LA ECONOMÍA: LA ETAPA D AUTARQUÍA
Entre 1939-59, se trató de conseguir la autosuficiencia económica con la intervención dl Estado en la economía, lo que se justificó con un discurso fascista y patriótico.
La restricción dl comercio exterior implicó que el Estado controlara las importaciones y exportaciones, que solo se podían realizar con una autorización administrativa. Al importarse sólo los productos imprescindibles, su precio aumentó considrablemente y se produjo una gran escasez d bienes d consumo, así como d materias primas y d suministro eléctrico, lo que hizo dscendr la producción industrial.
El fomento d la industria incluyó la nacionalización d sectores indispensables (RENFE, Telefónica), la ayuda pública al dsarrollo d industrias d bienes d equipo (elevado gasto público con efectos inflacionistas), la fundación en 1941 dl INI para crear empresas públicas que produjeran los bienes que el sector privado no fabricaba y la inversión en sectores vinculados a los intereses d la dfensa militar (hidrocarburos, construcción naval…) para asegurar la indpendncia militar y política d España.
El Estado también reguló los productos dl sector agrario. Los bajos precios oficiales hicieron dscendr la producción, al mismo tiempo que disminuía la productividad.
La política autárquica produjo un profundo estancamiento económico (colapso dl comercio exterior, dscenso d los niveles d producción y consumo y disminución dl nivel d vida d la población), ad+ d suponer un freno a las tendncias modrnizadoras d principios dl s. XX, lo que amplió las diferencias con Europa.
El control dl mercado por parte dl Estado (que fijaba los precios d compra a los productores y d venta al consumidor) produjo el dsabastecimiento d alimentos y el racionamiento d productos d primera necesidad, distribuidos mediante una cartilla. Los productores preferían escondr la producción para vendrla en el mercado negro, dond obténían ganancias más elevadas (3 o 4 veces más).
A pesar dl incremento dl coste d la vida, los salarios crecían muy lentamente y la renta per cápita y el podr adquisitivo eran menores que antes d la guerra.
La carencia d viviendas dignas provocó un aumento dl chabolismo, la utilización d cuevas, el fenómeno d los realquilados… Enfermedads ya erradicadas reaparecieron dbido al hambre, al frío y a la insalubridad d las viviendas, causando un aumento d la mortalidad y un dscenso dl crecimiento vegetativo y d la esperanza d vida.
EL BIENIO CONSERVADOR
Tras dimitir Azaña, Alcalá Zamora disolvíó las Cortes y convocó elecciones para Noviembre de 1933 en las que las mujeres votaron por primera vez. La izquierda se presentó desunida: republicanos y socialistas presentaron candidaturas separadas y la CNT pidió la abstención. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha.
Alcalá Zamora confió la formación de gobierno al Partido Radical de Alejandro Lerroux, ya que era poco partidario de la CEDA de Gil Robles, que ofrecíó apoyo parlamentario al nuevo gobierno, que inició su mandato paralizando el proyecto reformista anterior.
Se frenó la reforma agraria devolviendo tierras a la nobleza, anulando la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos extremeños y concediendo total libertad de contratación, a lo que los campesinos respondieron con huelgas.
El gobierno central se enfrentó con la Generalitat de Cataluña por la cuestión de la Ley de Contratos de Cultivo y con los nacionalistas vascos al paralizar la discusión del proyecto de estatuto impulsado por el PNV. Además, aprobó un presupuesto de culto y clero, inició negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede, aprobó una amnistía para los sublevados en 1932 y para los colaboradores de Primo de Rivera, redujo el presupuesto en educación…
El PSOE y la UGT radicalizaron sus posturas, aunque divididas en dos tendencias: el sector moderado (Indalecio Prieto) defendía la necesidad de colaborar con los republicanos de izquierda, mientras que Largo Caballero propició la revolución social.
Ante la exigencia de la CEDA de participar en el gobierno bajo amenaza de retirar su apoyo parlamentario, Lerroux le otorgó en Octubre de 1934 tres carteras ministeriales, por lo que la UGT convocó huelgas y manifestaciones que fracasaron por la falta de coordinación y la contundente respuesta del gobierno, que decretó el estado de guerra. En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social duramente reprimida. En Cataluña, Lluís Companys proclamó la Repúblicana catalana y una alianza de partidos y sindicatos de izquierda organizó una huelga general que fracasó por el escaso apoyo ciudadano y de la CNT.
