Reinado de Alfonso XIII
Regeneracionismo y revisionismo político (1902-1917)
En esta primera etapa se intenta buscar solución a los problemas del país: miseria, atraso, sistema político falseado, los nacionalismos considerados por los militares como separatismos, y las tensiones obreras y campesinas. Maura definirá su objetivo como “Hagamos la revolución desde arriba o nos la harán desde abajo”. Gobiernos regeneracionistas estarán liderados, tras las muertes de Cánovas y Sagasta, por sus nuevos líderes: Antonio Maura –Partido Conservador- y José Canalejas – Partido Liberal-, pero ninguno de ellos tendrá el indiscutido liderazgo de sus predecesores, de modo que habrá una lucha interna por el liderazgo de cada partido. En la oposición al sistema habrá un crecimiento de los partidos republicanos (Partido Reformista de M. Álvarez y Partido Radical de A. Lerroux). Los intelectuales apoyarán la causa republicana. Entre los partidos nacionalistas destaca la Lliga, de Francesc Cambó, el surgimiento de un nacionalismo de izquierdas con la Esquerra Republicana de Maciá, y también crecerá el nacionalismo vasco con el PNV, que va moderando los planteamientos radicales de Sabino Arana. Se inicia la colaboración del PSOE con los republicanos.
Los gobiernos adoptan medidas legislativas que intentan modernizar el país y acabar con la corrupción electoral, destacan las adoptadas por el P. Conservador: la Ley de Jurisdicciones (tras el incidente del semanario Cut Cut y que acaba propiciando la vuelta a la intervención política del ejército), la creación del Instituto Nacional de Previsión (precedente de la actual Seguridad Social), la Ley de Reforma Electoral (hace el voto obligatorio y permite no realizar la elección si el número de candidatos es igual al de escaños a elegir) que no consigue acabar con el caciquismo ni democratizar el sistema político, y la Ley de Represión del Terrorismo. El Partido Liberal en el poder desde 1910 aprobará la Ley del Candado (se prohíbe la instalación de nuevas órdenes religiosas) la Ley de Reclutamiento (hace obligatoria la incorporación al ejército en época de guerra). Otras medidas de gobierno se asientan sobre la intervención estatal en economía (Ley de Protección de la Industria Nacional) y una tímida legislación social: descanso dominical, derecho de huelga, jornada laboral de 9 horas, leyes sobre condiciones de trabajo de mujeres y niños.
La política internacional estará presidida por la presencia española en Marruecos. La Conferencia de Algeciras (1906) concederá un Protectorado español en el norte de Marruecos, el Rif, zona de escaso valor estratégico y económico, que contará con la oposición de las cábilas de Abd El Krim. La derrota del ejército en el Barranco del Lobo desencadenó la Semana Trágica (1909), tras el desastre del 98. Fue un estallido de descontento popular sin una ideología concreta, motivada por el paro en el sector textil y la movilización de los reservistas que debían embarcar en el puerto de Barcelona para ir a Marruecos.
La respuesta del gobierno a una semana de desórdenes, quema de iglesias y conventos, fue una represión muy dura, incluida la condena a muerte de Ferrer i Guardia, que provocó la caída del gobierno Maura y la fundación de la CNT, el gran sindicato anarquista, en 1910.
Tras la Semana Trágica y el asesinato de Canalejas (1912) el sistema de la Restauración entra en una crisis profunda de la que ya no se repondrá.
Colapso del sistema liberal parlamentario (1917-1923)
En 1914 estalló la I Guerra Mundial ante la que el gobierno del conservador Dato declaró a España neutral, pese a que la opinión nacional estaba dividida entre aliadófilos y germanófilos. Durante la guerra la economía española creció al suministrar materias primas y alimentos a los países beligerantes. El crecimiento de las exportaciones provocó un aumento de los beneficios empresariales y una subida generalizada de precios que hizo descender el nivel de vida de las clases populares aumentando con ello su descontento y los conflictos sociales. Al descontento popular se suma la descomposición de los partidos dinásticos y el fortalecimiento de los partidos de la oposición. Se recurre a los Gobiernos de concentración y a los militares para garantizar el orden público (12 gobiernos en 5 años) así como a la suspensión de garantías constitucionales (medidas de excepción).
