El Golpe de Estado de 1933 y la Dictadura de Gabriel Terra
Antecedentes y Contexto Político
En marzo de 1931, Gabriel Terra asumió la presidencia de Uruguay. En septiembre del mismo año, inició una campaña para reformar la Constitución. Consideraba que el sistema de reforma constitucional era muy largo y que se debía recurrir a un plebiscito directo, una forma rápida de “salvar al país”. La campaña para reformar la Constitución se incrementó con el paso de los meses y a medida que la depresión económica se hizo sentir más en los bolsillos de los ciudadanos. En el discurso de Terra se asoció cada vez más la reforma de la Constitución con la “salvación nacional”. En las sombras se iba gestando el cambio por medio de la fuerza; tanto los sectores empresariales, como el riverismo y el herrerismo, presionaban a Terra para que este se definiera. En marzo de 1933, Terra se definió. En los primeros meses de 1933, la campaña a favor de una reforma de la Constitución, de cualquier manera y al costo que fuera, se hizo virulenta. Los sectores conservadores utilizaron sus diarios para difundir sus críticas a la Constitución y al Consejo Nacional de Administración (CNA). El herrerismo trató de llegar especialmente al sector rural, su tradicional sector de apoyo.
El presidente Terra, en un mensaje a la Asamblea General, advertía que estaban por llegar los días de mayor crudeza de la crisis económica. La desocupación había llegado a niveles altísimos, el Estado estaba atrasado en el pago de las pensiones a la vejez, y la Intendencia de Montevideo debía los salarios de diciembre. La falta de moneda extranjera impedía a muchas empresas importar materia prima para industrializar y las compañías importadoras de derivados del petróleo hacían un boicot que casi paralizaba al país.
El 30 de marzo, en “El Día” se publicó un manifiesto firmado por las figuras más importantes del batllismo neto. En él se expresaba que: “Todas las fuerzas oscuras de la reacción y el despotismo se coaligan para destruir la obra de paz, de libertad y de justicia que hemos realizado al precio de tanto esfuerzo, de tanta sangre y de tanto dolor.”
El Golpe de Estado del 31 de Marzo de 1933
La respuesta de Terra no se hizo esperar. En la tarde del 31 de marzo, el presidente Terra dirigió un mensaje a la Asamblea General comunicando:
- Censura previa de la prensa que atribuyera propósitos dictatoriales al gobierno.
- Intervención de las cárceles para evitar la fuga de delincuentes (otro rumor que circulaba decía que los colegialistas soltarían a los presos para crear un clima de inestabilidad el día de la marcha).
- Intervención policial de UTE y las aguas corrientes para asegurar los servicios telefónicos y telegráficos y el suministro de energía eléctrica y agua.
Ese mismo día, Terra se instaló en el Cuartel de Bomberos con una importante fuerza policial. Mientras tanto, la Asamblea General, en la madrugada del día 31, rechazó las medidas tomadas por el presidente y exigió que las levantara. Votaron esta resolución los representantes batllistas netos, nacionalistas independientes, cívicos, comunistas y socialistas. Se opusieron, o sea que apoyaron las medidas de Terra, los terristas, los riveristas y los herreristas. Terra mantuvo las medidas y además resolvió:
- Disolver al Consejo Nacional de Administración.
- Disolver a la Asamblea General.
- Encarcelar a los dirigentes políticos opositores.
- Formar una Junta de Gobierno integrada por representantes de los sectores políticos que lo apoyaban. Esta Junta de Gobierno asesoraría al presidente y formaría una lista de nombres para formar una Asamblea Deliberante que reformaría la Constitución.
El golpe había sido dado.
Consolidación del Régimen Autoritario
Estas medidas fueron seguidas por otras que tenían el propósito de ganarse el apoyo popular:
- Reducir los grandes sueldos y las jubilaciones de los adinerados.
- La nueva Asamblea Deliberativa tendría menos integrantes que la disuelta Asamblea General.
- Reducir el número de los directores de los entes del Estado.