La revolución de Octubre aumentó la influencia de la CEDA, que se mostró partidaria de una reorientación más dura de la política del gobierno y presentó en Julio de 1935 un anteproyecto para modificar la Constitución (revisión de las autonomías, abolición del divorcio, negación de la posibilidad de expropiación de tierras) al que Alcalá Zamora se mostró favorable, pero que no llegó a ser votado.
En el otoño de 1935, el Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción que provocó una fuerte crisis de gobierno y dejó a los radicales deslegitimados para gobernar. Alcalá Zamora no estaba dispuesto a nombrar presidente del gobierno a Gil Robles y por ello decidíó, a finales de Diciembre, convocar nuevas elecciones para Febrero de 1936.
EL BIENIO REFORMISTA
Entre 1931 y 1933, el gobierno presidido por Manuel Azaña impulsó un programa de reformas con el objetivo de modernizar y democratizar la sociedad española.
Para limitar la influencia de la Iglesia, se estipularon la no confesionalidad del Estado y la libertad de cultos, se suprimíó el presupuesto de culto y clero, se permitieron el divorcio y el matrimonio civil, se secularizaron los cementerios, se prohibíó a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y se aprobó la Ley de Congregaciones para limitar la posesión de bienes a las órdenes religiosas y poder disolverlas en caso de peligro para el Estado (por ejemplo, la orden jesuita fue disuelta al ser acusada de depender de un poder extranjero por su voto de obediencia al Papa). La nueva legislación, unida al resurgimiento de movimientos populares anticlericales, fue percibida como una agresión al catolicismo y movilizó a buena parte de la jerarquía eclesiástica, cuyos miembros más hostiles (el cardenal Segura y el obispo de Vitoria) fueron expulsados del territorio español.
Para modernizar y democratizar el ejército se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (los oficiales podían retirarse con el sueldo íntegro a cambio de prometer su adhesión a la República), se suprimieron rangos, se redujo el número de unidades y oficiales, se creó la Guardia de Asalto… La reforma consiguió reducir los gastos del ejército, pero a la vez dificultó la modernización del material, el armamento y los equipamientos. Además, los africanistas recibieron la reforma como una agresión a la tradición militar y al poder del ejército.
La reforma de la agricultura pretendía poner fin al predominio del latifundismo y mejorar las condiciones de vida de los jornaleros. Los primeros decretos prohibieron la rescisión de los contratos de arrendamiento, fijaron la jornada laboral de ocho horas, establecieron salarios mínimos, etc. La Ley de Reforma Agraria (aprobada en Septiembre de 1932 y cuya aplicación fue encomendada al Instituto de la Reforma Agraria) permitía la expropiación de las tierras con indemnización o sin ella (las de los grandes de España). Sus resultados iniciales fueron escasos debido a la complejidad de la ley, la lentitud de su aplicación, las dificultades burocráticas, la falta de presupuesto y la resistencia de los propietarios. Esto aumentó la tensión social (los grandes propietarios se opusieron a la reforma y a la República y los campesinos quedaron decepcionados con la República, orientándose hacia posturas más revolucionarias).
Con respecto a la cuestión autonómica, el gobierno provisional negoció con los dirigentes catalanes para anular la República Catalana proclamada por Francesc Macià (Esquerra Republicana) a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional (Generalitat) que redactó un Estatuto de Autonomía (aprobado con recortes en Septiembre de 1932, a pesar de la oposición de la derecha y de algunos sectores republicanos) que concedíó a Cataluña un gobierno y un parlamento propios y reconocíó la cooficialidad del catalán. En el País Vasco, el PNV y los carlistas aprobaron el Estatuto de Estella (Junio de 1931) que contó con la oposición del republicanismo de izquierdas y de los socialistas (lo consideraban excesivamente confesional, poco democrático e incompatible con la constitución). En Galicia, el nacionalismo era menos acusado y el proceso estatutario fue mucho más lento.
El objetivo primordial de la reforma de la enseñanza fue promover una educación liberal y laica. Se crearon escuelas y plazas para maestros, se incrementó el presupuesto, se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Para mejorar el nivel cultural de la población, se promovieron campañas culturales con el apoyo de numerosos intelectuales y artistas (las Misiones Pedagógicas).
