Las desamortizaciones: un punto de inflexión en la España del siglo XIX

Las desamortizaciones marcaron un cambio de rumbo en la tendencia poblacional y constituyen un hecho fundamental para comprender la historia reciente de España. A principios del siglo XIX, España se encontraba sumida en una profunda crisis, provocada por la pérdida de los mercados coloniales, el agravamiento de la crisis financiera y económica tras la Guerra de la Independencia, y las reivindicaciones de los campesinos. Ante esta situación, se hizo necesario implementar reformas y adoptar medidas que impulsaran un cambio. La mayoría de los políticos y economistas abogaban por una política de crecimiento económico, cuyo motor sería el incremento de la producción agrícola, lo que a su vez dinamizaría el comercio y la industria. Para lograr este incremento, se optó por una serie de reformas, entre las que destacaba el aumento de las tierras cultivables y la intensificación de su cultivo.

El aumento de la extensión de las tierras cultivadas comprendía la puesta en cultivo de nuevos terrenos y la privatización de bienes pertenecientes a instituciones políticas o corporaciones religiosas. Esta transferencia de tierras a manos privadas se llevó a cabo mediante las desamortizaciones. Durante el reinado de Isabel II, las desamortizaciones consistieron en la apropiación por parte del Estado de los bienes de la Iglesia y de los Municipios, que, mediante decretos, se convirtieron en bienes nacionales y fueron subastados públicamente. Las desamortizaciones más importantes fueron las realizadas durante la regencia de María Cristina y el reinado de Isabel II, aunque no fueron las únicas. En 1768, se produjo la Reforma de Olavide, con un sentido social, por la cual el Estado vendió tierras de su propiedad a labradores ricos que pudieran explotarlas sin subvenciones, a propietarios que debían alquilarlas o traspasarlas a terceros, y a campesinos pobres que pudieran explotar la tierra por sí mismos. Estas ventas se hicieron con la condición de que las tierras nunca volvieran a la Iglesia. Posteriormente, antes de la Guerra de la Independencia, tuvo lugar la desamortización de Godoy y, a continuación, entre 1808 y 1823, se aplicaron las desamortizaciones decretadas por José Bonaparte y las Cortes de Cádiz. Tras 15 años de reducción de monasterios, bienes de la Inquisición y supresión de mayorazgos, entre otras acciones, el regreso al trono de Fernando VII devolvió casi todo a su cauce, aunque una parte de los bienes no retornó a sus dueños originales. A partir de este momento, se iniciaron las que se consideran las dos desamortizaciones más importantes:

La desamortización eclesiástica de Mendizábal

Realizada en 1836 durante la regencia de María Cristina, se promulgaron decretos que nacionalizaban y vendían en subasta pública los bienes religiosos a precios muy bajos, con la posibilidad de pagarlos con bonos de la deuda pública. Esta desamortización pretendía ganar la guerra carlista, eliminar la deuda pública, poder solicitar nuevos préstamos, cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica (que pasaría a ser libre e individual) y mejorar la agricultura, aumentando la producción mediante el crecimiento de las extensiones cultivables, la productividad y la creación de un nuevo tipo de propietarios que, además de modernizar la agricultura, apoyaría al régimen liberal. Además, se produjo la venta del patrimonio del clero, lo que provocó la desaparición de monasterios y que el Estado protegiera al clero mediante salarios y subvenciones.

La Desamortización General

Realizada en 1855, es la más importante por su duración. Se llamó así porque se pusieron a la venta, además de los bienes eclesiásticos y militares, los pertenecientes al Estado y los municipios. Se pusieron a la venta el doble de bienes que en la de Mendizábal, incluso bienes de uso y propiedad común, lo que agravó la situación de los municipios y agricultores. Esta ley seguía reflejando los intereses de burgueses y terratenientes, y sus objetivos fueron la construcción de ferrocarriles, la financiación de gastos y un sistema de ventas idéntico al de Mendizábal. El sistema de ventas hacia los miembros de la burguesía (los compradores) consistió en un pago inicial al contado del 20% y el resto a plazos.

Consecuencias de la desamortización

Económicas

• Se implantó la economía liberal basada en la propiedad privada y en la libertad de mercado.
• El Estado disminuyó la deuda pública.
• Se vendieron bienes eclesiásticos por valor de 5.000 millones de reales y bienes militares por 870 millones.
• Se consolidó la estructura de la propiedad existente y aumentó la superficie cultivada, aunque hubo una tremenda deforestación de montes.
• La producción agraria mejoró en los lugares donde los propietarios invertían capital, aunque siguió habiendo especialización y extensión de cultivos de cereal.

Sociales

• No tuvo los efectos sociales previstos. Finalmente, los bienes a la venta fueron comprados por propietarios que veían en la tierra un signo de estabilidad y prestigio social, apareciendo una burguesía terrateniente ligada al liberalismo.
• Cambiaron las relaciones entre campesinos y propietarios, produciéndose un aumento masivo de jornaleros y un empeoramiento de las condiciones de vida del pequeño campesino.

En la estructura de la propiedad

• Se extendió el latifundio en el sur y se consolidó el minifundio en el norte y noroeste.
• Se vendió el 40% del territorio cultivable español, lo que supuso un cambio económico: se introdujeron abonos, se extendió el cultivo de maíz y patata, y se cercaron las propiedades para impedir el paso.
• En resumen, se produjo la modernización de la agricultura.

Políticas

• Se rompieron relaciones con el Vaticano hasta que se firmó el Concordato de 1851, en el que el Estado moderado se declaraba católico y se comprometía a sufragar los gastos del clero a cambio de que la Iglesia reconociera las ventas de bienes desamortizados.

Artísticas y culturales

• Se perdió gran parte del patrimonio artístico de España. Los edificios históricos se deterioraron, ya que los nuevos propietarios no tenían interés en conservarlos.
• Sin embargo, el Estado empleó esos edificios en fines sociales (hospitales, lugares de enseñanza…) e incluso permitió el ensanche urbano de las ciudades.

El conjunto de las desamortizaciones derivó en la venta del 40% del territorio cultivable español y el saneamiento parcial de la economía. Sus principales beneficiarios fueron la burguesía urbana y rural, y en menor medida los campesinos, algunos de los cuales consiguieron tierras arrendadas para poder subsistir.