La Política Chilena en los Ochenta: Crisis y Transición

La Crisis Política del Régimen Militar

Las Protestas Nacionales (1983-1986)

Entre 1983 y 1986 se produjo un importante aumento de protestas sociales de carácter nacional. Estas surgieron como efecto directo de la crisis económica, la cesantía y la rebaja salarial decretada por el gobierno. Sin embargo, se mantuvieron en el tiempo debido a la incorporación de nuevos movimientos sociales y la reactivación de la oposición política.

Este ciclo de movilizaciones, el más largo del siglo XX, alcanzó una gran masividad debido a que no fueron movilizaciones exclusivamente obreras o de un sector específico de la población. Concitaron el apoyo transversal de diversos sectores sociales, principalmente populares, pero también de las clases medias y algunos sectores de clase alta.

Desde un punto de vista cultural, estas protestas significaron un primer paso por parte de los movimientos sociales para superar el miedo al que los había sometido la represión del primer decenio del régimen.

El ciclo de movilizaciones populares se inició el 11 de mayo de 1983 con la primera protesta nacional, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). Durante ese día hubo paros productivos parciales, ausentismo laboral, tomas de algunas universidades, barricadas en poblaciones, cortes de luz, ausentismo escolar y una notoria reducción de la actividad comercial.

En octubre de 1984, una protesta con carácter de paro general llevó al gobierno a decretar estado de sitio y a desatar una violenta represión contra los manifestantes. El estado de sitio congeló las protestas hasta mediados de 1985, año en que se reactivó un nuevo ciclo de movilizaciones, esta vez convocadas por la oposición.

Los días 2 y 3 de julio de 1986, la Asamblea de la Civilidad (organización de movimientos sociales de distinta procedencia política) convocó a un paro nacional con gran éxito organizativo. El Régimen respondió con una intensa represión, que incluyó la detención de 13 dirigentes de la Asamblea, numerosas detenciones a pobladores y la quema viva de dos estudiantes (Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, la única superviviente) por parte de una patrulla militar.

La represión del régimen provocó que la Asamblea convocara a una nueva protesta para los días 4 y 5 de septiembre. Esta finalmente no ocurrió debido a diversos acontecimientos: el establecimiento de un nuevo decreto de Estado de sitio; divisiones entre los partidos de oposición respecto del fin y eficacia de las movilizaciones; el descubrimiento de arsenales de armas, internados en Chile por grupos insurreccionales; y el atentado al general Pinochet. Estos factores provocaron un declive importante de las movilizaciones a fines de 1986.

Movimiento Feminista de los Ochenta

En la primera década del régimen militar, el gobierno continuó con la lógica de las políticas públicas hacia la mujer, pero orientadas principalmente a su rol de madre y ama de casa. Desde la Secretaría Nacional de la Mujer y los CEMA-Chile, apoyados directamente por Lucía Hiriart de Pinochet, se bloquearon todas las demandas femeninas divergentes con las políticas y programas gubernamentales de capacitación, orientados a mejorar el “desempeño doméstico” de las mujeres chilenas.

En ese período, en que no existían los partidos de oposición, y como forma de reaccionar frente a las políticas oficialistas, surgieron diversas organizaciones femeninas autónomas, como la de Derechos Humanos, en la cual predominaban las mujeres. Si bien desarrollaron una heroica resistencia al Régimen, nunca abandonaron el rol de esposa, madre o hija de las víctimas de los Derechos Humanos, lo cual se enmarcaba en la línea de las políticas públicas de la época.

A partir de 1977 comenzaron a surgir las primeras organizaciones que tuvieron como objeto desarrollar una reflexión de lo “femenino”. Así, ese año nació el Círculo de Estudios de la Mujer, que tendría gran importancia en los años siguientes.

Al calor de las movilizaciones posteriores a la crisis de 1982, surgieron numerosas organizaciones feministas opositoras al régimen. En 1983, al amparo de la reivindicación feminista, en los sectores populares se organizaron diversos grupos, como el Frente de Liberación Feminista, las Domitilas y las Siemprevivas. Más adelante surgió el Movimiento de Mujeres Pobladoras (MOMUPO) y el Comité de Defensa de Derechos de la Mujer (CODEM). Todas estas organizaciones se agruparon finalmente en el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer, 1983 (MEMCH- 83), que tomó el nombre del movimiento sufragista de los años 40 y desarrolló numerosas movilizaciones de repudio al Régimen Militar.

