El Reinado de Carlos IV y la Crisis del Antiguo Régimen (1788-1808)
El reinado de Carlos IV, iniciado en 1788, se vio profundamente afectado por la Revolución Francesa de 1789. Carlos IV, apartando a los ministros ilustrados, confió el poder a Manuel Godoy en 1792. Esta decisión reflejaba la desconfianza hacia la nobleza y la búsqueda de un consejero leal.
La ejecución de Luis XVI llevó a España a declarar la guerra a Francia. La derrota española y la posterior Paz de Basilea subordinaron España a los intereses franceses. Las alianzas con Francia condujeron a conflictos con Gran Bretaña, culminando en la batalla de Trafalgar (1805), donde la flota franco-española fue destruida. Este desastre naval agravó la crisis de la Hacienda Real.
Godoy, para enfrentar la crisis, recurrió al endeudamiento, aumentó las contribuciones y propuso la desamortización de tierras eclesiásticas. Estas medidas, ineficaces, generaron oposición entre la nobleza, la Iglesia y el propio príncipe Fernando. El descontento popular, exacerbado por epidemias, hambre y escasez, provocó motines y revueltas que culpaban a Godoy de la crisis.
En 1807, Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau con Napoleón, permitiendo el paso de tropas francesas por España para atacar Portugal. El 18 de marzo de 1808, estalló el Motín de Aranjuez, dirigido por la nobleza y el clero, que exigía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando.
Carlos IV solicitó ayuda a Napoleón para recuperar el trono. Napoleón, aprovechando la debilidad de la monarquía española, convocó a Carlos IV y Fernando VII a Bayona, donde ambos abdicaron en su favor. Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte rey de España.
José I promulgó el Código de Bayona, que reconocía la igualdad ante la ley y el acceso a cargos públicos. Inició una reforma para liquidar el Antiguo Régimen, aboliendo el régimen señorial, desamortizando tierras de la Iglesia y desvinculando mayorazgos.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
La Junta Suprema Central, incapaz de dirigir la guerra, se disolvió en 1810, convocando a Cortes. Se organizó una «consulta al país» sobre las reformas a realizar. Las Cortes se abrieron en Cádiz en septiembre de 1810, con una cámara única, logrando un primer triunfo liberal.
Se aprobó el principio de soberanía nacional, reconociendo que el poder reside en los ciudadanos representados en las Cortes. La Constitución, promulgada el 19 de marzo de 1812 («La Pepa»), incluía una declaración de derechos del ciudadano (libertad de pensamiento, igualdad ante la ley, libertad civil). La nación se definía como el conjunto de ciudadanos de ambos hemisferios.
Se estableció la división de poderes: el legislativo en Cortes unicamerales, el ejecutivo en el monarca (con decisiones refrendadas por ministros) y el judicial en los tribunales. Se planteó la reforma de impuestos, la creación de un ejército nacional, el servicio militar obligatorio y la enseñanza primaria pública y obligatoria. Se estableció la confesionalidad católica del Estado.
Las Cortes aprobaron leyes para eliminar el Antiguo Régimen: reforma agraria, eliminación de mayorazgos, desamortización de tierras comunales, abolición de la Inquisición, libertad de trabajo, anulación de gremios y unificación del mercado. La obra de Cádiz, aunque con poca incidencia práctica debido a la guerra, marcó el inicio de la modernización de España. Fernando VII, a su regreso, frustró la experiencia liberal y restauró el absolutismo.
El Reinado de Fernando VII (1814-1833)
El regreso de Fernando VII en 1814 planteó el problema de integrarlo en el modelo político de la Constitución de 1812. Los absolutistas, a través del «Manifiesto de los Persas», demandaron la restauración del absolutismo.
La Restauración del Absolutismo (1814-1820)
Fernando VII, mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz, restaurando el absolutismo. Se persiguió a los liberales, restaurando las antiguas instituciones, el régimen señorial y la Inquisición. Se intentó rehacer un país destrozado por la guerra, con una Hacienda en bancarrota debido a la guerra en las colonias americanas.