Por último, Largo Caballero inició una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales (la Ley de Contratos de Trabajo, la Ley de Jurados Mixtos, la semana laboral de 40 horas, el aumento de los salarios, la creación de seguros sociales, etc.) que provocaron la oposición de las organizaciones patronales, que consiguieron frenar algunos proyectos.
LA ECONOMÍA: LA ETAPA DEL DESARROLLISMO
En los 60, los gobiernos tecnocráticos cambiaron el rumbo de la economía para asegurar la continuidad del régimen, vistas la mala coyuntura económica de finales de los 50, la presión de los organismos internacionales, las protestas sociales y la etapa de recuperación económica que vivía Europa y de la que España se podía aprovechar.
El Plan de Estabilización (1959) pretendía poner fin al intervencionismo estatal y a los obstáculos a la liberalización comercial y financiera y fomentar el crecimiento económico. Comprendía la estabilización económica, la liberalización interior y la exterior. Diversos organismos internaciones concedieron préstamos a España.
Entre 1964 y 1975 se promulgaron tres Planes de Desarrollo Económico y Social de vigencia cuatrienal. Esta planificación económica indicativa supervisada por una Comisaría (el comisario era López Rodó) pretendía impulsar el crecimiento económico y comprendía las acciones estructurales (solucionar deficiencias de la industria) y los polos de desarrollo (reducir los desequilibrios regionales). Aunque los Planes fueron un fracaso (no se atendieron los intereses generales, los recursos se invirtieron de forma ineficaz y las previsiones raramente se cumplieron), dotaron a la iniciativa privada de infraestructuras y materias básicas que contribuyeron al crecimiento industrial.
El incremento de la producción industrial debido a la mejora de la productividad (gracias a los bajos salarios, la importación de tecnología y la inversión de capitales extranjeros) permitíó el descenso de los precios, favorecíó las exportaciones y estimuló la subida de los salarios, con lo que aumentó la demanda de bienes de consumo. Asimismo, se produjo una expansión geográfica del tejido industrial y crecieron industrias de bajo contenido tecnológico, pero muy competitivas (vestido, calzado…).
El éxodo rural provocó la crisis de la agricultura tradicional al hacer descender la mano de obra campesina y aumentar los salarios, lo que llevó a los empresarios a iniciar un proceso de mecanización que aumentó la productividad agrícola y provocó una mayor emigración. La diversificación de la demanda de comestibles (promoción de la ganadería) generó un desajuste entre la oferta y la demanda de productos agrarios. El gobierno estimuló la concentración parcelaria y promovíó la construcción de regadíos.
El turismo, que supuso una elevada fuente de ingresos, influyó significativamente en el aumento de los servicios. Asimismo, las necesidades de financiación promovieron el crecimiento del sector bancario y, aunque la balanza comercial seguía siendo negativa a pesar de los cambios en el comercio internacional, el déficit comercial se vio compensado por los ingresos procedentes del exterior (tanto el turismo como las inversiones extranjeras y el dinero que los emigrantes españoles en Europa enviaban).
Además del relativo abandono del sector agrario al polarizarse las acciones en el sector industrial y de servicios, la economía española presentaba una limitación principal: la dependencia del exterior (proveedor de tecnología y de inversión de capitales, mercado donde vender la producción, absorbía la mano de obra excedentaria, aportaba las transferencias de los emigrantes, protagonizó el ‘‘boom’’ turístico de la década de los 60…). Esta dependencia, junto a la debilidad y poca competitividad del sistema financiero, se puso en evidencia con la crisis del petróleo de 1973.
LA EVOLUCIÓN POLÍTICA D LA ZONA REPUBLICANA
Para atajar la sublevación, Giral entregó armas a las milicias d partidos y sindicatos, disolvíó el ejército tradicional y los cuerpos policiales y creó batallones d voluntarios. En el verano y otoño dl 36, el podr dl Estado se dsplomó y surgieron consejos, comités y juntas. En algunas zonas se formaron Consejos Regionales dond se reunían las fuerzas dl Frente Popular, con predominio dl obrerismo. En Cataluña, a iniciativa d la CNT-FAI, se creó el Comité Central d Milicias Antifascistas, q reconstituyó el podr d la Generalitat.