En 1917 estallará la crisis política: Juntas de Defensa, Asamblea de Parlamentarios, Huelga General. Las Juntas de Defensa eran una protesta de los militares ante su pérdida de poder adquisitivo y el favoritismo del gobierno liberal de Romanones respecto a la política de destinos en Marruecos. El gobierno quiso disolver las Juntas, pero el movimiento contó desde el principio con el apoyo de Alfonso XIII, por lo que al final el gobierno se plegó a sus exigencias. El ejército volvía así al protagonismo en la vida política. La Asamblea de Parlamentarios, especie de reunión de Cortes alternativa que pretendía unir a toda la oposición al sistema, fue convocada por la Lliga y Cambó en Barcelona. Las diferencias entre sus componentes, la oposición del rey y el ejército, el miedo de la burguesía a una huelga general, y el ofrecimiento a la Lliga para entrar en el gobierno de concentración consiguieron desactivar este movimiento que podría haber renovado el sistema de la Restauración sobre otras bases.
El último capítulo de la crisis será la Huelga general Revolucionaria convocada ese verano por socialistas y anarquistas. La huelga reivindicaba mejoras laborales, pero también cambios políticos. Pese a que el gobierno consiguió controlarla, la conflictividad social fue en aumento en Cataluña y Andalucía. Esta conflictividad está ligada a los efectos de la Revolución rusa de 1917. Creció la afiliación sindical tanto de la UGT (sindicalismo reformista) como la CNT (sindicalismo revolucionario). Y se multiplicaron las revueltas campesinas: trienio bolchevique en el campo andaluz (1918-20), con insurrecciones de jornaleros y ocupación de tierras. También aumentaron las huelgas de obreros industriales y el pistolerismo (de obreros y de patronos) en Barcelona causando más de 300 muertos. Los patronos responden a las huelgas con despidos y cierre de fábricas para acabar con el sindicalismo (lock out). Contarán con la colaboración de agentes de la autoridad que aplicarán indiscriminadamente la Ley de fugas (permitía disparar por la espalda a quien se suponía que iba a huir).
El fracaso militar de Marruecos es evidente en 1921 cuando el general Silvestre inicie una mal planificada incursión en el centro del Rif para alcanzar Alhucemas y someter a las tribus de Abd-el-Krim, que cercó a las tropas españolas en Annual. Mueren 13.000 soldados en esta operación. El gobierno cayó y la oposición culpaba directamente al rey y al ejército de este desastre. Finalmente se creará una comisión para investigar lo sucedido, pero el Informe Picasso que daba cuenta de lo sucedido nunca llegó a ver la luz. Primo de Rivera dio un golpe de Estado en 1923 y comenzó una dictadura hasta 1930.
Dictadura de Primo de Rivera
El Directorio Militar
El Directorio Militar (nombre que recibió el primer Gobierno de la Dictadura) estuvo integrado únicamente por militares de alta graduación. Las primeras medidas que adoptó fueron la proclamación del estado de guerra, la suspensión de la Constitución de 1876, la disolución de las Cortes, la supresión de los partidos políticos y sindicatos, la sustitución de los gobernadores civiles de las provincias por gobernadores militares y el control de los ayuntamientos y diputaciones. En lugar de estas instituciones y siguiendo el ejemplo del dictador fascista Benito Mussolini, que gobernaba Italia desde 1922, Primo de Rivera creó más adelante un grupo político nuevo (no quiso llamarlo “partido”), al que denominó “Unión Patriótica”, que sería el único permitido. En 1925 desapareció la Mancomunitat de Catalunya (anteriormente la lengua catalana había perdido su condición de cooficialidad con el castellano en aquella región). Ello provocó el natural rechazo de la Dictadura por parte del nacionalismo catalán.
En cuanto al espinoso problema de Marruecos, inicialmente Primo de Rivera era partidario de negociar la paz con Abd el Krim, el líder de los rebeldes, pero la derrota de Xauen (en la murieron 2.000 soldados) y el avance de las tropas marroquíes en el protectorado francés le hicieron cambiar de opinión. Es entonces cuando se produce la exitosa campaña conjunta de las tropas franco-españolas (desembarco de Alhucemas, 1925), operación que permitió a las tropas reconquistar el terreno perdido en los meses siguientes. Esta pacificación de Marruecos fue el mayor éxito de esta primera etapa de la Dictadura.
