La España de las Autonomías

Uno de los más importantes hechos políticos de la historia española después de 1975 es, indudablemente, el de la construcción de un nuevo modelo de Estado no centralista, según lo señalado en el título VIII de la Constitución de 1978. Pero este objetivo había sido ya emprendido desde la reforma pactada en 1977.

El camino hacia las autonomías tuvo dos etapas diferentes: la concesión de autonomías provisionales a regiones cuyos representantes parlamentarios la pidieran. La segunda etapa se emprendería a partir del momento en el que la Constitución regulara definitivamente el carácter y procedimiento de la Autonomía.

De manera provisional, las regiones fueron obteniendo una serie de transferencias de funciones, en un movimiento que fue impulsado por las asambleas de parlamentarios que fueron apareciendo en muchas regiones españolas. Las preautonomías se extendieron en los años 1977 y 1978. Una vez determinado el sistema por la Constitución, se fijó la nueva territorialización del estado, y quedó plasmado, con algunas excepciones, el mapa preautonómico de España.

Las Primeras Preautonomías

• Cataluña: La primera preautonomía concedida fue la catalana. Intervino en ello el viejo político republicano Josep Tarradellas, que había sido presidente de la Generalitat en el exilio y al que el gobierno de Suárez llamó para iniciar negociaciones. El 23 de octubre de 1977 se restablecía la Generalitat de Cataluña y el 23 de octubre se nombraba a Tarradellas su presidente.
• País Vasco: El caso vasco tenía otras implicaciones: la existencia de una organización terrorista (ETA), la presencia de un fuerte partido nacionalista histórico (PNV) y la cuestión de Navarra en relación con la creación de una amplia comunidad Autónoma Vasca que la incluyese. Las negociaciones se emprendieron entre el Gobierno y la asamblea de parlamentarios vascos a la que no quisieron sumarse los navarros, que pertenecían en su mayoría a la UCD. La preautonomía vasca, sin Navarra, se materializó en un Consejo General Vasco aprobado el 6 de enero de 1978.
• Galicia: El tercer caso urgente era el gallego. Aquí la UCD intentó aplicar la tendencia restrictiva que predominaba en sus filas. Se prefirió entonces obviar cualquier problema de fondo creando una Xunta de Galicia provisional en marzo del 78.

Extensión del Mapa Autonómico

Resueltos los tres casos históricos, el proceso continuó con las nuevas Autonomías. La política española optó por la extensión del mapa autonómico a todo el territorio del estado, que se dividió enteramente en regiones autónomas. Las nuevas comunidades autónomas estaban formadas, en unos casos por regiones antiguas con personalidad propia; en otros, se crearon autonomías uniprovinciales nuevas como Cantabria (Santander), La Rioja (Logroño) y Murcia. Algunas regiones uniprovinciales tenían personalidad histórica desde mucho antes, como Navarra y Asturias.

• En Aragón se constituyó una Diputación General de Aragón.
• En la región valenciana se produjo desde el principio un problema de identidad: el debate entre la idea de una Valencia peculiar o la de su adscripción al ámbito de los países Catalanes con los que había una evidente afinidad de lengua e historia.
• En Baleares, y sobre todo, en Canarias, se presentaban los problemas añadidos de la insularidad.
• En Extremadura se adoptó una inteligente solución de compromiso al establecer los órganos autonómicos en una ciudad que no era capital de provincia, Mérida.

Andalucía y las Dos Castillas

Mucho más complejo resultó el caso andaluz. En la fase preautonómica, las discusiones se prolongaron hasta abril de 1978, momento en el que se creó una Junta de Andalucía. Los problemas vendrían una vez aprobada la Constitución, a la hora de decidir la vía para acceder a la autonomía definitiva.

Las dos Castillas presentaron dudas a la hora de plantear qué regiones autónomas podrían establecerse en su amplio territorio. Había un problema añadido: qué hacer con Madrid. En junio de 1978 se publicó el decreto-ley de constitución del Consejo General de Castilla y León. Las provincias de Santander y Logroño presentarían posteriormente a las Cortes sus estatutos uniprovinciales. En la región de Castilla-La Mancha se produjo la incorporación de Albacete, que era mucho más afín con ella que con la región a la que pertenecía tradicionalmente, Murcia. El órgano de gobierno castellano-manchego se llamó la Junta de Comunidades.

El Caso de Madrid, Ceuta y Melilla

Madrid planteaba un problema de otra índole, pues los parlamentarios castellanos no querían su incorporación a la Comunidad dado su inmenso peso. Se acordó dejar pendiente el asunto hasta la aprobación de la Constitución. También quedaron pendientes los casos de Ceuta y Melilla.

Todos ellos están resueltos hoy con las comunidades creadas, quedando configurada España por 17 Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas que son Ceuta y Melilla, y cada una de ellas con distintos grados de competencias en función de la vía constitucional por la que optaron para acceder a la Autonomía.

La Comunidad Económica Europea (Unión Europea)

La Comunidad Económica Europea fue creada por el Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 y estaba formada por seis países: Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia.

• En 1973 se integran Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido.
• En 1981 se incorpora Grecia.
• En 1986 España y Portugal.

Objetivos de la Comunidad Económica Europea

Los fines a conseguir son los siguientes: supresión de aduanas y creación de un área de librecambio, integración económica plena, unidad política supranacional e incremento del diálogo Norte-Sur. La Comunidad tenía como misión, mediante el establecimiento de un mercado y el acercamiento progresivo de la política económica de los estados miembros, lograr un desarrollo armónico de las actividades económicas de la Comunidad. A partir de 1992, con la firma del Tratado de Maastricht, que trazó la vía de la Unión Económica, se acuerda la moneda única, ya en vigor, y con este tratado la CEE pasó a llamarse la Unión Europea. Hasta mayo de 2004, la formaban quince miembros, pues se incorporan Austria, Finlandia y Suecia en 1995.

