Desamortización y Sexenio Democrático en España: Un Análisis Detallado

La desamortización en España fue un proceso complejo y multifacético que se desarrolló a lo largo del siglo XIX, con importantes consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales. A continuación, se detallan los principales procesos desamortizadores:

Primeros Procesos Desamortizadores

a) Primer proceso desamortizador: Durante el reinado de Carlos IV, conocido como “desamortización de Godoy” (1798-1808), impulsada por Mariano Luis de Urquijo y Miguel Cayetano Soler. Afectó a bienes de los Colegios Mayores, la Compañía de Jesús e instituciones benéficas dependientes de la Iglesia (Hospitales, hospicios) con un valor aproximado de 1.500 millones de reales. Solo compraron los grandes propietarios. La segunda la realizó José I, quien, tras suprimir las órdenes religiosas e incorporar sus bienes al Estado, realizó una “pequeña desamortización” consistente en utilizar sus rentas para costear el avituallamiento y gastos de las tropas francesas, quedando sin efecto al acabar la guerra de la Independencia Española. La tercera, durante las Cortes de Cádiz, mediante un decreto de 1811 que abolía los señoríos, otro de enero de 1813 que desamortizaba “todos los terrenos de baldíos (que no están labrados o adehesados) o realengos y de propios (tierras que el municipio arrendaba a particulares) y arbitrios (contribuciones de carácter temporal sobre determinados alimentos y otros géneros comerciales)» de los municipios, y otro de septiembre de 1813 que consideraba “bienes nacionales”, entre otros, los de “traidores”, afrancesados, órdenes religiosas, y conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra. La cuarta, en el Trienio Liberal, con el restablecimiento de los decretos de enero y septiembre de 1813 mediante uno de 1822 y otro de agosto de 1820, añadía los bienes de la Inquisición, y con un decreto de octubre de 1820 que afectaba a los bienes del clero regular. Tanto la tercera como la cuarta no tuvieron efecto por el restablecimiento del absolutismo por parte de Fernando VII.

Desamortización de Mendizábal (1836)

Llevada a cabo por Mendizábal mediante un decreto (1836), afectó a los bienes del clero regular (el Estado suprimió las órdenes religiosas y cerró los conventos, que se habían quedado sin miembros, excepto los religiosos que se dedicaban a la enseñanza o al cuidado de los hospitales, y se apoderó de sus bienes, los cuales fueron expropiados y subastados). Su objetivo era sanear la Hacienda, crear propietarios adictos al régimen liberal que invirtiesen en la tierra y desarrollar el sector agrario e industrial. La premura por obtener dinero para la guerra carlista y el hecho de que los lotes fuesen establecidos por las autoridades municipales propiciaron que estos solo pudiesen pagarlos las oligarquías adineradas y las autoridades municipales (nuevos caciques locales), quienes los adquirieron por medio de intermediarios o testaferros, por miedo a ser excomulgados por la Iglesia por ello, y a un precio más bajo del esperado, recaudándose unos 3.440 millones de reales. Mendizábal también promulgó una ley en 1837 que afectaba a casi todos los bienes del clero secular, pero fue derogada antes de su puesta en vigor. Por otro lado, la ley de desvinculación de los patrimonios de la nobleza autorizaba a los dueños de la propiedad a venderlas con plena autoridad (fin del mayorazgo). Se aprobó la ley de supresión de los señoríos en la cual los nobles aceptaban sin protestar la renuncia a sus derechos (nombrar cargos, justicia) siempre que conservaran el derecho de propiedad de ellas. Esta ley hizo que la mayoría de las familias nobles poderosas pudieran legitimar su propiedad (casa de Alba) y en el caso de las propiedades de la nobleza media y baja, muchas de ellas arruinadas, sus tierras pasaron a manos de la burguesía adinerada.

Desamortización de Espartero (1841)

En 1841, el regente Espartero aplicó el proyecto de desamortización de bienes del clero secular elaborado por Surra Rull, ley que fue derogada tres años más tarde al hundirse el partido progresista. Si bien la Iglesia reconoció la titularidad de las propiedades ya desamortizadas con el Concordato de 1851.

