La Nueva Dinastía y sus Ministros
Desde la perspectiva de la política interna española, la Guerra de Sucesión supuso el fortalecimiento de la monarquía absoluta. La nueva dinastía reinante en España era francesa, así como los miembros del gobierno que asesoraron a Felipe V durante la guerra. Como consecuencia, en España se impuso el modelo del absolutismo francés.
Al principio, Felipe V (1700-1746) empleó validos extranjeros; tras su fracaso en la política exterior, los sustituyó por una burocracia española, absolutista y reformista, entre cuyos miembros destacaban Melchor de Macanaz y José Patiño, quienes formaron la primera generación de funcionarios reformistas, como José del Campillo.
Tras la muerte de Felipe V, su hijo y sucesor, Fernando VI (1746-1759), tampoco intervino en el gobierno, sino que dejó actuar a la siguiente generación de burócratas: José de Carvajal y, sobre todo, Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, el político español más importante de la primera mitad del siglo XVIII.
Estos políticos procedían, por lo general, de la baja nobleza y dependían totalmente del favor del monarca y sus partidarios en la corte. Sus reformas tuvieron como finalidad consolidar el poder absoluto de la monarquía a través de una política centralizadora, el control de la Iglesia y el intervencionismo en la economía.
La Política Centralizadora
La reforma del gobierno se realizó sobre dos principios en auge en Europa en este siglo: la centralización y la uniformidad.
La centralización implicaba que las medidas del gobierno debían proceder del rey y sus ministros, mientras que la uniformidad suponía que dichas medidas debían aplicarse a todos los súbditos por igual. Ambos principios tenían como objeto evitar privilegios locales y forales; para llevarlos a cabo, era imprescindible acometer una serie de reformas.
El sistema tradicional de gobierno de los Austrias, basado en los Consejos controlados generalmente por la nobleza, fue relegado, aunque no suprimido. El Consejo de Castilla pasó a serlo de todo el reino, convirtiéndose en el más importante; su presidente solía ser un político influyente, casi siempre un laico, a diferencia de lo que había sucedido en el siglo XVII. Los secretarios, precedentes de los ministros, se convirtieron en funcionarios imprescindibles en el gobierno de los Borbones.
1. La Supresión de los Privilegios de los Reinos Orientales
Durante la Guerra de Sucesión, los reinos orientales se habían rebelado contra Felipe V. Este ordenó la supresión de sus instituciones y privilegios. Se aplicaron para ello los Decretos de Nueva Planta en Valencia y Aragón (1707), Mallorca (1715) y Cataluña (1716). Estos decretos suprimían los fueros, las Cortes y sus diputados, incluida la Generalitat, los tradicionales consejos municipales, el cargo de justicia mayor, el sistema fiscal y monetario propio de cada reino, y el Consejo de Aragón. En su lugar se imponían, en líneas generales, las leyes, instituciones y cargos de Castilla. Los virreyes fueron suprimidos y la lengua catalana quedó recluida a la esfera privada, prohibiéndose en los actos oficiales y en los tribunales. Además, se eliminaron las aduanas y puertos secos.
Pese a todo, la igualdad en los reinos no fue total. Los orientales conservaron buena parte de su derecho civil y costumbres locales; se renunció a imponer el sistema fiscal castellano, estableciéndose un impuesto único. El reclutamiento de tropas de estos reinos no pudo llevarse a cabo debido a la oposición popular. Por su parte, el País Vasco y Navarra conservaron sus fueros y sus aduanas. Navarra mantuvo sus Cortes y su virrey.
2. El Diseño de una Nueva Administración Territorial
Se crearon nuevas figuras políticas y administrativas como representantes de la autoridad real en los territorios alejados de Madrid: los intendentes y los capitanes generales. El cargo de intendente se estableció durante la Guerra de Sucesión, en 1711, aunque fue suprimido en algunas ocasiones y, finalmente, se estableció a partir de 1749. Los intendentes controlaban una circunscripción de tamaño medio, en cuya capital debían residir. Este cargo era nombrado por el secretario de Estado, al que informaban directamente de la situación de su jurisdicción.
3. El Sometimiento de las Cortes
Durante el siglo XVIII se establecieron unas Cortes únicas que reunieron a representantes de todos los territorios de España, con la excepción de Navarra. Había dos procuradores por cada una de las 36 ciudades con derecho a representación. Tras la Guerra de Sucesión, solo se convocaron Cortes en tres ocasiones (1724, 1760 y 1789), siempre con motivo de la jura del heredero al trono. En las Cortes de 1789 fue derogada, además, la Ley Sálica. Las peticiones de los procuradores cayeron en el olvido o fueron denegadas.
4. Las Reformas en el Ejército y la Armada
El objetivo era crear un ejército permanente para la defensa de España; para ello, se recurrió al reclutamiento triple: por una parte, voluntarios; por otra parte, levas obligatorias de vagos y maleantes; y, por último, la quinta o quintas, que era un reemplazo de varones no exentos, aportados por cada pueblo. Se creó, asimismo, una nutrida guardia real, formada por soldados españoles y flamencos, a los que se suponía más leales contra los tumultos populares. Aunque la aristocracia siguió monopolizando los cargos de oficiales, con estas medidas se inició la creación de un auténtico ejército nacional.
Para la monarquía era imprescindible contar con una armada poderosa que defendiera la ruta hacia las Indias y los intereses españoles en el Mediterráneo. Durante el reinado de Carlos III se dotó a la armada de una bandera única, que después se convertiría en la bandera de España. Pese a todo, el número de marinos españoles era muy reducido y apenas tenía experiencia en el combate, por lo que, cuando fue preciso actuar, a finales del siglo XVIII, lo hicieron más como fuerza disuasoria que como flota ofensiva contra los barcos enemigos.