La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado y suspendió las garantías constitucionales.
Los motivos que se utilizaron para justificar el golpe de Estado fueron; Ia violencia social, Ia radicalización del catalanismo, el descrédito del sistema parlamentario, la inexistencia de una oposición política eficaz… La situación empeoro, además, a causa del desastre de Annual, cuya responsabilidad alcanzo al propio monarca.
El golpe fue aprobado por el rey Alfonso Xlll y apoyado por los sectores sociales conservadores, especialmente Ia burguesía industrial, que deseaba la paz social para aprovechar el clima de auge económico de los años veinte. Así pues, el ejército instauro una dictadura militar.
Algunos de los ideólogos del nuevo régimen exaltaron el fascismo italiano de Mussolini, que había subido al poder en 1922, e intentaron imitar algunos de sus aspectos, como Ia creación de instituciones corporativas. Pero Ia dictadura no fue un régimen fascista: Primo de Rivera no accedió al poder con un partido de masas con un credo doctrinal y un programa concretos, sino que estableció una dictadura militar autoritaria, fuertemente condicionada por la personalidad del dictador.
El Directorio Militar (1923-1925)
En una primera etapa, considerada provisional, Primo de Rivera asumió todos los poderes al
frente de un directorio militar que dejo en suspenso la Constitución, disolvió las Cortes, prohibió los partidos políticos y censuro la prensa. También disolvió las diputaciones, mientras que los gobiernos civiles provinciales fueron cedidos a los militares y los alcaldes eran nombrados por el gobierno.
Para restablecer el orden social, se abolieron las libertades y se intensificaron las acciones represivas contra los sectores más radicales del movimiento obrero.
Para ello, se organizo una milicia especial de defensa, inspirada en el sometent catalán. Además, se practico una dura política contra los nacionalismos periféricos, que fue especialmente anticatalanista. Así pues, a pesar de Ia actitud benevolente de la burguesía catalana hacia el golpe militar, se suprimió Ia Mancomunidad y se prohibió el uso público del catalán.
El problema marroquí se resolvió favorablemente gracias a Ia ofensiva conjunta hispanofrancesa. El éxito del desembarco en la bahía de Alhucemas (1925) significo la rendición de Abd-el-Krim y la ocupación del territorio rifeño (1927). Además, este hecho potencio la influencia del sector > dentro del ejército.
El Directorio Civil
La victoria en Marruecos afianzo el poder personal de Primo de Rivera, que, además, consiguió cierta popularidad al restablecer la paz social. Ante lo favorable de Ia situación, intento institucionalizar la dictadura sustituyendo el directorio militar por un directorio civil. El directorio civil se constituyo en 1925 como un consejo dirigido por Primo de Rivera e integrado exclusivamente por militares y por miembros de la Unión Patriótica. Inicio una política social y económica intervencionista, que logro un aparente éxito respaldado, en parte, por la favorable situación económica internacional. Esta favorable coyuntura económica mantuvo al régimen hasta 1930.
La Política Económica
El Estado oriento su política económica a fomentar las obras publicas y a crear grandes monopolios. Además, practico el proteccionismo arancelario para favorecer a los empresarios españoles.
Se mejoro la red de carreteras y de ferrocarril, y se crearon confederaciones hidrográficas para potenciar el regadío y la electrificación.
El aumento de las obras públicas favoreció a algunos sectores industriales que, en el caso de que no fueran rentables, eran financiados con capital público. Se crearon monopolios que se beneficiaron de la política proteccionista.
Cabe destacar Ia cesión del monopolio telefónico a una empresa norteamericana que creó la Compañía Telefónica Nacional de España en 1924, y la creación de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAIVIPSA) en 1927, que, con capital del Estado y de la banca privada española, obtuvo el monopolio de la importación, distribución y venta de petróleos y derivados.
Esta política fue espectacular a corto plazo, pero a largo plazo supuso un enorme gasto publico que desequilibro la Hacienda del Estado.
La ausencia de reformas estructurales en la agricultura mantuvo al campo español en su atraso secular. No se modernizaron las técnicas agrícolas, por lo que las cosechas no eran rentables y el campesinado, con unas míseras condiciones de vida, continúo teniendo un bajo poder adquisitivo. Esta situación mantuvo el débil mercado interior heredado del siglo xix, lo que dificulto la expansión industrial.
La Política Social
La política social se caracterizo por la represión de los sindicatos (la CNT fue ilegalizada, pero no la UGT, que había adoptado una actitud pasiva ante el golpe militar) y por un cierto reformismo social de carácter paternalista, que introdujo algunas mejoras en la situación de los trabajadores: seguro de enfermedad, descanso dominical, viviendas protegidas, enseñanza profesional…
El Estado creo la Organización Corporativa
Nacional, a semejanza de las corporaciones fascistas italianas, que integraba a obreros y patronos en comités paritarios, agrupados por oficios y profesiones, a nivel local, provincial y nacional. Su objetivo era regular las condiciones laborales, controlar el movimiento sindical y evitar la conflictividad social.
