El Reinado de Isabel II: Oposición al Liberalismo, Carlismo y la Cuestión Foral

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se produjo la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués: se configuró una monarquía constitucional, se sentaron las bases de una economía capitalista y se estructuró una sociedad de clases, basada en el dominio de una clase dirigente, formada por la burguesía de negocios y la nobleza tradicional.

Fue un período muy complejo, lleno de cambios y de agitación, incluyendo una guerra civil y varios pronunciamientos militares.

El Carlismo

El carlismo es un movimiento sociopolítico de carácter antiliberal y contrarrevolucionario que aparece a comienzos del siglo XIX y que se prolonga con intermitencias hasta el siglo XX.

El movimiento entronca con las disputas “serviles” de las Cortes de Cádiz y con los realistas del Trienio Liberal, los cuales formaron partidas en el norte de España y un organismo político, la Regencia de Urgel (1822). Durante la Década Ominosa (1823-1833), los realistas vieron mal las tímidas reformas de Fernando VII con los liberales y se sublevaron en Cataluña (los malcontents o agraviados – 1827). Estos realistas exaltados o apostólicos se convirtieron en carlistas al abolir Fernando VII la Ley Sálica (Pragmática Sanción) y nombrar a su hija Isabel princesa heredera. Los carlistas apoyaron al hermano de Fernando VII, Carlos. Estos defendían también los valores propios del Antiguo Régimen, los fueros tradicionales de vascos, navarros y catalanes, la tradición rural frente a la moderna industrialización y mantenían posiciones ultracatólicas. El carlismo era un movimiento tradicionalista que defendía: monarquía absoluta, sociedad estamental, religión católica y mantenimiento de los fueros y privilegios tradicionales.

Primera Guerra Carlista (1833-1839)

A la muerte de Fernando VII, Don Carlos reivindicó desde Portugal sus derechos dinásticos (Manifiesto de Abrantes). Fue proclamado rey en diversas ciudades de España, mientras surgían partidas carlistas por todo el país. Socialmente, el movimiento carlista estaba encabezado por parte de la nobleza y por miembros ultraconservadores de la administración y del ejército. A ellos se unieron la mayor parte del bajo clero que veía en Don Carlos una garantía para evitar la pérdida de la influencia de la iglesia; la mayoría del campesinado, influido por los sacerdotes rurales e importantes sectores del artesanado, que temían que los cambios sociales y económicos que podían traer los gobiernos liberales terminaran por hundir sus talleres frente a la gran industria.

Ámbito Territorial

País Vasco, Navarra, Aragón, interior de Cataluña y el Maestrazgo, debido a la defensa de sus fueros que significaban un conjunto de privilegios para las poblaciones vasca y navarra, y una promesa de recuperación de sus antiguas leyes para catalanes, aragoneses y valencianos. Desde el punto de vista militar tuvo 3 fases. Los fueros eran los usos y costumbres por los que se regían los distintos territorios del País Vasco y Navarra, que habían sido respetados por el centralismo borbónico en el siglo XVIII debido al apoyo que estos territorios prestaron a Felipe V en la Guerra de Sucesión. Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, en cambio, los perdieron en los Decretos de Nueva Planta. En resumen, los fueros establecían un sistema y régimen fiscal propio, exención del servicio militar, derecho civil y derecho penal propios, y un estatuto de hidalguía de todos sus habitantes. Estos principios se oponían a las aspiraciones unitarias y modernizadoras del liberalismo al defender la unificación jurídica de la nación en unas mismas leyes y la reforma de la propiedad, aboliendo los señoríos y los privilegios de la iglesia.

Los isabelinos o cristinos tuvieron que pedir apoyo a los liberales. También se unieron los sectores moderados y reformistas del absolutismo, encabezados por el jefe de gobierno, Cea Bermúdez. Los grupos sociales que respaldaban al gobierno incluían la plana mayor del ejército, la mayoría de los altos cargos de la administración, las altas jerarquías de la iglesia y la aristocracia. Además, el apoyo de la burguesía financiera y de los intelectuales. También los aún escasos obreros industriales y el campesinado del sur peninsular. Comienza así una guerra civil. Tuvo también una proyección exterior: las potencias absolutistas (Austria, Prusia y Rusia) y el papado apoyaron al bando carlista, mientras que las naciones liberales Inglaterra, Francia y Portugal apoyaron a Isabel II. Los inicios de la guerra fueron favorables a los carlistas, que derrotaron a las fuerzas del gobierno repetidas veces gracias a su movilidad y conocimiento del terreno. El agotamiento carlista provocó la división interna del movimiento entre los partidarios de seguir la guerra y los partidarios de llegar a un acuerdo de paz. La guerra culmina tras negociaciones en el Convenio de Vergara (1840) entre el general carlista Maroto y el liberal Espartero. A cambio de su rendición, se reconocieron los grados y empleos de los vencidos. También se incluyó el compromiso de mantener los fueros, aunque los gobiernos liberales posteriores no los respetaron.

Segunda Guerra Carlista (1846-1849)

Durante el reinado efectivo de Isabel II. Principalmente se desarrolla en el campo catalán; su duración fue menor y su ámbito geográfico más reducido. Al final son derrotados por los liberales.

Tercera Guerra Carlista (1872-1876)

Durante el Sexenio Democrático. Se inició con el levantamiento de los partidarios de Carlos VII contra la monarquía de Amadeo de Saboya en el País Vasco y en Cataluña. Contribuyó a la desestabilización de la monarquía democrática de Amadeo I y de la Primera República, por su duración y por la situación general que vivía el país ya de por sí conflictiva. Tras la Restauración Borbónica, en 1876 el pretendiente Carlos VII abandonaba España, acabando así la guerra.

Consecuencias de las Guerras Carlistas

Inclinación de la monarquía hacia el liberalismo; inestabilidad política en el conjunto del país; aparición del ejército como árbitro de la vida política, recurriendo a la práctica del pronunciamiento como fórmula habitual de instaurar cambios de gobierno o de reorientar la política; y los enormes gastos de guerra, que condicionaron ciertas reformas, como la desamortización.