Desamortización de Madoz (1855)

Efectuada por el ministro de Hacienda Pascual Madoz en 1855 durante el Bienio Progresista, es conocida como la desamortización civil, aunque, además de a las propiedades del Estado y de los municipios (bienes de propios, comunales -que eran aprovechados gratuitamente por los vecinos- y baldíos), también afectó a las de las órdenes militares (Santiago, Calatrava, etc.) y al resto de bienes que aún quedaban de las comunidades religiosas y del clero secular. Suspendida por el gobierno moderado (1856), fue reanudada por los unionistas (1858), alcanzando en 1895 casi el doble del dinero obtenido con la desamortización de Mendizábal, a lo que contribuyó su mayor duración, y tuvo una importancia superior a todas las anteriores. El dinero se destinó a cubrir el déficit del presupuesto estatal, a amortizar la deuda y obras públicas, como el ferrocarril, y a reedificar y reparar iglesias. En total, de lo desamortizado, el 30-35% pertenecía a la Iglesia, el 15-20% a beneficencia y el 50% a las propiedades municipales, fundamentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y con ello la desamortización de Madoz.

Consecuencias de la Desamortización

Sociales

Acentuó la división de España en dos zonas, latifundista al sur y minifundista al norte, al no haber en la zona meridional agricultores con recursos económicos suficientes para pujar en las subastas, lo que incrementó y diversificó el número de propietarios con la incorporación de burgueses absentistas, pero no consiguió que la mayoría de los pequeños campesinos se convirtiesen en propietarios, y muchos de ellos, faltos de recursos por la privatización de los bienes municipales, los nuevos arrendamientos y la competencia de jornaleros, se vieron obligados a emigrar a zonas industrializadas o a América. Los jornaleros tampoco salieron beneficiados ya que no pudieron acceder a la compra de las tierras desamortizadas y además perdieron el aprovechamiento de los bienes comunales. Es decir, que estas medidas no lograron eliminar la desigualdad y las tierras siguieron en poder de la nobleza o fueron a parar a las manos de la burguesía latifundista, que de esta manera se adueñaba del poder municipal, lo que dio origen al caciquismo de fin de siglo. Por su parte, el clero sufrió un golpe muy duro: vio mermado sus recursos y pasó a depender del Estado, a través del presupuesto estatal.

Urbanísticas y Culturales

La privatización de bienes religiosos y culturales provocó cambios urbanísticos, parte de los edificios conventuales o los huertos el Estado los habilitó para escuelas, edificios de la Administración, en otros casos fueron derribados con el fin de crear ensanches, plazas y nuevos edificios públicos (Teatro Romea en Murcia). Desde el punto de vista artístico, al abandonar los monjes los monasterios se perdió un patrimonio artístico de gran valor, pues el abandono y mantenimiento de algunos de los bienes comprados se fueron deteriorando con el paso del tiempo. Pero también hubo pérdida de inmuebles y bienes culturales de los monasterios, muchos de los cuales, vendidos a precios irrisorios, acabaron en el extranjero.

Económicas

Los bajos ingresos por las subastas no lograron terminar con el déficit público. La falta de demanda interior desincentivó la inversión en la industria y el comercio. A su vez, la clase destinada a impulsar el proceso de industrialización, la burguesía, pasó a convertirse en rentista y a imitar el comportamiento de los antiguos estamentos privilegiados, rechazando la inversión y la innovación. Se aumentó la superficie cultivada y la productividad, que se centró sobre todo en el cereal, protegido por aranceles y de baja rentabilidad. En general el aumento de la producción agraria fue debido a la roturación de los antiguos terrenos comunales, muchos de ellos bosques y dehesas que se dedicaron a cultivos de maíz, patata, viñedo, trigo, frutales… con una clara orientación de productos destinados hacia la exportación, la mayoría de ellos cultivados por una mano de obra abundante y barata (jornaleros), lo que no incentivó la mecanización agrícola. Por tanto, no hubo en España una auténtica revolución agraria y, como consecuencia, fracasó el proceso de industrialización, no se invirtió en una renovación técnica y se incrementó la deforestación. El abandono con el tiempo de muchas de estas tierras empeoraría la situación. También aumentó la centralización al perder los ayuntamientos buena parte de sus ingresos.

