La Segunda República Española (1931-1939): Reformas y Conflictos
El Proceso Electoral y la Constitución de 1931
El proceso electoral de 1931, con una participación superior al 70%, configuró un parlamento con dos grandes partidos: el PSOE y el Republicano Radical. En Cataluña, la hegemonía de la Liga Regionalista desapareció. En el País Vasco, el PNV logró cuatro escaños en coalición con los carlistas. En Galicia, Casares Quiroga también obtuvo representación. La apertura de las Cortes evidenció la ausencia de la vieja clase política de la Restauración y la llegada de nuevas élites. Los principales debates, con un elevado tono intelectual, se centraron en tres cuestiones: la Iglesia-Estado, la articulación territorial y la capacidad reguladora del Estado en cuestiones económicas.
En julio de 1931, se creó una comisión parlamentaria para elaborar un proyecto constitucional. Los seis puntos esenciales eran:
- Reconocimiento del derecho a voto de la mujer.
- Cuestión autonómica, con la creación de autonomías regionales que requería tres pasos: iniciativa municipal, plebiscito popular y aprobación del Congreso de los Diputados.
- Tema religioso: supresión de las subvenciones económicas a la Iglesia, reconocimiento del divorcio y prohibición de centros educativos dirigidos por órdenes religiosas. Solo se autorizaba el culto privado y la celebración de ceremonias religiosas públicas.
- Derechos del ciudadano.
- Limitación del derecho de propiedad privada.
- Reorganización de los poderes del Estado: la jefatura del Estado pasaba al presidente de la República, elegido por los diputados; el poder legislativo residía en una sola cámara (el Parlamento); y se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales.
En términos sociales, la principal novedad fue la incorporación de los derechos sociales, que definía a España como una república democrática de trabajadores de todas las clases. El PSOE impulsó el nuevo marco de relaciones económicas y sociales. El artículo 44 establecía que la riqueza del país estaba subordinada a los intereses de la economía nacional, y el 46 instauraba una amplia política de asistencia social.
El Programa Reformista y sus Consecuencias (1931-1933)
El programa reformista se ejecutó parcialmente entre 1931 y 1933. La separación Iglesia-Estado suscitó una gran controversia. La Iglesia la vio como un ataque a la religión e incluso a la propia identidad española. Una parte de la sociedad, que se sentía a la vez católica y republicana, no pudo articular partidos democristianos.
Manuel Azaña, conocedor del Ejército y del riesgo que suponía, planteó la necesidad de reformarlo mediante su modernización y depuración. Sus medidas incluyeron la disminución del número de oficiales, la reforma de las enseñanzas militares y la Ley de Retiro de 1932, para apartar de la función castrense a elementos contrarios a la República. Azaña creó la Guardia de Asalto, un nuevo cuerpo militar compuesto por hombres partidarios de la República. Mantener a Sanjurjo como director de la Guardia Civil provocó en agosto de 1932 un golpe de Estado que fracasó, pero que impulsó la inmediata implantación de la reforma agraria y la aprobación de la autonomía catalana.
La transformación de las estructuras de la propiedad agraria había despertado las esperanzas de los campesinos. Más del 50% de los campesinos eran jornaleros, frente a un reducido grupo de propietarios, lo que convertía al campo en fuente de conflictividad social. En noviembre de 1932, se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que perseguía resolver el problema del latifundismo, lograr una clientela social afín a la República e incrementar la renta campesina. Para ello, se creó el Instituto de Reforma Agraria.
Otra fuente de tensiones fue la reordenación territorial del Estado. El 14 de abril de 1931, Macià proclamó la República Catalana. El Estatuto, que reflejaba acuerdos entre republicanos y catalanistas, entró en vigor. En el País Vasco se elaboró el Estatuto de Estella, pero el rechazo de los navarros provocó desasosiego en los cuarteles y en los sectores más conservadores, que lo percibían como el comienzo de la ruptura. En Galicia, el proyecto autonómico fue aprobado poco antes del estallido de la Guerra Civil.