El Tratado de Ámsterdam

Los días 16 y 17 de junio de 1997, los Jefes de Estado y de Gobierno de los quince países de la Unión Europea elaboraron el Tratado de Ámsterdam en esta ciudad holandesa. Este nuevo tratado que afecta a todos los ciudadanos entró en vigor el uno de mayo de 1999 y en él se establecen las bases de la Europa que se quiere construir para el siglo XXI: define las normas que deberán respetar los gobernantes y establece los derechos de que gozarán los ciudadanos. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han procurado que este tratado responda a las motivaciones actuales de los europeos. El Tratado de Ámsterdam consagra una Europa más democrática y una Europa más social. También aporta considerables mejoras a la política exterior de la Unión y a la libre circulación de los ciudadanos. Gracias a este Tratado, la Unión Europea será más eficaz y al mismo tiempo más democrática, creará más empleos, se hará oír en el plano internacional, y garantizará a los ciudadanos europeos una lucha más eficaz contra la delincuencia organizada.

Ampliación de la Unión Europea

Últimamente, a partir del 1 de mayo, se han integrado diez países más. La Unión Europea se ha convertido en una gran potencia económica y comercial mientras va perfilando su unión política.

Estructura y Funcionamiento de la Unión Europea

La autoridad máxima de la Unión Europea la ostenta el Consejo de Ministros, órgano de decisión al más alto nivel que determinará la política a seguir por los países miembros, y entre las funciones reservadas a él se encuentra la modificación del Tratado de Roma y la admisión de nuevos miembros. El poder ejecutivo de la Comunidad lo constituye la Comisión Europea, encargada de supervisar la marcha de la Comunidad y de tomar las decisiones que le autorice el Consejo. Además está el Parlamento Europeo con sede en Estrasburgo, cuyos miembros se eligieron por primera vez de forma directa en junio de 1979, y cuya composición está en función de criterios demográficos.

El Ingreso de España en la Comunidad Económica Europea

La España franquista al ser reconocida a nivel internacional, pidió en 1962 su entrada en la Comunidad Económica Europea, pero dada su condición de país no democrático no fue aceptada. En 1970 se consiguió un acuerdo preferencial que permitiría la formación de funcionarios de nuestro país para que se especializaran en asuntos europeos y también se permitía la introducción de productos españoles en los mercados europeos. En 1977 con la transición en marcha y gobernando UCD se solicita el ingreso de nuestro país en la CEE; las negociaciones fueron iniciadas oficialmente en 1979. Hubo consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento, pero fue Francia la que bloqueó la negociación debido a los problemas pesqueros y agrícolas.

Negociaciones y Adhesión

Las negociaciones avanzan lentamente por las dificultades relacionadas con la Política Agraria Común y la posible incorporación de regiones desfavorecidas. Los problemas en la agricultura se planteaban en dos frentes: el daño que podían recibir en sus rentas los agricultores franceses e italianos ante la competencia que le hacían los nuevos países solicitantes y, por otro lado, las reticencias británicas a seguir subvencionando, con los presupuestos de la Comunidad, la protección de la agricultura europea.

Cuando los socialistas ganan en España las elecciones de 1982, también está en Francia como presidente del gobierno el socialista Mitterrand; la buena conexión entre éste y el presidente del gobierno español, Felipe González, allanará el camino. Las negociaciones del ministro de Asuntos Exteriores, Morán, en el Consejo Europeo en el año 1983 fue clave; pues Alemania vinculaba el aumento de los fondos comunitarios a la ampliación, aceptando el ingreso de España y Portugal.

En 1984, en una cumbre comunitaria, se vencieron las suspicacias de Gran Bretaña al aceptar este país la participación en los presupuestos comunitarios.

Por fin, por acuerdo de 12 de junio de 1985, España ingresaría junto con Portugal en la Comunidad Europea, incorporándose como miembro de pleno derecho el 1 de enero de 1986. Hubo consenso en las fuerzas parlamentarias y se aprobó la integración por unanimidad en el Congreso y en el Senado.

Impacto de la Integración en la Economía Española

A partir de 1987 entró en vigor el acta única que supuso la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales y la creación de un sistema Monetario Europeo en el que se integró la peseta en 1989. En 1991 se firmaba en la ciudad holandesa de Maastricht el tratado que dio origen a la Unión Europea, cuyo fin último, además de contar con una moneda única, era formar una federación o confederación entre los diversos países del continente.

La integración de España supuso un impulso tecnológico aportado tanto por los empresarios españoles, al tener que hacer sus industrias más competitivas, como por los inversores extranjeros que han instalado aquí nuevos sectores productivos. Supone también la solidaridad y cohesión entre los países ricos y los países más pobres de la Unión: muestra de ello son los fondos europeos, entre los que destacan: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinado a las regiones cuyo PIB sea inferior al 75 de la media comunitaria; el Fondo Social Europeo para las regiones en declive industrial; el Fondo Europeo de Orientación y Garantías Agrícolas (FEOGA) para las zonas agrícolas con problemas de desarrollo y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca.

La integración en la CEE insertó a la industria y a la economía española en la dinámica de los mercados internacionales. Como contrapartida, aumentaron las desnacionalizaciones lentamente a la vez que se incrementaba el déficit de la balanza comercial. Al entrar en competencia nuestros productos con los comunitarios, entraron en crisis muchos sectores no competitivos, en especial los básicos, que demandaban urgentemente una reconversión drástica. Las consecuencias de esta política, tan necesaria como inevitable, fue el aumento del paro que en 1985 llegaba al 20,6 de la población activa, cifra sin precedentes en la moderna historia económica y social de España.