Políticas e Ideológicas

Se quiso consolidar el régimen liberal creando una clase de pequeños y medianos propietarios afines a este, pero la mayor parte de las tierras fueron adquiridas por grandes propietarios, lo que puso en entredicho a la élite liberal creada en el siglo XIX, que perdió el poder político en el Sexenio y lo recuperó en la Restauración, a pesar de que el rechazo social hacia ella iría en aumento. El subdesarrollo del país provocó una fuerte polarización y conflictividad social, al crear un proletariado agrícola, formado por más de dos millones de campesinos sin tierra. Uniendo ambos elementos, es fácil comprender la inestabilidad política que sufre el país que desembocará en los graves conflictos del campo español de las décadas de principios del siglo XX (anarquismo y socialismo) y que no tendrá solución hasta que primero el Desarrollismo franquista y posteriormente el desarrollo socioeconómico de la España democrática generase un éxodo rural hacia las ciudades y la consolidación de una nueva sociedad con predominio de una clase media que estabilizó el sistema político.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

1. Los Preparativos

Ante la crisis político-económica se dieron varias sublevaciones, como la de los sargentos del cuartel de artillería de San Gil (1866), que, aunque reducida por O’Donnell, le costó a este el puesto. Fue sustituido por Narváez y éste por González Bravo, que estableció una dictadura civil gobernando con decretos. Mientras, progresistas y demócratas, más la Unión Liberal fundada por O’Donnell, conspiraban para derrocar a la reina. En 1866, los dos primeros firmaron el Pacto de Ostende, al que en marzo de 1868 se sumó la Unión Liberal, dirigida por Serrano, y el 17 de septiembre estalló la revolución.

2. Revolución de 1868: La Gloriosa

La Gloriosa se inició con la sublevación del almirante Topete en la Bahía de Cádiz, apoyado por los generales Prim (progresista) y Serrano (Unión Liberal), y bajo el lema “Viva España con honra” (el pueblo añadiría “y abajo los Borbones”). El pronunciamiento militar se extendió dando lugar a levantamientos populares y a la organización de juntas revolucionarias locales. El 28 de septiembre, Serrano venció al ejército gubernamental en el Puente de Alcolea (Córdoba) e Isabel II huyó a Francia, asumiendo la Junta revolucionaria el poder hasta la formación de un Gobierno provisional. La reina moriría en el exilio en 1904.

3. Gobierno Provisional (1868-1871)

Formado por progresistas, como Prim, ministro de la Guerra, Sagasta y Ruiz Zorrilla, y unionistas, como Serrano, presidente. Aunque el Partido Demócrata, rebautizado como Partido Republicano Federal y dividido en moderados -Castelar-, centristas -Salmerón- e intransigentes -Pi y Margall-, quedó fuera del Gobierno, lo apoyó y fue su nexo con las clases populares. Este Gobierno provisional puso en marcha amplias medidas liberales como libertad religiosa, de enseñanza, de imprenta, de asociación y de reunión (sindicalismo). En el plano económico se suprimió el impuesto de consumo (especie de IVA), se estableció la peseta, se dictó una legislación minera y se introdujo el librecambismo. Se disolvieron las milicias populares (Voluntarios de la Libertad) y se convocaron elecciones mediante sufragio universal masculino directo (mayores de 25 años) para unas Cortes Constituyentes, que ganó la mayoría gubernamental frente a una minoría republicana (escindida de los demócratas) y carlista. Dicha mayoría elaboró la Constitución de 1869, la primera democrática de España y una de las primeras de Europa, por la que España quedó configurada como una monarquía parlamentaria y que incluía principios básicos del liberalismo como: una soberanía que reside en unas Cortes bicamerales (Congreso de forma directa -un diputado por cada 40.000 habitantes-; el Senado de forma indirecta, provenientes de las altas jerarquías del Estado y la Iglesia. Se mantenía así el modelo conservador) y se ejerce mediante sufragio universal masculino; división de poderes (ejecutivo, ejercido por el rey a través de sus ministros; legislativo, por las Cortes; y judicial, por jueces independientes que acceden al cargo por oposición; se establece también el juicio por jurados para determinados delitos); derechos individuales absolutos e inalienables (libertad, inviolabilidad del domicilio, derecho al voto, de residencia, enseñanza, expresión, reunión y asociación); descentralización administrativa y judicial; ayuntamientos y diputaciones elegidos por sufragio; libertad de culto, que dio lugar a la secularización de la sociedad con leyes como la del matrimonio civil; y Compromiso para regular la situación de las provincias de ultramar que gozan de los mismos derechos que las peninsulares. Las clases más populares y los republicanos expresaron su frustración con levantamientos y una dura oposición, respectivamente.

