Restauración Borbónica en España: Bases, Sistema Canovista y Constitución de 1876

Contexto Histórico y Fin del Sexenio Democrático

En 1874, con el Sexenio Democrático a punto de finalizar, España atravesaba un momento crítico. Las tensiones entre los republicanos (cantonalistas, federalistas, unionistas), la tercera guerra carlista y la guerra de independencia en Cuba, sumadas al aumento de las reivindicaciones obreras, provocaron un clima de caos e inestabilidad política. Los gobiernos eran efímeros y crecía el temor tanto en el ejército, que temía la desintegración de España, como en las clases propietarias, que temían una revolución social.

Este contexto de inestabilidad favoreció la iniciativa de Antonio Cánovas del Castillo, un político liberal conservador y monárquico, que buscaba restaurar la monarquía en la figura de Alfonso de Borbón (hijo de Isabel II). Para ello, redactó el Manifiesto de Sandhurst (1 de diciembre de 1874), que Alfonso firmó, mostrándose dispuesto a regresar como Rey y a acatar una constitución liberal y conservadora.

Días después, el general Martínez Campos realizó un pronunciamiento militar en Sagunto (Valencia), proclamando a Alfonso XII como Rey de España, sin oposición alguna. Así terminaba la dictadura o República Unitaria del general Serrano, dando inicio al período histórico conocido como la Restauración Borbónica.

Bases del Sistema Canovista y el Turno de Partidos

Cánovas diseñó un sistema para asegurar la durabilidad de la Restauración, basado en tres pilares fundamentales:

Una monarquía constitucional y conservadora, retomando el liberalismo doctrinario.
Un poder compartido entre la Corona (que nombraba al Gobierno) y las Cortes (donde el partido del Gobierno debía tener la mayoría de diputados).
Un sistema bipartidista con dos grandes partidos políticos monárquicos, que se turnarían en el poder mediante un sistema de turno pacífico.

Cuando un gobierno enfrentaba problemas (críticas, desgaste), el Rey nombraba Presidente al jefe de la oposición, disolvía las Cortes y convocaba elecciones. El partido del nuevo Presidente debía ganar, recurriendo, si era necesario, al fraude electoral.

Los dos partidos principales eran:

Partido Conservador: Liderado por Antonio Cánovas del Castillo, estaba formado por antiguos miembros de los liberales moderados, la Unión Liberal y parte de los progresistas. Su base social era la burguesía latifundista y financiera, la aristocracia y la jerarquía católica.
Partido Liberal: Liderado por Práxedes Mateo Sagasta, lo integraban antiguos progresistas, demócratas y exrepublicanos moderados. Su base social era la burguesía industrial y comercial, profesionales liberales, funcionarios y las clases medias.

Este sistema de turno garantizaba la estabilidad y evitaba los pronunciamientos militares, alejando a los militares de la política. Cánovas situó al Rey como Jefe de las Fuerzas Armadas para supeditar al ejército al poder civil. Sin embargo, el sistema excluía a quienes no se sentían representados por estas dos opciones (votantes de partidos obreros, republicanos, nacionalistas o carlistas), lo que a largo plazo desgastaría esta democracia fraudulenta.

La Constitución de 1876

Tras la llegada de Alfonso XII (enero de 1875), Cánovas fue nombrado presidente del gobierno y convocó elecciones a Cortes constituyentes (por sufragio universal masculino), que ganó su partido, el Conservador. Estas Cortes elaboraron la Constitución de 1876.

Este texto era un híbrido entre la constitución doctrinaria de 1845, en cuanto a su funcionamiento principal, y la de 1869, en materia de derechos. Sin embargo, el espíritu del texto y su columna vertebral eran doctrinarios y conservadores, como lo era Cánovas.

Sus principales características eran:

Establecía una monarquía constitucional conservadora.
La Corona compartía la soberanía con las Cortes (no solo reinaba, también gobernaba).
El Rey nombraba libremente al presidente de entre los ministros, podía suspender o disolver las Cortes (derecho de veto), ejercía el mando del ejército y dirigía la política exterior.
Las Cortes eran bicamerales: el Congreso, cuyos miembros eran elegidos por los ciudadanos según una ley electoral posterior, y el Senado, formado por miembros vitalicios designados por el Rey, por derecho propio o elegidos por los mayores contribuyentes.
El Gobierno Central controlaba las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
Los derechos y libertades estaban recogidos, pero redactados de forma genérica, necesitando un desarrollo en leyes posteriores de inferior rango. Esto permitía un tratamiento más restrictivo.
Establecía un Estado Católico (religión oficial), pero tolerando otros cultos.