Se extendíó un clima revolucionario, impulsado sobre todo x el sector más radical dl anarcosindicalismo (CNT-FAI) y dl POUM (el resto d fuerzas políticas reclamaban la necesidad d concentrarse en ganar la guerra). Los campesinos y obreros vinculados a la izquierda revolucionaria se sintieron legitimados para impulsar cambios sociales como la colectivización d la propiedad industrial y agraria. Los comités controlaban los transxtes, los servicios urbanos, las fábricas, los talleres… Muchos empresarios huyeron o fueron dtenidos o asesinados, poniéndose los trabajadores al frente d las empresas o explotándolas en régimen d autogestión. Entre Julio y Octubre, una serie d dcretos dieron cobertura legal a estas acciones. Ad+ d intervenir cuentas corrientes y expropiar fincas, se inició una persecución contra la Iglesia, la burguésía, los propietarios y las clases acomodadas: ‘‘paseos’’, dtenciones ilegales, saqueos, incendios d iglesias y conventos… También fueron asesinados presos políticos d drechas (Paracuellos dl Jarama) y políticos (Melquíads Álvarez, Primo d Rivera). Para aunar esfuerzos, Largo Caballero constituyó el 5 d Septiembre dl 36 un nuevo gobierno formado x republicanos, socialistas y comunistas al q se unieron en Noviembre cuatro ministros anarcosindicalistas. El gobierno se trasladó a Valencia ante el inminente ataque sobre Madrid. El objetivo era recomponer el podr dl Estado y dirigir la guerra militarizando las milicias y creando el Ejército Popular. Sin embargo, los fracasos militares volvieron a enfrentar a las fuerzas republicanas. La lucha entre ambos bandos en Barcelona y el envío d fuerzas x parte dl gobierno central para controlar el ordn público provocaron más d 200 muertos, la drrota d los anarquistas, el aumento d la influencia d los comunistas y el dbilitamiento dfinitivo dl gobierno d Largo Caballero, q se negó a perseguir a los trotskistas según las directrices d la Uníón Soviética y fue sustituido x Negrín. El POUM fue dclarado ilegal y su máximo dirigente, Andreu Nin, fue asesinado x agentes soviéticos.
El nuevo gabinete (formado x los partidos dl Frente Popular, apoyado x UGT y CNT y cn Indalecio Prieto como Ministro d Guerra) basó su política en la prioridad dl esfuerzo militar: reforzó el podr central, unificó la dirección d la guerra, integró las milicias en el Ejército Popular, controló la producción industrial y agraria…. La sed dl gobierno se trasladó a Barcelona para controlar sus recursos económicos y militares, lo q provocó fricciones con la Generalitat. Buscando una salida negociada d la guerra, Negrín propuso en Abril dl 38 los Trece Puntos (cese d la lucha armada, permanencia d la República, apertura d un proceso d elecciones dmocráticas), pero el bando franquista no aceptó ninguna negociación y Franco sólo aceptó una rendición sin condiciones. A partir d Marzo dl 38, la falta d alimentos y abastecimientos básicos y los reveses militares causaron el cansancio y el pesimismo d la población y d las fuerzas políticas, lo q se agravó tras la firma dl Pacto d Múnich en Septiembre (Gran Bretaña y Francia aceptaron el expansionismo nazi). La esperanza d un inminente conflicto en Europa q redujera la presencia alemana e italiana en España llevó a Negrín, apoyado únicamente x los comunistas, a insistir en la necesidad d la resistencia militar. La pérdida d Cataluña (Enero-Febrero dl 39), el exilio d los gobiernos central, catalán y vasco, el reconocimiento dl gobierno d Franco x parte d GB y Francia en Febrero y la dimisión d Azaña como presidnte d la República en Marzo acabaron con la República a pesar d los esfuerzos d Negrín x continuar la guerra.
LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA ZONA NACIONAL
Tras morir Sanjurjo, principal jefe del golpe, se creó el 24 de Julio en Burgos la Junta de Defensa Nacional, integrada por militares y presidida por Cabanellas, para gobernar el territorio ocupado. Se prohibieron los partidos políticos, se suspendíó la Constitución y se paralizó la reforma agraria. Dentro del ejército, Franco se fue imponiendo como líder hasta ser elegido jefe del Alzamiento (30 de Septiembre). El 1 de Octubre, fue nombrado Jefe del gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. La Junta de Defensa Nacional fue sustituida por una Junta Técnica del Estado, con sede en Valladolid y Burgos. El cuartel general de Franco se trasladó a Salamanca.
