La Oposición al Liberalismo: Guerras Carlistas y Cuestión Foral
Bandos Enfrentados
En 1833, a la muerte de Fernando VII, los insurrectos proclamaron rey al infante Carlos María Isidro, quien defendía el absolutismo y la sociedad tradicional. Se inicia así una guerra civil entre dos ideologías:
- El carlismo se presentaba como una ideología tradicionalista y antiliberal. Bajo el lema “Dios, Patria y Fueros” se agrupaban los defensores de don Carlos, de la monarquía absoluta, de la preeminencia social de la Iglesia, del mantenimiento del Antiguo Régimen y de la conservación de un sistema foral particularista. El carlismo contaba con el apoyo del clero y buena parte de la pequeña nobleza agraria. Los carlistas contaron con una amplia base social campesina y cobraron fuerza en algunas zonas rurales del norte, sobre todo donde los campesinos eran propietarios, ya que los liberales planteaban que las tierras de señorío territorial pasarían a los nobles y que los campesinos se quedarían sin propiedad. La defensa de los fueros explica la implantación del carlismo en Navarra y las provincias vascas.
- La causa isabelina contó, en sus inicios, con el apoyo de una parte de la alta nobleza y de los funcionarios, así como de un sector de la jerarquía eclesiástica. La regente se vio obligada también a buscar la adhesión de los liberales y, por tanto, a acceder a sus demandas, como el fin del absolutismo y del Antiguo Régimen.
Desarrollo del Conflicto Armado
Los carlistas no pudieron contar inicialmente con un ejército regular y organizaron sus efectivos en grupos armados que actuaban en forma de guerrillas. Las primeras partidas carlistas se levantaron en 1833 por una amplia zona del territorio español, pero el foco más importante se situó en las regiones montañosas de Navarra y el País Vasco. También se extendió por el norte y noreste de la península en general.
El conflicto pasó por dos fases diferenciadas:
- Primera etapa (1833-1835): Se caracterizó por la estabilización de la guerra en el norte y los triunfos carlistas. La insurrección tomó impulso en 1834 cuando el pretendiente se instaló en Navarra. El general Zumalacárregui, que se hallaba al mando de las tropas norteñas, logró formar un ejército con el que conquistó Tolosa, Durango, Vergara y Eibar, pero fracasó en la toma de Bilbao (Asedio de Bilbao), donde encontró la muerte. En la zona de Levante, los carlistas estaban desorganizados. Las partidas del norte de Cataluña tenían su actividad en las montañas y el Prepirineo. Las de las tierras del Ebro se unieron a las del Maestrazgo y el bajo Aragón, conducidas por el general Cabrera.
- Segunda fase (1836-1840): La guerra se decantó hacia el bando liberal a partir de la victoria del general Espartero en Luchana (1836), que puso fin al sitio de Bilbao. Los insurrectos, faltos de recursos para financiar la guerra, comenzaron expediciones a otras regiones. La más importante fue la Expedición Real de 1837, que partió de Navarra hacia Cataluña y se dirigió a Madrid con la intención de tomar la capital, lo que fue imposible, replegándose hacia el norte (comienzo del fin carlista). La constatación de la debilidad del carlismo propició discrepancias entre los transaccionistas, partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales, y los intransigentes, defensores de continuar la guerra. Finalmente, el jefe de los transaccionistas, Maroto, acordó la firma del Convenio de Vergara (1839) con el general liberal Espartero. El acuerdo establecía el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y Navarra, así como la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Solo las partidas de Cabrera continuaron la resistencia en la zona del Maestrazgo.
La Revolución Liberal
La Regencia de María Cristina (1833-1840)
Primeros Gobiernos de Transición
El testamento de Fernando VII establecía la creación de un Consejo de Gobierno para asesorar a la regente María Cristina, que estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez y compuesto en su mayoría por absolutistas moderados, con la pretensión de llegar a un acuerdo con los carlistas. Prácticamente la única reforma emprendida por este gobierno fue la nueva división provincial de España, que intentaba poner fin a la administración local del Antiguo Régimen.
Pero ante la extensión de la insurrección carlista, el trono isabelino comenzó a tambalearse por falta de apoyos sólidos. Se convenció a la regente de la necesidad de nombrar un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales. Se escogió para presidirlo a Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, que llevó a cabo reformas limitadas. Su propuesta fue la promulgación de un Estatuto Real, un conjunto de reglas para convocar unas Cortes. Pronto se hizo evidente que estas reformas eran insuficientes para buena parte del liberalismo. La división entre los liberales doceañistas (moderados) y exaltados (progresistas) formó dos tendencias que dominaron la vida política española en los siguientes decenios.
