El Sexenio Revolucionario (1868-1874) y los Ensayos Democratizadores
La Revolución de Septiembre de 1868
En 1868, finalizó el ensayo de liberalismo moderado basado en la fórmula de monarquía constitucional y sufragio censitario, dando comienzo a un nuevo ensayo de liberalismo democrático basado en el sufragio universal y en los derechos individuales plenos. El aislamiento creciente de la Corona, la debilidad de los partidos, el control del gobierno y de los propios partidos por los generales asemejaban cada vez más el régimen isabelino a una dictadura de una nueva oligarquía terrateniente. En un período de cambio, de transición del Antiguo Régimen aristocrático al Nuevo Régimen burgués, esto suscitó la oposición de las clases medias y de sectores crecientes de las populares, siendo estas las causas profundas de la caída del régimen de Isabel II.
El desarrollo de los acontecimientos que supusieron el derribo de Isabel II fue el siguiente: El 17 de septiembre de 1868, el almirante Topete sublevó su escuadra en Cádiz al grito de «¡Viva España con honra!«. El 28 de ese mes, las tropas del general unionista Serrano derrotaron a las gubernamentales en Alcolea. Al día siguiente, la reina cruzó los Pirineos, rumbo a Francia. En verdad, la revolución de septiembre de 1868 no fue, en su génesis, una revolución popular, sino uno más de los pronunciamientos militares de la época. El apoyo popular vino acto seguido con la formación de Juntas revolucionarias que dejaron transparentar las reivindicaciones populares de carácter social: el fin de los consumos y de las quintas, los impuestos indirectos y las cargas militares, tan discriminatorias y duras de soportar para el pueblo.
Así pues, en 1868 coincidieron por un instante dos revoluciones paralelas: una política, una revolución progresista que buscaba hacer triunfar definitivamente el naciente capitalismo liberal burgués, arrinconado en tiempos de crisis; y otra popular y socializante, en estado más naciente todavía, dado el estado aún embrionario de la conciencia de clase, que se manifestaba en demanda de mayor igualdad social. Ambas aspiraciones revolucionarias estaban llamadas a contradecirse entre sí.
El Gobierno Provisional y la Regencia (1868-1870)
El gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino para los mayores de 25 años. En las elecciones, triunfó el bloque monárquico. Ante la ausencia de rey, se instituyó un Gobierno Provisional mientras se buscaba un rey para España. El Gobierno Provisional (septiembre de 1868-diciembre de 1870) elaboró la Constitución de 1869, cuyos caracteres principales fueron:
- Proclamación de la soberanía nacional con sufragio universal masculino.
- Adopción de la monarquía parlamentaria como forma de Estado.
- Rigurosa división de poderes y equilibrio entre los tres poderes del Estado.
- Amplia declaración de derechos ciudadanos.
- Democratización de los municipios.
La nueva constitución estableció un aconfesionalismo atenuado, regulándose la libertad de cultos. Por último, se incluía el compromiso de regular la situación de las colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). En conjunto, la Constitución de 1869 y las leyes orgánicas complementarias establecían un régimen democrático dentro de un orden estrictamente burgués. Constituían, en suma, instrumentos válidos para sacar adelante el nuevo régimen democrático, con una sola condición: que las fuerzas políticas comprometidas con el Sexenio se uniesen entre sí en vez de enfrentarse.
El general Prim, hombre fuerte del partido progresista, hubo de enfrentar la tarea de buscar un rey para España en un ambiente de agitación creciente. Por un lado, comenzaba a operarse el distanciamiento y la división interna entre los partidos que habían apoyado la revolución: unionistas, progresistas y demócratas. Además, estaba la influencia creciente sobre los sectores populares más revolucionarios del sector más radical de los republicanos, que no renunciaron a la idea de revolución popular. Por otro lado, se produjo el arranque del internacionalismo proletario de marxistas y anarquistas. Otra insurrección fue la primera guerra de Cuba, que estalló y se prolongó diez años (1868-1878), obligando al gobierno español a multiplicar los impuestos y las impopulares levas de soldados. Este reclutamiento forzoso de los más pobres para una guerra larga y lejana, junto a la miseria en las condiciones de vida de amplísimas capas sociales, alentaba la agitación social. Además, en el norte peninsular, comenzaba a agitarse de nuevo el carlismo absolutista, ante el nuevo impulso de la revolución liberal burguesa, exactamente igual que sucediera a partir de 1833.
Al fin, las gestiones diplomáticas de Prim encontraron un rey para España en la Casa de Saboya, la recién unificadora de Italia y radicalmente enfrentada con el Papa. Amadeo de Saboya, hijo del flamante rey de Italia Víctor Manuel II, aceptó el trono español en unas circunstancias muy problemáticas. Para colmo de males, al desembarcar en Cartagena el 30 de diciembre de 1870, Amadeo recibió la noticia del asesinato de Prim, su principal valedor. Sin este general progresista, cabeza de la revolución septembrista, la nueva monarquía no tenía ninguna posibilidad de consolidarse en España.