Aprobada la Constitución, se designó a Serrano como regente del Reino, y Prim, presidente del Consejo de Ministros, buscó un nuevo rey. El elegido fue Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, que llegó a España tres días después de que Prim, su principal valedor, sufriese un atentado mortal en Madrid. La alianza entre unionistas, progresistas y demócratas comenzaba pronto a resquebrajarse.

4. El Reinado de Amadeo I (1871-1873)

Amadeo entró en Madrid en enero de 1871. La muerte de Prim provocó una inestabilidad política interna (se sucedieron seis gobiernos: Serrano -unionista-, Ruiz Zorrilla -radical-, Malcampo, Sagasta -constitucionalista-, Serrano y Ruiz Zorrilla) a la que se añadió: la insurrección cubana (1868-1878); la impopularidad del rey por su origen extranjero; la oposición de alfonsinos (moderados y parte de la Iglesia partidarios de Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II) y republicanos que reclamaban reformas más radicales en lo político, económico y social y se destacaban por un fuerte anticlericalismo; la tercera guerra carlista (1872-1876); y el auge del movimiento obrero con disturbios en las principales ciudades. El presidente Serrano pidió al rey la supresión de las garantías constitucionales al no aceptar las Cortes el convenio de Amorebieta, y este se negó. Amadeo, falto de apoyos, terminó abdicando (10 de febrero de 1873) y el Congreso y el Senado, reunidos en Asamblea Nacional, proclamaron la Primera República por 258 votos a favor contra 32 el día 11.

5. La Primera República (1873-1874)

El régimen intentó, sin éxito, consolidarse, ya que el republicanismo apenas tenía apoyo popular y los republicanos estaban divididos en unitarios y federalistas lo que marcaría el período: los unitarios partidarios del Estado centralista y de que las regiones no tengan casi competencias políticas y los federales partidarios del Estado descentralizado y de que las regiones o estados federales compartan competencias políticas con el Gobierno de Madrid. El panorama era complicado: en el ámbito económico, existía la quiebra financiera del Estado (bancarrota) y la falta de inversores. A ello se sumaba la inestabilidad en el medio rural, con sublevaciones agrarias. En el aspecto social, oposición de los grupos sociales e instituciones más poderosos del país. La alta burguesía y los terratenientes, los altos mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica eran contrarios al nuevo régimen. Los apoyos estaban limitados a la burguesía intelectual, a los campesinos y los trabajadores urbanos estos últimos, que pedían reformas sociales, pero estas al demorarse tendieron hacia el anarquismo. En el terreno internacional, sólo EEUU y Suiza reconocieron al régimen. En el aspecto político, la mayoría de los partidos no republicanos, conforme fueron avanzando los acontecimientos, le dieron la espalda y conspiraron contra ella. En este contexto de inestabilidad, los gobiernos republicanos emprendieron una serie de reformas bastante radicales que, en algunos casos, se volvieron contra el propio régimen republicano. Algunas de ellas fueron: eliminación de las quintas (reclutamiento obligatorio) y su sustitución por el reclutamiento voluntario, pero propició el debilitamiento del estado republicano frente a la insurrección carlista; reducción de la edad de voto a los 21 años; separación de la Iglesia y el Estado, que dejó de subvencionar a la Iglesia, lo que lo enfrentó al clero; prohibición de emplear a niños de menos de diez años en fábricas y minas; y abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, lo que propició la oposición de los grandes terratenientes con intereses en las islas.

