienes participaban en la compraventa de estas tierras.

Resultados y Críticas

Los resultados de la desamortización de Mendizábal no fueron los esperados. No se logró la redistribución de la tierra entre los campesinos, ni el apoyo popular deseado. Muchos campesinos, al no poder acceder a la tierra, retiraron su apoyo a Isabel II. La burguesía, por su parte, a menudo adquiría tierras para vivir de rentas, sin interés en la producción. Florez Estrada, un ilustrado de las Cortes, criticó el proceso y propuso repartir la tierra entre los campesinos. Mendizábal, en respuesta, cerró las Cortes para aprobar la ley sin debate.

Desamortización durante la Regencia de Espartero (1840-1843)

En 1840, Baldomero Espartero amplió la desamortización al clero secular. El método de pago cambió, exigiendo un 10% en metálico y el resto en títulos a plazos. Los precios se consideraron bajos, y la Iglesia, sin recursos, tuvo que ser mantenida por el Estado a través de un presupuesto de culto y clero.

Desamortización de Madoz (1855)

Durante el Bienio Progresista (1854-1856), Pascual Madoz implementó una nueva desamortización que afectó a todas las propiedades amortizadas, incluyendo las de la nobleza, el clero, los ayuntamientos, la Inquisición y la Mesta. Esta desamortización se consideró un «golpe mortal» al antiguo régimen. El pago se realizaba con un 10% en metálico y el resto en plazos. El incumplimiento del pago conllevaba cárcel y multas. Los moderados, al volver al poder, ralentizaron el proceso, extendiendo los plazos de pago hasta 1924. Esta desamortización generó importantes ingresos, utilizados para financiar la Ley General de Ferrocarriles, pero perjudicó a instituciones como los ayuntamientos, la enseñanza y la beneficencia, que perdieron sus recursos.

Antecedentes de las Desamortizaciones

Las desamortizaciones tienen antecedentes en el siglo XVIII con Carlos III y el Marqués de Esquilache, quienes intentaron desamortizar propiedades de la Iglesia. Godoy también lo intentó con el acuerdo de la Santa Sede, afectando a los jesuitas y al clero secular, pero con poca repercusión. Durante el reinado de José I, se confiscaron las rentas de la Iglesia, pero no las propiedades. Las Cortes de Cádiz desamortizaron los bienes de la Inquisición y algunos monasterios, pero Fernando VII revirtió estas medidas durante el sexenio absolutista. Durante el Trienio Liberal se propuso otra desamortización, vetada por el rey. Finalmente, con Isabel II, las desamortizaciones se llevaron a cabo de manera efectiva.