El golpe fue dado con apoyo de la policía y de los bomberos; no hay participación militar, aunque resulta obvio que sus mandos debieron ser consultados por Terra antes de embarcarse en un golpe de Estado, asegurándose al menos la neutralidad del ejército. La mayoría de los oficiales eran colorados riveristas, por lo que debemos suponer que veían con buenos ojos el desplazamiento del batllismo del poder. La prensa se vio maniatada por la censura previa, muchos dirigentes fueron detenidos o salieron del país, los sectores políticos contrarios al golpe estaban divididos y lo mismo sucedía con los sindicatos. No había un plan sólido y coherente para enfrentar al golpe y Terra se impuso tan sólo con el apoyo de la policía. La Universidad fue un centro de agitación antigolpista, pero su incidencia era reducida y tan sólo se evidenció en el paro estudiantil decidido por la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay). El presidente, mientras reprimía a la oposición con la cárcel, el destierro y la censura de la prensa, recuperó la conducción económica que desde 1919 le correspondía al Consejo Nacional de Administración. Disuelto este y el Parlamento, la autoridad se concentró en Terra y sus ministros. Terra convocó a elecciones para elegir una convención constituyente que se encargara de redactar una nueva Constitución que permitiera “hacer constitucional” el gobierno que estaba ejerciendo “de hecho”. El 25 de junio de 1933 se realizó la elección de convencionales, con una abstención del 42% de la ciudadanía. No presentaron listas el batllismo, el nacionalismo independiente y el Partido Socialista, considerando que si lo hacían estaban convalidando lo actuado por Terra. El 25 de agosto se instaló la Convención Constituyente, presidida por el expresidente Juan Campisteguy. La Convención elaboró una Constitución que se adecuaba a los intereses de los grupos mayoritarios en su seno: terristas y herreristas. Fue plebiscitada y aprobada en abril de 1934 y ese mismo año entró en vigencia.
Influencia del Autoritarismo Europeo en Uruguay
Después de la Primera Guerra Mundial se desarrollaron en Europa tendencias autoritarias que rechazaban los fundamentos de la democracia liberal. Criticaban el uso del sufragio para elegir a los gobiernos sosteniendo que era más importante la calidad que la cantidad y que quienes debían gobernar eran los mejores y no las mayorías; renegaban del parlamentarismo considerándolo un sistema donde se discutía mucho y se resolvía poco; negaban la existencia de derechos individuales naturales, considerando a los derechos como sólo como reflejo de los deberes o como beneficios otorgados por el Estado y que este podía suspender cuando lo creyera conveniente. Estas tendencias tenían también una clara intencionalidad política: frenar el avance del comunismo y eliminar las actividades sindicales de la posguerra. Las asustadas burguesías apoyaron a estos movimientos como tabla de salvación ante las huelgas, las revueltas campesinas y el temor a las revoluciones. El primer exponente de estas tendencias fue el fascismo italiano dirigido por Benito Mussolini.
La crisis del 29 con sus consecuencias económico-sociales favoreció estas tendencias autoritarias. Los sectores desempleados, las clases medias temerosas de proletarizarse y los sectores nacionalistas necesitados de restaurar el orgullo nacional, vieron en los “gobiernos de mano dura” y los “hombres imprescindibles” la salida a la crisis.
El Gobierno de Terra y sus Políticas
Terra instauró un gobierno de carácter conservador, autoritario y antiliberal al que se opusieron el batllismo, nacionalistas independientes (sector del Partido Nacional), socialistas y comunistas.
En 1934 hizo promulgar una nueva Constitución de carácter presidencialista que tuvo vigencia plena hasta 1942. Fue elegido presidente nuevamente en aquel año.
Se desarrolló una política industrializadora de sustitución de importaciones y se realizaron obras públicas de importancia como la represa de Rincón del Bonete, inaugurada en 1937.
Rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1935 y reconoció al gobierno de Francisco Franco en 1936. Desempeñó su mandato hasta el 19 de junio de 1938.