Los Progresistas en el Poder
La principal arma de los moderados era el apoyo de la Regente y, siempre que pudo, los llamó a gobierno. Los progresistas recurrieron a la movilización popular centrada en las ciudades y sirviéndose sobre todo de la Milicia Nacional. El momento más claro de esa presión fue en 1836, cuando los progresistas consiguieron organizar una serie de revueltas que lograron ser apoyadas por algunos elementos de la Real Guardia (levantamiento de los sargentos de la guarnición de La Granja, residencia de verano de la regente). A raíz del Motín de La Granja se formó el gobierno Calatrava-Mendizábal, y es el momento cuando se completa la revolución liberal:
- Se vuelve a poner en vigor la Constitución de 1812.
- Reforma agraria consistente en:
- La disolución del régimen señorial, que implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque mantuvieron la propiedad de la tierra que los campesinos no pudieron acreditar como propias. El señor pasó a propietario y los campesinos a arrendatarios o jornaleros.
- La desvinculación: supresión de mayorazgos, fideicomisos, etc.
- La desamortización había sido muy recurrente desde el gobierno de Godoy como medio para conseguir recursos para el Estado con la venta de tierras propiedad de la Iglesia y de los ayuntamientos. En 1836, el presidente Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas y estableció la incautación por parte del Estado del patrimonio de las comunidades afectadas. Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta mediante subasta pública. Las tierras podían adquirirse en metálico o a cambio de títulos de deuda pública. Mendizábal pretendía conseguir así los recursos necesarios para financiar al ejército liberal, recuperar vales de la deuda y aminorar el grave déficit presupuestario del Estado. Al mismo tiempo, los compradores constituían unos sólidos apoyos sociales comprometidos con el triunfo del liberalismo. Más a largo plazo, las medidas deberían fomentar el desarrollo de la agricultura.
- Junto a estas medidas, se tomaron una serie de acciones encaminadas al libre funcionamiento del mercado: abolición de la Mesta, la libertad de arrendamientos agrarios, etc.
- La reforma constitucional, con la Constitución de 1837, que presentaba aspectos más moderados que la Constitución de 1812.
Los Moderados en el Gobierno
La regente acabó por volver a llamar a los moderados al poder (Toreno, Istúriz). Estos se mantuvieron en el poder durante tres años y dieron un giro moderado a las leyes progresistas (Ley de Imprenta, Ley Electoral). La más importante fue el giro moderado a la Ley de Ayuntamientos, que hacía que los ayuntamientos pasaran al control del gobierno. Los progresistas se levantaron contra el gobierno moderado en 1840, contando con un apoyo militar importante que llevó al poder a Espartero, lo que significó una alianza entre progresistas y Espartero.
La Regencia de Espartero (1840-1843)
Espartero acabó convirtiéndose en regente y obligó a María Cristina a abandonar España. Los tres años de regencia fueron una decepción porque fue un personaje muy autoritario. Una de sus actuaciones más problemáticas fue la aprobación, en 1842, de un arancel que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses. La industria textil catalana se sintió amenazada y provocó un levantamiento en Barcelona, en el que estuvieron involucradas la burguesía y las clases populares. Espartero mandó bombardear la ciudad hasta conseguir su sumisión.
Los moderados aprovecharon la división del progresismo y el aislamiento de Espartero para realizar una serie de conspiraciones encabezadas por los generales Narváez y O’Donnell. En 1843, Espartero abandonó la regencia y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II.
El Reinado de Isabel II (1843-1868)
La Década Moderada (1844-1854)
El comienzo del reinado de Isabel II coincide con una serie de gobiernos moderados. La mayor parte fueron dirigidos por Narváez, quien duró diez años como presidente. Éste defendía el liberalismo moderado y el predominio del orden y la autoridad. Llevó a cabo una represión contra los progresistas y hubo un predominio de la burguesía terrateniente. Lo primero que impuso fue una nueva Constitución, la Constitución de 1845, que recogió las ideas básicas del moderantismo, entre las que destacan el control gubernamental sobre la prensa y el sufragio censitario muy reducido. Pese a todo, los carlistas volvieron a levantarse en armas en Cataluña (Guerra dels Matiners, 1846-1849).
Narváez impuso además leyes moderadas como:
- El Concordato con la Santa Sede (1851), donde se establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y el retorno de los no vendidos. La Santa Sede reconocía a Isabel II, mientras el Estado se comprometía a sostener a la Iglesia española.
