Evolución Política de la Dictadura

El golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 fue provocado por el impacto del Desastre de Annual (1921), que generó un gran desprestigio del régimen y del rey Alfonso XIII, señalado como responsable en el Expediente Picasso. Antes de que las Cortes tomaran decisiones sobre el informe, Primo de Rivera se sublevó en Cataluña e instauró una dictadura con el apoyo del rey, quien buscaba salvar la monarquía. El régimen justificó su acción mediante un «Manifiesto a la Nación» con ideas regeneracionistas y la figura del «cirujano de hierro». Sus objetivos eran acabar con el sistema parlamentario de la Restauración, resolver el conflicto marroquí, garantizar el orden público, frenar el separatismo y el anticlericalismo. El golpe triunfó gracias al respaldo de Alfonso XIII, la Iglesia, la banca, el ejército, la administración, el empresariado catalán y la pasividad inicial de socialistas y republicanos, mientras que la opinión pública se mostró entre indiferente y favorable. Solo anarquistas y comunistas reaccionaron con una huelga general que fue duramente reprimida.

El Directorio Militar

En principio, la dictadura se presentó como una solución política provisional y excepcional. Sin embargo, con el tiempo, Primo de Rivera olvidó sus primeras intenciones. Las medidas políticas iniciales tomadas desde el poder fueron:

• Suspensión de la Constitución de 1876.
• Disolución de las Cortes.
• Prohibición de los partidos políticos y sindicatos.
• Eliminación del presidente y consejo de ministros.
• Creación de un Directorio Militar con Primo de Rivera como presidente, desde el que se dirigía sin límites las funciones ejecutivas, legislativas y atribuciones judiciales.

De la misma manera, se reprimieron todas las manifestaciones del nacionalismo, acusado de separatista. A la vez, se reprimió con dureza al movimiento obrero más radical (anarquistas y comunistas). El número de huelgas y atentados terroristas disminuyó espectacularmente y así se impuso el orden público. Para regenerar la vida política y acabar con el caciquismo, se elaboró un Estatuto Municipal y Provincial (1924) que dio paso a una nueva administración que reforzó el centralismo y se sometió al gobierno central. Lejos de hacer desaparecer el caciquismo, se sustituyó unos caciques por otros. En Cataluña, desapareció la Mancomunidad y se prohibió el uso de la bandera y el catalán en el ámbito político, lo que potenció el nacionalismo radical e incluso separatista.

Respecto a Marruecos, la dictadura obtuvo éxitos importantes. La postura inicial es abandonista, pero las presiones de Millán Astray, Franco, Queipo y otros, como el propio rey, hacen que Primo de Rivera acepte las tesis africanistas. El dirigente rifeño Abd-el-Krim cometió el error táctico de atacar a los franceses en 1925, lo que propició un pacto y una actuación militar hispano-francesa (el desembarco en Alhucemas en 1925), cuya consecuencia fue la rendición de Abd-el-Krim y la finalización de la guerra dos años después (1927). Este fue sin duda el mayor éxito que se apuntó el dictador, ya que satisfizo la demanda generalizada de acabar con la guerra y, al mismo tiempo, elevó el prestigio de los militares africanistas.

El Directorio Civil

Una vez solucionados los problemas que justificaban la dictadura —la conflictividad social y el conflicto en Marruecos—, Primo de Rivera no restauró la normalidad constitucional, sino que buscó perpetuarse en el poder mediante un cambio del Directorio Militar por un Directorio Civil con técnicos y civiles como Calvo Sotelo (Hacienda) y Aunós (Trabajo). Inspirado en el fascismo italiano y el corporativismo, intentó construir un nuevo régimen: fundó la Unión Patriótica, partido único sin ideología clara, y creó en 1927 la Asamblea Nacional Consultiva, sin poder legislativo, para asesorar al dictador; también presentó un anteproyecto de Constitución en 1929 que no llegó a promulgarse.