La Monarquía Democrática de Amadeo I (1871-1873)
La monarquía amadeísta, ese primer ensayo democratizador avalado por la Constitución de 1869, empezó, pues, a ser desde su inicio, un fracaso total. Muerto Prim, se consumó la división en diversas y minúsculas facciones entre los tres partidos constitucionalistas. En 1872, la agitación se acentuó: ante la oposición de la Iglesia al nuevo régimen y la democratización sentida por importantes sectores de opinión como amenazante revolución, estalló por fin la nueva guerra carlista anunciada desde el momento mismo de la revolución de 1868. Mientras, del lado opuesto, la agitación social, espoleada por la crisis, las manifiestas desigualdades y el reclutamiento creciente de quintos para la guerra de Cuba, se agravaba. En febrero de 1873, el Rey, poco entusiasmado en su tarea y falto del apoyo de los partidos que habían traído la monarquía democrática, abdicó.
La Iª República (1873-1874)
La proclamación de la República en febrero de 1873 se presentaba como último recurso en defensa de la democracia política. Los republicanos eran muy escasos y estaban profundamente divididos. La instauración de la Iª República supuso el momento culminante del ambiente de insurrección que la revolución de 1868 desatara. En un plazo de algo menos de un año, el comprendido entre febrero de 1873 y enero de 1874, la Iª República agotó cuatro presidencias: las de Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Cuatro presidentes dignísimos y honorables, pero rebasados por la agitación social, el desgobierno y la crisis del Estado, elementos crónicos en aquella España revolucionaria, pero que con la proclamación de la Iª República alcanzaban máxima intensidad.
Figueras, uno de los líderes más moderados del republicanismo, nombró en febrero de 1873 un gobierno de republicanos y liberales radicales, pero el enfrentamiento entre ambos grupos y la creciente división en el republicanismo lo llevó pronto a la dimisión (10 de junio de 1873). En suma, su gobierno fue extremadamente débil.
Subió, el 10 de junio, Pi y Marg
all a la presidencia de la I0 República. Era éste el gran
ideólogo del republicanismo federal. Fue Pi y Margall, un federalista transigente que
quería articular un nuevo estado federal a tres niveles, estatal, regional y comarcal a
través de una serie de pactos promovidos desde un Estado Central de carácter
presidencialista, sin riesgos, por tanto, de desintegración nacional. Sus grandes rivales,
los federalistas intransigentes, influidos por el anarquismo que iniciaba su implantación
en España, buscaban exactamente lo contrario: el predominio asambleario, asociando
república, gobierno de juntas locales y revolución popular. Inmediatamente estalló la
sublevación cantonal, una revolución dentro de la revolución producto de la conexión
de los republicanos intransigentes con los sectores populares más revolucionarios,
surgiendo cantones (pequeños estados independientes) por todas partes, especialmente
en el levante español y en Andalucía. De este modo, con la rebelión cantonal, la
agitación social, en crecimiento desde 1868, alcanzaba su punto culminante. El cantón
de Cartagena, con el control de la flota y del arsenal, entró en guerra con el Estado
central. Entretanto, las conquistas carlistas iban alcanzando su máximo auge. El 9 de
noviembre de 1873, el carlismo obtendría la importante victoria de Montejurra y en
diciembre, los carlistas pusieron sitio a Bilbao, que permanecería sometido a continuos
bombardeos.
Con un Estado al borde mismo de la quiebra, la presidencia de Nicolás Salmerón (a
partir del 18 de julio de 1873) es el thermidor de la revolución: Se ha superado la fase
de máximo radicalismo y se inicia un giro en sentido conservador. Salmerón es un
liberal a ultranza, un federalista que gobierna apoyándose en la facción más moderada
del republicanismo. Esto incrementó, como réplica, la insurrección cantonal, obligando
al presidente a retroceder de la República federal a la república unitaria con la idea
básica de restablecer de nuevo el orden y el gobierno. Para consolidar este giro
conservador en defensa del Estado, amenazado por tres guerras, sólo cabía dar plenos
poderes al ejército. Generales conservadores como Pavía, Serrano, De la Concha y
Martínez Campos consiguieron ir sofocando desde el mismo verano de 1873 la
sublevación cantonal y la guardia civil iba incrementando sus efectivos. Con el
nombramiento de Emilio Castelar (9 de septiembre de 1873-enero de 1874) como
presidente, la república, acentuaba su giro a la derecha. Castelar era un emérito y
reputado profesor, demócrata convencido, partidario de un estado unitario, que buscó
con éxito recursos financieros para fortalecer el ejército e ir inclinando a su favor las
tres guerras en que el Estado estaba envuelto.
No obstante, el avance hacia una república autoritaria enfrentó al presidente, unitarista,
con la mayoría federalista de las Cortes, lo que amenazaba con un nuevo resurgir del
proceso de izquierdización que tantos problemas había causado entre septiembre de
1868 y mediados de 1873. Para evitar este riesgo, el 4 de enero de 1874, el
pronunciamiento del general Pavía disolvió el Congreso y dispuso la creación de un
gobierno de emergencia presidido por el general Serrano, antiguo miembro de la Unión
Liberal.