- Nuevos códigos como el Código Penal (1848), que ponía fin a la dispersión de leyes del Antiguo Régimen, y el proyecto de Código Civil (1851), que recopilaba y racionalizaba el conjunto de leyes anteriores (aunque no se aprobó definitivamente hasta más tarde).
- La Ley de Administración Local (1845), que dispuso que los alcaldes de las ciudades importantes fueran nombrados por la Corona, mientras que el gobernador civil designaba a los alcaldes de municipios menores, creando una estructura jerarquizada.
- Se estableció un sistema nacional de instrucción pública que regulaba los distintos niveles de enseñanza y elaboraba los planes de estudio (Plan Pidal), completado posteriormente con la Ley Moyano (1857).
- Se creó la Guardia Civil (1844), encargada del mantenimiento del orden público, especialmente en el ámbito rural.
Los últimos gobiernos moderados fueron cada vez más autoritarios y, concretamente, el que presidió Bravo Murillo se planteó una reforma muy restrictiva de la Constitución. Esto provocó un levantamiento en 1854, llamado la «Vicalvarada», en el que participaron incluso algunos elementos moderados.
El Bienio Progresista (1854-1856)
El autoritarismo del gobierno moderado terminó con el pronunciamiento de Vicálvaro (la Vicalvarada), cuyo frente estaba liderado por O’Donnell, quien fundó la Unión Liberal (partido de centro). Los sublevados elaboraron el Manifiesto de Manzanares en demanda del cumplimiento de la Constitución de 1845 (aunque con reformas progresistas).
La presidencia recayó de nuevo en Espartero y O’Donnell fue nombrado ministro de la Guerra. El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del progresismo: restauró la Milicia Nacional y la Ley Municipal que permitía la elección directa de los alcaldes. La actuación de mayor peso para el futuro fue el plan de reformas económicas en defensa de los intereses de la burguesía urbana y las clases medias, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país. Las medidas más importantes fueron:
- La nueva Ley de Desamortización General (1855), a cargo del ministro Madoz, que afectó a los bienes del Estado, de la Iglesia, de las órdenes militares, de las cofradías, de las instituciones benéficas y, sobre todo, de los ayuntamientos (bienes de propios y comunes). Pretendía conseguir recursos para Hacienda e impulsar la modernización económica. Una buena parte de los recursos se destinaron a la subvención de la red de ferrocarriles.
- La Ley General de Ferrocarriles (1855), que regulaba su construcción y ofrecía amplios incentivos a las empresas que intervinieran en ella, de lo que se beneficiaron especialmente los capitales extranjeros.
Finalmente, las medidas reformistas del bienio no remediaron la crisis de subsistencias, generando un clima de grave conflictividad social. En Cataluña se produjeron huelgas obreras por el incumplimiento de promesas, como la bajada de impuestos y la mejora de las condiciones laborales. Por último, se dio una división entre los progresistas: los más moderados se pasaron a la Unión Liberal y los más radicales al Partido Demócrata. Espartero dimitió y la reina confió el gobierno a O’Donnell, quien reprimió duramente las protestas.
La Alternancia del Moderantismo con la Unión Liberal (1856-1868)
Tras la caída de Espartero, O’Donnell restableció la Constitución de 1845 con un Acta Adicional que nunca entró en vigor. Se sucedieron gobiernos de la Unión Liberal (más largos, 1858-1863) y moderados (1856-1858 y 1863-1868).
Los gobiernos de la Unión Liberal se centraron en una activa y agresiva política exterior para desviar la atención de los problemas internos y fomentar un patriotismo nacional: la expedición a Indochina (1858-1863), la intervención en México (1861-1862) y las campañas militares de Marruecos (1859-1860). En estas últimas tuvo especial prestigio el general Prim. La Paz de Wad-Ras (1860) permitió a España la incorporación del territorio de Ifni a la Corona y la ampliación de la plaza de Ceuta.
El periodo final (1863-1868) se caracterizó por el retorno de los moderados al poder, el autoritarismo creciente, la inestabilidad política y el descrédito de la monarquía. La oposición se fortaleció:
- Crisis económica generalizada (financiera, industrial, de subsistencias).
- La Noche de San Daniel (1865): una protesta estudiantil duramente reprimida.
- La Sublevación del cuartel de San Gil (1866): intento de pronunciamiento progresista y demócrata aplastado por O’Donnell.
