Transición a la Democracia: Constitución de 1978 y Estado de las Autonomías hasta 1982
El panorama político de 1975, tras la muerte de Franco, presentaba tres posturas: quienes defendían la continuidad del régimen franquista, quienes apostaban por la reforma hacia la democratización y quienes se inclinaban por la ruptura total con la dictadura.
Entre la Muerte de Franco y la Constitución de 1978
Entre la muerte de Franco y la promulgación de la Constitución de 1978, transcurrieron tres años de intensas reformas políticas. La sociedad española demandaba un cambio, pero el sector más inmovilista del régimen, conocido como el «búnker», se oponía firmemente. El primer gobierno, presidido por Arias Navarro, incluyó a algunas figuras comprometidas con el cambio, como Manuel Fraga, Areilza o Garrigues. Además, se nombró a Torcuato Fernández de Miranda presidente de las Cortes. La oposición democrática, que exigía amnistía política, se unió en la Coordinación Democrática, intensificando las movilizaciones sociales. Un evento trágico fue la huelga general de Vitoria, que se saldó con cinco muertos. Ante la creciente presión, el rey Juan Carlos I forzó la dimisión de Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno, quien inició el proceso de la Transición Democrática.
El Gobierno de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política
Adolfo Suárez, un joven político que se había alineado con los sectores reformistas durante la crisis del franquismo, presentó en septiembre de 1976 la Ley para la Reforma Política. Esta ley reconocía los derechos fundamentales y preveía un sistema electoral democrático. El 15 de diciembre de 1976, se celebró un referéndum sobre la ley, con una participación del 81% y una aprobación del 94,2%. Se prepararon las condiciones para las elecciones generales: se estableció la libertad sindical, se legalizaron los partidos políticos (excepto inicialmente el Partido Comunista) y se amplió la amnistía para delitos políticos. La tensión se incrementó con sucesos graves, como el asesinato de varios abogados comunistas en Atocha por terroristas de ultraderecha el 24 de enero de 1977. Suárez ofreció a Santiago Carrillo, máximo dirigente del PCE, la legalización del partido a cambio de que reconociera la monarquía, lo cual fue aceptado el 9 de abril. Finalmente, se convocaron elecciones el 15 de junio de 1977, en las que la Unión de Centro Democrático (UCD) obtuvo la mayoría, permitiendo a Suárez formar un gobierno democrático.
La Constitución de 1978
Aunque las Cortes no eran formalmente constituyentes, se procedió a la elaboración de una Constitución democrática. Para su redacción, se eligió una ponencia formada por los «padres de la Constitución». El texto constitucional fue aprobado en referéndum el 6 de diciembre de 1978, con un 88% de votos a favor. La Constitución define a España como un Estado social y democrático de derecho, establece una monarquía parlamentaria en la que la Corona tiene funciones representativas, y consagra la soberanía popular. Se establece la división de poderes: el legislativo en las Cortes Generales, el ejecutivo en el presidente del gobierno y el judicial en los jueces, con el Tribunal Supremo como máximo órgano, y el Tribunal Constitucional como garante de la constitucionalidad. La Constitución incluye una amplia declaración de derechos, como la libertad de expresión, asociación, manifestación y huelga, así como la libertad de conciencia, estableciendo un Estado aconfesional. También se proclama la igualdad ante la ley sin discriminación por sexo, religión, etc., y se promueve la igualdad entre los ciudadanos impulsando el progreso social y económico, reconociendo derechos como la educación, el trabajo y la seguridad social, además del derecho a la vida y a la protección del medio ambiente. Una de las novedades más significativas fue la descentralización del Estado, reconociendo municipios, provincias y comunidades autónomas.
El Proceso de Construcción del Estado de las Autonomías
El proceso de construcción del Estado de las Autonomías se desarrolló en dos etapas: la preautonómica, en la que se concedió una autonomía provisional a las regiones que la solicitaron, siendo Cataluña la primera; y la segunda etapa, en la que se reguló el régimen autonómico. Algunas regiones, como Cataluña y el País Vasco, accedieron rápidamente al autogobierno, mientras que otras lo hicieron de forma más gradual. El traspaso de competencias a las comunidades autónomas, reflejado en el Título VIII de la Constitución, ha sido un proceso complejo y, en ocasiones, ambiguo, dando lugar a diversas interpretaciones.
El Gobierno de la UCD (1977-1981): Crisis, Terrorismo y Golpismo
El gobierno de la UCD entre 1977 y 1981 se desarrolló en un clima de crisis económica y conflictividad social. Las principales amenazas a la estabilidad eran el terrorismo y el golpismo militar. La extrema derecha formó grupos como los Guerrilleros de Cristo Rey, destacando el intento de golpe de Estado conocido como «Operación Galaxia», en el que participaron algunos de los protagonistas del 23F de 1981, como Antonio Tejero, quien fue condenado a siete años de cárcel en 1979. La principal actividad terrorista provenía de ETA, que en 1980 causó 95 muertes, y en 1979 dirigía sus ataques principalmente contra militares y fuerzas del orden público. También la organización independentista catalana Terra Lliure llevó a cabo atentados.
Crisis Económica y Pactos de la Moncloa
España sufría una grave crisis económica internacional, agravada desde 1973 por la crisis del petróleo. En 1977, la inflación alcanzó el 40% y el desempleo aumentaba considerablemente. Para hacer frente a esta situación, se firmaron los Pactos de la Moncloa en 1977, que incluían medidas y reformas fiscales, tributarias y de la Seguridad Social, con un incremento de impuestos. También se incrementaron las prestaciones por desempleo y las pensiones de jubilación.
El Golpe de Estado del 23F y la Crisis de la UCD
Tras la aprobación de la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones legislativas en marzo de 1979, en las que la UCD volvió a obtener la victoria, con el PSOE como principal partido de la oposición. Aunque se continuaron las reformas, el gobierno se mostró inestable debido a problemas internos, el fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas (donde el PSOE consiguió la alcaldía de importantes ciudades) y el intento golpista del 23 de febrero de 1981. Ese día, durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente, más de 200 guardias civiles, dirigidos por Tejero, irrumpieron en el Congreso de los Diputados y secuestraron al gobierno y a los diputados. En Valencia, Milans del Bosch declaró el estado de guerra y ocupó la ciudad. El rey Juan Carlos I desautorizó el golpe, que finalmente fracasó. La crisis posterior se acentuó cuando Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, impulsó la Ley del Divorcio. La UCD se fragmentó, surgiendo el Centro Democrático y Social (CDS). Calvo-Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones generales. El 30 de mayo de 1982, España ingresó en la OTAN. El 28 de octubre de 1982, el PSOE obtuvo una contundente victoria en las elecciones generales.