El Neobatllismo, la Industrialización y los Años Dorados
El golpe había sido protagonizado por un presidente civil y dado con la aprobación del ejército, pero sin su intervención directa, había contado con el apoyo de parte de los partidos políticos tradicionales y además, procurado la legitimación inmediata de las urnas convocando a elecciones ya en 1933. La lenta recuperación de la economía mundial, el peso en la sociedad toda de las tradiciones democráticas, y el alineamiento del Uruguay con los Aliados enemigos del nazi-fascismo en la Segunda Guerra Mundial (1939-45), determinaron la recuperación plena de la vida institucional democrática con las elecciones de noviembre de 1942 en las que fue electo presidente Juan José de Amézaga (1943-1947). Bajo el gobierno de Luis Batlle Berres (1947-1951), la prosperidad económica se consolidó por los crecientes beneficios que deparó a las exportaciones uruguayas la guerra de Corea (1950-1953). La intervención del Estado en la economía recibió un nuevo impulso con la nacionalización de las empresas británicas (ferrocarriles y aguas corrientes, 1949). En realidad, Gran Bretaña pagó de esa manera al Uruguay la deuda que había contraído por el suministro de carnes uruguayas durante la Segunda Guerra Mundial. La prosperidad económica y el impulso del gobierno de este segundo batllismo consolidaron un vigoroso crecimiento de la industria de sustitución de importaciones y el número de obreros aumentó con espectacularidad. Otra vez, el país de los años 50 parecía recordar al país de los años 20. El desarrollo cultural era muy importante y el analfabetismo tendía a desaparecer. Desde el gobierno se insistía en que el Uruguay era la “Suiza de América”, tanto por la continuidad de su democracia, como por la fuerza de su clase media y hasta por el Ejecutivo Colegiado que lo regía.
El eje de la política económica neobatllista fue la promoción de la industria, especialmente la de sustitución de importaciones. El modelo ISI, como se le llamó, aprovechaba la debilidad transitoria provocada por la guerra mundial en la industria europea para hacer nacer, en los países por ejemplo latinoamericanos, una industria propia. Las herramientas empleadas para el fomento industrial incluyeron aranceles preferenciales, exoneraciones fiscales, créditos baratos y tipos de cambio favorables. Así creció una industria de artículos de consumo -ropa, alimentos, bebidas, textiles- que exigió mano de obra e impulsó el desarrollo de sectores comerciales y de servicios.
El Uruguay de la Posguerra (1945-1955)
El Uruguay de la posguerra en el periodo 1945-1955 fue la etapa en la que se cumplió el desarrollo industrial más importante en el país, con el contexto de una economía de “crecimiento hacia afuera”. También la han caracterizado esta etapa como “edad de oro” o la etapa de “crecimiento acelerado”, y algunos académicos han nombrado esta etapa como el “Uruguay feliz” o el de las “vacas gordas”.
La finalización de la guerra estableció el normal abastecimiento de aquellos elementos básicos. Fue entonces, en los años de la segunda posguerra, entre 1945 y 1955, cuando se operó el período de crecimiento acelerado de la producción industrial uruguaya. Esta se incrementó a razón de un 8,5% anual, mientras la tasa del agro era del orden del 3.9%. Las ramas tradicionales lo hicieron a un 5.6% y las dinámicas en 15%.
Otro factor que contribuyó a la afirmación del proceso expansivo de la producción industrial uruguaya, fue la acumulación de divisas realizada durante el conflicto.
El incremento en las ventas de la producción pecuaria había permitido al país acumular libras y dólares en el exterior.
Esto permitió financiar la compra de los insumos necesarios para dinamizar el proceso de industrialización.
La guerra de Corea (1950-1953), al favorecer la colocación de nuestra producción pecuaria, impidió la oposición tradicional del sector ganadero al desarrollo industrial, lo que allanó el camino de posibles obstáculos en el orden interno. La política proteccionista promovida por el batllismo en el poder a partir de 1946 (modelo ISI) significó otro factor de fomento del proceso industrializador.
Crisis de 1955 y las Soluciones de los Colegiados Blancos
El Agotamiento del Modelo ISI y la Crisis Económica
Desde hace décadas se formó un consenso en el pensamiento de la izquierda: los graves problemas sociales y económicos que se manifestaron hacia la mitad de la década de los años 50 no correspondían a una crisis coyuntural clásica del sistema capitalista de producción. Por el contrario, se entendía que estábamos ante una situación específica, de larga duración y sin perspectivas de solución si no ocurría una modificación de determinadas relaciones sociales de producción, es decir, relaciones sociales que complementaban y caracterizaban concretamente al modo capitalista de producción existente en el Uruguay.
