La Revolución de Septiembre de 1868

En septiembre de 1868, Topete protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. Prim y Serrano se reunieron con los sublevados y rápidamente consiguieron el apoyo de la población gaditana, tras la publicación de un manifiesto en el que se pedía a los ciudadanos que acudiesen a las armas para defender la libertad, el orden y la honradez.

El gobierno de la reina Isabel II se aprestó a defender el trono con las armas. Envió un ejército para enfrentarse con los sublevados. Ambas fuerzas se encontraron en el Puente de Alcolea, donde el 28 de septiembre se libró una batalla que dio la victoria a las fuerzas afines a la revolución. El gobierno no vio más salida que dimitir y la reina no tuvo más remedio que exiliarse.

Tuvieron un gran protagonismo las fuerzas populares, sobre todo urbanas, dirigidas por un sector de los progresistas, los demócratas y los republicanos. En muchas ciudades españolas se constituyeron Juntas revolucionarias, que organizaron el levantamiento y lanzaron llamamientos al pueblo.

El radicalismo de algunas propuestas de las Juntas revolucionarias no era compartido por los dirigentes unionistas y progresistas, que ya habían visto cumplido su objetivo de derrocar a la monarquía. Los sublevados propusieron a la Junta revolucionaria de la capital, el nombramiento de un Gobierno provisional de carácter centrista. El general Serrano fue proclamado regente, y el general Prim, presidente de un gobierno integrado por progresistas y unionistas. El nuevo ejecutivo ordenó disolver las Juntas y desarmar a la Milicia Nacional.

La Constitución de 1869 y la Regencia

El nuevo Gobierno provisional promulgó una serie de decretos para dar satisfacción a algunas demandas populares y convocó elecciones a Cortes constituyentes. Los comicios de 1869 fueron los primeros en España que reconocieron el sufragio universal masculino. Resultaron mayoritarios los partidarios de la fórmula monárquica, pero también aparecieron en la Cámara dos importantes minorías: la carlista y la republicana.

Luego, las Cortes se reunieron y crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva Constitución, que fue aprobada el 1 de junio de 1869.

La Constitución de 1869, la primera democrática de la Historia de España, estableció un amplio régimen de derechos y libertades. También proclamaba la soberanía nacional, de la que emanaban tanto la legitimidad de la monarquía como los tres poderes. El Estado se declaraba monárquico, pero la potestad de hacer las leyes residía exclusivamente en las Cortes. Las Cortes se componían de un Congreso y un Senado.

Las Cortes establecieron una regencia, que recayó en el general Serrano, mientras Prim era designado jefe de gobierno. El nuevo gobierno fue recibido con simpatía por parte de los países europeos, ya que ponía fin a la larga etapa de inestabilidad política de Isabel II.

El Intento de Renovación Económica

Uno de los objetivos de la ‘Gloriosa’ era reorientar la política económica. Se pretendía establecer una legislación que protegiese los intereses económicos de la burguesía nacional y de los inversores extranjeros. La política económica se caracterizó por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español a la entrada del capital extranjero.

Figuerola suprimió la contribución de consumos. Para compensar la pérdida de ingresos, introdujo la contribución personal, que gravaba a todos los ciudadanos de forma directa según su renta. También estableció la peseta como unidad monetaria.

Pero el problema más grave era el estado de la Hacienda española. La deuda pública se elevaba a 22.109 millones de reales. La grave crisis de los ferrocarriles solo pretendió tener solución utilizando recursos públicos para subvencionar a las compañías ferroviarias. Todo ello se pretendió solucionar mediante la Ley de Minas de 1871. Con los ingresos obtenidos de la llamada «desamortización del subsuelo», se hizo frente a la devolución de los préstamos.

La última gran acción sobre la economía fue la liberalización de los intercambios exteriores, aprobada en julio de 1869 mediante la Ley de Bases Arancelarias, que ponía fin a la secular tradición proteccionista de la economía española.

La Frustración de las Aspiraciones Populares

La Constitución de 1869 consolidó un régimen político basado en los principios liberal-democráticos. Sin embargo, frustró algunas de las aspiraciones de otros grupos políticos, especialmente muchas de las reivindicaciones de carácter popular.

• La forma de gobierno monárquica disgustó a los que aspiraban a establecer un régimen republicano.
• Durante el período de la regencia hubo una fuerte conflictividad social, que se mantuvo a lo largo de todo el Sexenio. Los campesinos demandaban un mejor reparto de la tierra; mientras las revueltas urbanas protestaban contra los consumos, las quintas y el aumento de los precios.
• De igual modo, el incipiente movimiento obrero sufrió un proceso de radicalización en demanda de la mejora de las condiciones salariales y de trabajo.

Los republicanos encarnaron gran parte de ese descontento, pero el fracaso de sus insurrecciones condujeron a que la mayoría de estos sectores se inclinasen hacia posiciones más radicales y apolíticas (internacionalismo).

Estas ideas internacionales llegaron a España a partir de 1868 gracias a la ampliación de las libertades públicas otorgadas por el Gobierno provisional, como la apertura de fronteras y el reconocimiento del derecho de asociación y de libertad de imprenta. La expansión de las ideas vinculadas a la Primera Internacional abrió una nueva etapa y condujo a la organización del proletariado y del campesinado.