Nueva Constitución y Gobierno Colegiado
El ambiente político y las razones del reformismo
Luego de que Andrés Martínez Trueba asumiera la primera magistratura, en marzo de 1951, comenzaron las conversaciones a nivel de las dirigencias políticas que terminaron con la firma de un acuerdo para proceder a la reforma de la Constitución sobre la base de la implantación de un sistema colegiado. Es de hacer notar que se trató de un proceso iniciado y desarrollado a través de las élites políticas, sin que la ciudadanía tuviera participación.
Varias razones de diferente índole impulsaron la iniciativa por parte del propio presidente de la República.
- En primer término, no debe desconocerse que la implantación de un Ejecutivo colegiado había sido un principio programático del batllismo desde 1913 y ahora, que era mayoría evidente, bien podía considerar que había llegado la hora propicia para implantarlo.
- Al herrerismo tampoco le interesaba una vuelta del conductor «quincista», pero su principal objetivo era otro: acceder al gobierno. Un Ejecutivo colegiado le aseguraría al Partido Nacional una integración dentro del Poder Ejecutivo y la participación en la dirección de los entes comerciales e industriales.
- También influyó en la propuesta la percepción de peligro e inseguridad que tuvo gran parte de la clase política frente a la coyuntura internacional y nacional que vivía el país.
Quienes se opusieron, especialmente los partidos no tradicionales y algunos pocos legisladores blancos y colorados, expresaron diferentes enfoques y razones. Apuntaron la inconveniencia e inoportunidad del proyecto.
Constitución de 1952
Contando con el respaldo político necesario del Partido Nacional y del Partido Colorado batllista, luego de algunas modificaciones, se transformó en ley constitucional. Se siguió así el procedimiento de reforma establecido. El 10 de octubre de 1951 fue aprobada por la Cámara de Representantes (85 a favor, 24 en contra) y luego por la de Senadores, que le introdujo algunos cambios refrendados posteriormente por los Representantes, por 26 votos a 4. El proyecto de ley quedó sancionado, fijándose como fecha de realización del plebiscito el 16 de diciembre de 1951. Los resultados del mismo marcaron la indiferencia popular frente al proyecto, ya que solamente votaron 429 mil personas, resultando aprobado por 232 mil sufragios contra 197 mil.
Mantuvo nuestras características de Estado democrático, republicano, unitario y laico, con un gobierno representativo con separación de poderes.
El Poder Legislativo no cambió, mientras que el Poder Ejecutivo fue organizado con un sistema colegiado integral. Su titular era el Consejo Nacional de Gobierno, organismo pluripersonal de 9 miembros elegidos directamente por el pueblo. Seis cargos pertenecerían a la lista más votada del lema más votado. Los 3 cargos restantes, correspondientes a la minoría, se distribuían proporcionalmente entre las listas del lema que le siguiera en número de votos.
La presidencia del Consejo Nacional de Gobierno sería rotativa, por periodos anuales, entre los miembros electos bajo el lema que hubiera obtenido la mayoría y por orden de colocación en la lista respectiva.
Balance del primer Colegiado
En el clima de acuerdo político que existió, la elección recayó en 6 colorados: Andrés Martínez Trueba, Francisco Forteza y Antonio Rubio, colorados «quincistas»; Héctor Álvarez Cima y Luis Brause, catorcistas; y Eduardo Blanco Acevedo, neobatllista. Tres nacionalistas: Álvaro Vargas, Martín Echegoyen y Roberto Berro.
La labor de este primer Colegiado fue particularmente difícil por una serie de factores. Comenzaron a ser visibles los primeros síntomas de la crisis económica, que a partir de 1955 sería crítica. Merma en los precios internacionales de la carne y la lana a partir del 53, pérdida de mercados por medidas proteccionistas, inflación incipiente, se vincularon a un inquietante aumento de la agitación sindical y el descontento social.
Ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la imposibilidad de mantener ciertas reivindicaciones económicas y sociales logradas en el pasado, importantes sectores de obreros y empleados privados y estatales plantearon sucesivos conflictos, demostrando su disconformidad frente a la situación.
El gobierno, impotente por no poder contener los conflictos, comenzó a utilizar las medidas «prontas de seguridad», previstas para los casos graves de ataques exteriores o de conmoción interior, que ampliaban su capacidad de represión.
Durante este periodo cobró importancia el creciente papel político de la Liga Federal de Acción Ruralista, liderada por Benito Nardone. El movimiento ruralista de Nardone tuvo sus orígenes en la década de 1940, expresando los intereses de los pequeños y medianos propietarios rurales.
Nardone, ex colorado, con lenguaje campechano y agresivo, pero sumamente eficaz, supo expresar a estos sectores, denunciando los males que aquejaban al productor.
Durante el periodo del primer Colegiado, el ruralismo hizo una dura crítica al Partido Colorado y, en general, a las propuestas neobatllistas. Nardone preservó una actitud de neutralidad entre los partidos tradicionales.