Esta Constitución fue la más longeva de la Historia de España (1876-1923), perdurando 47 años, hasta la Dictadura de Primo de Rivera. Tras la repentina muerte de Alfonso XII por tuberculosis, a los 27 años, Cánovas y Sagasta se reunieron con la regente María Cristina para acordar la continuidad del turnismo, acuerdo conocido como el Pacto de El Pardo, asegurando la estabilidad del sistema.

Un Modelo Oligárquico y Fraudulento

Este período se caracterizó por la falsa democracia planeada por Cánovas, quien creó un sistema de fraude electoral para asegurar el turnismo. El ministro de Gobernación creaba un encasillado o encuadramiento.

Esto se comunicaba al gobernador civil de cada provincia, quien se apoyaba en los caciques, personas que controlaban los votos de su zona valiéndose de su poder, estatus o influencia, actuando principalmente en el ámbito rural. Estas relaciones podían complementarse, en caso de necesidad, con otras formas de fraude electoral como el pucherazo (sustitución de la urna por otra con votos favorables al candidato deseado) o los lázaros (votos de personas fallecidas).

El objetivo era impedir que los enemigos de ambos partidos (republicanos y partidos obreros) accedieran al gobierno. Este sistema corrupto fue duramente criticado por la oposición política (fuera del sistema) y por los regeneracionistas, un movimiento surgido tras el desastre de 1898, que abogaba por regenerar España acabando con el caciquismo y la pobreza, y fomentando la educación (como Joaquín Costa). A pesar de las críticas, el sistema continuó a principios del siglo XX, ya con Alfonso XIII en el trono.

Las Desamortizaciones del Siglo XIX

Concepto

Las desamortizaciones fueron el proceso legal mediante el cual los liberales progresistas del siglo XIX expropiaron bienes pertenecientes a la Iglesia (manos muertas) y a los ayuntamientos (comunes, propios) para su posterior venta en subasta pública. Los objetivos eran reformar la estructura de la propiedad de la tierra, obtener recursos económicos para sanear la Hacienda y ampliar el apoyo a la causa liberal. Destacan la de Mendizábal (1836) y la de Madoz (1855).

Razones y Objetivos de la Reforma Agraria Liberal

Desde la muerte de Fernando VII, se inició una lucha política para acabar con el absolutismo y el Antiguo Régimen, sustituyéndolo por el liberalismo, que representaba mejor los intereses de la burguesía. Uno de los principales retos de los liberales era modernizar la agricultura, que se encontraba atrasada debido a:

Una gran desigualdad en la distribución de la propiedad: en la mitad sur, predominaban los latifundios con una enorme masa de jornaleros.
La abundancia de manos muertas: bienes fuera del mercado (no vendibles) y generalmente mal explotados, en manos de la Iglesia o de los nobles (mayorazgos).
Una bajísima productividad, debido al atraso técnico y al escaso interés de los propietarios en invertir en mejoras.
Escasos excedentes que, junto con las malas comunicaciones, dificultaban el comercio.

Para abordar este reto, los liberales diseñaron la Reforma Agraria Liberal, con el fin de:

Liberalizar las tierras en manos muertas, creando una nueva clase de propietarios.
Mejorar su explotación, con propietarios más interesados y emprendedores.
Sanear la Hacienda con los ingresos de las ventas en subasta pública.

Mediante este conjunto de medidas:

Abolieron los derechos señoriales de origen feudal (impuestos, trabajos especiales).
Desvincularon los mayorazgos, permitiendo su división y venta.
Liberalizaron el mercado, aboliendo la Mesta, los gremios y las aduanas interiores, y estableciendo la libertad de precios, avanzando hacia un sistema liberal o capitalista.
Iniciaron la desamortización o expropiación de las manos muertas para ponerlas en el mercado mediante subasta pública, creando una nueva clase propietaria y saneando las cuentas del Estado.