Directorio Civil
En diciembre de 1925 se establece el denominado Directorio Civil, en cuya composición hay tanto políticos de derechas (Calvo Sotelo, el conde de Guadalhorce) como militares. Coincidió esta etapa con una fase de prosperidad económica general en Europa y de paz social en el interior. Su política económica de capitalismo con fuerte intervención estatal y nacionalismo económico permitió poner en marcha en España un ambicioso plan de obras públicas para la construcción de carreteras y pantanos, y se favoreció el desarrollo de la agricultura, industria y comercio. Fue entonces cuando nacieron las Confederaciones Hidrográficas y algunos monopolios estatales como la Compañía Telefónica Nacional de España (vinculada a la ITT norteamericana) y CAMPSA (monopolio de petróleos). Por tanto en el terreno económico, éstos fueron años de crecimiento, aunque fuese a costa de duplicar la deuda pública.
La escasa conflictividad social fue posible por la represión del anarquismo, el desarrollo de una amplia política social (construcción de viviendas baratas, escuelas, servicios sanitarios, protección de la emigración) y un nuevo marco de relaciones laborales basado en el sistema corporativo y la creación de los comités paritarios, a imitación del fascismo italiano, formados por representantes de patronos y obreros que tenían como objetivo evitar los enfrentamientos de los sindicatos de clases y conseguir la paz laboral. La Dictadura, que se había presentado como una solución provisional ante la situación de desorden que vivía el país en 1923, pretendía ahora perpetuarse en el poder (la creación de una Asamblea Nacional que sustituía a las Cortes iba en esa dirección de institucionalizar el régimen). Dos tercios de sus 400 miembros de esta nueva institución eran designados por el gobierno y su función era meramente consultiva.
Sin embargo el prestigio del Gobierno se fue deteriorando a partir de 1927 por no saber (o no querer) resolver otros problemas: los nacionalistas catalanes se habían convertido muy pronto en enemigos por la supresión de la Mancomunitat y la persecución contra la lengua catalana; también comenzaba a organizarse en la clandestinidad el movimiento obrero, cada vez más comprometido con el republicanismo (el PSOE dejó de colaborar y pasó a la oposición); y lo mismo hicieron los intelectuales (como Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez, Manuel Azaña y el doctor Marañón) y universitarios (nace la F.U.E., Federación Universitaria Española). Además un sector del Ejército también se le enfrentó. La fuga del capital extranjero ante la inseguridad política que se avecinaba agravó la situación, pues comenzó una crisis económica que se extenderá a la década siguiente. Todas estas circunstancias confluyeron en una creciente oposición a la Dictadura. Consciente de la situación y temiendo por su propio prestigio, Alfonso XIII provocó la dimisión de Primo de Rivera, lo que se acabaría produciendo el 30 de enero de 1930. Para sucederle el rey nombró presidente a otro militar, el general Dámaso Berenguer (al que poco más tarde sucedería el almirante Aznar), que tendría por misión organizar la vuelta a la normalidad del sistema liberal.
En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián por parte de los nacionalistas catalanes y gallegos, los constitucionalistas (o demócratas) y los republicanos de distintos partidos (los socialistas se sumaron al pacto en octubre). El objetivo de ese acuerdo era no ya acabar con el régimen militar de entonces (que el pueblo había bautizado como la “Dictablanda”), sino que iba directamente contra la monarquía de Alfonso XIII, cuya corona estaría desde entonces seriamente en peligro. A partir de ese momento la agitación política y social fue aumentando sin cesar. Hubo incluso un intento de golpe de estado en diciembre a favor de la República en Jaca, pero fracasó. Sus líderes, los capitanes Galán y García Hernández, fueron fusilados, por lo que se convirtieron en los mártires de la República. La respuesta del gobierno militar ante la creciente agitación política fue convocar elecciones municipales, a las que seguirían otras legislativas (con la finalidad de crear unas Cortes constituyentes). Con estas convocatorias electorales el rey y su gobierno pretendían pasar gradualmente desde el sistema semidictatorial vigente a otro de corte democrático. Sin embargo la victoria en las principales ciudades de las candidaturas conjuntas de los partidos republicanos firmantes del pacto de San Sebastián en las primeras elecciones, las municipales, dio al traste con ese proyecto gubernamental. Eso sucedió el 12 de abril de 1931. Dos días después el rey, consciente de su fracaso, abandonó el país (se exilió en Italia). El vacío de poder fue aprovechado por los partidos republicanos para abolir la monarquía y proclamar la II República. Estos acontecimientos, a pesar de que suponían un cambio político radical, se produjeron sin derramamiento de sangre, entre el entusiasmo popular.