La situación de los partidos tradicionales, a medida que se acercaba la fecha de las nuevas elecciones, se vio alterada por los cambios de alineación interna, que incidieron en la gestión del gobierno, obligando a constantes regateos políticos.
Dentro del Partido Colorado se hizo más evidente la separación entre las dos fracciones batllistas. El líder quincista criticó duramente el conservadorismo «catorcista» y reiteró la vigencia de su programa «Renovación y Reforma».
Elecciones de 1954
Con este panorama llegaron las elecciones. El triunfo, como lo prevenían todos, fue para el Partido Colorado. Los resultados electorales significaron el triunfo del quincismo y la amplia base social que reunió con su lema «Renovación y Reforma» y un elenco de jóvenes figuras que se incorporaron a la vida política nacional a través del Parlamento.
De esta forma, frente a los problemas sociales y económicos del país, las propuestas populistas, especialmente el ya comprobado neobatllismo, resultaron atractivas a los ojos de la gran mayoría.
El Colegiado del 54 y el fin del neobatllismo
Asumieron sus cargos los integrantes del nuevo Colegiado: Luis Batlle Berres, Alberto Zubiria, Carlos Fischer, Arturo Lezama, Justino Zavala y Zoilo Chelle por la mayoría quincista; Luis Alberto de Herrera, Ramón Viña y Daniel Fernández Crespo por el Partido Nacional.
Según lo expresado en la campaña electoral, los pilares de la política de gobierno serían el fomento de la producción agropecuaria, que tendría que incorporar nuevas tecnologías para incrementar su productividad, y sobre todo el desarrollo industrial, complementado con la lucha por obtener nuevos mercados y lograr la abolición de las barreras proteccionistas. En el pensamiento de Batlle, esto fue más que una actividad económica.
Ese programa falló ante la dura realidad de la crisis: bajó la producción, decrecieron las exportaciones, pero no las importaciones, cayeron aún más los precios internacionales de nuestros productos agropecuarios y fue imposible abrir mercados para los semi-elaborados, aumentó el costo de vida y se depreció la moneda. Esta serie de contrastes reveló las fragilidades del modelo económico industrializador.
Las dificultades y frenos que tuvo el gobierno se agravaron por la dura y apasionada oposición que encontró dentro de su propio partido político y, por supuesto, en los sectores de la oposición.
Durante el periodo de Luis Batlle y el quincismo se agravaron las discrepancias con el catorcismo. Y aunque pocos días después se reintegraron, presentaron renuncia dos ministros de la 14, lo que agravó la crisis. Más tarde, presentó renuncia el ministro de Salud Pública y a esto le siguió el ofrecimiento de renuncia de todo el elenco ministerial. Este hecho condujo a la ruptura del acuerdo político entre ambos sectores del batllismo e hizo que la 15 asumiera la responsabilidad de tener que gobernar sin el debido respaldo parlamentario.
La oposición nacionalista también realizó duros ataques a la gestión gubernamental. Esto se dio en forma simultánea con un claro realineamiento de sus fuerzas componentes, que determinaron dos hechos llamados a tener importantes consecuencias: la alianza de Herrera con el ruralismo y la formación de la Unión Blanca Democrática (UBD).
La UBD fue un agrupamiento sumamente heterogéneo por su composición social y programa, con notoria primacía urbana. En él confluyeron grandes hacendados, comerciantes e industriales, pero también sectores medios e incluso populares. Su prédica aunó propuestas ético-políticas, similares a las del neobatllismo, como por ejemplo, «la adecuada protección de las clases económicas débiles».
Los partidos de izquierda también protagonizaron una dura oposición al gobierno, no solo a nivel parlamentario, sino influyendo directamente en la agitada movilización sindical y estudiantil, que se fue haciendo más aguda a medida que se acercaba la fecha de las elecciones.
Blancos al poder: Elecciones de 1958
Llegaron las tan esperadas elecciones nacionales, que fueron antecedidas por una campaña electoral intensa y vehemente, donde se apeló como nunca a la propaganda en prensa, radio y vía pública. En general, todos los grupos políticos, en mayor o menor medida, defendieron sus programas y candidaturas más por ataques al adversario que por virtudes propias.
Los resultados confirmaron la crisis del quincismo y del neobatllismo, es decir, del Partido Colorado en conjunto. El Partido Nacional volvía al poder después de 93 años, votando unido y contando con el apoyo del ruralismo.
Dentro del nacionalismo, la coalición herrero-ruralista triunfó sobre la UBD por un ajustado margen, gracias a la votación del interior.
En el Partido Colorado, tanto el quincismo como el catorcismo disminuyeron sus votos en un 15%.
Dentro del gobierno del Partido Nacional, dos proyectos de reforma constitucional se presentaron para ser plebiscitados. Ninguno de ellos alcanzó a imponerse.
Como conclusión, podemos anotar que la rotación de los partidos fue un hecho que demostró la importancia que las instituciones políticas y los valores sociales, definidos en torno a la democracia liberal, tenían en Uruguay.