El Bienio Conservador (1933-1935)
El gobierno de Manuel Azaña cayó en septiembre de 1933 como consecuencia de las desavenencias políticas entre los partidos que lo apoyaban, a propósito de los sucesos de Casas Viejas (Cádiz), y de su incompatibilidad con el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Ante las dificultades para formar un nuevo gobierno, Alcalá-Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 19 de noviembre.
La Derecha al Poder
Durante el Bienio Reformista, la derecha española se reorganizó en dos grupos. Uno se oponía al régimen republicano y estaba integrado por los monárquicos, los tradicionalistas o carlistas y los grupúsculos fascistas, como las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) y, a partir de octubre de 1933, la Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera. El otro grupo aceptaba la república para transformarla en un sentido conservador y no se pronunciaba abiertamente sobre la forma del Estado. En este grupo destacaba la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), creada en febrero de 1933 alrededor del partido de influencia católica Acción Popular, cuyo dirigente más destacado era José María Gil-Robles.
Durante la campaña electoral quedó patente la división profunda de la sociedad española. Los socialistas presentaban a Gil-Robles como fascista y anunciaban una revolución social en caso de que ganase la derecha. Esta censuraba la obra reformista de los socialistas y de los azañistas del gobierno anterior, y presentaba un programa con tres puntos clave: la revisión de la Constitución en lo referente a sus puntos laicos y progresistas, la supresión de la reforma agraria y la amnistía para delitos políticos, favoreciendo la excarcelación del general Sanjurjo.
Las elecciones de 1933 fueron favorables a la derecha y al centro debido al absentismo, animado por algunos sindicatos obreros, al despiste político de los partidos en el poder y a la reorganización de los partidos censurados durante el Bienio Reformista. El presidente de la República encargó la formación del gobierno a Lerroux, líder del Partido Radical. En una primera fase, la CEDA apoyó al nuevo ejecutivo, aunque no formó parte de él. Pero el entendimiento entre los radicales —republicanos y con antecedentes anticlericales— y la derecha de Gil-Robles —católica y de escasa fe republicana— era, lógicamente, difícil. Se iniciaba, así, el período conocido como Bienio Conservador o Bienio Negro.
La Revolución de Octubre de 1934
Pocos meses después del triunfo de la derecha, sectores del PSOE y de la UGT prepararon una insurrección armada que debía ir acompañada de una huelga general. El contexto europeo explica, en parte, esta conspiración: por un lado, el ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania, en enero de 1933, y, por otro, la persecución a la que fueron sometidos los socialistas en Austria. Sin embargo, el motivo con el que se justificó el estallido de la sublevación fue la entrada de miembros de la CEDA en el gobierno de Lerroux. Los partidos de izquierda identificaban a la CEDA con el fascismo. Así, temiendo que Gil-Robles diera un golpe de Estado desde el poder, el 5 de octubre la UGT hizo un llamamiento a la huelga general, al que la CNT no se sumó (aunque la CNT se alió con la UGT en Asturias). La insurrección armada solo triunfó durante dos semanas en Asturias, donde varios comités obreros tomaron el poder gracias a la unidad de acción de todas las fuerzas obreras. La revolución asturiana fue duramente reprimida por el ejército de África, comandado por el general Francisco Franco. Los otros focos de la huelga también fueron controlados rápidamente por el ejército. La insurrección, pues, fracasó y los principales dirigentes obreros fueron detenidos o tuvieron que exiliarse.
La Revolución de Octubre de 1934 tuvo eco en lugares como Madrid, donde hubo luchas en los barrios obreros, y en Cataluña, donde Lluís Companys, presidente de la Generalitat, proclamó el 6 de octubre el Estado Catalán de la República Federal Española. La falta de apoyo de los anarcosindicalistas y del catalanismo conservador hizo fracasar el levantamiento en Cataluña. La política represiva aplicada por el gobierno contra los obreros sublevados se extendió a Cataluña con la detención de Companys y de su gabinete, y con la supresión de su régimen autonómico.