Tal interpretación ocurrió hacia mediados de los 50 en el campo político, con una propuesta de transformaciones que se dieron en llamar “cambios estructurales”. Al agravarse el desempleo y pérdida del salario real, tal propuesta caló en el movimiento sindical al punto que a sus reivindicaciones económicas clásicas se comenzó a sumar un programa de transformaciones de contenido similar.
Las grandes movilizaciones sociales que ocurrieron en defensa del salario y el trabajo. La política industrializadora basada fundamentalmente en la protección tiene viejos antecedentes en nuestro país, pero un avance relevante fue llevado adelante por el Consejo Nacional de Administración en años previos al golpe de Estado de Terra en 1933.
“El proyecto industrializador, mediante la rentabilización de las inversiones, logró en efecto, transformar al país: el personal ocupado en la industria pasó de 110 mil en 1948 a 191 mil en 1958; las empresas, de 21 mil a 26 mil; el Producto Bruto Industrial creció al 8.5% desde 1945 a 1955 y su peso relativo dentro del PBI creció de 12% en 1930 a 23.5% en 1958, con lo que más que duplicó el Producto Ganadero”. Pero hacia mediados de la década de los 50, el proyecto industrializador mostró señales de agotamiento que se confirmaron en los años siguientes. Durante el periodo 1955/73 el Producto Bruto Interno creció con tasas muy pequeñas (promedio de 1.2% de crecimiento acumulativo anual). Y es legítimo suponer que la causa fue la reducción de la rentabilidad de nuevas inversiones.
Esto significa que en nuestro país a partir de los mediados de los 50 y durante casi dos décadas el modo de producción capitalista dejó de mostrar su principal virtud: transformar las fuerzas productivas y aumentar la productividad del trabajo. Tal evolución morosa del PBI expresa que la clave del sistema, la acumulación de capital, estaba operando de forma raquítica. En efecto, un crecimiento del 1% es insignificante, sobre todo si el referente eran las transformaciones que el que el país acababa de verificar hasta la mitad de los 50.
A partir de finales de la década de los 50 se abrió un periodo de confrontación social de gran escala en la pugna por un ingreso que apenas crecía y los testigos de las movilizaciones gremiales recordarán su magnitud. Sin embargo, ellas no pudieron impedir la reducción del salario real, cuando el capital observa condiciones de baja tasa de ganancia, sobre todo para nuevas inversiones reduce la acumulación y sale fuera de fronteras y se cierran fábricas. En contrapartida, aumentó el desempleo y la migración de uruguayos.
La Reforma Cambiaria y Monetaria de 1959
Con el primer colegiado blanco y la reforma económica. El nuevo gobierno, que asumió en marzo de 1959, trajo un cambio radical en sus concepciones económicas y sociales aplicando un modelo liberal en lo económico y tratando de desarticular el Estado benefactor creado por el batllismo. Estos cambios de rumbo se concretaron en la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria presentada por el Ministro de Hacienda Juan Eduardo Azzini y que fue aprobada en el Parlamento en diciembre de 1959.
La Reforma Consistió en:
- La supresión del sistema de cambios múltiples y los tratamientos cambiarios preferenciales que se venía aplicando como parte del modelo neobatllista. Se argumentaba que ese sistema era incompatible con la libre importación que el nuevo gobierno quería instaurar y además había provocado la descapitalización del Banco República por vender dólares baratos a los importadores de maquinarias para las fábricas. El nuevo sistema permitía la fijación del valor de las monedas por la oferta y la demanda. Al implantarse este sistema se elevó el valor del dólar de 4 a 11 pesos.