Etapas de la Desamortización

Estas medidas fueron impulsadas principalmente por los liberales progresistas, pero la preferencia de la Corona por los moderados ralentizó el proceso. Destacan cuatro etapas:

Durante el reinado de Carlos IV, en 1798, se desamortizaron bienes del clero para sanear la Hacienda, afectada por las guerras contra Francia y Reino Unido.
Durante la elaboración de la Constitución de Cádiz y el Trienio Liberal, se retomó la desamortización, incluyendo propiedades de los ayuntamientos. Se aprobaron decretos que abolían el régimen señorial y confiscaban bienes de afrancesados, órdenes militares, conventos suprimidos y parte del patrimonio de la Corona y de los baldíos y tierras de los ayuntamientos. Estos decretos fueron en gran parte abolidos con la llegada de Fernando VII.
Durante la regencia de María Cristina, con Mendizábal en el gobierno (1836), se inició la desamortización de bienes eclesiásticos, su nacionalización y venta en subasta pública, y la supresión de órdenes religiosas. El clero regular fue el más afectado. Los objetivos eran obtener ingresos para la Hacienda y la Guerra Carlista, ganar apoyos entre la burguesía para la causa liberal, restar poder a la Iglesia y crear una base social de campesinos propietarios. Esta etapa fue breve debido al corto período de los progresistas en el poder, pero fue retomada por Espartero (1841-43), ampliándola a bienes del clero secular. Los resultados incluyeron la no solución del problema de la deuda pública, la conversión de la burguesía en nueva propietaria, el aumento del apoyo a la causa liberal, la proletarización del campesinado y el deterioro del patrimonio eclesiástico.
Durante el Bienio Progresista (1854-56), con Espartero nuevamente en el poder, se aprobó la Ley de Desamortización General de Madoz (1855), que afectaba a bienes del clero (regular y secular) y a los municipios (comunales y propios). Esta desamortización alcanzó un mayor volumen de ventas. Los objetivos eran obtener fondos para la construcción del ferrocarril, acabar con el régimen señorial y financiar la deuda pública. Los resultados incluyeron la ruina de muchos municipios, el perjuicio a la población más pobre al eliminar los bienes comunales y la financiación de la construcción del ferrocarril.

Balance y Resultados de la Desamortización

El 50% de las tierras cultivables en España en el siglo XIX fueron desamortizadas. Las consecuencias fueron tanto positivas como negativas:

Avances:

Supresión definitiva de los señoríos.
Supresión del diezmo y de la Mesta.
Expansión de la superficie cultivable.
Aumento de la producción agrícola.
El Estado obtuvo ingresos para sanear parte de sus cuentas.
Parte del dinero se usó para financiar la guerra contra los carlistas.
Los nuevos propietarios pasaron a apoyar el liberalismo.
Con la desamortización de Madoz se financió en gran medida las obras del ferrocarril.

Cuestiones sin resolver:

Hubo un cambio de manos, pero no transformaciones significativas.
No se creó una nueva clase propietaria campesina, ya que los lotes eran demasiado grandes y los campesinos no pudieron comprarlos.
No se modernizó el campo mediante compradores emprendedores.
El campesinado perdió el acceso a tierras municipales de uso comunal, surgiendo una masiva emigración desde zonas pobres.
Los municipios expropiados sufrieron un duro golpe a su patrimonio.
La Iglesia vio desmantelado su sistema de ingresos, por lo que el Estado comenzó a subvencionarla.
Se retrasó la industrialización porque la burguesía invirtió en tierras en lugar de en innovación tecnológica, produciéndose una aristocratización de la burguesía.

El problema del atraso en la agricultura y la desigual distribución de la propiedad persistieron durante el siglo XX. La cuestión agraria volvió a ser objeto de reformas en la Segunda República (1931-36), siendo una de las causas que abonarían el terreno para la Guerra Civil.

El Movimiento Obrero en España: Orígenes, Ideologías y Evolución

Introducción

A lo largo del siglo XIX, con la llegada del liberalismo y la industrialización, la sociedad estamental desapareció, siendo reemplazada por una sociedad de clases. Los nuevos protagonistas fueron dos grupos sociales emergentes:

Burguesía: Dueña de las fábricas (medios de producción) y parte de la oligarquía que ocupaba el poder político.
Proletariado: Trabajadores sin derechos ni poder, que solo tenían su fuerza de trabajo y vivían en durísimas condiciones (salarios ínfimos, explotación laboral e infantil, etc.).

Estas condiciones, junto con la progresiva conciencia de clase, provocaron el nacimiento del movimiento obrero: el intento del proletariado de organizarse contra la burguesía (patronos/gobierno) para mejorar sus salarios y condiciones laborales. El movimiento obrero en España se inspiró en dos ideologías europeas: el anarquismo y el socialismo o marxismo. Sin embargo, antes de la llegada de estas ideas, es necesario mencionar el contexto de aparición del movimiento obrero y sus primeras expresiones.