En lo económico, impulsó una política intervencionista con grandes obras públicas y la creación de monopolios estatales (Telefónica, Iberia, CAMPSA), además de aplicar un fuerte proteccionismo para fomentar un “capitalismo nacional”. Aunque hubo avances en infraestructuras y sectores industriales como el acero o el cemento, el Estado se endeudó y los grandes beneficiarios fueron los grandes capitalistas, aprovechando el crecimiento económico internacional hasta el crack de 1929. En lo social, se intentó reducir los conflictos mediante la construcción de viviendas baratas, escuelas, sanidad, y sobre todo con la creación de una Organización Corporativa Nacional, con Comités Paritarios formados por obreros y empresarios —donde la UGT participó de forma destacada y contradictoria—, buscando armonizar intereses laborales en lugar de permitir la lucha de clases. Este sistema, junto con la coyuntura favorable, logró una cierta paz social y la reducción del paro.

Bienio Republicano Socialista

El 14 de abril de 1931 se formó un Gobierno Provisional presidido por Alcalá Zamora, con representantes del Pacto de San Sebastián, que convocó elecciones a Cortes Constituyentes para redactar una nueva Constitución. Las elecciones establecieron Cortes unicamerales, rebajaron la edad de voto a 23 años, permitieron que las mujeres fueran candidatas pero pospusieron su derecho a votar. Triunfó la Conjunción Republicano-Socialista y, en diciembre, se aprobó una Constitución que definía a España como una república democrática de trabajadores. Alcalá Zamora fue elegido presidente y Manuel Azaña, jefe de gobierno.

Se impulsaron varias reformas clave:

• Militar: liderada por Azaña, redujo el número de oficiales (más de 7.000 pasaron a la reserva) y creó la Guardia de Asalto para el orden público.
• Educativa: estableció una escuela pública, gratuita, mixta y laica, eliminó la religión del currículo, prohibió enseñar a órdenes religiosas y fomentó la cultura mediante las Misiones Pedagógicas y La Barraca, dirigida por Lorca.
• Religiosa: aplicó leyes como el matrimonio civil, el divorcio, la disolución de la Compañía de Jesús, y la secularización de cementerios, lo que generó fuerte rechazo de la Iglesia y sectores católicos, que comenzaron a ver a la República como enemiga.
• Reforma Regional: se aprobó en 1932 el Estatuto de Cataluña y se creó la Generalitat; el Estatuto vasco fue rechazado por su carácter tradicionalista y Galicia lo aprobó ya iniciada la Guerra Civil, sin llegar a aplicarse.
• Reforma Agraria: uno de los proyectos más esperados, buscó eliminar el latifundismo expropiando tierras no cultivadas o mal explotadas para repartirlas entre campesinos, pero su ejecución fue lenta y burocrática: solo se asentaron 12.000 campesinos de los 120.000 previstos, provocando frustración, conflictos sociales y ocupaciones ilegales.

Así, aunque las reformas fueron ambiciosas, su aplicación parcial y la fuerte oposición de los sectores conservadores debilitaron al régimen desde sus inicios.

El Bienio Radical-Cedista

La intensa actividad reformista del Bienio 1931-1933 generó fuerte oposición tanto en la izquierda como en la derecha: los anarquistas de la CNT (FAI) impulsaron huelgas y alteraciones del orden, y el gobierno respondió con la Ley de Defensa de la República, usada en episodios como los sucesos de Castilblanco y Arnedo, con violentos enfrentamientos entre campesinos y la Guardia Civil. En 1932 hubo una sublevación minera en el Llobregat y un fallido golpe de Estado liderado por el general Sanjurjo. En enero de 1933, los sucesos de Casas Viejas, donde la represión mató a 20 campesinos, debilitaron aún más al gobierno de Azaña, presionado por la oposición de Gil Robles (CEDA) y dividido internamente en el PSOE. Las tensiones entre los sectores conservadores defensores de privilegios históricos y una izquierda impaciente por cambios rápidos minaron al gobierno, que cayó en septiembre de 1933.