La Oposición al régimen y el fin de la dictadura
Con la ilegalización de los partidos políticos, las primeras voces que se alzaron contra la dictadura provinieron de los intelectuales, muchos de los cuales se
habían exiliado o habían sido desterrados por su crítica a la ausencia de derechos y libertades. Este fue el caso de Miguel de Unamuno o de Vicente Blasco Ibáñez. La universidad también se unió a la oposición, con organizaciones como la Federación Universitaria Escolar (FUE), y con tendencias cada vez mas orientadas hacia el republicanismo.
La oposición a la dictadura fue creciendo progresivamente y, desde 1925, alcanzó a todos los sectores políticos:
—- La actitud del socialismo oscilo entre los partidarios de aprovechar Ia tolerancia que el régimen les ofrecía para influir en la política social y los que se oponían radicalmente. La UGT participo en los comités paritarios para conseguir mejoras laborales y extender su influencia en las empresas.
— El anarquismo, con Ia CNT prácticamente desarticulada, sufrió la escisión de su sector más radical, que creó la Federación Anarquista ibérica, grupo partidario de la insurrección y la violencia.
— El catalanismo se radicalice y se decante hacia la izquierda como respuesta a Ia represión. Protagonizó algunas acciones de gran impacto internacional, como el intento de incursión armada desde Prats de Mollo (Francia, 1926) Llevado a cabo por Francesc Macia al frente del partido independentista Estat Catala.
— Los republicanos, aunque seguían divididos, fundaron Ia Alianza Republicana (1926) y, junto con el socialismo, se perfilaron como Ia única opción verdaderamente renovadora, a Ia que se adhirieron el mundo académico e intelectual, los estudiantes y algunos sectores del ejercito. Los republicanos aglutinaron el movimiento opositor, que desde 1929 se extendió también a los sectores empresariales.
A partir de 1928, se intensificaron las críticas a Ia dictadura a causa de Ia crisis económica que afectaba a todos los sectores de Ia sociedad (aumento del paro, endeudamiento del Estado, devaluación de Ia peseta…), de Ia agitación social provocada por las acciones de protesta de Ia universidad y de Ia progresiva retirada de confianza de oficiales del ejército hacia el dictador.
En este clima de malestar y creciente oposición al régimen, el rey Alfonso XIII, preocupado porque Ia opinión publica e Internacional identificaba Ia monarquía con Ia dictadura, retiro su apoyo a Primo de Rivera. Finalmente, el dictador dimitió el 28 de enero de 1930. Fue sustituido por un gobierno presidido por el general Dámaso Berenguer, conocido popularmente como dictablanda. Con este gobierno, el rey pretendía volver al sistema de Ia restauración, restituyendo Ia Constitución de 1876 y convocando elecciones, pero después de los acontecimientos vividos, el cambio de sistema político era ya inevitable.
La Proclamación de la Segunda republica
La Segunda Republica española fue proclamada el 14 de abril de 1931, como consecuencia de la mala gestión política de la monarquía, incapaz de afrontar los graves problemas que el Estado arrastraba desde el siglo xix y desacreditada, además, por haber apoyado la dictadura de Primo de Rivera. (
El gobierno provisional instaurado en abril emprendió las reformas necesarias para democratizar y modernizar España, a pesar de la desfavorable coyuntura internacional, dominada por la crisis económica y Ia ascensión de los fascismos. El nuevo régimen pronto se encontré con la oposición de las ciases económicamente dominantes y de un amplio sector del proletariado, con aspiraciones revolucionarias.
La Caída de La Monarquía y la instauración del gobierno provisional
Después de la dimisión de Primo de Rivera (1930), el gobierno del general Berenguer pretende volver a la situación de 1923 y restablecer la Constitución de 1876. Pero los problemas internos de los partidos dinásticos y el malestar social favorecieron Ia cohesión de la oposición antimonárquica, que pronto reclamo transformaciones democráticas.
El 17 de agosto de 1930, los diferentes partidos republicanos y nacionalistas firmaron el Pacto de San Sebastián, para impulsar un movimiento político
revolucionario que, mediante una insurrección armada apoyada por movilizaciones populares, derrocase Ia monarquía e instaurase la republica.
Los firmantes del pacto pronto obtuvieron el apoyo de los socialistas y de la CNT] legalizada después de la caída de Primo de Rivera.
El movimiento revolucionario fue un fracaso. La insurrección militar, centrada en Jaca, fue reprimida y la huelga general no llego a convocarse. Pero el fracaso no evito la crisis del gobierno Berenguer, ni los malestares crecientes contra el regimen en los ambientes tanto intelectuales y universitarios como populares e, incluso, entre algunos sectores monárquicos.
En estas circunstancias, el gobierno se vio forzado a convocar elecciones municipales (12 de abril de 1931), que fueron planteadas por la oposición como
una consulta a favor de la monarquía o de la republica. A pesar del fraude electoral, las candidaturas republicano–
Socialistas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades más importantes de las regiones industriales, donde la opinión publica era más independiente.
Ante los resultados electorales, el rey Alfonso Xlll opto por el exilio y el 14 de abril de 1931 se proclamo la Republica en varias ciudades españolas. Finalmente, Niceto Alcalá-Zamora, en nombre del comité revolucionario, lo hizo desde Madrid para toda España, constituyendo un gobierno provisional formado por republicanos, socialistas y nacionalistas.