Como grupos políticos solo actuaban Falange Española y de las JONS y Comunión Tradicionalista. La CEDA y los grupos monárquicos, aunque tolerados, estaban prácticamente desmantelados. Por tanto, existía un mando militar único, pero ninguna cohesión política. En Abril del 37, inspirado en el modelo fascista, Franco creó mediante el Decreto de Unificación un partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, del que sería Jefe Nacional y que adoptó el uniforme de Falange, la boina roja de los carlistas y el saludo fascista. Los carlistas y falangistas opuestos a la unificación fueron desterrados o detenidos. En Enero del 38 desaparecíó la Junta Técnica y se formó el primer gobierno de Franco, que concentró la jefatura del Estado y la presidencia del gobierno y pasó a ser llamado Caudillo de España. Esto culminó el proceso de institucionalización del nuevo Estado franquista, que defendía un modelo social basado en el conservadurismo y en la preeminencia del catolicismo y abolíó la legislación republicana: se suprimieron las libertades y los estatutos de autonomía, se restablecíó la pena de muerte, en Marzo del 38 se aprobó la primera Ley Fundamental, el Fuero del Trabajo (un único sindicato agrupaba a empresarios y trabajadores), se prohibieron las huelgas y las reivindicaciones obreras, el Estado se declaró confesional, se derogaron las leyes del matrimonio civil y del divorcio, se establecíó el culto religioso en la enseñanza y en el ejército y se instituyó una retribución estatal al clero.
Esto se acompañó de una violencia extrema contra los vencidos en los territorios ocupados (Badajoz, Málaga, Granada, etc.). Muchas personas relevantes, como García Lorca, fueron asesinadas por ser símbolos de la República. También fueron ejecutados políticos y militares contrarios al alzamiento. La represión, ejercida por el ejército, la Falange o las autoridades políticas de forma sistemática y planificada, sirvió para imponer un clima de terror e impedir toda contestación. Muchos de los ejecutados fueron enterrados en fosas comunes sin constancia de su desaparición.
LA REPRESIÓN FRANQUISTA
Al acabar la guerra, el franquismo no puso fin a la violencia indiscriminada contra los ‘‘enemigos de España’’, sino que institucionalizó la represión elaborando leyes represivas (Ley de Responsabilidades Políticas en 1939, Ley de Represión del Comunismo y la Masonería en 1940) y haciendo desaparecer el poder judicial independiente (la mayoría de las causas fue juzgada por tribunales militares en Consejos de guerra hasta que se creó el Tribunal de Orden Público en 1963).
Además de los miles de personas ejecutadas, el elevado número de reclusos obligó a habilitar cárceles y campos de concentración donde las pésimas condiciones higiénicas y alimenticias y el hacinamiento provocaron una alta mortalidad. Los Batallones de Trabajadores (a los que fueron enviados los condenados e incluso algunos detenidos no procesados) y los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (creados en 1940 para los reclutas calificados de ‘‘desafectos’’) realizaron obras de reconstrucción o trabajaron en canteras, minas… Estas medidas, que pretendían difundir el terror entre la población y acallar cualquier disidencia además de castigar, forzaron una despolitización que contribuyó a la pervivencia de la dictadura.
Las medidas represivas fueron acompañadas de un proceso de confiscación y expolio del patrimonio de los exiliados y los políticos republicanos (y de los bienes de las organizaciones vinculadas a ellos) y de su expulsión del mundo laboral (depuración de funcionarios en las administraciones públicas y privadas y de profesionales liberales en los colegios profesionales, baja automática a exiliados y procesados, despido obligatorio de exiliados y detenidos en empresas particulares…).
Los nacionalismos atentaban contra la unidad de España, por lo que se prohibieron y persiguieron las manifestaciones lingüísticas y culturales no castellanas: el catalán, el vasco y el gallego fueron considerados simples dialectos y se desterraron de la enseñanza, la administración, los medios de comunicación… Sin embargo, estas lenguas siguieron siendo habladas en el ámbito privado y el franquismo no logró anular los sentimientos nacionalistas. Los intelectuales, profesores y profesionales más comprometidos con los nacionalismos partieron al exilio, quedando estas culturas vinculadas al activismo cívico y político antifranquistas.
LA EVOLUCIÓN SOCIAL DURANTE EL FRANQUISMO
El franquismo impuso unas formas de comportamiento basadas en la más estricta moral cristiana. Las ceremonias religiosas marcaban la vida de las personas y el puritanismo invadíó todas las actividades sociales. Para asegurarlo, el régimen instauró una rígida censura y puso en manos de la Iglesia la educación, importante medio de adoctrinamiento religioso y político (FEN enseñaba los principios básicos del falangismo). Además, el modelo patriarcal se impuso en el ámbito familiar, quedando la mujer completamente sometida al hombre, que gozaba de superioridad jurídica.
