Fernando VII murió en 1833 cuando su hija y heredera, Isabel, tenía tres años. La Ley Sálica establecía que el trono solo podía ser ocupado por un hombre, pero Fernando VII la había derogado con la Pragmática Sanción, conservando su hija el derecho al trono y dándole el poder a María Cristina hasta la mayoría de edad de la heredera. Sin embargo, el infante don Carlos no aceptó esta legislación y se proclamó rey tras la muerte de su hermano. Carlos era apoyado por los llamados carlistas, defensores del absolutismo y la monarquía tradicional española. Se declararon insurrecciones carlistas sobre todo en el norte de la península (Navarra y País Vasco), el pirineo catalán y el Maestrazgo, apoyadas por el clero, el campesinado y la nobleza agraria.
La causa de Isabel fue apoyada en principio por la nobleza cortesana y los funcionarios, pero la necesidad de encontrar apoyos que hicieran frente a los carlistas hizo que María Cristina pactase con los liberales.
Comenzó así la I Guerra Carlista (1833-1840). La victoria se puso primero del lado de los carlistas, que extendieron su dominio por el norte peninsular aunque sin ocupar ninguna ciudad importante. La muerte de uno de sus principales líderes, Zumalacárregui, en el sitio de Bilbao, y el triunfo de Espartero (general liberal) en 1836 puso la contienda a favor de los isabelinos. Otro hecho de interés fue la llamada Marcha Real (1837), con la que don Carlos pretendía llegar a Madrid.
El desgaste de las tropas carlistas y la división de estos en transaccionistas e intransigentes puso fin a la contienda con el Abrazo de Vergara (1839) entre Espartero y Maroto. El Convenio de Vergara establecía el mantenimiento de los fueros en Navarra y País Vasco y la integración de las tropas carlistas en el ejército nacional.
La Regencia de María Cristina (1833-1840)
Durante la guerra, la soberana fue María Cristina, la regente (1833-40). Fue un periodo de inestabilidad política marcado por la sucesión de gobiernos, el enfrentamiento entre diversos ideales y la importancia política de los militares.
En un primer momento, se apoyó en los viejos parlamentarios de las cortes de Cádiz, para formar gobierno. El presidente fue Cea Bermúdez, que llevó a cabo una política centralista e inmovilista. Javier de Burgos elaboró la División Provincial (1833) del territorio. El centralismo del nuevo gobierno disgustó a los liberales, y, María Cristina, para no perder su apoyo, dio el poder a Martínez de la Rosa, que elaboró el Estatuto Real (1834), un conjunto de normas para elaborar las Cortes. Las reformas eran insuficientes para una parte del liberalismo y se hizo patente la división entre moderados y exaltados (progresistas).
Moderados y Progresistas: Dos Visiones del Liberalismo
Los moderados, más conservadores, eran apoyados por los antiguos carlistas, la alta burguesía y parte del ejército. Llevaban a cabo unas reformas lentas, marcadas por el centralismo administrativo, y defendían la soberanía compartida entre el rey y las cortes, dándole amplios poderes al rey en el legislativo. Defendían un sufragio muy censitario, de forma que solo la gente con grandes ingresos pudiese votar, y la confesionalidad del estado católica, apostólica y romana. Su líder fue Narváez, y cada vez que tomaban el poder intentaban eliminar los elementos progresistas, como la milicia nacional o las libertades individuales.
Los progresistas eran partidarios de un cambio más rápido hacia el liberalismo en España. Apoyados por la burguesía, las clases populares urbanas, los funcionarios y otras profesiones liberales, como médicos, llevaban a cabo reformas de peso (como desamortizaciones) para eliminar el Antiguo Régimen (AR). Defendían la soberanía nacional, una división de poderes más completa que los moderados, el sufragio menos censitario y la aconfesionalidad del estado. Su administración era descentralizada a nivel local (los habitantes de los municipios elegían a sus alcaldes). Legislaban a favor de las libertades individuales (de opinión, de imprenta) y de la Milicia Nacional. Su líder fue Espartero.