Presidente, el poder de relaciones, que serviría para relacionar entre sí a los otros poderes y establecer una relación con los Estados Confederados), pero no llegó a aprobarse debido a la insurrección cantonal: se sublevaron en Cartagena grupos federalistas que querían la instauración de una España Federal, pero desde abajo y sin pérdida de tiempo, proclamando el cantón o estado-regional independiente y haciéndose con el control de la flota y el arsenal. Rápidamente se extendió la proclamación de los cantones y la formación de Juntas Revolucionarias en Valencia, Málaga, Cádiz, Almansa, Ávila, Béjar…, lo que obligó al propio Pi y Margall a dimitir. Le sucedió Salmerón, más conservador y dispuesto a acabar con la resistencia cantonal por medio del ejército, si bien su oposición a firmar penas de muerte provocó su salida y el nombramiento de Castelar, que practicó una política autoritaria encaminada a asegurar el orden y la unidad frente al cantonalismo, la insurgencia cubana y el repunte del carlismo (ocupación de Estella y sitio de Bilbao).

La república dio un mayor vuelco hacia la derecha, y el nuevo gobierno abandonó las ideas federalistas, por miedo a ser destituido al no tener la mayoría, y suspendió las Cortes hasta enero, pero el mismo día 2 de enero de 1874, en que Castelar era derrotado y era inminente la formación de otro gobierno de republicanos federalistas, el general Pavía invadía con la Guardia Civil el hemiciclo disolviendo por la fuerza la Asamblea y dando un golpe de Estado. El poder pasó a manos de una coalición de unionistas y progresistas gobernando el general Serrano bajo el régimen constitucional de 1869 pero con poderes dictatoriales. Este liquidó el problema cantonalista con la rendición de Cartagena, pero no el cubano ni el carlista, lo que fue aprovechado por el partido alfonsino para presentar el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo y firmado por Alfonso de Borbón, en el que se indicaba que se quería implantar en España un régimen monárquico constitucional, conservador y católico, defensor del orden social y garante del sistema político liberal. El 29 de diciembre, dos días después de la publicación del manifiesto en la prensa española, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto proclamando rey a Alfonso XII. La Restauración borbónica se abría paso.

La Restauración Borbónica (1874-1902)

Evolución Política hasta la Mayoría de Edad de Alfonso XIII

Antonio Cánovas del Castillo, consciente del rechazo del pueblo hacia Isabel II, consiguió que esta abdicara en su hijo Alfonso (1870) y encabezó el movimiento alfonsino. Durante su estancia como cadete en la Academia Militar de Sandhurst (Reino Unido), Alfonso firmó el Manifiesto de Sandhurst (1874), inspirado por Cánovas, con el que expresaba su deseo de implantar en España un régimen monárquico constitucional, conservador y católico, defensor del orden social y garante del sistema político liberal. El pronunciamiento de Martínez Campos proclamando rey a Alfonso (diciembre de 1874), frustró el deseo de Cánovas de que las Cortes aceptaran a Alfonso XII de manera pacífica y sirvió de excusa a la futura oposición para definir a la Restauración como un sistema político impuesto.

1874-1885: El Afianzamiento del Sistema Canovista

Cánovas afianzó el sistema gracias a una combinación de: censura; restricción de la libertad de cátedra, el asociacionismo obrero y el derecho al voto; mejora de la economía; éxitos militares; y la popularidad del rey. La exigencia de Sagasta (Partido Liberal) al rey para que su partido gobernase alternándose con el de Cánovas (Partido Conservador) dio lugar a una práctica artificial (turnismo) que acabó con el limitado pluralismo político existente. Los partidos Conservador y Liberal son herederos directos de los partidos moderado y progresista, respectivamente. Se abolieron parte de los fueros vascos y navarros con el final de la Tercera Guerra Carlista (1876) y la esclavitud en Cuba con el final de la guerra cubana (Paz de Zanjón, 1878). Se asentó el capitalismo y se acabaron los pronunciamientos. El Gobierno Liberal (1881-1884) aprueba la Ley de imprenta (1883), que favorece la libertad de expresión.