Tras la elevada mortalidad y la baja esperanza de vida de la etapa de autarquía, la población española experimentó en los 60 un aumento demográfico como consecuencia del descenso de la mortalidad y de una elevada natalidad, resultado de unas mejores condiciones de vida, de la falta de uso de métodos de planificación familiar y de la política natalista del franquismo. Paralelamente al aumento del número de jóvenes, el aumento de la esperanza de vida hizo crecer la población de +65 años.
La escasez de empleo causada por la mecanización de la agricultura (especialmente en Andalucía, Extremadura, las Castillas, Murcia y Galicia) forzó la emigración a otros países europeos (Francia, Alemania, Suiza, Bélgica…) y las migraciones interiores a las zonas de mayor dinamismo económico (Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia…) provocando en ellas un incremento de la natalidad y agudizando los desequilibrios entre los distintos territorios. Las ciudades conocieron un intenso proceso de urbanización, pero la falta de infraestructuras para acoger a tantos emigrantes se tradujo en chabolismo y barrios mal equipados y con viviendas precarias.
El desarrollo de la industria y la expansión del sector servicios consolidaron una sociedad capitalista industrializada, con sectores asalariados amplios y diversificados y una clase media en aumento. Los activos agrícolas disminuyeron, mientras que los industriales y los ocupados en servicios aumentaron. Se consolidó la burguésía urbana y crecíó el número de obreros industriales, autónomos, funcionarios y gestores.
La sociedad española avanzó hacia nuevas pautas sociales y culturales: entró en la sociedad de consumo gracias al aumento del poder adquisitivo, crecíó la demanda de educación para alcanzar mayor remuneración y estatus (gracias a la Ley General de Educación de 1970, la población escolarizada y las inversiones del Estado aumentaron, el analfabetismo disminuyó y se incorporaron al sistema educativo hijos de obreros y de clase media baja), se extendíó la familia nuclear, se empezó a viajar al extranjero y a traer nuevas ideas como la emancipación del hogar familiar, el papel de la mujer cambió sustancialmente con su incorporación al mundo estudiantil y laboral, surgíó un nuevo movimiento feminista, la Iglesia se renovó siguiendo al Concilio Vaticano II y un sector se distanció del régimen reclamando su democratización… Estos cambios no fortalecieron el régimen como esperaban los desarrollistas, sino que estimularon un nuevo tipo de oposición que quería vivir en consonancia con el resto de Europa.
LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL FRANQUISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DURANTE LA ETAPA DEL DESARROLLISMO
En el contexto de transformación económica y social de los 60, se reforzó la presencia en el gobierno de ministros tecnócratas vinculados al Opus Dei (López Rodó) y de jóvenes falangistas de carácter reformista (Fraga). Los gobiernos desarrollistas defendían que una mejora del bienestar social y una serie de reformas legislativas que modernizara la estructura del país sin cambios democráticos asegurarían la continuidad del franquismo, pues apaciguarían las tensiones sociales y las discrepancias entre las familias del régimen.
En 1963 se creó el TOP para que los delitos políticos dejaran de ser juzgados por tribunales militares. Las candidaturas no franquistas obtuvieron un notable éxito en las elecciones del Sindicato Vertical de 1966, al tiempo que la Ley de Prensa suprimíó la censura previa, aunque con un sistema de multas y suspensiones para quien superase el margen de tolerancia permitida. En 1967, la Ley de la Seguridad Social hizo que comenzara, con gran retraso respecto a Europa, la construcción del Estado del bienestar, aunque el sistema fiscal toleraba el fraude y la falta de equidad social en el reparto de las cargas tributarias. Ese mismo año, la Ley de Libertad Religiosa reconocíó la libertad de práctica, la Ley de Representación Familiar permitíó la elección de procuradores por el tercio familiar y se promulgó y se aprobó en referéndum la última Ley Fundamental, la LOE (confirmaba la institución monárquica del régimen y concretaba las funciones de los órganos del Estado), con lo que finalizó la construcción del Estado franquista. En 1969, Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor, lo que agravó las tensiones entre tecnócratas y falangistas y puso fin a las aspiraciones de Juan de Borbón, el legítimo sucesor, partidario de la democracia.
