El Gobierno de Arias Navarro y los Inicios de la Transición

Tras la muerte de Franco, la transición a la democracia en España no fue inmediata. El rey Juan Carlos I mantuvo inicialmente a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, una figura más cercana al franquismo que a la apertura democrática. Aunque se realizaron algunos cambios, como la incorporación de políticos aperturistas, la concesión de un indulto y la permisión de algunos partidos políticos, la situación se tensó a principios de 1976.

Las numerosas huelgas, destacando la de Vitoria en marzo, catalizaron la formación de la «Platajunta», una coalición entre la Junta Democrática (PCE) y la Plataforma de Convergencia Democrática (PSOE). Paralelamente, ETA reanudó su actividad terrorista, y se intensificaron las manifestaciones en Cataluña y el País Vasco. Arias Navarro, políticamente agotado, dimitió en julio de 1976. El rey, en una decisión sorprendente, nombró a Adolfo Suárez como su sucesor.

Los padres de la constitución fueron: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

El Gobierno de Adolfo Suárez: La Reforma Política y las Elecciones de 1977

Después de la muerte de Franco, España se enfrentaba a tres posibles caminos: la continuidad del franquismo, una ruptura democrática total o una reforma gradual desde dentro del sistema. Se optó por la última vía.

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey, siguiendo las leyes franquistas, pero con el compromiso de reinar para todos los españoles. El nombramiento de Adolfo Suárez generó inicialmente decepción entre la oposición y los sectores reformistas del franquismo. Sin embargo, Suárez y su gobierno pronto demostraron su compromiso con la democratización.

Las primeras medidas incluyeron la legalización de los derechos de reunión, manifestación y asociación, así como una amnistía que liberó a numerosos presos políticos. Suárez también inició contactos secretos con líderes socialistas y comunistas. A pesar de la resistencia de los sectores inmovilistas y del ejército (lo que llevó a la sustitución del teniente general Fernando Santiago por Gutiérrez Mellado), el gobierno avanzó con su plan.

El objetivo central era desmantelar el franquismo desde sus propias estructuras. La pieza clave fue la Ley para la Reforma Política. Esta ley, aprobada por las Cortes en noviembre de 1976 (gracias a la labor de Torcuato Fernández Miranda) y ratificada en referéndum el 15 de diciembre con un 94,4% de apoyo, establecía un sistema bicameral elegido por sufragio universal, poniendo fin legalmente al régimen franquista. Entró en vigor el 4 de enero de 1977, obligando al gobierno a convocar elecciones.

El resurgimiento del nacionalismo en Cataluña y el País Vasco, junto con las acciones terroristas de ETA, añadieron complejidad al proceso. Tras la aprobación de la Ley de Reforma Política, se legalizaron casi todos los partidos políticos en 1977. El Partido Comunista de España (PCE) fue legalizado por decreto-ley el 9 de abril (Sábado Santo).

Las elecciones se convocaron para el 15 de junio de 1977. Poco antes, Don Juan de Borbón cedió oficialmente sus derechos dinásticos a su hijo, el rey Juan Carlos I. Adolfo Suárez se presentó como líder de la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos de centro. Otros partidos participantes fueron Alianza Popular (AP), el PSOE (liderado por Felipe González) y el PNV, entre otros.

Los resultados electorales confirmaron el apoyo popular a la moderación, otorgando la victoria a Adolfo Suárez y la UCD. Se iniciaba así una etapa de consenso político para construir el sistema democrático.

La Constitución de 1978 y los Pactos de la Moncloa

El principal objetivo político era la redacción de una nueva Constitución. En el ámbito económico, la crisis exigía medidas urgentes. Los Pactos de la Moncloa, firmados el 27 de octubre de 1977 por todas las fuerzas políticas y sindicales, abordaron esta situación.

El terrorismo de ETA, que buscaba obstaculizar la transición, continuaba siendo un problema grave. El nacionalismo también fue un tema central. En Cataluña, se restableció la Generalitat tras conversaciones entre Tarradellas, el rey y el presidente. En el País Vasco, se estableció un gobierno preautonómico.

Otros padres de la constitución fueron: Jordi Solé Tura del PCE, Gregorio Peces Barba del PSOE, Manuel Fraga Iribarne de AP y Miquel Roca i Junyent de CiU.

La Constitución de 1978: Valores, Principios e Instituciones

Valores y Principios

La Constitución de 1978 define a España como un Estado social y democrático de derecho. Establece la soberanía nacional y la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Se basa en la unidad indisoluble de España, pero reconoce la autonomía de las nacionalidades y regiones. Garantiza las libertades democráticas, abolió la pena de muerte, fija la mayoría de edad en 18 años y reconoce la libertad de empresa, de enseñanza y el derecho a la educación. En cuanto a la religión, el Estado es aconfesional, pero reconoce la importancia de la Iglesia Católica en la sociedad española.

Las Instituciones

El Rey es el Jefe del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Su cargo es vitalicio y hereditario. Ejerce funciones simbólicas y protocolarias, sanciona las leyes y tiene un poder moderador. La Constitución establece la separación de poderes:

• Legislativo: Reside en las Cortes Generales (Congreso y Senado).
• Ejecutivo: Lo ejerce el Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes y los Ministros.
• Judicial: Corresponde al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Este último controla la constitucionalidad de las leyes y resuelve conflictos entre parlamentos.

Configuración del Estado de las Autonomías

La Constitución aborda la organización territorial a través de las autonomías. España se compone de diversas nacionalidades y regiones que pueden acceder a su autogobierno y asumir competencias, definidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, que deben ser aprobados por las Cortes. España cuenta con 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha fue aprobado el 9 de agosto de 1982.