La separación de Panamá de Colombia ocurrió el 3 de noviembre de 1903 y estuvo muy vinculada a la construcción de un canal en el país. En este contexto, el Tratado Hay-Bunau Varilla fue firmado poco después, el 18 de noviembre de 1903, otorgando a Estados Unidos el control de la franja donde se construiría el canal, lo que comprometía la soberanía de Panamá sobre la región.

El tratado establecía que Panamá recibiría 10 millones de dólares como compensación por el control del canal, y una anualidad de 250 mil dólares que comenzaría a pagarse 9 años después de la firma del tratado. Además, uno de los puntos clave del tratado era la neutralidad permanente del canal, tanto en tiempos de paz como de guerra, lo que permitiría su uso libre por cualquier nación, aunque el control militar y la protección del canal serían responsabilidad de Estados Unidos.

La disparidad de poder entre Panamá y Estados Unidos, junto con la influencia de este último, definió la relación en los primeros años de la nueva república, asegurando que Estados Unidos controlara el área del canal y mantuviera presencia militar para su protección.

Convenio Monetario de 1904

El Convenio Monetario de 1904 fue un acuerdo entre la recién formada República de Panamá y los Estados Unidos, cuyo propósito era establecer una relación monetaria estable tras la separación de Panamá de Colombia. A través de este convenio, se decidió que el dólar estadounidense circularía de manera oficial en Panamá, garantizando la paridad de la moneda panameña con el patrón oro del dólar. Esto implicaba que Panamá reconocía el valor legal del dólar, pero también mantenía la emisión del balboa como su propia moneda. Sin embargo, el balboa se utilizaba principalmente en monedas de menor denominación, mientras que el dólar seguía siendo la moneda de mayor uso.

El convenio fue aprobado el 20 de junio de 1904 y ratificado formalmente por el gobierno panameño en diciembre del mismo año. Este acuerdo facilitó la integración económica entre ambos países, especialmente en la Zona del Canal, donde había una fuerte presencia de trabajadores estadounidenses. A pesar de la creación del balboa, el dólar norteamericano se consolidó como la principal moneda de curso legal en Panamá.

Convenios Arias-Russel y Arias-Valdés/López Davis

El Convenio Arias-Russel del 25 de mayo de 1904 trata sobre la jurisdicción penal en la Zona del Canal, conforme al artículo XVI del Tratado de 1903. En este acuerdo, Panamá reconoce que los delitos cometidos dentro de la Zona del Canal serían procesados por las autoridades estadounidenses. Esta jurisdicción incluía una gran cantidad de delitos comunes, con excepción de los relacionados con la política. Además, Panamá acepta que los fugitivos de la justicia que cometieron delitos en la Zona serían entregados a las autoridades norteamericanas.

Por otro lado, el Convenio Arias-Valdés/López Davis aborda los límites provisionales de la Zona del Canal. Este convenio fue establecido para marcar los límites iniciales de la franja cananlera mientras se construía el canal, excluyendo las ciudades y puertos de Panamá y Colón. Los límites afectaban áreas como La Boca, Emperador, Culebra y Gorgona, donde los juicios civiles y penales quedarían bajo las normas de la zona hasta que se determinaran los límites definitivos en 1914.

La Tarifa Dingley y su Impacto en Panamá

La Tarifa Dingley fue una legislación aprobada en Estados Unidos en 1897 bajo el liderazgo de Nelson Dingley. Establecía altos aranceles con el objetivo de proteger la industria y el comercio estadounidense frente a la competencia extranjera. Estos aranceles afectaban directamente el comercio de las colonias y países que comerciaban con los Estados Unidos, entre ellos Panamá, lo que impactó en las relaciones comerciales y los intercambios aduaneros en la región.

En el contexto de Panamá, la implementación de la Tarifa Dingley significaba mayores costos en los productos importados desde los Estados Unidos, lo que afectó el comercio local y los intercambios en los puertos y aduanas panameños. A su vez, esto influyó en el sistema de correos y en el uso de estampillas para el envío de correspondencia, generando costos más elevados para quienes se dedicaban a actividades comerciales.

El concepto de exequatur, que es la credencial oficial que se entrega a un cónsul para que ejerza sus funciones en una colonia o país, también se relacionaba con estos intercambios diplomáticos y comerciales. En este sentido, Panamá tenía que lidiar con la burocracia y las barreras impuestas por el comercio protegido estadounidense, además de los aspectos diplomáticos que surgían en las negociaciones.

Eusebio Morales, un político y diplomático panameño, desempeñó un papel importante en estas negociaciones. Durante su interacción con el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, Morales se encargó de manejar la situación con respecto a los aranceles de la Tarifa Dingley. Roosevelt, quien se sintió ofendido en algún punto durante las negociaciones, finalmente cedió a la solicitud de Morales, quien negoció que los altos aranceles establecidos por la Tarifa Dingley serían eliminados o reducidos, facilitando así el comercio entre Panamá y Estados Unidos.

El Convenio Taft-Kellogg de 1926

En 1926, el Convenio Taft-Kellogg fue un acuerdo propuesto entre Panamá y Estados Unidos que tenía como objetivo modificar los términos del Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, el cual había otorgado a Estados Unidos control sobre la Zona del Canal. Panamá, para ese momento, estaba en busca de reivindicaciones de soberanía económica y fiscal, tratando de obtener más control sobre su territorio y los ingresos generados por el Canal. Sin embargo, el acuerdo propuesto ofrecía pocos beneficios para Panamá y, en cambio, otorgaba mayores ventajas militares y territoriales a Estados Unidos.

El convenio otorgaba a los Estados Unidos nuevos privilegios militares, incluyendo el derecho de ocupar más tierras y ampliar su presencia en áreas estratégicas del país, lo que iba en detrimento de la soberanía panameña. Además, Panamá seguía sin recibir una compensación económica justa ni el control sobre los recursos fiscales generados por el canal, perpetuando la desigualdad entre ambos países.

Cuando el convenio fue firmado, la opinión pública panameña reaccionó con fuerte rechazo. La ciudadanía veía el tratado como una imposición que beneficiaba principalmente a Estados Unidos, sin resolver las demandas históricas de Panamá por un mayor control sobre su economía y territorio. La idea de ceder más tierras y otorgar mayores privilegios militares a una potencia extranjera fue profundamente impopular y considerado un insulto a la soberanía de la nación.

Este marcado rechazo popular llevó a que el convenio no fuera ratificado por la Asamblea Nacional de Panamá, lo que resultó en una victoria política para los panameños, que lograron evitar la implementación de un acuerdo perjudicial. A pesar de los intentos de Estados Unidos por obtener mayores beneficios territoriales y militares, el descontento de la población panameña y la fuerte resistencia política consiguieron frenar el avance del convenio.