1. La Caída de la Monarquía de Alfonso XIII y la Proclamación de la II República

Tras la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, el nuevo gobierno presidido por el general Berenguer, hombre de confianza de Alfonso XIII y uno de los principales responsables del desastre de Annual, pretendió la vuelta a la normalidad constitucional. Sin embargo, para buena parte de la opinión pública, el comportamiento del Rey durante la dictadura había significado una trasgresión de su papel moderador, y la monarquía misma era cuestionada.

Los republicanos, pese a su fraccionamiento, aparecían, junto con los socialistas, como la única fuerza realmente renovadora. En el Pacto de San Sebastián (agosto 1930) republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas se pusieron de acuerdo para exigir la apertura de un proceso constituyente para instaurar un régimen republicano y reconocían el derecho de Cataluña a un estatuto de autonomía. Ante la negativa de Berenguer de conceder estas peticiones, los republicanos recurrieron a las conspiraciones:

• 12 diciembre 1930: Insurrección de Jaca, que fue reprimida violentamente (ejecución de los capitanes Galán y García Hernández), hecho que incrementó el desprestigio gubernamental y de la misma monarquía.
• 15 diciembre 1930: Ocupación del aeródromo de Cuatro Vientos.

El nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar aceptó convocar elecciones municipales para abril de 1931, las primeras en 8 años, y por ello tendrían carácter de plebiscito sobre el régimen monárquico. El triunfo republicano en las grandes ciudades significó la caída de la Monarquía.

La campaña electoral aglutinó a las fuerzas políticas en dos bandos: monárquico y republicano. La derecha monárquica se presentó dividida, mientras que los firmantes del Pacto de San Sebastián se presentaban bajo el nombre de Conjunción Republicano-Socialista (grupos republicanos, PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña y la ORGA gallega). La Lliga y el PNV quedaron al margen, mientras que la UGT apoyaba a la coalición, y la CNT dejó libertad de voto a sus militantes.

El día 13 de abril las multitudes empezaron a tomar la calle, mientras que el ejército y la guardia civil no intervinieron para restablecer el orden. Romanones (ministro de Estado) aconsejaba al rey salir del país.

A primeras horas del 14 de abril el ayuntamiento de Eibar proclamó la República y al mediodía en Barcelona, Macià anunció la instauración de la «República Catalana dentro de la Federación Ibérica». Al atardecer el movimiento se había extendido a las ciudades de Sevilla, Valencia, Zaragoza… El rey Alfonso XIII salía hacia Cartagena camino del exilio; al mismo tiempo, el comité revolucionario, integrado por los miembros del Pacto de San Sebastián, se constituía en Gobierno Provisional de la República, sin derramamiento de sangre.

Este primer gobierno republicano estaba integrado por una coalición formada por republicanos católicos de derecha (Niceto Alcalá Zamora como presidente, Miguel Maura), por republicanos de centro-izquierda (Manuel Azaña y Marcelino Domingo), socialistas (Largo Caballero, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos), nacionalistas catalanes (Nicolau d´Olwer) y gallegos (Casares Quiroga). Esta coalición era mayoritariamente representativa de la pequeña burguesía y un sector de la clase obrera y obtuvo, al menos al principio, un amplio apoyo. Al margen de este entusiasmo quedaban los grandes propietarios (en buena parte pertenecientes a la vieja aristocracia), la oligarquía financiera, parte del ejército y de la Iglesia. La CNT tampoco mostró entusiasmo.

2. El Periodo Constituyente

El Gobierno Provisional se comprometió a convocar Cortes constituyentes. En esos meses, Azaña, Largo Caballero y Marcelino Domingo redactaron los primeros decretos sobre el ejército, el campo y la cultura. Los primeros conflictos llegaron pronto: 11 y 12 de mayo del 31 se produjo la quema de conventos en Madrid y otras ciudades, lo que impresionó a importantes sectores católicos. Si a ello sumamos el recorte de los privilegios de la Iglesia, tenemos las condiciones para que el episcopado pase a la oposición legal (expulsión del cardenal Segura, apoyo de la Iglesia al grupo de derechas Acción Nacional -CEDA desde 1933-).

Las elecciones de junio de 1931 se celebraron con gran civismo, con una participación del 70%; la conjunción republicano-socialista obtuvo una victoria clara (250 diputados) sobre los radicales de Lerroux con 90 escaños y 80 las derechas.

Las Cortes constituyentes elaboraron una nueva constitución muy avanzada para su tiempo. Los debates más polémicos fueron los referidos a la cuestión religiosa y las autonomías. Fue aprobada el 9 de diciembre de 1931:

• Cámara única.
• El sufragio universal se amplió a mujeres y soldados.
• El Estado era «integral», no federal, pero se daba la oportunidad a las «regiones» para acceder a la autonomía.
• Se reconocían los derechos individuales.
• El gobierno podía expropiar bienes considerados de utilidad pública.

Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana) fue elegido Presidente de la República y Azaña presidía el gobierno formado por republicanos, socialistas y nacionalistas.

3. El Bienio Reformista

El nuevo gobierno va a afrontar una serie de reformas que pretenden la radical separación de la Iglesia y el Estado, la modernización del ejército, la descentralización del Estado para satisfacer a los nacionalistas y la redistribución de la tierra, reformas que acabarán dividiendo el país en dos sectores enfrentados.

a/ La Cuestión Religiosa

La separación de la Iglesia y el Estado y la laicización de una sociedad de absoluta mayoría católica fueron objetivos prioritarios de los primeros gobiernos republicanos, a la vez que una fuente inacabable de conflictos.

En las raíces de este conflicto tenemos, de un lado, el anticlericalismo tradicional de gran parte de la pequeña burguesía, que esporádicamente se manifestaba en los sectores más marginados de la sociedad; por otro lado, la actitud de gran parte del episcopado celoso de sus prerrogativas. La Iglesia tenía entonces 11921 fincas rústicas y 7828 urbanas, suponía el 2% de los gastos del Estado y su influencia en la educación era indiscutible. Para modificar esta situación, sucesivos decretos disolvieron la Compañía de Jesús, confiscaron sus fincas, establecieron el matrimonio civil, el divorcio y la secularización de los cementerios. La ley de Congregaciones de 1933 prohibía a la Iglesia y a las órdenes religiosas la enseñanza (fecha límite para el cese de su actividad docente el 1 de octubre de 1933), el comercio y la industria, lo que provocó una pastoral colectiva que llamaba a la resistencia pacífica.

b/ Hacia la Modernización del Ejército

La reforma del ejército se debe a Azaña, que pretendía un régimen desmilitarizado reduciendo la función de las fuerzas armadas a la defensa exterior. Para modernizarlo había que reducir los mandos, el deterioro técnico, la burocracia y la división entre ejército metropolitano y colonial. El ejército colonial, desde la Guerra de Marruecos, era en cierta manera un instrumento en manos de sus jefes, los «africanistas». Por la Ley Azaña de 1931 se permitía a los jefes oficiales que lo deseasen el retiro con el sueldo íntegro. Se acogieron 84 generales (de 170) y 8650 jefes y oficiales (de 14000).