DICTADURA DE PRIMO.En Septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, líderó un pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional de la Restauración, desprestigiado y sumido en una profunda crisis.
En un manifiesto presentó la dictadura como un régimen transitorio que retornaría a la normalidad constitucional una vez liberara al país de la “vieja política”, del caciquismo, del desgobierno, de la subversión social y de la amenaza del separatismo.
El golpe contó con el apoyo de los sectores empresariales, de los principales bancos y de la Iglesia. Los republicanos no se opusieron y las organizaciones socialistas, PSOE y UGT, se mantuvieron a la expectativa. Solo los anarquistas y comunistas hicieron llamamientos a la huelga general pero no tuvieron respuesta popular.
Dos días después el rey
Alfonso XIII encargó a Primo de Rivera la formación de gobierno y le concedíó el cargo de presidente y de ministro único naciendo el Directorio Militar el cual proclamó el estado de guerra, suspendíó la Constitución de 1876 y las garantían constitucionales, disolvíó las Cortes, implantó la censura de prensa y prohibíó las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. Se impusieron duras medidas represivas contra la CNT y el PCE, declarados ilegales y contra cualquier manifestación del nacionalismo prohibíéndose el uso de símbolos del catalanismo y del catalán.
Primo de Rivera acometíó su proyecto regeneracionista con el objetivo de eliminar el sistema de la Restauración y la imposición de las primeras medidas de la dictadura como la sustitución de los gobernadores civiles por gobernadores militares, la creación de los delegados gubernativos, también militares, la disolución de los ayuntamientos sustituidos por juntas, la aprobación del Estatuto Municipal en 1924 que inició la formación de una administración adicta y centralizada siendo disueltas las diputaciones y siendo elegidos los nuevos diputados provinciales por los gobernadores y el Estatuto Provincial de 1925 con el que desaparecía la mancomunidad de Cataluña potenciando el sentimiento de nacionalismo radical y separatista.
Para resolver el problema en Marruecos, Primo de Rivera era partidario de negociar una solución pero dos hechos contribuyeron a impedirlo, el ataque de los rifeños a las tropas españolas en 1924 que causo cientos de muertos y el avance de Abd-el-Krim en el Marruecos francés que provocó que en 1925 Francia y España decidieran realizar una ofensiva militar conjunta con el desembarco en Alhucemas que supuso la derrota de Abd-el-Krim en 1926 y el sometimiento definitivo del Protectorado.
Resuelto el problema del orden público y solucionada la cuestión marroquí, Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por un gobierno civil construyendo una dictadura autoritaria de corte corporativo rodéándose de políticos como José Calvo Sotelo o Eduardo Aunós impulsándose la formación de la Uníón Patriótica creada en 1924 y el anuncio de la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva en 1926 encargada de elaborar una nueva constitución, proyecto paralizado por la oposición de los antiguos partidos dinásticos y del rey.
La política económica de la dictadura se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico, cuyos objetivos fueron regular e impulsar la industria nacional mediante aranceles proteccionistas, la concesión de ayudas y el aumento del gasto público. Se crearon grandes monopolios estatales como CAMPSA y la Compañía Telefónica Nacional de España. Se impulsó el desarrollo de obras públicas como embalses, carreteras (se construyeron casi 10.000 kilómetros), ferrocarriles o puertos y se extendíó la electricidad. Se crearon las confederaciones hidrográficas y el Servicio Nacional del Crédito Agrícola en apoyo del mediano y pequeño agricultor. En 1929 se realizaron la Exposición Internacional de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla. Esta política de gasto público incrementó el déficit presupuestario.
La escasa conflictividad social se explica en parte por la represión de los anarquistas pero también por el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales, el sistema corporativo, basado en la intervención del Estado y en la integración de las organizaciones obreras moderadas y reformistas. La base de esta Organización Corporativa Nacional fueron los “comités paritarios” de cada uno de los oficios, formado por obreros y patronos cuyo objetivo era resolver pacíficamente los conflictos mediante negociación. Su puesta en práctica contó con la decisiva colaboración socialista. Se aprobó el Código del Trabajo que agrupaba la legislación laboral.
A partir de 1926, la dictadura empezó a perder apoyos. Uno de los problemas más graves fue el conflicto militar surgido cuando se intenta llevar a cabo una serie de reformas que distanció a una parte del ejército de la dictadura y del rey.
Dirigentes de los partidos dinásticos y republicanos optaron por la vía de la conspiración civil y el pronunciamiento militar como la “Sanjuanada” para derribar el régimen.
Otro frente abierto contra la dictadura fue el de los intelectuales y periodistas como Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez o Fernando de los Ríos y el de los estudiantes que fundaron la prorrepublicana FUE.
Nacían partidos políticos que defendían la instauración de un régimen republicano como Alianza Republicana y la Derecha Liberal Republicana fundada por antiguos liberales como una alternativa republicana católica y conservadora.
También el nacionalismo y regionalismo cobró nueva vitalidad. Tras el fallido intento de insurrección separatista protagonizado por el Estat Catalá de Maciá en 1926, los pequeños partidos de izquierda se agruparían en un nuevo partido, la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y en Galicia la ORGA.
Por su parte la CNT se había radicalizado debido a su ilegalización escindíéndose la FAI. Incluso el PSOE acabó oponiéndose a la dictadura.
Retirado el apoyo de los militares e incluso del propio rey, Primo de Rivera presentó la dimisión en Enero de 1930.
Alfonso XIII encargaría entonces que formara nuevo gobierno al general Dámaso Berenguer con el objetivo de retornar a la normalidad constitucional restableciendo las libertades políticas y disolvíéndose la Asamblea Nacional. Sin embargo los dirigentes de los antiguos partidos dinásticos habían retirado su apoyo al rey por haber quedado vinculado a la dictadura por lo que comenzó a cobrar auge el republicanismo.
En Agosto de 1930 los diversos partidos republicanos a los que se añadieron los socialistas, incluidos los nacionalistas catalanes y gallegos, acordaron el llamado Pacto de San Sebastián, cuyo objetivo era proclamar la república. Se constituyó un comité revolucionario encargado de preparar el cambio de régimen mediante un levantamiento militar con apoyo civil cuyos miembros formarían el gobierno provisional de la república.
Ese mismo año un grupo de intelectuales como José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala crearon la Agrupación al Servicio de la República.
La insurrección republicana de Diciembre con los levantamientos de las guarniciones de Jaca y de Cuatro Vientos fracasó y los capitanes Galán y García Hernández fueron fusilados. Como respuesta los republicanos, socialistas y antiguos políticos dinásticos se negaron a participar en las elecciones legislativas convocadas por el gobierno para Febrero de 1931 lo que provocó la dimisión de Berenguer.
Le sustituyó el almirante Aznar quien anunció la convocatoria de unas elecciones municipales para el 12 de Abril, las cuales fueron planteadas por republicanos y socialistas como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. El triunfo de la coalición republicano-socialista en las grandes ciudades no influidas por el caciquismo se interpretó como un rechazo a la monarquía y dio paso a la proclamación de la república el 14 de Abril y el exilio del rey Alfonso XIII a Francia.