El descontento campesino, la burguesía urbana que reclamaba el régimen constitucional y la integración de jefes de guerrilla en el ejército (sector liberal) generaron pronunciamientos militares y motines. La represión fue la única respuesta de la monarquía.
El Trienio Liberal (1820-1823)
El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael del Riego se sublevó, proclamando la Constitución de 1812. Fernando VII, obligado por las circunstancias, aceptó la Constitución. Se formó un gobierno que proclamó una amnistía y convocó elecciones a Cortes, con mayoría liberal.
Se restauraron reformas de Cádiz, se disminuyó el diezmo, se reformó el sistema fiscal, el código penal y el ejército. Se impulsó la liberalización de la industria y el comercio. Se modernizó la política y la administración, formando ayuntamientos y diputaciones electivos y reconstruyendo la Milicia Nacional.
Fernando VII, conspirando contra el gobierno, utilizó su derecho de veto. Las medidas liberales descontentaron a los campesinos. La nobleza y la Iglesia impulsaron la revuelta contra el Trienio. Los liberales se dividieron en moderados (reformas limitadas) y exaltados (reformas radicales).
La Década Ominosa (1823-1833)
La Santa Alianza encargó a Francia intervenir en España. En abril de 1823, los «Cien Mil Hijos de San Luis», al mando del duque de Angulema, repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Se produjo una feroz represión contra los liberales. El ajusticiamiento de Mariana Pineda (1831) se convirtió en un caso emblemático.
A partir de 1825, Fernando VII buscó la colaboración de la burguesía moderada, incrementando la desconfianza de los realistas. En Cataluña, se levantaron partidas realistas. En la corte, el sector ultraconservador se agrupó alrededor de Carlos María Isidro, hermano del rey.
El Conflicto Dinástico
En 1830, nació Isabel, hija de Fernando VII. La Ley Sálica impedía el acceso al trono a las mujeres. Fernando VII derogó la ley mediante la Pragmática Sanción. Los carlistas se negaron a aceptar la situación. María Cristina, nombrada regente, buscó apoyo en los liberales. En 1833, Fernando VII murió, reafirmando a Isabel como heredera. Carlos se proclamó rey, iniciándose la Primera Guerra Carlista.
La Primera Guerra Carlista (1833-1840)
La muerte de Fernando VII en 1833 inició la regencia de María Cristina. Los partidarios de Don Carlos iniciaron una insurrección armada. Se enfrentaron los defensores del Antiguo Régimen (carlistas) con los partidarios de un proceso liberal (isabelinos).
El carlismo, ideología tradicionalista y antiliberal, contaba con el apoyo del clero, parte de la nobleza agraria y una base social en el País Vasco, Navarra, Cataluña, etc. La causa isabelina contó con el apoyo de la alta nobleza, funcionarios y liberales.
La guerra tuvo dos fases: Inicialmente, se estabilizó en el norte, con triunfos carlistas. Don Carlos recibió apoyo de potencias absolutistas. Isabel II contó con el apoyo de Gran Bretaña, Francia y Portugal. La segunda fase se decantó hacia el bando liberal tras la victoria de Espartero en Luchana. El general Maroto acordó el Convenio de Vergara con el general Espartero.
El Proceso de Revolución Liberal (1833-1843)
La guerra carlista aceleró la revolución liberal en España. El bando isabelino atrajo a los liberales para consolidar una base social sólida. Se consolidó la propiedad individual y la configuración de un Estado liberal.
Los Primeros Gobiernos de Transición
El testamento de Fernando VII establecía un Consejo de Gobierno presidido por Francisco Cea Bermúdez, con absolutistas moderados. Se propusieron reformas administrativas, como la división provincial. La falta de apoyos y las demandas de reforma del Estado absoluto llevaron a la regente a nombrar a Francisco Martínez de la Rosa, quien promulgó el Estatuto Real. Estas reformas fueron insuficientes para los liberales, dividiéndose en moderados y exaltados.