- En agosto de 1866, las fuerzas de la oposición (progresistas, demócratas y, más tarde, unionistas) firmaron un pacto para derrocar a Isabel II (Pacto de Ostende).
Finalmente, la Revolución de 1868 («La Gloriosa») puso fin al reinado.
Conceptos Clave del Periodo Isabelino
Partidos Políticos Durante el Reinado de Isabel II
Los partidos políticos del siglo XIX constituían principalmente agrupaciones de personalidades alrededor de algún notable (noble, civil o militar). Eran corrientes de “opinión” o “camarillas” más que partidos de masas modernos. Había dos principales partidos dinásticos (aceptaban la monarquía isabelina) encuadrados en el liberalismo y con opción de gobernar:
- Partido Moderado: Grupo heterogéneo formado por terratenientes, grandes comerciantes, altos mandos militares, nobleza y alto clero. Defendían el derecho a la propiedad y concebían la libertad como bien individual, pero anteponían los principios de autoridad y orden social. Propugnaban la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, un sufragio censitario muy restringido y eran partidarios de limitar los derechos individuales (especialmente los colectivos). Destacaron Ramón María Narváez y Francisco Bravo Murillo.
- Partido Progresista: Formado por la mediana y pequeña burguesía, profesionales liberales, parte del ejército y clases populares urbanas (artesanos). Defendían el principio de soberanía nacional (residente en las Cortes), un sufragio censitario más amplio, mayores libertades y derechos individuales y colectivos (libertad de prensa, Milicia Nacional), y el poder local (ayuntamientos electivos). Atribuían a la corona un papel moderador. Destacaron Juan Álvarez Mendizábal, Baldomero Espartero y Juan Prim.
- Unión Liberal: Surgió en 1854 como una escisión de los moderados («puritanos») y atrajo a los progresistas más conservadores. Era un partido de centro que intentaba ser una alternativa entre moderados y progresistas. Liderado por Leopoldo O’Donnell.
Aparte de estos, había fuerzas políticas excluidas del sistema o con escasa participación en el gobierno:
- Carlistas: Defensores del absolutismo, la tradición, los fueros y los derechos al trono de Carlos María Isidro y sus descendientes.
- Partido Demócrata: Fundado en 1849 como escisión radical de los progresistas. Defendían el sufragio universal masculino, plenos derechos individuales y colectivos, y una fuerte intervención del Estado en educación y asistencia social. Dentro de él surgió una corriente republicana, que abogaba por la abolición de la monarquía.
La Gloriosa Revolución (1868)
En septiembre de 1868 se produjo un pronunciamiento militar y levantamiento popular contra Isabel II, conocido como «La Gloriosa». Sus causas fueron:
- Causas económicas: Una grave crisis financiera (caída de las acciones ferroviarias y bancarias), una crisis industrial (especialmente textil en Cataluña, agravada por la Guerra de Secesión estadounidense y la escasez de algodón) y una crisis de subsistencias (malas cosechas, escasez de trigo, aumento de precios).
- Causas políticas: El agotamiento del régimen moderado, el gobierno autoritario por decreto, el cierre frecuente de las Cortes, la corrupción, la impopularidad de la reina y la unión de las fuerzas opositoras (progresistas, demócratas, unionistas) en el Pacto de Ostende para derrocarla.
El 19 de septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz, al mando del almirante Topete, protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II al grito de “¡Viva España con honra!”. Los generales Prim (progresista) y Serrano (unionista) se unieron a los sublevados y consiguieron el apoyo de la población gaditana. En los siguientes días, el levantamiento se extendió por Andalucía y otras ciudades (Málaga, Almería, Cartagena). El gobierno de Isabel II mandó al ejército leal, dirigido por el Marqués de Novaliches, que fue derrotado por las fuerzas de Serrano en la batalla del Puente de Alcolea (Córdoba, 28 de septiembre). Esta derrota obligó a dimitir al gobierno y provocó el exilio de la reina Isabel II a Francia.
Las fuerzas populares tuvieron gran importancia en la revolución, y en muchas ciudades se constituyeron Juntas revolucionarias que reclamaban demandas más radicales (sufragio universal, abolición de impuestos de consumo, reparto de tierras). En octubre, se creó un Gobierno Provisional de carácter más conservador, presidido por Serrano (nombrado Regente) y con Prim como presidente del Consejo de Ministros. Este gobierno ordenó disolver las Juntas y desarmar a la Milicia Nacional, reconduciendo el movimiento revolucionario hacia posiciones menos radicales y dando inicio al Sexenio Democrático (1868-1874).