1885-1902: La Regencia de María Cristina

Abarcó la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena. En vísperas del fallecimiento del rey y para proporcionar estabilidad al régimen, Cánovas y Sagasta acordaron mantener ese turno pacífico (Pacto de El Pardo, 1885). En este periodo, los liberales llevaron a cabo una política de defensa de los derechos individuales ( Ley de Asociaciones, 1887, que permitió que salieran de la clandestinidad las asociaciones obreras, gracias a ello, se constituirá la UGT (1888) de carácter socialista) y establecieron el sufragio universal masculino (1890). Inicio de la guerra de Cuba (1895-98). El catalanismo y el nacionalismo vasco adquirieron carta de naturaleza política con la fundación de la Unió Catalanista (1891), el PNV (1895) y la Lliga Regionalista (1901). En 1897 Cánovas, entonces presidente, fue asesinado por un anarquista. En 1898 España, derrotada militarmente, renunció a su soberanía sobre Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam en beneficio de EEUU, y en 1899 vendió las islas Marianas, Carolinas y Palaos a Alemania, perdiendo así su imperio. La derrota del 98 (el desastre del 98) no hizo peligrar la monarquía, pero surgió el “regeneracionismo” impulsado por intelectuales como Joaquín Costa y políticos como el conservador Silvela. Buscaban la dignificación de la política, la modernización social y la superación del atraso cultural (escuela y despensa). Los regeneracionistas consideraban al deficiente sistema educativo español una de las causas fundamentales del atraso del país y criticaban el sistema de la Restauración y su funcionamiento. Desde finales de siglo y debido a la centralización del sistema político se produjo el despertar de los movimientos regionalistas en varias zonas de España. Una de ellas será Cataluña, donde el sentimiento catalanista iniciado culturalmente con la Renaixensa (1830), llevó a la creación de la Unió Catalanista (1891) y desembocó en 1892, en las Bases de Manresa, que pedían la autonomía para el Principado. En 1901 se fundó la Lliga Regionalista, dirigida por Prat de la Riba y Francesc Cambó, agrupación conservadora apoyada por la burguesía industrial y comercial que pedía el fin de la corrupción del sistema y la concesión de autonomía. En País Vasco la abolición de los fueros en 1876 y la creciente inmigración castellana por la industrialización hicieron surgir un movimiento defensor de la cultura y lengua vascas; en 1895 Sabino Arana fundó el PNV. También se desarrollaron movimientos regionalistas con menos fuerza y tardíamente en regiones como Galicia (Rexurdimento de mediados del XIX con Rosalía de Castro y Manuel Murguía), Valencia (Valencia Nova, 1904) y Andalucía (Blas Infante, 1910),debido a la poca fuerza de su burguesía junto al predominio campesino jornalero que opta por opciones conservadoras u obreras (socialistas y anarquistas).En mayo de 1902, Alfonso XIII fue proclamado rey, terminando así la Regencia de M.ª Cristina.

El Sistema Canovista: Claves de la Restauración

Su fuente de inspiración fue el modelo inglés, cuya estabilidad, en su opinión, se basaba en la alternancia en el gobierno de dos grandes partidos y en la consolidación histórica de dos instituciones fundamentales: la Monarquía y el Parlamento apoyadas por una Constitución. Cánovas, verdadero artífice de la Restauración, pretendía continuar la época moderada a través de:

• Una base social compuesta por alfonsinos, hombres de negocios, mandos militares y la Iglesia, que defendían el orden, la propiedad, la monarquía, el catolicismo y la unidad de la patria con el mantenimiento de las colonias, e identificaban la república con la anarquía. Su propósito: asentar la monarquía y crear un marco de conciliación lo más conservador posible.
• Unos fundamentos ideológicos basados en lo que Cánovas llamó “verdades madre”, unos principios indiscutibles (la Constitución interna del sistema: nación, libertad, propiedad, monarquía, dinastía hereditaria y soberanía conjunta de rey y Cortes), que eran entendidos de manera distinta por los diferentes grupos sociales, naciendo de esa confrontación y oposición el equilibrio necesario para la perdurabilidad y la aceptación social del régimen (a la soberanía del rey se oponía la de las Cortes; a un partido, otro contrario; etc.). Este sistema tenía tres pilares:

1. El Rey y las Cortes

El rey, Alfonso XII, rey-soldado respetuoso con el liberalismo, defensor del orden y el catolicismo, y vencedor del carlismo y el independentismo cubano, y la Cortes, columna vertebral de la nación. La monarquía era una institución permanente que no se podía discutir. Su papel era ejercer como árbitro en la vida política y garantizar el buen entendimiento y la alternancia en el poder entre los partidos políticos del sistema. Si se quería alejar a los militares de la escena política, y dar estabilidad al sistema, era necesario que el monarca se constituyera en el árbitro de la alternancia de los partidos en el gobierno. A la vez, se potenció la identificación del rey como símbolo y cabeza visible del ejército (Alfonso XII será conocido “el Pacificador”).