Orígenes del Movimiento Obrero (Primera Mitad del Siglo XIX)

El retraso en la industrialización en España marcó también el retraso en la creación de un movimiento obrero. Hasta el Sexenio Democrático, se pueden identificar tres momentos del movimiento obrero, que coinciden con tres mecanismos de protesta. Entre las décadas de 1820 y 1860, el movimiento obrero tuvo las siguientes expresiones en las zonas de mayor industrialización, principalmente en Cataluña:

Ludismo: Movimiento de protesta contra las máquinas, provocando su destrucción e incendios de fábricas. Destacan episodios ludistas en Alcoy (1821), Barcelona (1835) y en la fábrica de tabacos de La Coruña (1857).
Sociedades de Socorro Mutuo: Tenían un carácter de ayuda en caso de desempleo o enfermedad, sumado a demandas de mejoras laborales. Aparecieron en la década de 1840, pero su carácter reivindicativo llevó a su prohibición durante la Década Moderada (1844). Esta sería una constante en la evolución del movimiento obrero: un camino entre la legalidad y la clandestinidad.
Huelgas: Estaban prohibidas. Una de las primeras huelgas destacadas fue la de 1855 en Barcelona, donde los obreros pedían, entre otras cosas, el derecho de asociación.

Durante el Bienio Progresista se aprobó la Ley del Trabajo (1855), pero el movimiento obrero observó cómo la legislación favorecía a la burguesía.

El Movimiento Obrero a partir del Sexenio Democrático

Entre el Bienio Progresista y la Revolución de 1868, el movimiento obrero estuvo aletargado. Fue durante el Sexenio Democrático cuando las libertades políticas y el desarrollo de la industrialización impulsaron el movimiento obrero. La Constitución de 1869 reconoció la libertad de asociación, y fue en este momento cuando aparecieron las nuevas ideologías obreras del anarquismo y el socialismo en España.

Sin embargo, el Sexenio no cumplió todas las expectativas del movimiento obrero. Cuestiones como el sorteo de quintos, el impuesto de consumo o el mantenimiento de la monarquía al principio del período, hicieron que el movimiento obrero adquiriera cultura organizativa, conciencia de clase y abrazara las corrientes anarquistas y marxistas.

Después del golpe de Estado de Pavía (1874), el general Serrano decretó la disolución de la Asociación Internacional de Trabajadores y prohibió las asociaciones obreras. No fue hasta el gobierno de Sagasta en 1881 cuando se reconoció el derecho de reunión y la libertad de prensa. La ley de asociaciones tuvo que esperar hasta 1887, con la legalización definitiva de los sindicatos obreros.

El Internacionalismo en España

A partir de 1868, en el contexto de la Gloriosa, con la llegada a España del anarquista y discípulo de Bakunin, Fanelli, se inició la influencia de la I Internacional o Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). En 1870 se celebró el 1º Congreso de la AIT en Barcelona, constituyéndose la Federación Regional Española (FRE) dentro de la AIT.

La FRE tuvo una fuerte división interna entre marxistas y anarquistas. Estos últimos eran mayoritarios, llegando a expulsar a los marxistas. La FRE se expandió rápidamente por España, principalmente en Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía. Su andadura legal duró lo que el Sexenio Democrático. En 1874, durante la dictadura de Serrano, fue prohibida y actuó en la clandestinidad hasta su disolución en 1881.

El Anarquismo

El anarquismo es una ideología que defiende la igualdad y libertad de todo individuo. Sus principios llevan a la defensa de la destrucción del Estado y de cualquier tipo de autoridad, la eliminación de la propiedad privada y de las diferencias de clases. La sociedad debía organizarse en torno a comunas autónomas, donde la autoridad fuera sustituida por acuerdos libres entre sus habitantes.

Introducido en España por Fanelli, tuvo un fuerte arraigo entre el proletariado y el campesinado jornalero. Se caracterizó por su división en dos grandes corrientes: la anarcosindical y la de acción directa (más extremista).