La reactivación de la oposición en dos corrientes divergentes (el Movimiento Democrático Popular y la Alianza Democrática) provocó tensiones en todos los movimientos sociales. El de las mujeres no fue una excepción: algunas de las organizaciones de 1983 pasaron a inscribirse dentro de las alianzas opositoras, mientras que las mujeres políticas empezaron a practicar una suerte de doble militancia: entre su partido y el feminismo. Así surgió en 1984 el Movimiento de Mujeres por el Socialismo y, más tarde, la Federación de Mujeres Socialistas.

A pesar de estas tensiones, el MEMCH-83 se mantuvo autónomo respecto de los partidos, llegando a elaborar el Pliego de Mujeres, que fue incorporado como parte de la “demanda de Chile” en la Asamblea de la Civilidad en mayo de 1986.

Reactivación de la Oposición Política al Régimen

En 1983 surgieron tres alianzas políticas que ejercieron oposición al Régimen Militar por distintas vías y con diferentes estrategias: la Alianza Democrática (AD), el Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Bloque Socialista (BS), que tuvo corta vida y sus miembros terminaron integrándose en otras alianzas.

Ese año, si bien la oposición estuvo dividida, todos coincidieron en plantear tres demandas políticas comunes al Gobierno: salida de Pinochet, creación de un gobierno provisional y una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, declarando ilegítima la Constitución de 1980.

Estas organizaciones buscaron generar el mejor escenario para negociar o imponer, según el caso, una salida al régimen militar y lograr así la democracia. Entre 1983 y 1986 actuaron de hecho unidas en la convocatoria a marchas, protestas y paros, aunque la AD tuvo acercamientos con sectores liberales del régimen. En cambio, en el MDP se fueron radicalizando las posiciones a favor de una salida insurreccional.

En 1986, tras el declive de las movilizaciones, el fallido atentado a Pinochet y el estado de sitio decretado por el régimen, la oposición amplió sus diferencias internas: la AD inició un proceso orientado a negociar directamente con el Gobierno, constituyéndose en 1988 como Concertación de Partidos por la Democracia; mientras el MDP entró en crisis y aislamiento.

La Alianza Democrática: Fue la primera coalición de oposición que se fundó. Estaba integrada por la Democracia Cristiana, la Social Democracia (dirigida por René Abeliuk, Eugenio Velasco y Mario Papi, entre otros), el Partido Radical, la Unión Socialista Popular y Democracia República. Posteriormente, se unió un sector del PS liderado por Carlos Briones (que posteriormente se conocería como PS Núñez) y el Partido Liberal.

De este modo, la alianza representaba a sectores ligados al centro político, que buscaban una salida negociada con el Régimen Militar. En el Manifiesto Democrático, publicado en una gran concentración en el Parque O’Higgins en noviembre de 1983, esta coalición pedía la renuncia de Pinochet, la elección de una asamblea constituyente y un amplio pacto social que supervisara el retorno a la democracia.

El Movimiento Democrático Popular: Se fundó también en 1983, como consecuencia de la exclusión del Partido Comunista de la Alianza Democrática. Estuvo integrado por este partido, el MIR y sectores del Partido Socialista que habían integrado el Bloque Socialista (PS Almeyda).

Los partidos del MDP defendían la tesis de la insurrección popular, no aceptaban negociaciones de ningún tipo con el régimen y reconocían la legitimidad de “todas las formas de lucha”, en alusión a la lucha armada desarrollada por el MIR desde 1980 y al surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, aparato militar del PC, fundado en diciembre de 1983.

El Acuerdo Nacional

Desde el 11 de septiembre de 1973, la Iglesia Católica cumplió un rol de intermediación entre el Gobierno y la oposición. Tras el establecimiento de la Constitución de 1980, la Iglesia se hizo parte de las críticas que la oposición, liderada entonces por la Democracia Cristiana, hizo contra esa Carta.

La acusación de fraude en el plebiscito de 1980, que hizo la oposición, llevó a la Iglesia a considerar ilegítima a la Constitución. Entre agosto y diciembre de 1983, la Iglesia propuso a la oposición una instancia de negociación con el Régimen Militar, pero la Alianza Democrática se opuso mientras no se estableciera como piso la renuncia del general Pinochet, lo que paralizó el diálogo.

Tras la primera fase de las movilizaciones populares de 1983 y 1984, y debido al establecimiento del Estado de Sitio de octubre de 1984, que provocó una fase de tensa calma social, el Cardenal Francisco Fresno encabezó conversaciones con líderes de la oposición y personeros del régimen, que se mostraron abiertos a la posibilidad de un diálogo entre ambos sectores. Este diálogo se llevó a cabo a través de distintas reuniones que se desarrollaron durante 1985, en las que se plantearon las posturas y diferencias de cada uno de los sectores involucrados.