Los Progresistas en el Poder
Los progresistas, con fuerza en el movimiento popular y las juntas revolucionarias, protagonizaron revueltas urbanas en 1835. María Cristina llamó a Mendizábal para reformar el Estatuto Real. En 1836, tras el levantamiento de los sargentos de La Granja, María Cristina restableció la Constitución de Cádiz y entregó el poder a Calatrava.
El Desmantelamiento del Antiguo Régimen
Los progresistas desmantelaron las instituciones del Antiguo Régimen e implantaron un sistema liberal constitucional, con una reforma agraria liberal: disolución del régimen señorial, desvinculación de patrimonios y desamortización de tierras de la Iglesia y ayuntamientos (Mendizábal). Se establecieron medidas para el libre funcionamiento del mercado.
La Constitución de 1837
Proclamaba la soberanía nacional, derechos ciudadanos (libertad de prensa, opinión, asociación), establecía dos cámaras (Congreso y Senado), concedía amplios poderes a la Corona y establecía un sistema de sufragio censitario. Se suprimió el diezmo.
Los Moderados en el Gobierno (1837-1840)
Los moderados ganaron las elecciones e intentaron desvirtuar los elementos progresistas de la legislación de 1837. En 1840, la Ley de Ayuntamientos, que daba a la Corona la facultad de nombrar alcaldes, enfrentó a progresistas y moderados. María Cristina dimitió en 1840. Espartero, vencedor de la guerra carlista, asumió la regencia.
La Regencia de Espartero (1840-1843)
Espartero disolvió las Juntas revolucionarias y convocó elecciones. Gobernó con militares afines («ayacuchos»). En 1842, aprobó un arancel que abría el mercado español a los tejidos ingleses, provocando un levantamiento en Barcelona. Los moderados, aprovechando la división progresista, conspiraron (Narváez, O’Donnell). En 1843, Espartero abandonó la regencia. Isabel II fue proclamada reina a los 13 años.
La Década Moderada (1844-1854)
Tras la caída de Espartero, los moderados accedieron al poder con el apoyo de la Corona. El general Narváez impulsó una política basada en el liberalismo moderado, con represión contra los progresistas. Se asentó sobre la burguesía terrateniente. La Corona y el ejército se convirtieron en garantes del sistema.
La Constitución de 1845
Recogió las ideas del moderantismo: soberanía conjunta entre el rey y las Cortes, ampliación de poderes del ejecutivo, ayuntamientos y diputaciones sometidos a la Administración central, supresión de la Milicia Nacional, libertad de imprenta regulada y sufragio censitario restringido.
El Concordato con la Santa Sede (1851)
Se estableció la suspensión de la venta de bienes eclesiásticos desamortizados y el retorno de los no vendidos. La Santa Sede reconoció a Isabel II. La Iglesia respaldó el trono de Isabel II.
La Institucionalización del Estado Liberal
Se consolidaron los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización. Se emprendió la reforma fiscal, se unificaron códigos (Código Penal de 1848, proyecto de Código Civil), se reformó la Administración pública y se creó una ley de funcionarios.
El Bienio Progresista (1854-1856)
Tras el levantamiento de 1854 («Vicalvarada»), Isabel II llamó a Espartero a formar gobierno. Se intentaron impulsar reformas económicas y políticas, pero otro pronunciamiento en 1856 devolvió el poder a los moderados.
La Revuelta de 1854 y el Nuevo Gobierno Progresista
El autoritarismo moderado provocó la oposición y el levantamiento de progresistas, demócratas y algunos sectores moderados (O’Donnell, Unión Liberal). El Manifiesto de Manzanares demandaba el cumplimiento de la Constitución de 1845. Espartero presidió el gobierno, con O’Donnell como ministro de Guerra. Se restauró la Milicia y la Ley Municipal.
La Legislación Económica
Se reanudó la desamortización y se extendió la red ferroviaria (Ley General de Ferrocarriles, 1855). Se legisló para favorecer la reforestación, el telégrafo y la red de carreteras, propiciando una etapa de expansión económica hasta 1866.