España no fue admitida en la CEE por no ser una democracia, pero en 1970 firmó un Acuerdo Preferencial (redujo los aranceles y favorecíó las exportaciones industriales). El país participó en la descolonización africana: fue forzado a retirarse de Marruecos (1956) y de Guinea Ecuatorial (1968) y a ceder a Marruecos el territorio de Ifni (1969).
En 1969, la Ley de Prensa permitíó que el escándalo Matesa (un fraude financiero que implicaba a altos cargos del régimen) fuera ampliamente difundido. Los sectores más tecnócratas del gobierno, acusados de contribuir a su desprestigio, fueron expulsados. Carrero Blanco, nuevo vicepresidente, endurecíó la política interna del régimen, modificó la Ley de Prensa y aumentó la represión, recurriendo con frecuencia al Estado de excepción. La contestación popular y las protestas internacionales estallaron tras el Consejo de guerra en Burgos, por lo que Franco ejercíó el derecho de gracia y los seis militantes de ETA no fueron ejecutados. Las posiciones inmovilistas triunfaron. Tras el asesinato de Carrero Blanco (nombrado presidente en 1973) en un atentado etarra, la fractura entre inmovilistas y aperturistas se hizo aún mayor y se afianzaron las posiciones de los sectores opuestos a cualquier transformación (el búnker). El nuevo gobierno presidido por Arias Navarro presentó un proyecto de apertura hacia un mayor pluralismo político (‘‘espíritu del 12 de Febrero’’), pero el inminente peligro de destrucción del régimen hizo que finalmente se decantara hacia el inmovilismo, mostrando la incapacidad del franquismo para democratizarse desde dentro.
Los últimos años de Franco, gravemente enfermo, estuvieron marcados por el conflicto del Sáhara, que España abandonó con la firma del Acuerdo de Madrid para evitar un conflicto bélico con Marruecos tras la organización de la Marcha Verde. Franco fallecíó el 20 de Noviembre de 1975, dejando tras de sí un régimen en profunda crisis.
LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL FRANQUISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DURANTE LA ETAPA DE AUTARQUÍA
La posición de España durante la IIGM pasó por tres etapas: la neutralidad (el país no podía involucrarse en otra guerra), la no beligerancia (tras ser vencida Francia en Junio del 40, el apoyo diplomático y económico al Eje fue total e incluso se sondeó la integración española en el conflicto, pero las compensaciones que Franco exigíó en sus entrevistas con Hitler y Mussolini les resultaron excesivas y España simplemente envió wolframio, aprovisionamientos y, en 1941, la División Azul a la URSS) y el retorno a la estricta neutralidad (ante las presiones de británicos y americanos a partir de Octubre de 1943, Franco retiró y disolvíó la División Azul).
Inicialmente, se pretendíó implantar un Estado nacionalsindicalista con predominio de FET y de las JONS en el que destacó Ramón Serrano Súñer. Sin embargo, la derrota alemana (1945) obligó al franquismo a presentarse como un régimen católico, conservador y anticomunista que podía evolucionar hacia una monarquía. El falangismo fue marginado de los puestos más relevantes y se retiró la simbología fascista. Entre 1945-1947, el franquismo sufríó una etapa de boicot internacional (la ONU condenó el régimen, Francia cerró la frontera, los embajadores se retiraron de Madrid) que Franco presentó como una maniobra extranjera para desprestigiar a España y provocar una nueva Guerra Civil. El país no pudo beneficiarse del Plan Marshall ni integrarse en la OTAN, siendo el coste económico y político enorme.
El inicio de la Guerra Fría (1947) hizo que el régimen empezara a ser aceptado internacionalmente como aliado contra el comunismo. En 1951, Franco remodeló el gobierno para acercarse a las potencias occidentales dando más peso al nacionalcatolicismo (Ruiz Jiménez, Carrero Blanco) en detrimento del falangismo y, en 1953, firmó los acuerdos con EEUU (además de la ayuda mutua en caso de conflicto, a cambio de la instalación de bases militares en su territorio, España recibíó material bélico y ayuda económica y técnica y regularizó las relaciones diplomáticas y comerciales con el bloque occidental) y el concordato con la Santa Sede (confesionalidad del Estado, estatus de privilegio para la Iglesia católica).