Acción directa: Fue la opción más extremista, dando al anarquismo fama de violento y terrorista. Influenciados por las visitas de los anarquistas Kropotkin y Malatesta, defendían la revolución mediante atentados contra los intereses y personajes de la clase dominante. En esta línea se encuadra la organización secreta Mano Negra. Numerosos atentados fueron protagonizados por anarquistas (asesinato de Cánovas, de Canalejas, bomba del Liceo), lo que supuso una dura represión contra ellos por parte del gobierno.
Anarcosindical: Inicialmente, a finales del siglo XIX, destacaron las acciones violentas. Hacia el siglo XX, debido al desgaste de la represión gubernamental, la tendencia anarcosindical cobró mayor importancia. El movimiento se asoció al cantonalismo de la I República. Entre sus federaciones locales destacó la Solidaridad Obrera. En el siglo XX se creó la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y, posteriormente, la más radical FAI (Federación Anarquista Ibérica). Defendían la huelga general revolucionaria como medio para la emancipación de la clase obrera. Uno de los mayores éxitos de la CNT fue la huelga de la fábrica La Canadiense en 1919 en Barcelona, que consiguió la jornada de 8 horas.

El anarquismo sindicalista fue la ideología imperante entre el proletariado agrícola de Andalucía y los obreros.

Evolución de la Producción Siderúrgica en España durante el Siglo XIX

El documento y la tabla presentada permiten analizar la evolución de la producción siderúrgica en España durante el siglo XIX, un período clave para la industrialización del país. El cuadro muestra datos sobre la distribución regional de la producción de hierro y acero en diferentes períodos (1861-1900), reflejando tanto el crecimiento global de este sector como las transformaciones geográficas que marcaron su evolución.

Un primer aspecto relevante es el notable incremento de la producción siderúrgica en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. En el período de 1861-1865, la producción anual media era de 45,65 mil toneladas, mientras que a finales del siglo (1896-1900) alcanzó las 289,24 mil toneladas, casi seis veces más. Este crecimiento puede explicarse, en parte, por la modernización progresiva de la industria, la mayor demanda de hierro y acero para el desarrollo ferroviario y naval, y la integración del mercado interior.

Por otra parte, la tabla pone de manifiesto la evolución de la distribución regional de la producción siderúrgica, un aspecto que también se analiza en el documento de referencia. En los primeros períodos (1861-1875), Andalucía tenía un peso importante en la producción siderúrgica española, con cifras relativamente elevadas (14,65 mil toneladas en 1861-1865 y 4,46 en 1871-1875). Sin embargo, a partir de finales del siglo XIX, el protagonismo de la siderurgia se desplazó hacia el norte de la Península, especialmente al País Vasco y Asturias. Esta tendencia responde a varias causas estructurales, como los elevados costos de transporte del carbón hacia el sur y la mayor competitividad de la industria vasca, que aprovechó el comercio exterior para obtener carbón británico y exportar hierro.

En el caso de Vizcaya, su evolución fue especialmente significativa. En el período 1861-1865 apenas producía 11,73 mil toneladas anuais, pero en 1896-1900 ya alcanzaba las 227,69 mil toneladas, convirtiéndose en la región líder de la siderurgia española. Este crecimiento estuvo impulsado por la explotación de las minas de hierro de Somorrostro, la conexión con el comercio marítimo británico y el desarrollo de una potente industria naval y financiera. Por su parte, Asturias también experimentó un notable crecimiento, pasando de 13,17 mil toneladas en 1861-1865 a 102,81 mil en 1896-1900, gracias a su riqueza en carbón, que resultaba fundamental para los altos hornos y para el sector ferroviario.

La evolución reflejada en la tabla también puede relacionarse con el papel del ferrocarril en la industrialización española, tal y como menciona el documento. La mejora de las infraestructuras de transporte fue clave para el desarrollo de la siderurgia, facilitando la distribución de materias primas y productos manufacturados. No obstante, el documento también señala que el ferrocarril supuso una oportunidad perdida para la industria española, ya que muchos de los materiales ferroviarios fueron importados del extranjero en lugar de ser producidos internamente, lo que limitó el impacto positivo sobre el sector siderúrgico nacional.

En definitiva, la información de la tabla encaixa perfectamente con las explicaciones del documento sobre los desequilibrios regionales de la industrialización española, la tardía consolidación de la siderurgia y el papel determinante del ferrocarril en el desarrollo económico. La pérdida de peso de la siderurgia andaluza en favor de la vasca y asturiana, así como el gran crecimiento de la producción total, evidencian las transformaciones estructurales que marcaron la industria del hierro y del acero en España durante el siglo XIX.