Las elecciones de noviembre dieron la victoria a partidos de centro-derecha, como el Partido Radical y la CEDA, y Alejandro Lerroux fue nombrado jefe de gobierno con apoyo de Gil Robles. El nuevo gobierno emprendió una política “rectificadora”: amnistió a los implicados en la Sanjurjada, frenó la aplicación de la ley contra congregaciones religiosas, restauró parte del sueldo a sacerdotes, detuvo la reforma agraria y propuso en 1935 una reforma constitucional que revertía aspectos progresistas de 1931 (religión, enseñanza, autonomías, propiedad). La izquierda reaccionó con fuerza, especialmente tras el nombramiento de tres ministros de la CEDA, temiendo una deriva fascista. Esta tensión culminó en la Revolución de Octubre de 1934: en Cataluña, con un levantamiento catalanista, y en Asturias, con una revolución social protagonizada por UGT, CNT y partidos de izquierda.

Revolución de Asturias

Tras la victoria electoral de la derecha en 1933, los socialistas, temiendo una deriva autoritaria como la que se vivía en Europa con el ascenso del nazismo en Alemania y el autoritarismo en Austria, comenzaron a plantearse una revolución para defender la República. Aunque los anarquistas no apoyaron mayoritariamente el movimiento —salvo en Asturias—, el detonante fue el nombramiento de tres ministros de la CEDA en el nuevo gobierno de Lerroux el 4 de octubre de 1934. El día 5, la UGT convocó una huelga general en todo el país, pero fue un fracaso salvo en algunos focos como Madrid, Vizcaya, Barcelona y especialmente Asturias.

En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado catalán dentro de una República Federal, pero el ejército sofocó rápidamente la sublevación y suspendió el autogobierno catalán. Por el contrario, en Asturias, la alianza entre socialistas, comunistas y anarquistas (UHP) permitió organizar una auténtica revolución obrera: se tomaron fábricas y se proclamó la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. El gobierno respondió enviando tropas de Marruecos dirigidas por el general Franco, y el levantamiento fue sofocado el 18 de octubre.

La represión fue dura: entre 1.000 y 2.000 insurrectos murieron, además de unos 300 agentes y más de 30 religiosos. Se produjeron cerca de 30.000 detenciones y muchas condenas a muerte, aunque solo se ejecutó a dirigentes secundarios. La autonomía catalana fue suspendida y nunca recuperó plenamente sus competencias.

A pesar del fracaso, la insurrección de octubre de 1934 evidenció la necesidad de unidad en la izquierda, lo que llevaría a la creación del Frente Popular. Mientras tanto, la derecha, debilitada por el escándalo del “estraperlo”, vio caer su gobierno a finales de 1935, lo que llevó a nuevas elecciones en febrero de 1936.

El Frente Popular

Tras la dura represión que siguió a la Revolución de Octubre de 1934, la izquierda española, cada vez más radicalizada, optó por unirse para hacer frente al auge del fascismo en Europa y a la política conservadora en España. Siguiendo la recomendación de la Internacional Comunista, se formó el Frente Popular, una coalición de partidos republicanos, socialistas, comunistas e incluso con el apoyo puntual de los anarquistas de la CNT. Su objetivo principal era frenar el fascismo y restaurar las reformas anuladas por los gobiernos anteriores.

El Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936 y Azaña fue nombrado presidente del Gobierno. Inmediatamente se decretó la amnistía para los encarcelados por la revolución de 1934 y se les permitió volver a sus trabajos. Se restauró completamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y Companys volvió a presidir la Generalitat. También se reactivó con fuerza la reforma agraria, repartiéndose más tierras entre marzo y julio que en años anteriores.

En abril, Azaña fue elegido presidente de la República y Casares Quiroga formó un nuevo gobierno exclusivamente republicano, ya que los socialistas no quisieron participar. Sin embargo, el clima social era cada vez más tenso: los sindicatos presionaban para acelerar las reformas y la derecha boicoteaba activamente al gobierno.