II República
Constitución de 1931
La elaboración de la Constitución de 1931 fue el principal cometido de las nuevas Cortes. Los debates alcanzaron gran apasionamiento, sobre todo en los asuntos que concernían a la religión. La mayoría de los diputados pretendían conseguir una radical separación de la Iglesia y el Estado, lo que quedó plasmado en el artículo 3. Varias disposiciones adoptadas se pueden considerar anticlericales: la disolución de los jesuitas, la desaparición del crucifijo de las escuelas, la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, el fin del presupuesto del clero y, en general, el carácter laico del estado. También generó gran polémica el debate sobre la organización territorial del estado, pues los partidos de derecha (tradicionalmente centralistas) no estaban conformes con la posibilidad de que creasen “regiones autónomas”, mientras que los nacionalistas catalanes aspiraban a crear un estado auténticamente federal. Al final se optó por una solución intermedia. La constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931.
En su artículo 1º quedaba definida España como una “república democrática de trabajadores”, con lo que desde el principio se ponía de relieve su carácter izquierdista. El capítulo dedicado a los derechos y libertades de los ciudadanos es el más amplio y democrático de todas las constituciones existentes hasta entonces: establece el sufragio universal (que por primera vez va a incluir a las mujeres); el art. 44 indica que el derecho de propiedad privada queda subordinado a la utilidad social (eso facultaría la expropiación de los latifundios mediante la Ley de Reforma Agraria); concede a las regiones la posibilidad de contar con estatuto de autonomía (art. 10 y siguientes); los ayuntamientos serán elegidos por los vecinos (art. 9); libertad religiosa (art. 27); libertad de imprenta sin censura previa (art. 34); derechos de asociación, sindicación, reunión, manifestación y circulación por todo el territorio español; enseñanza primaria obligatoria y gratuita (art. 48); se establece un Tribunal de Garantías (art. 121), con unas facultades equivalentes a los del actual Tribunal Constitucional; se aprueba el matrimonio civil y el divorcio (art. 43). Podemos concluir que la constitución de 1931 hacía de España un estado plenamente democrático y laico. La derecha rechazó el texto constitucional, mostrando su disposición a revisarlo en cuanto tuviese ocasión, lo cual no llegaría a suceder a pesar de ganar las elecciones de 1933.
Reformas
a) Reforma educativa: Los nuevos dirigentes del país estaban convencidos de que a través de un sistema educativo moderno, laico y democrático España podría salir de su atraso (en esa década había un 44 % de analfabetos). En primer lugar se consideró necesario secularizar la enseñanza, prohibiendo su ejercicio a las órdenes religiosas. También había que crear nuevos centros docentes (en estos dos primeros años se abrieron 13.000 nuevas escuelas públicas y se duplicó el número de institutos de bachillerato), aumentar el número de maestros (que pasó de 36.000 a 51.000) y se reformar otros aspectos: obligatoriedad de una educación universal, pública y gratuita, coeducación, dignificación del trabajo de los maestros, etc. La Iglesia Católica, que tradicionalmente había desempeñado un papel importantísimo en el terreno educativo, mostró una fuerte resistencia hacia estos cambios, que disminuían su influencia en la sociedad.
b) Reforma militar: Su objetivo era modernizar un ejército arcaico, macrocéfalo (es decir, había un número excesivo de mandos en relación al de soldados) e ineficiente. Siendo Azaña Ministro de la Guerra en el Gobierno Provisional, ofreció a los jefes y oficiales la jubilación anticipada voluntaria conservando íntegramente la paga (cerca de la mitad de los afectados se acogieron a esa situación ventajosa, unos 9.000). Otras medidas adoptadas por la República fueron la supresión de la Academia General Militar y la creación de la Guardia de Asalto (una policía urbana). Se obligó a los militares a jurar fidelidad a la República. Un importante sector de los oficiales y altos mandos, que eran de ideas monárquicas, consideraron a los políticos que promovieron estas reformas como antimilitaristas, por lo que se convirtieron en enemigos del régimen republicano recién nacido.
c) Leyes laborales: El encargado de llevar adelante la política laboral fue el Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero. Su política de reformas consistió en: implantar la obligatoriedad de que los propietarios agrarios explotasen de forma efectiva sus fincas, jornada laboral de ocho horas en el campo; obligación del seguro de accidentes en el trabajo: y creación de unos jurados mixtos de trabajadores y empresarios para resolver los conflictos laborales. Todas estas medidas reformistas fueron muy mal acogidas por los empresarios tanto agrarios como de las ciudades, pero también decepcionaron (por considerarlas insuficientes) a los anarquistas, comunistas y al sector más radical del socialismo español. Las huelgas y desórdenes fueron constantes en las fábricas y en el campo.
