La Década Moderada (1844-1854)

La década moderada comprende el reinado de Isabel II entre 1844 y 1854, donde existió un claro predominio de los moderados en el gobierno.

Tras la caída de la regencia de Espartero en 1843, se inició un breve período de inestabilidad política. La autoridad del Estado se impuso a la sociedad civil, y se tomaron una serie de medidas para asegurar el orden: el presidente González Bravo, joven moderado, limitó la libertad de prensa y reprimió con dureza los levantamientos progresistas; se suprimió la Milicia Nacional sustituyéndola por la Guardia Civil, creada para conservar el orden público. En mayo de 1844, el general Narváez tomó las riendas del poder, iniciando la década moderada.

Narváez fue presidente de gobierno en cuatro períodos distintos hasta 1851. Su labor se basó en modelar un Estado centralizado y uniforme. Este sistema se apoyó en una nueva constitución, aprobada en 1845, basada en el liberalismo conservador. Esta estableció una monarquía constitucional parlamentaria, sufragio censitario, soberanía compartida entre las Cortes y el rey, exclusividad de la religión católica, mantenida por el Estado; y afirmaba la supresión de la Milicia Nacional. Asimismo, el Senado pasó a ser designado por el rey y se aprobaron nuevas leyes de administración local y provincial por las que la corona podía elegir a los alcaldes y presidentes de Diputaciones. Además, la Ley de organización de los Ayuntamientos, pretendía eliminar la autonomía municipal, suprimir la representatividad popular y reservar el voto a los mayores contribuyentes. La constitución también recogía una declaración de derechos limitados por el desarrollo legislativo. Otra de las medidas adoptadas durante esta etapa fue la reforma fiscal de Alejandro Mon, que trataba de introducir los principios tributarios liberales e implantar un sistema unificado, a la vez que permitir el crecimiento económico, suprimiendo así las aduanas interiores. También se redactó un nuevo Código Penal en 1848, que sustituía al de 1822. Se llevó a cabo una reforma de la justicia, desapareciendo el juicio por jurados, y la Ley electoral de 1846 estableció un sufragio muy restringido. El sistema centralista chocaba con los fueros vasco/navarros, y para resolver este problema se optó por una solución intermedia que restaba fuerza al Carlismo, mediante un decreto que mantenía los ayuntamientos forales y las Juntas Generales.

Oposición y Divisiones Internas

En cuanto a la oposición, Narváez tuvo que enfrentarse a progresistas y demócratas. Estos últimos organizaron un pronunciamiento en Madrid en 1848, el cual fracasó por la mala organización y la contundente represión de Narváez. La represión de este movimiento fue paralela al final de la segunda guerra carlista, iniciada en Cataluña en 1846 y que se prolongó hasta 1849. Fue fundamentalmente un levantamiento popular que se extendió a algunos territorios, como Valencia o Toledo, y el motivo de la rebelión fue la oposición al posible matrimonio entre Isabel II y el conde de Montemolín, hijo de Carlos María Isidro.

Por otro lado, dentro de los moderados surgieron tres posiciones:

• Los vilumistas, que querían integrar el carlismo mediante el matrimonio de la reina Isabel II con el heredero carlista, además de la vuelta del Estatuto Real.
• Los puritanos, a cuyo frente estaba Francisco Pacheco, que defendían la constitución de 1837 y estaban a favor de la integración de los liberales progresistas en el sistema.
• Los centristas, dirigidos por Narváez, que distaban de las posturas anteriores y se aproximaban a los sectores más conservadores.

Medidas Adicionales y Fin de la Década

En lo referido a otras medidas que tomó Narváez, este suspendió la desamortización y se devolvieron los bienes no vendidos a sus propietarios. También reorganizó el gobierno de las provincias con la creación de gobernadores civiles, y perfeccionó el sistema de corrupción electoral. Narváez duró en el gobierno hasta 1851, cuando fue sustituido por Bravo Murillo, quien al mismo tiempo fue ministro de Hacienda.

Su principal objetivo era sanear la deuda pública. También modernizó la función pública con un real decreto que pretendía crear una burocracia moderna. En 1851 se llegó a un concordato con la Santa Sede, el cual estableció las nuevas relaciones entre la Iglesia de Roma y el Estado español. Se reconoció la religión como única de la nación española, se aceptó el control de la educación por parte de la Iglesia, se reconoció el derecho de la Iglesia a adquirir bienes y se creó la contribución de culto y clero, lo que suponía que el Estado iba a mantener a la Iglesia. El gobierno de Bravo Murillo era muy conservador, incluso hubo un intento de reforma constitucional en 1852 de carácter autoritario. Pero el fracaso de esta reforma y la desconfianza de la reina hicieron que Bravo Murillo presentase la dimisión en diciembre de 1852. En aquel momento, el partido moderado estaba muy dividido. En el año y medio siguiente, hubo tres gobiernos incapaces de frenar el desgaste de los moderados, lo que reforzó la posición del partido progresista. Además estos gobiernos estuvieron relacionados con casos de corrupción. En este clima político se fue urdiendo la trama de la sublevación de 1854, que dio paso al bienio progresista.