Aún así, los problemas internos derivados de la situación económica no se resolvían (entre 1956-58 tuvieron lugar protestas obreras y movimientos de disidencia en la universidad), por lo que la presión dentro del régimen para acabar con la autarquía y liberalizar la economía aumentó. Esto condujo en 1957 a una nueva remodelación del gobierno en la línea de 1951. A propuesta de Carrero Blanco, entraron como ministros los tecnócratas, hombres procedentes del Opus Dei que no habían participado en la Guerra Civil y que protagonizarían el crecimiento económico de la década de 1960.
La institucionalización del régimen comenzó ya en 1938 concentrando los poderes en Franco y estableciendo el Fuero del Trabajo (regulaba las relaciones laborales y establecía los principios del nacionalsindicalismo), pero durante la etapa de autarquía se promulgaron la mayor parte de las Leyes Fundamentales, que constituían la llamada ‘‘democracia orgánica’’: en 1942, la Ley Constitutiva de Cortes (órgano legislador cuyos representantes, los procuradores, eran designados por el Caudillo o por razón de su cargo, con lo que se trataba de una representación corporativa por tercios); en 1945, el Fuero de los Españoles (conjunto de deberes y derechos, aunque no se garantizaba que estos se pudieran ejercer) y la Ley del Referéndum Nacional (el jefe del Estado podía someter a consulta popular las cuestiones que considerase oportunas); en 1947, la Ley de Sucesión (establecía España como reino y prevéía la monarquía como sucesora del franquismo) y, en 1958, la Ley de Principios del Movimiento (actualizaba los principios directivos del Estado, que todos los funcionarios públicos debían jurar antes de tomar posesión).
EL FRENTE POPULAR
En las elecciones dfebrero d 1936, el Frente Popular (coalición electoral de republicanos, socialistas y comunistas con un programa común) ganó con un 48% de los votos (mayoría en las grandes ciudades, las zonas industriales y las regiones del litoral). La CNT no participó en el pacto pero no pidió la abstención. La CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas formaron coaliciones (Bloque Nacional) pero no lograron confeccionar una candidatura única ni redactar un programa electoral consensuado. Obtuvieron el 46’5%, con buenos resultados en las dos Castillas, León, Navarra y parte de Aragón. Las fuerzas de centro obtuvieron sólo un 5’4%.
El gobierno quedó formado por republicanos (Izquierda Republicana y Uníón Republicana). El resto de partidos del Frente Popular se comprometieron a prestarles apoyo parlamentario. Azaña fue nombrado presidente de la República (gran oposición de la derecha y de buena parte del ejército) y Casares Quiroga, jefe del gobierno.
Rápidamente se puso en marcha el programa pactado en la coalición electoral: se decretó una amnistía, se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos tras huelgas de Octubre de 1934, se restablecíó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se iniciaron las negociaciones para la aprobación de los estatutos del País Vasco y Galicia… La reanudación del proceso reformista interrumpido en 1933 dio esperanzas a los partidos de izquierda y los sindicatos, que se lanzaron a una movilización popular: los anarquistas defendían la necesidad de acciones revolucionarias, el sector del socialismo encabezado por Largo Caballero se orientaba hacia soluciones radicales, en las ciudades se convocaron huelgas, en el campo los jornaleros ocupaban las tierras…
Las derechas, los propietarios de tierras, los empresarios industriales y la Iglesia rechazaron la nueva situación. Falange Española fomentó un clima de enfrentamiento civil y crispación política formando patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra los líderes izquierdistas, respondidas del mismo modo por los militantes más radicales de la izquierda. Los enfrentamientos se propagaron, entre Febrero y Julio, por todo el país, excepción de Cataluña y de las zonas del Norte.
El clima de violencia favorecíó la conspiración militar contra la República, que tuvo escasa fuerza y mala organización hasta que se puso al frente el General Mola, cuyo plan consistía en organizar un pronunciamiento militar simultáneo en todas las guarniciones posibles. El gobierno trasladó de destino a los generales más directamente implicados en los complots, pero no se atrevíó a destituirlos. La conspiración militar establecíó contactos con la Italia fascista y la Alemania nazi y contaba con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha, pero entre los conspiradores existían discrepancias en cuanto al tipo de régimen a instaurar tras el Golpe de Estado, por lo que la fecha de este se aplazaba. El asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo el día 14 de Julio aceleró los planes golpistas y la sublevación se inició en Marruecos el día 17 de Julio dando origen a una Guerra Civil que se prolongaría durante tres años.