d) Reforma agraria: Las arcaicas estructuras del campo y las consecuencias económicas y sociales que se derivaban de ello constituían uno de los problemas clave de la España de la época: el latifundismo en el centro y sur de España condenaba al paro crónico y a la miseria a cientos de miles de campesinos no propietarios. Para remediar esta situación el Gobierno elaboró una serie de leyes favorables a los jornaleros. Sin embargo el asunto más polémico fue la aprobación de la Ley de Bases de la Reforma Agraria de septiembre de 1932, cuyos objetivos eran redistribuir la tierra y mejorar su rendimiento. Lógicamente contó con el rechazo frontal de los partidos de derecha, que defendían los intereses de los terratenientes. Esa ley permitía la expropiación de las tierras de regadío que no fuesen regadas de forma efectiva y de los latifundios, que serían parcelados y repartidos entre los jornaleros, indemnizando a los propietarios (salvo los pertenecientes a los Grandes de España y a los dueños de los antiguos señoríos). De la aplicación de la ley se encargaría un nuevo organismo, el Instituto de Reforma Agraria (IRA), pero para ello dispuso de una cantidad de dinero muy insuficiente para afrontar unos objetivos tan ambiciosos. De esta forma, por culpa de los complejos trámites burocráticos y del enorme coste de las indemnizaciones, sólo 12.000 familias recibieron tierras durante los dos primeros años de vigencia de la ley. Esta manifiesta insuficiencia explica la gran decepción que supuso para la gran masa de jornaleros, por lo que la conflictividad en el campo sería constante durante toda la República.
e) Estatutos de Autonomía: El proyecto del Estatuto de Cataluña en 1932, que suponía la creación de la Generalitat o gobierno autónomo catalán, fue defendido en las Cortes por Manuel Azaña. En el trámite parlamentario dicho proyecto, que había sido sometido a referéndum recibiendo el apoyo del 99 % de los votantes catalanes, sufrió diversos cambios que recortaban la autonomía. Francesc Macià, de Esquerra Republicana de Catalunya, fue el primer presidente catalán. Los partidos de la derecha y algunos políticos centristas y socialistas se opusieron con vigor contra lo que consideraban el desmembramiento de España.
Revolución de octubre de 1934
El hecho de mayor gravedad sucedido en esta etapa fue la fracasada revolución de octubre de 1934. Para entender su estallido hay que tener en cuenta dos hechos previos: la subida al poder del nazismo en Alemania en el año anterior (la izquierda española temía que el líder de la CEDA Gil Robles pudiera convertirse en el Hitler de nuestro país) y el cambio de estrategia del PSOE y la UGT, que a partir de ahora van a apostar decididamente por una línea revolucionaria para la toma del poder. La gran tensión acumulada sólo necesitaba una excusa para estallar, y ésta surgió cuando Gil Robles exigió al presidente Lerroux que incluyera a tres ministros cedistas para seguir apoyando al Gobierno, a lo que éste accedió el 4 de octubre. En respuesta, los socialistas y otras fuerzas izquierdistas declararon una huelga general revolucionaria en toda España, que fue seguida masivamente en Asturias, el País Vasco y Cataluña. Al mismo tiempo, el nuevo presidente de la Generalitat, Lluis Companys, proclamó “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. El Gobierno declaró el estado de guerra y, tras violentos combates callejeros, el Ejército consiguió dominar la situación en Cataluña. En represalia por lo sucedido, el Gobierno central suspendió indefinidamente el estatuto de autonomía catalán. Sin embargo fue en Asturias donde tuvieron lugar los sucesos más graves. Siguiendo el llamamiento conjunto de UGT, CNT y PCE, las fuerzas obreras, en especial los mineros, con gran violencia asaltaron cuarteles e iglesias, ocuparon fábricas de armas, cometieron asesinatos y proclamaron el comunismo. La represión corrió a cargo de la Guardia Civil y del Ejército, enviado desde el Protectorado de Marruecos por el Gobierno, en una operación dirigida por el general Francisco Franco. La rebelión se saldó con cerca de 1.300 muertos y más de 30.000 encarcelados. El Gobierno aprovechó su victoria para establecer la censura previa y limitar las actividades de los partidos de izquierda y los sindicatos.