2. Constitución de 1876

Texto moderado, pero flexible y consensuado. En ella tenían cabida cuantas tendencias políticas se habían manifestado como más importantes a lo largo del s. XIX, con el fin de evitar que cada partido continuara implantado su propia constitución. La Constitución de 1876, resulta más liberal que la de 1845, e incluso en algunos aspectos se parece a las de 1837 y 1856, y mantiene vinculaciones con la de 1869, (declaración de derechos). Es una Constitución intermedia entre la de 1845 y la de1869. Se trataba de una constitución más abierta, en la cual la defensa de valores tradicionales, como la familia, la religión y la propiedad fuesen compatibles con la incorporación a medio plazo de algunos principios democráticos de 1868. La Constitución de 1876, destaca por la brevedad de su texto, con 89 artículos, agrupados en 13 títulos. Se caracterizada por:

• La soberanía residía en las Cortes y el rey, lo que nos recuerda a la Constitución de 1845 (liberalismo doctrinario o soberanía compartida).
• El rey, jefe del Ejército, estaba por encima del Gobierno y de las Cámaras legislativas, pues nombraba al Consejo de Ministros y a su presidente, tenía derecho a veto y podía disolver las Cortes.
• Cortes bicamerales: Congreso (diputados elegidos por sufragio censitario; más tarde universal masculino) y Senado (senadores vitalicios -nombrados por la Corona a propuesta del Gobierno-, por derecho propio, y electivos).
• El catolicismo, religión oficial; se toleraba al resto en privado.

• División de poderes, donde el poder legislativo residía en las Cortes con el Rey. A éste le correspondía convocar, clausurar y suspender las Cortes en los casos previstos por la ley. También las podía sancionar o vetar con el respaldo de los ministros. El poder ejecutivo quedaba en poder de los ministros que son responsables ante el Parlamento. El poder judicial, era independiente, quedan suprimidos los fueros vascos (acordarán conciertos económicos), con lo que se reafirmaba la unidad de códigos.
• Ayuntamientos y diputaciones, bajo control gubernamental.
• Se respetaban las libertades fundamentales del individuo, incluso las de reunión y asociación (concesión a las de 1869).
• Reconocimiento de la confesionalidad católica y de su sostenimiento (se restauró el Concordato de 1851), así como una ambigua libertad de creencias, pero se prohibía sus cultos públicos (Ley de la Tolerancia religiosa). Cada gobierno (conservador o liberal) podía modificar los repertorios de derechos y la forma del sufragio sin necesidad de promulgar una nueva constitución.

3. Turnismo y Caciquismo

Caracterizado por:

• El acuerdo entre dos partidos dinásticos, el Partido Liberal-Conservador (dirigido por Cánovas y heredero del moderantismo isabelino y la unión liberal; confesional y garante del orden; representaba a los latifundistas agrarios de Castilla y Andalucía, a los grandes empresarios industriales de Cataluña y el País Vasco y a los sectores católicos) y el Partido Liberal Fusionista (por Sagasta y heredero del progresismo; aglutina a antiguos progresistas, demócratas, radicales y republicanos moderados; más laico y partidario de reformas sociales; representaba a las profesiones liberales, comerciantes, banqueros, militares, funcionarios), en el fondo muy similares (vinculados a la burguesía y deseosos de evitar enfrentamientos y pronunciamientos). Ambos partidos funcionan a través de un Turno pacífico (turnismo): Cánovas y Sagasta deciden la alternancia en el gobierno de conservadores y liberales. El rey encarga al jefe del partido mayoritario que forme gobierno. Cuando el partido que gobierna sufre el desgaste del poder o porque pierde la confianza de las Cortes o del rey, el presidente y su gobierno dimiten y se da paso al otro partido. También el rey puede disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones que “cocinaba” el Ministro de la Gobernación, en base al reparto de escaños previamente acordado por Cánovas y Sagasta, dejando siempre un porcentaje a republicanos y carlistas. Seguidamente los jefes provinciales de conservadores y liberales reproducían el encasillado y los caciques condicionaban el voto para ayudar al Gobernador Civil correspondiente a que se diese el resultado acordado para lo cual recurrían a diversas prácticas fraudulentas.
• Un grupo de poder oligárquico conforma una élite directiva (ministros, gobernadores, senadores y diputados) que se conoció peyorativamente con el nombre de “Oligarquía”(poder de unos pocos), que estuvo formada por la aristocracia terrateniente, la antigua nobleza, los grandes propietarios burgueses y la gran burguesía industrial, comercial y financiera. Durante más de 30 años estos grupos conformaron un grupo de poder muy sólido a través de enlaces matrimoniales y relaciones de tipo financiero con unos mismos intereses políticos y económicos.