Con un nuevo general al frente del poder, el giro conservador de la República se
consolidaba. Días después de la dimisión de Castelar, el cantón de Cartagena cayó y,
con ello, se liquidó la revolución cantonal, en tanto, los generales liberales aislaban los
focos de rebelión carlista. El dos de mayo de 1874, los carlistas tenían que levantar el
cerco de Bilbao.
La República tuvo como principal efecto no deseado el de fomentar la articulación del
consenso en favor de la monarquía alfonsinista de signo moderado, que venía siendo
apoyada por el nuevo partido alfonsino creado por Cánovas del Castillo. El general
Serrano impuso una dictadura militar temporal que, de hecho, aceleraba la transición
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TEMA SEXENIO REVOLUCIONARIO
hacia la restauración de un orden conservador cuyo desenlace fue el regreso de los
Borbones, otorgando el trono a Alfonso de Borbón, futuro Alfonso XII. El
pronunciamiento en Sagunto de los generales monárquicos Martínez Campos y Jovellar
a fines de diciembre de 1874 impuso la restauración borbónica. A fines de 1874, la
revolución de 1868, que introdujo los primeros ensayos democratizadores en España,
había concluido y con la restauración de los Borbones en la persona de Alfonso XII se
implantaba un nuevo liberalismo conservador.
*Conclusiones y Valoración del Sexenio democrático (1868-1874)
Aunque se trató de otra revolución fallida, la revolución de 1868 no fue, como en 1808
y 1820, un nuevo espejismo del liberalismo español. Buena parte de las iniciativas de
los gobiernos del Sexenio estuvieron bien pensadas y resultaron oportunas y positivas:
La Constitución de 1869 hacía de España una monarquía democrática y era un texto
técnicamente muy superior a los textos constitucionales anteriores. El nuevo régimen
puso, además, en vigor medidas económicas avanzadas: impulsó el librecambismo con
el fin de atraer una inversión exterior muy necesaria para el impulso de la revolución
industrial y el capitalismo, abrió las minas a la inversión extranjera, unificó el sistema
monetario, con la peseta como base, y concedió al banco de España el monopolio de la
emisión de billetes.
El problema esencial de la revolución fue político y consistió en un problema de
legitimidad: la revolución no consiguió crear un mínimo consenso nacional en torno a la
forma de Estado que España debería otorgarse. Primeramente, la adopción de la
Monarquía dividió irreversiblemente al bloque constitucionalista. Además, el
nombramiento como rey de España de un Saboya suponía un desafío al Papado y al
episcopado español, ya muy enfrentado a la revolución debido al carácter laicista de la
nueva legislación. Por último, el asesinato del general Prim (30 de diciembre de 1870)
dejó a la nueva monarquía de Amadeo sin liderazgo y precipitó la división del bloque
progresista-demócrata, terminando por deshacer la coalición partidaria en 1868 de la
monarquía democrática. La monarquía amadeísta (1871-1873) no pudo consolidar, así,
un sistema moderno de partidos.
El 11 de febrero de 1873, Amadeo I abdicaba del trono y las Cortes proclamaban la Iª
República. Con ello se agravaba el problema esencial de la escasa legitimidad del nuevo
Estado. Con la proclamación de la República, tendría lugar una revolución en la
revolución de imprevisibles consecuencias, creando una gravísima crisis de Estado.
La experiencia de la Iª República desembocó al instante en una quiebra casi total de la
autoridad del Estado con el estallido de una rebelión cantonal que se sumaba a las otras
dos guerras existentes. El cantonalismo fue un movimiento extraordinariamente confuso
que combinaba concepciones radicales de federalismo con socialismo naciente y difuso,
proletario y campesino, y con la tradición juntista de autogobierno local de las
revoluciones liberales españolas. la insurrección cantonal hirió de muerte a la
República, desacreditó para siempre el federalismo en España, en tanto, el miedo a la
revolución social provocó un progresivo giro a la derecha de los dos últimos gobiernos
de la Iª República (los presididos por Salmerón y sobre todo, por Castelar), que hizo a la
República totalmente dependiente del ejército; un ejército que ya nunca más, tras la
experiencia de aquel Sexenio, volvería a ser revolucionario, como lo fue, en cierto
sentido, entre 1820 y 1870. El ejército era otra vez, pues, el nuevo árbitro de la situación
y sus mandos apoyaban una restauración del liberalismo conservador en España en la
persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, en tanto que representante de la legitimidad
dinástica, idea que articuló Cánovas del Castillo, al frente del partido alfonsino.
Con la restauración borbónica, la revolución democrática del Sexenio se había
frustrado, pero no se malogrará del todo, pues dejó honda huella. La revolución de
1868, pues, pese a su fracaso, no fue en vano. Algunos de sus principios se irían
incorporando al nuevo régimen restaurado y durante las dos décadas finales del siglo
XIX, el liberalismo español caminaría por fin en el sentido de una mayor consolidación.