Las distintas reuniones culminaron el 22 de julio de 1985 en una asamblea final de acuerdos, a la que asistieron como representantes de los distintos sectores Fernando Léniz (ex ministro de Economía del Régimen, uno de los líderes del Plan de Ajuste de 1975), José Zabala (vinculado a la Iglesia) y Sergio Molina (ex ministro de Hacienda de Frei), quienes redactaron la versión final de los acuerdos entre todos los sectores.

La Iglesia publicó el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, que fue firmado, entre otros, por dirigentes de los siguientes partidos: la Unión Nacional (Andrés Allamand, Francisco Bulnes, Fernando Maturana); el Partido Liberal (Hugo Zepeda, Armando Jaramillo y Gastón Ureta); el Partido Nacional (Pedro Correa, Patricio Phillips); el Partido Demócrata Cristiano (Gabriel Valdés y Patricio Aylwin); la Social Democracia (René Abeliuk y Mario Scharpe); el Partido Radical (Enrique Silva C. y Luis Luengo); la Unión Socialista Popular (Ramón Silva); el Partido Socialista (Carlos Briones y Darío Pavez); y la Izquierda Cristiana (Luis Maira y Sergio Aguiló).

Por tanto, del Acuerdo se restaron todos los partidos del Movimiento Democrático Popular, que difería en los métodos para alcanzar una democracia plena.

El Acuerdo tuvo nulo impacto inmediato. Entonces, por la vía de los hechos, se transformó en una declaración de buenas intenciones, con nulo valor y efectividad política. Pese a ello, una vez lograda la recuperación de la democracia, fue revalorizado y sirvió de base para lo que más tarde se denominaría la “Democracia de los consensos”. Además, en lo inmediato permitió un encuentro entre los principales líderes de las posiciones más moderadas, tanto del régimen como de la oposición, en el sentido de construir confianzas políticas mutuas para futuras iniciativas de interés común.

1986: El Año Decisivo

El fracaso político del Acuerdo Nacional reactivó la táctica de la presión de masas por parte de la oposición. Desde mediados de 1985, esta comenzó a organizar paros nacionales, al mismo tiempo que comenzaron a surgir instancias y plataformas orientadas a generar espacios de unidad entre las fuerzas opositoras.

En este contexto de altas expectativas políticas, el Partido Comunista levantó la tesis de que 1986 podía ser el año decisivo y mandó a todos sus militantes a organizar mítines y a aplicar su táctica de rebelión popular de masas (RPM).

El MIR hacía otro tanto, desarrollando su táctica de levantamientos locales, considerando el alto grado de organización que existía en distintos movimientos poblacionales, tanto de la capital como de provincias.

La Alianza Democrática comenzó a articular instancias de coordinación superior del movimiento popular, que culminaron en distintas instancias de presión, tales como Intransigencia Democrática (agrupación de personalidades), el Frente Cívico (inspirado por el Partido Socialista) y, finalmente, ya en 1986, la Asamblea de la Civilidad, integrada por dirigentes sindicales y sociales de distinta orientación ideológica y política.

La programación de actividades para 1986 incluía una cronología de luchas ascendentes en la que se pretendía forzar al régimen a reconocer su crisis de legitimidad y a aceptar negociar con la oposición. Pese a que el plan se llevó a cabo y que las jornadas del 2 y 3 de julio resultaron un éxito organizativo, no alcanzaron el objetivo político esperado. Al Régimen no le tembló la mano y respondió a todos estos “actos de insubordinación” con una fuerte represión, la cual, sumada al fracaso en el logro de los objetivos, comenzó a hacer mella en la oposición, que se dividió entre si se continuaba en la senda de las protestas o se buscaban otras formas de negociación con el régimen.

Mientras se estaba dando esta discusión en las filas de la oposición, el 7 de septiembre de 1986 ocurrió el atentado al general Pinochet, llevado a cabo por militantes del FPMR en la cuesta Achupallas (en el sector del Cajón del Maipo), del cual este resultó ileso.

Como consecuencia del fracaso de ambos procesos (movilizaciones sociales y atentado), la oposición se dividió. La Alianza Democrática separó aguas del MDP, y en el interior de este se produjeron fuertes discusiones acerca de las tácticas de presión al Régimen.

Por otro lado, tras el atentado, el Partido Comunista exigió rendir cuentas al Frente, porque la Operación Siglo XX (código que tuvo internamente el atentado) se ejecutó sin la aprobación del Comité Central del PC. Esto provocó el quiebre del Frente en dos facciones: una en la línea partidista y otra, que pasó a denominarse Autónomo, a la que se fueron casi todos los militantes que tenían entrenamiento militar. Esta crisis también afectó al MIR, que se dividió en tres facciones de escasa presencia política.

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