Introducción

La transición a la democracia en España (1975-1978) abarcó desde la muerte de Franco hasta la promulgación de la Constitución. El panorama político presentaba tres tendencias: la continuista, que apostaba por la prolongación del régimen; la reformista, promovida desde las propias instituciones franquistas; y la rupturista, mayoritaria en la oposición, que buscaba un nuevo sistema democrático. El rey Juan Carlos I se rodeó de reformistas, destacando Adolfo Suárez. Los pasos más importantes fueron la promulgación de la Ley de Reforma Política, aprobada en referéndum, y las elecciones de 1977, que dieron la mayoría a la UCD de Suárez, formando el primer gobierno democrático tras la Guerra Civil. Las Cortes abordaron la elaboración de una Constitución, mientras resurgían los nacionalismos periféricos.

Constitución de 1978

Los partidos optaron por el consenso para asegurar un amplio respaldo a la Constitución. Esta adoptó un carácter progresista, con ambigüedad para permitir su desarrollo tanto por la izquierda como por la derecha. Los acuerdos fueron difíciles en temas como educación, libertad religiosa, aborto, divorcio, pena de muerte y sistema electoral.

Características principales:

• Estado social democrático de Derecho: España se define con valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La soberanía reside en el pueblo, con una monarquía parlamentaria donde el Rey es árbitro sin poder ejecutivo.
• Declaración de derechos y libertades: Inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluye libertad ideológica, religiosa, de expresión, manifestación, reunión, sindicación y huelga. El Estado social garantiza empleo, asistencia, salud pública y defensa del consumidor.
• Descentralización del Estado: España es un Estado unitario con competencias exclusivas (defensa, justicia, diplomacia), pero reconoce las comunidades autónomas.

La Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un 88% de votos a favor y una abstención del 33%, mayor en el País Vasco.

Estado Autonómico

Tras las elecciones de 1977, las nacionalidades históricas exigieron soluciones a sus reivindicaciones, apoyadas por partidos nacionalistas y la izquierda. La descentralización generó debate sobre límites geográficos y competencias. Se optó por generalizar la creación de autonomías, el «café para todos». Cataluña y el País Vasco vieron esto como una dilución de su nacionalismo, mientras los franquistas temían la desintegración del país.

En Cataluña, un millón de personas se manifestaron por la autonomía. Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio, negoció las transferencias de competencias en 1978. En el País Vasco, el proceso fue más tenso por el rechazo del PNV a la Constitución y la negativa del nacionalismo radical a negociar. Se elaboró el Estatuto de Autonomía de Guernica en 1978. Ambos estatutos, aprobados en referéndum y recortados en las Cortes, otorgaron mayor autonomía que en la II República.

En 1983 se aprobaron los estatutos de Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León. El gasto de las comunidades se cuadruplicó entre 1982 y 1992 con la transferencia de competencias.

Conclusión

La Constitución de 1978 estableció un marco democrático con una monarquía parlamentaria y división de poderes: legislativo en dos Cámaras, ejecutivo controlado por el legislativo y judicial en manos de jueces y tribunales. La principal novedad fue la creación del Estado autonómico. La Constitución se modificó dos veces: para la integración en la legislación europea y para fijar un techo de déficit estatal.

En los años 80 se desarrollaron leyes como la del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Divorcio. Bajo el gobierno socialista, se aprobaron leyes del Derecho a la Educación, Enjuiciamiento Criminal y una reforma del Código Penal. La Constitución proporcionó un marco jurídico estable que consolidó la democracia en España.