El Gobierno de Mendizábal y la Constitución de 1837
Las reformas de Martínez de la Rosa fueron insuficientes y, en 1835, provocaron levantamientos populares, creaciones de Juntas en las ciudades y el movimiento de la Milicia Nacional. Ante esta situación, María Cristina llamó al gobierno a un liberal: Mendizábal. Éste, para conseguir recursos para la Guerra Carlista, llevó a cabo la primera desamortización: expropiación de los terrenos del clero para venderlos en subasta pública.
Esto hizo que los privilegiados presionasen a la Regente, y por otro lado, se produjeron revueltas populares. El levantamiento militar conocido con el nombre de Sargentada de La Granja obligó a la reina a destituir a Mendizábal, entregándole la presidencia a Calatrava.
Calatrava, de ideología progresista, llevó a cabo una serie de reformas para acabar con el AR e implantar el liberalismo: una reforma agraria (disolución de señoríos y mayorazgos), abolición de la Mesta y los gremios y liberalización de industria y comercio, y una nueva Constitución (1837), que adaptaba la del 1812. La Constitución del 37, de carácter liberal progresista, consideraba la soberanía nacional, una división de poderes incompleta, con el rey en el ejecutivo y derecho veto, y con el legislativo dividido en dos cámaras. Establecía un estado aconfesional, aunque obligado a mantener la religión católica. Tras esto, se promulgaron otras leyes que complementaban a la Constitución: la Ley de Imprenta, que acabó con la censura, y la Ley Electoral, que establecía un sufragio censitario.
El Giro Moderado y la Regencia de Espartero
Tras la Constitución de 1837 se convocaron unas nuevas elecciones, que esta vez ganaron los moderados, que se tradujo en una limitación de las medidas del gobierno anterior: disminuyó la libertad de imprenta, se decretó la devolución de las tierras del clero que no se hubiesen vendido y se impuso la Ley de Ayuntamientos, mediante la cual los alcaldes de las poblaciones de más de 2000 habitantes eran elegidos por el rey, y los de menos, por el Gobernador Civil.
En 1840, una serie de revueltas provocaron la dimisión de María Cristina, que antes de partir hacia el exilio dio el gobierno a Espartero (1840-43). El general progresista tuvo un gobierno autoritario y no contó con las Cortes a la hora de tomar decisiones. Una de sus actuaciones de mayor relevancia fue la apertura del mercado al comercio exterior en 1842. Ante la llegada de nuevos productos, sobre todo de Gran Bretaña, la industria textil catalana se vio amenazada y se produjeron numerosos levantamientos. Espartero resolvió esto bombardeando Barcelona, colocando a la burguesía catalana en su contra. La pérdida de apoyos fue aprovechada por los moderados Narváez y O’Donnell, para que, en 1843, Espartero dejase la regencia. Entonces, las Cortes le adelantaron la mayoría de edad e Isabel II fue proclamada reina.
La Década Moderada (1844-1854)
La primera etapa del reinado de Isabel II estuvo marcada por los gobiernos moderados (Década Moderada, 1844-1854). Narváez, bajo la consigna «orden y autoridad», que deben ser garantizados por el ejército y la corona, llevó a cabo una política centralista. Se promulgó una Constitución en 1845, que pretendía ser una adaptación de la de 1837 a las ideas del liberalismo doctrinario. Implantaba la soberanía conjunta entre el rey y las Cortes, dándole amplios poderes al soberano: derecho a veto, capacidad para nombrar senadores… El poder legislativo se dividió en dos cámaras y se estableció un sufragio muy censitario. Se suprimió la Milicia Nacional y las libertades quedaron restringidas por leyes orgánicas posteriores. El Estado volvió a ser confesional católico, tal y como imponía el Concordato con la Santa Sede, que además obligaba al estado a mantener económicamente a la Iglesia (como compensación por la desamortización de Mendizábal) y a colocar la educación subordinada a la religión.
La administración fue jerarquizada y centralista: a nivel local, el nombramiento de alcaldes volvía a ser regulado por el estado; y a nivel estatal se organizaron las provincias y se elaboró la primera ley de acceso a funcionario. La necesidad de un cambio en la estructura económica se evidenció en la reforma fiscal (Ley Mon). Así mismo, se unificó el Código Penal y se hizo un proyecto para el Código Civil. También se promulgó la primera Ley de Educación, la Ley Moyano y se introdujo el sistema métrico decimal. Para vigilar el orden público, tras la supresión de la milicia nacional, se creó la Guardia Civil (por decreto).