- La libre importación, eliminándose el control a las importaciones. Se aclaraba que la libre importación alcanzaba incluso a los productos suntuarios y que sobrevivirían aquellas industrias nacionales que fueran eficientes, desapareciendo aquellas que se habían mantenido gracias a la protección estatal. Azzini señalaba que el sistema de cuotas o permisos de importación que otorgaba el gobierno había beneficiado a determinados importadores que tenían un monopolio y que en muchos casos se aprovechaba el dólar barato que se daba a algunos tipos de importación, para introducir mercadería que luego se vendía a otros países y no quedaba en Uruguay.
- La eliminación de los subsidios a la producción agrícola, que había practicado el neobatllismo fomentando cultivos que luego se industrializaban: trigo, lino, girasol, remolacha, etc. Se argumentaba que los subsidios endeudaban al Estado.
- Disminución de la cantidad de oro del peso uruguayo, lo que en los hechos significó una devaluación, medida que favoreció al sector rural exportador que recibió más pesos por las dólares provenientes de las exportaciones.
El aumento de las importaciones (60% entre 1959 y 1962) mantuvo el déficit de la balanza comercial y contribuyó a aumentar la deuda externa, ya que hubo que recurrir a préstamos del exterior. Hasta el momento se habían usado las reservas acumuladas en el país durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, pero se agotaron y hubo que recurrir a los préstamos.
Otra consecuencia de la reforma fue el aumento de la cantidad de bancos que ahora podían dedicarse a la compra y venta de moneda extranjera.
Esta reforma económica seguía las orientaciones dadas por el Fondo Monetario Internacional, del cual había llegado una misión en el mes de julio, pocos meses antes de la reforma. El FMI se creó al finalizar la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de procurar que los países mantuvieran un equilibrio en sus balanzas de pagos. La situación económica provocó una mayor agitación social sucediéndose las huelgas como las del transporte, ANCAP, UTE, Frigorífico Nacional y ferroviarios entre otros. En algunos casos el gobierno reaccionó tomando medidas prontas de seguridad y reemplazando a los trabajadores en huelga por funcionarios militares. Los Consejos de Salarios, donde patrones y trabajadores negociaban los sueldos y las condiciones de trabajo, siguieron funcionando, llegándose a algunos acuerdos como los de la industria textil. Al aumentar los conflictos el herrerismo intentó reglamentar la actividad sindical, lo que en los hechos significaba su limitación. El intento fue rechazado por la UBD, el batllismo y la izquierda.
Segundo Colegiado Blanco y la CIDE
La labor del segundo colegiado blanco se vio paralizada por la búsqueda de acuerdos para poder tener mayorías en el parlamento y por los enfrentamientos dentro del propio partido gobernante (enfrentamiento de herreristas y ubedistas, separación del Movimiento de Rocha de la UBD). Estas múltiples divisiones, agravadas por el fallecimiento de Nardone y de Fernández Crespo, líderes del ruralismo y de la UBD respectivamente, debilitaron al gobierno que no pudo hacer frente al deterioro de la economía.
La división de los partidos tradicionales en corrientes y listas asumía características cada vez más complejas. Para gobernar se requería entrar en negociaciones para lograr apoyo y esos acuerdos implicaban, generalmente, un reparto de cargos.
Durante el segundo colegiado blanco, en 1963, se dio a conocer el informe de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). Esta había sido creada en 1959 con el objetivo de que hiciera un análisis de los problemas del Uruguay y recomendar soluciones. En su diagnóstico del estancamiento económico, encontró sus causas en:
- El estancamiento del agro provocado por el latifundio, el minifundio y la falta de tecnología.
- La falta de competencia de la industria nacional que dependía de insumos importados (combustibles, maquinaria) y que producía para un mercado interno pequeño.
- El enfrentamiento de los grupos de presión para mantener o mejorar su situación.
- La inflación.
Proponiendo un plan de desarrollo, cuyo primer paso era lograr un acuerdo entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno para mantener fijas durante un año las tarifas públicas, los salarios y los precios. Luego se debían encarar reformas a fondo empezando por una reforma agraria (con distribución de tierras y apoyo tecnológico), y siguiendo por la reforma del sistema bancario, la educación y la seguridad social. Que incluía un proyecto de reforma agraria. La Asociación Rural se manifestó en contra y el proyecto, como otras de las reformas propuestas por la CIDE, no fue aprobado.