Mientras tanto, sectores militares y derechistas preparaban un golpe de Estado. El general Mola organizaba la conspiración con apoyo de la Falange, monárquicos y carlistas, y financiación de Juan March. El gobierno intentó frenar el golpe trasladando a generales sospechosos como Franco (a Canarias) y Mola (a Pamplona), pero los preparativos ya estaban muy avanzados.

El asesinato del diputado Calvo Sotelo el 13 de julio, en represalia por el asesinato del teniente socialista Del Castillo, sirvió como detonante. El alzamiento militar comenzó el 17 de julio en Marruecos y se extendió rápidamente por la península. El 19, Franco se sumó a la sublevación desde África. Sanjurjo, quien debía liderar el golpe, murió en un accidente de avión el 20 de julio.

La Guerra Civil

Durante la Guerra Civil, los sublevados crearon un mando único con Francisco Franco como Generalísimo y Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, concentrando en él todo el poder político y militar. La Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Cabanellas, había sido creada en Burgos para coordinar la acción militar, pero pronto cedió todo el poder a Franco. Se suprimieron los derechos civiles, se prohibieron reuniones políticas, se instauró una rígida censura y se disolvieron partidos y sindicatos.

En abril de 1937, Franco creó el partido único FET de las JONS mediante el Decreto de Unificación, uniendo falangistas, carlistas, monárquicos y la CEDA bajo el «Movimiento Nacional», con el apoyo incondicional de la Iglesia y la represión de cualquier disidencia. La represión se intensificó tras la guerra con la Ley de Responsabilidades Políticas, que declaró “rebeldes” a los opositores, estableciendo tribunales que ejecutaron miles de condenas. En lo económico, la zona sublevada, aunque atrasada y con solo el 20% de la producción industrial, controlaba el 70% de los alimentos. Se anuló la reforma agraria y se devolvieron propiedades. A pesar de no tener reservas metálicas, el bando franquista financió la guerra mediante créditos internacionales, gracias a figuras como Juan March y a la compra a crédito de petróleo y vehículos de empresas británicas y estadounidenses. Además, recibió importante ayuda militar de la Italia fascista, la Alemania nazi y Portugal, siendo la italiana la más determinante por sus facilidades de pago.

El inicio de la guerra provocó una revolución social en la zona republicana: el poder central se derrumbó y las organizaciones obreras tomaron el control, actuando de forma autónoma mediante comités y consejos. Se colectivizó la industria en Cataluña y muchas tierras en Aragón y Andalucía, mientras los grupos revolucionarios reprimían a sublevados, burguesía, Iglesia y católicos, con fusilamientos, requisas de bienes y quema de iglesias, lo que desprestigió a la República internacionalmente. Se formaron milicias populares de civiles armados impulsadas por partidos del Frente Popular (anarquistas, socialistas, comunistas), ante la debilidad del ejército regular. Los primeros gobiernos (Casares Quiroga y Martínez Barrio) dimitieron por no querer armar al pueblo; el 19 de julio de 1936, José Giral sí lo hizo, pero dimitió en septiembre ante la anarquía. Fue reemplazado por Largo Caballero (PSOE), quien formó un gobierno con republicanos, socialistas, comunistas y luego anarquistas, eliminó milicias y creó el Ejército Popular para centralizar el poder. Su caída vino tras la crisis de mayo de 1937 en Barcelona, con choques entre CNT-POUM y fuerzas gubernamentales. Le sucedió Negrín (PSOE moderado), apoyado por los comunistas, que intentó resistir hasta que estallase un conflicto europeo, lo que no ocurrió. Económicamente, la República controlaba zonas industriales y mineras (Cataluña, País Vasco, Asturias) y principales ciudades, además del oro del Banco de España, usado para comprar armas a la URSS. Sin embargo, tenía escasez agrícola y perdió el control económico, que quedó en manos de organizaciones obreras. Empresas fueron nacionalizadas o colectivizadas, y la mala organización generó caos industrial y desabastecimiento, especialmente en zonas de fuerte presencia anarquista como Cataluña, Levante y Aragón.