La Transición Española a la Democracia
El Reinado de Juan Carlos I y el Gobierno de Arias Navarro
Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I ascendió al trono. Tanto la oposición democrática como los sectores franquistas desconfiaban del nuevo rey. Sin embargo, Juan Carlos I se convirtió en garante de una transición política que se identificó con la libertad, la paz y el futuro.
Arias Navarro, el primer presidente del gobierno, fue criticado por la oposición por representar la continuidad del franquismo. Formó un gobierno heterogéneo y su programa político carecía de novedades, identificándose cada vez más con los sectores inmovilistas. Su falta de liderazgo ocasionó un vacío de poder que propició la manifestación de líderes políticos y sindicales. La única ley reformista que se promulgó durante su gobierno fue la Ley Reguladora de Reuniones (impulsada por Manuel Fraga).
Problemas del Gobierno de Arias Navarro:
- Huelgas de trabajadores.
- Aumento del terrorismo (ETA, GRAPO).
- Resistencia al cambio por parte del sector inmovilista del franquismo (el «búnker»).
- Enfrentamientos entre carlistas (sucesos de Montejurra).
- Tensa relación entre el rey y el presidente, que culminó con la dimisión forzada de Arias en 1976.
El Gobierno de Adolfo Suárez y la Reforma Política
El rey nombró a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Suárez, quien había sido Ministro Secretario General del Movimiento, percibía los deseos de cambio de la sociedad española. Se promulgaron una serie de reformas:
- Amnistía a los presos políticos.
- Despenalización de asociaciones políticas.
- Supresión del Tribunal de Orden Público (TOP).
- Disolución del Movimiento Nacional.
Dificultades de las Reformas:
- Terrorismo (ETA, GRAPO, ultraderecha).
- Tensión en el estamento militar, con tendencias golpistas.
- Agravamiento de la crisis económica.
La Ley de Reforma Política y la Legalización del PCE
La Ley de Reforma Política (LRP) consiguió aislar al «búnker» gracias a la renovada fuerza reformista de la monarquía y al apoyo de la mayoría de procuradores. La LRP representaba una transición sin riesgos a la que solo se opuso el sector más inmovilista del franquismo. Tras la aprobación de la ley en referéndum, se plantearon dos objetivos inmediatos: el restablecimiento de las libertades y la convocatoria de elecciones democráticas.
Las elecciones se convocaron para el 15 de junio de 1977, utilizando un sistema mixto: la ley D’Hont para el Congreso y el mayoritario para el Senado. El gobierno legalizó el Partido Comunista de España (PCE) y Adolfo Suárez formó la coalición Unión de Centro Democrático (UCD).
Los Pactos de la Moncloa y el Consenso
Tras la muerte de Franco, la división política dio paso a la unidad. Los Pactos de la Moncloa, como respuesta a la crisis económica, las tensiones sociales y el terrorismo, fueron aprobados por el Congreso de los Diputados. El gobierno de Suárez convirtió el consenso en el eje central de su política, y la oposición y los sindicatos comprendieron la necesidad de buscar soluciones conjuntas para alcanzar la democracia.
Las Elecciones de 1977 y el Bipartidismo
Las elecciones generales de 1977 se celebraron para elegir a los representantes del Parlamento, dividido en dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. En las elecciones participaron una gran cantidad de partidos de todas las tendencias. La UCD consiguió el mayor número de votos, seguida del PSOE. El resultado reveló un bipartidismo con una clara inclinación hacia el centro. Suárez, con este resultado, se apoyó en el centro para gobernar.
La Constitución de 1978
La primera tarea de las nuevas Cortes fue crear una Constitución sin exclusiones. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso fue la encargada de elaborar el texto constitucional, que fue aprobado por ambas cámaras y sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978. Tras su aprobación, se procedió a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones generales y municipales.
La Constitución recogía las características de las democracias occidentales y del constitucionalismo español. Definía a España como un Estado social y democrático de Derecho, la soberanía nacional residía en el pueblo español, la monarquía era parlamentaria, se reconocía la indisoluble unidad de la Nación Española y el derecho de autonomía de las regiones. Garantizaba los derechos humanos y las libertades, abolía la pena de muerte, establecía la mayoría de edad a los 18 años y establecía la separación de poderes.
El Estado de las Autonomías
Suárez inició en 1977 el proceso preautonómico y de descentralización del Estado en todas las regiones que lo solicitaron, como Cataluña y el País Vasco. El proceso autonómico se recogió en la Constitución, que contemplaba dos vías de acceso a la autonomía. El proceso autonómico estuvo condicionado por la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Este proceso dio lugar a un nuevo mapa político-administrativo de España: el Estado de las Autonomías.