La Segunda República Española: Proclamación, Constitución de 1931 y Bienio Reformista (1931-1933)

Proclamación de la Segunda República

Tras las elecciones municipales de abril de 1931, el gobierno del almirante Aznar tuvo que negociar con el comité republicano surgido del Pacto de San Sebastián, que exigió la inmediata salida del rey Alfonso XIII del territorio nacional. El comité republicano asumió el poder y se convirtió en un gobierno provisional, cuya principal novedad fue la inclusión de ministros socialistas y la participación de los «regionalismos».

En la festividad del 1 de mayo de 1931, el cardenal Segura, primado de España, elaboró una pastoral en la que defendía el régimen anterior y la religión que, según él, estaba amenazada por la República. El 28 de junio de 1931 se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes en un ambiente de relativa tranquilidad y con una participación masiva que dio la victoria a la coalición republicano-socialista.

La Constitución de 1931

En su tramitación parlamentaria, los debates más intensos se centraron en dos cuestiones: la cuestión territorial y la religiosa, que llegó a motivar la dimisión del presidente del gobierno, Alcalá Zamora, sustituido por Manuel Azaña.

Los principales rasgos de la Constitución de 1931 se pueden resumir en los siguientes aspectos:

• El poder ejecutivo estaba en manos del gobierno, cuyo presidente era nombrado por el Presidente de la República aunque debía contar con el apoyo de la cámara.
• El poder judicial se basaba en la autonomía e independencia de los tribunales.

El Bienio Reformista (1931-1933)

La intención inicial era formar un gobierno con representantes de todas las fuerzas políticas, pero la coalición no se mantuvo puesto que Lerroux rechazó formar gobierno con los socialistas. Con el nuevo gobierno se inicia el Bienio Reformista que, bajo el lema «rectificar lo tradicional por lo racional», pone en marcha un amplio programa de reformas con el que imponer los valores de la democracia, el laicismo y la cultura.

Pero sus propuestas reformistas chocaron con la realidad de un país poco preparado para los cambios y coincidieron con un periodo de crisis mundial que dificultó las reformas, al no haber ingresos suficientes para llevarlas a cabo, intensificando la conflictividad social.

Reforma Militar

El ejército, muy identificado con la monarquía, era una institución anticuada y sobredimensionada, con un excesivo número de oficiales propensos a intervenir en la vida pública y política. Para lograr su modernización, se aprobó la Ley de Retiro de la Oficialidad que obligaba a los militares a jurar fidelidad a las instituciones republicanas; en caso de no hacerlo, pasaban a la reserva con el sueldo íntegro. Todas estas reformas alejaron de la República a un amplio sector católico y convirtieron la defensa de la religión en la idea que unió a todos los grupos de derecha a partir de 1933.

Reforma Agraria

El objetivo de la nueva clase política era asentar a los campesinos sin tierra en las tierras de latifundio para lograr así una mayor producción, un mercado interior estructurado y una clase media agraria defensora de la República. El gobierno presentó en 1932 el proyecto de Ley de la Reforma Agraria, que pretendía la modernización técnica, acabar con el latifundismo y realizar una redistribución más justa de la propiedad. Aunque se trata de una ley muy moderada, su debate en el parlamento se vio retrasado por la resistencia de los propietarios y el grupo político que los representaba.

La Cuestión Regional y los Estatutos de Autonomía

Con la Constitución de 1931 se abre, por primera vez, un cauce legal para satisfacer las aspiraciones autonómicas. Cataluña fue la primera en iniciar el proceso de la mano de Esquerra Republicana. En junio, la Generalitat elaboró el Estatuto de Nuria, que tras ser plebiscitado y aprobado en agosto se presentó al gobierno para su debate en Cortes. Pero este debate se alargó hasta septiembre de 1932, cuando se aprobó debido a la intervención de Azaña y a la reacción de todos los republicanos ante el golpe de estado de Sanjurjo.

El proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía vasco fue más complejo y difícil debido a las diferencias entre la izquierda republicana-socialista y la derecha del PNV y los carlistas. Navarra se autoexcluyó del proyecto común, y aunque sí fue aprobado en las provincias vascas, en el caso de Álava lo hizo con menos de la mitad del censo. Su debate en Cortes fue paralizado por el triunfo de la derecha en las elecciones de 1933.

En Galicia, el proceso se retrasó por la falta de un partido nacionalista y no fue hasta finales de 1932 que los ayuntamientos aprobaron un texto estatutario. El texto fue aprobado por el 84,7% de la población mediante un plebiscito que no pudo celebrarse hasta octubre de 1936, en plena Guerra Civil, por lo que no fue ratificado.

En Andalucía, una asamblea regional celebrada en Córdoba en enero de 1933 con Blas Infante como principal ideólogo, elaboró un proyecto de estatuto que no pudo ser presentado a plebiscito por el cambio político de noviembre.

Conflictividad Social y Fin del Bienio

Los problemas eran tan graves y las desigualdades tan acusadas que la mayoría no «pudo» esperar a la tramitación de las reformas. También los anarquistas, que habían aceptado la República, se desesperaron ante la lentitud de las reformas y la mayoría de la CNT, y especialmente el sector más radical, optaron por la huelga revolucionaria y la insurrección armada para establecer el anarquismo.

Se aprobó la Ley de Defensa de la República, que permitía suspender las garantías constitucionales y que fue aplicada con dureza en episodios de graves enfrentamientos entre el campesinado y la Guardia Civil como los de Castilblanco y Arnedo. El primer conato de revolución se vivió en la cuenca minera del Alto Llobregat, dirigida por la CNT, aunque el suceso más grave fue el ocurrido en Casas Viejas en enero de 1933. El gobierno envió refuerzos y una sección de la Guardia de Asalto que, para reprimir la revuelta, acribilló a tiros a ocho campesinos durante la lucha y fusiló a otros doce tras sofocar la revuelta.

La situación empeoró al llegar a España los efectos de la crisis económica mundial de la década de los 30. El gobierno de Azaña dio señales de agotamiento y se mostró impotente ante una situación de acoso por parte de las agrupaciones de empresarios y patronos, por parte del Partido Radical de Lerroux y por el debate interno del Partido Socialista que se cuestionaba su colaboración con los republicanos en el gobierno. Además, en las elecciones municipales de abril de 1933, la derecha de la CEDA había obtenido un significativo avance.

Ante estas circunstancias, Alcalá Zamora, haciendo uso de sus prerrogativas presidenciales, retiró la confianza a Azaña y mandó formar gobierno a Lerroux, pero este no contó con el respaldo ni de los republicanos de izquierda ni de los socialistas, por lo que se eligió presidente al radical Martínez Barrio, con la finalidad de preparar unas nuevas elecciones para noviembre de ese mismo año.