Epílogo: Las Elecciones de 1936
A raíz de la profunda crisis de octubre de 1934, los gobiernos de centro-derecha quedaron relativamente erosionados desde el punto de vista político. La represión, patente por las más de tres mil personas encarceladas, los juicios, las prohibiciones de la prensa socialista y comunista, etc., despertaron las simpatías de la población hacia los presos y los perseguidos políticos. Además, las actuaciones del gobierno durante 1935 fueron muy impopulares:
- Ley Agraria, que deshacía algunas de las conquistas del bienio anterior.
- El bloqueo en las Cortes del Estatuto de Autonomía vasco, que ya había sido aprobado el 5 de noviembre de 1933.
- Los nombramientos en el ejército de militares poco o nada partidarios de la democracia, como el general Franco, que fue nombrado jefe del Estado Mayor.
En septiembre de 1935, el gobierno de Lerroux se vio obligado a dimitir como consecuencia del escándalo de corrupción del estraperlo. Los gobiernos que le sucedieron fueron breves a causa de la falta de consenso entre las fuerzas parlamentarias. Ante esta situación política, el presidente de la República disolvió las Cortes y convocó elecciones el 16 de febrero de 1936.
Estas elecciones dividieron en dos a la opinión pública española:
- La izquierda se presentó unida en una coalición, que, con el nombre de Frente Popular, reunía desde los republicanos de Azaña hasta los comunistas.
- La derecha, en cambio, no se pudo presentar unida, y la CEDA de Gil-Robles fue el partido de la derecha que concurrió con más candidatos.
El Frente Popular consiguió el 34.3% de los votos, y la derecha, en coalición con el centro, el 33.2%. Pero, en virtud de la ley electoral, que otorgaba el 75% de los escaños a la lista ganadora aunque solo fuera por un voto, el Frente Popular obtuvo la mayoría en el Congreso. A principios del mes de marzo de 1936 ya se produjeron los primeros contactos entre generales para preparar un alzamiento militar contra la República, que tenía que llevarse a cabo en julio de ese mismo año. Es cierto que el orden público durante los meses anteriores a la guerra estaba bastante deteriorado, pero la conspiración militar obedecía a motivos más profundos que venían de lejos:
- La resistencia a los cambios reformistas y a la descentralización autonómica.
- El miedo a la revolución que proponían abiertamente los sindicatos y los partidos de izquierda, entre ellos la facción dirigida por Largo Caballero en el PSOE. De hecho, la insurrección del mes de octubre de 1934 ya había sido un aviso bastante claro de estos propósitos revolucionarios.
La Constitución Republicana de 1931
Las elecciones del 28 de junio de 1931 dieron el triunfo a las fuerzas de izquierda y de centro. El PSOE obtuvo 116 diputados, el Partido Republicano Radical de Lerroux, 90 diputados, y el Partido Republicano Radical-Socialista de Marcelino Domingo, 52 diputados. La derecha, en cambio, que se había presentado desorganizada, pasó a ser minoritaria. Destacaron los llamados partidos agrarios, implantados sobre todo en Castilla, o Acción Nacional, junto con los grupúsculos declaradamente antirrepublicanos o monárquicos.
Las Cortes surgidas de las elecciones del 28 de junio se encargaron de redactar una nueva Constitución, que fue aprobada el 9 de diciembre de 19
31. Atendiendo a la composición del Congreso de los Diputados, la nueva Constitución reflejó los valores laicos e izquierdistas de la mayoría: la soberanía popular, una sola Cámara, un Estado aconfesional, derecho individuales y a la posibilidad de autonomía a las regiones que lo solicitasen. Los artículos 3, 26 y 27 prohibían el ejercicio de la enseñanza a las ordenes religiosas y disolvían, sin nombrarla, la compañia de Jesus. Este anticlericalismo constitucional se explica porque el pensamiento republicano izquierdista atribuía el retraso de la sociedad española a la Iglesia, que prácticamente tenía el monopolio en la enseñanza. La nueva Constitución definía el Estado como «una República de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia»; el país se configuraba como un Estado único que reconocía la autonomía de las regiones y se implantó el sufragio universal, que incluía por primera vez el voto de las mujeres.