• Una red de caciques provinciales y locales conectados con las oligarquías por medio de los gobernadores civiles. El cacique, es una figura destacada del pueblo o de la comarca rural que regulaba el movimiento político de la zona y controlaba a los votantes (campesinado mayoritariamente analfabeto) y sus votos. El caciquismo a veces se extendía por una provincia o incluso por una región entera, hay multitud de ejemplos, Montero Ríos en Galicia o la familia De La Cierva y García Alix en Murcia.
• Los gobernadores civiles, el sistema bajo la Restauración se completa con la extensa red de gobernadores civiles al servicio del gobierno de turno, que ejercen como engranaje entre el poder central (oligarquía) y los caciques provinciales y locales.
• El sistema electoral era fraudulento, solamente existía la apariencia de unas elecciones, ya se celebraran mediante sufragio censitario o universal. Las prácticas fraudulentas aseguraban la victoria del candidato pactado entre el partido gubernamental y la oposición oficial, y suponía la falsificación de la voluntad popular.

Los fraudes más extendidos eran:

El “encasillado”: si en un distrito electoral sólo se presentaba el candidato pactado, quedaba electo automáticamente; si se presentaba algún candidato no pactado, se le ponían trabas burocráticas (pérdida del empadronamiento necesario o rechazo de la candidatura por defectos de forma) y se le excluía.
La manipulación del censo electoral municipal para borrar a los opositores al sistema o para mantener a los difuntos (votan hasta los muertos, los “lázaros”). 

1.El “caciquismo”: cada partido contaba en los distritos electorales con una red de notables provinciales y locales (caciques), casi siempre de la oligarquía terrateniente y que, de acuerdo con el gobernador civil nombrado por el gobierno, ponían en marcha su red clientelar para convencer o presionar a los electores en favor del voto hacia el candidato pactado, mediante varios mecanismos: o el control de las decisiones locales que afectaban a los ciudadanos (favores, enchufismo); o promesas económicas, sobornos o despidos; (rebajas de impuestos, sorteo de quintos, saldo de préstamos,

agilizar expedientes que se eternizaban en las oficinas estatales…) o coacción física violencia y amenazas (partidas de la porra).

2.El “pucherazo” o manipulación directa de los votos (abrir las urnas electorales y cambiar las papeletas) o de las actas electorales.

Este “sistema” creará unas campañas electorales “viciadas” donde el votante conocerá el valor de su voto y pedirá una compensación, es así cómo se llegará a la “venta del voto.” El fraude electoral será más efectivo en el ámbito rural que en el urbano.

Esta situación lleva a la marginación de los grupos políticos antidinásticos (republicanos,carlistas), regionalistas y movimiento obrero (socialistas).

Fue durante la Regencia de Maria Cristina con el Pacto del Pardo (1885) donde éste sistema se consolidó. Se institucionalizó para apoyar a la regencia de las amenazas carlista y republicana.

En definitiva es una estructura basada en la corrupción de arriba hacia abajo. Cada uno en su ámbito, mediante favores conseguía votos y apoyo político. Así el clientelismo era la base del funcionamiento del sistema.

– Un sistema electoral cuyo sufragio admitía circunscripciones uninominales.

– El control de la oligarquía sobre la política (mediante el sistema electoral diseñado por Posada Herrera), la sociedad (a través del control del empleo público y del caciquismo en el medio rural) y la economía (con una política proteccionista).