El gobierno provisional, que pronto convoco elecciones constituyentes, inicio una serie de reformas urgentes en los ámbitos social y militar que se desarrollaron posteriormente con el primer gobierno de la republica. Se inicio una legislación destinada a mejorar la situación laboral del campesinado y se empezó a planificar la reforma educativa. También se llevaron a cabo medidas para reformar el ejército, con el objetivo de asegurar su lealtad a la Republica y racionalizar su estructura organizativa para hacerla más eficaz.
Las actuaciones reformistas contaron desde el principio con la oposición de un sector del ejército y de la oligarquía económica, puesto que veían peligrar sus intereses. Pero, sobre todo, chocaron con la iglesia, que tradicionalmente había cumplido una función legitimadora del poder y el orden social, y se resistía a aceptar la concepción laica que los republicanos tenían del Estado. Esta actitud provoco una oleada anticlerical que se manifestó en la quema de conventos.
Tampoco colmaron las expectativas de una parte del proletariado, que aspiraba a la revolución social y al inmediato reparto de tierras. Se rompieron así la unanimidad y el apoyo generalizado que acompañaron a la proclamación del nuevo régimen.
La Coyuntura Internacional
El contexto internacional tampoco favoreció la estabilización del nuevo régimen, puesto que los años treinta se caracterizaron por una profunda crisis económica y el auge de los regímenes políticos autoritarios.
Así, en Europa empezaban a notarse los efectos de la crisis económica mundial que se había iniciado en 1929 con la caída de la bolsa de Nueva York. Esta crisis tuvo menor incidencia en España debido al atraso económico, al predominio del sector agrícola y al aislamiento provocado por el proteccionismo aduanero. A pesar de todo, contribuyo a desestabilizar la economía y la sociedad, lo que incremento los problemas del nuevo régimen.
El comercio exterior y las inversiones extranjeras fueron los sectores más afectados por la crisis, la cual incidió en el incremento del desempleo. El paro, que ya era endémico en el campo, fue el factor que contribuyo en mayor grado a agudizar las tensiones sociales, ya que el gobierno republicano carecía de recursos suficientes para adoptar medidas de protección social.
En este ambiente de crisis económica y malestar social, en Europa proliferaron los autoritarismos.
Influidos por el fascismo italiano, en el poder desde los años veinte, y por el nazismo alemán, que gobernó a partir de 1933, estos sistemas se presentaban como los únicos capaces de superar los problemas socio económicos de la sociedad y, en un país en crisis y con poca tradición democrática como España, estos ejemplos dificultaron la supervivencia de la Republica. Por otro lado, el ejemplo del régimen comunista soviético también dificultaba la aceptación del reformismo republicano por parte de las clases proletarias, que ansiaban cambios más rápidos y radicales.
Diversidad de ideologías y partidos políticos
Con la Republica, se diversificaron los partidos políticos, los cuales defendían proyectos políticos y modelos de sociedad y de Estado contradictorios y hasta excluyentes. No pudieron formar gobiernos salidos ni consolidar mayorías parlamentarias, lo que reste eficacia a la Republica.
Los republicanos seguían divididos en diversas tendencias:
— En la derecha destacaban el Partido Radical de Alejandro Lerroux, en una posición de centre cada vez más conservadora y ambigua, el Partido Republicano Progresista de Niceto Alcalá-Zamora y el Partido Republicano Conservador de Miguel Maura, de tendencia católica y con bajo contenido social.
— En la izquierda destacaban Acción Republicana (después izquierda Republicana) de Manuel Azaña y el Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, que reivindicaba un Estado laico y el reformismo social.
Las organizaciones obreras favorables a la Republica estaban representadas por el PSOE de Indalecio Prieto y Julián Besteiro y su filial sindical (UGT), con Francisco Largo Caballero, que representaban a un amplio sector de la clase obrera. Adoptaron una postura reformista al aliarse con los republicanos de centre—izquierda durante el primer bienio.
El resto de las organizaciones obreras no apoye incondicionalmente al nuevo régimen. El sindicato anarco—sindicalista CNT volvió a adquirir un gran protagonismo, con líderes como Buenaventura Durruti o Frederica Montseny. Empezó a despuntar el Partido Comunista (PCE), formado en 1921 como escisión del PSOE, con José Díaz y Dolores lbarruri. El nuevo Partido Obrera de Unificación Marxista (POUM), liderado por Andreu Nin y formada por comunistas contrarios a la obediencia soviética, tuve cierta incidencia en Cataluña.
Los nacionalistas fueron favorables a la Republica. Cabe destacar el importante papel de los partidos catalanes, especialmente Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderada por Francesc Maciá y Lluís Companys, que había relevada electoralmente a la conservadora Lliga Regionalista de Francesc Cambe. También adquirieren un gran protagonismo la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), de Santiago Casares Quiroga, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con José Antonio de Aguirre.
Las fuerzas políticas de derechas contrarias a la República estaban formadas por: los catalices de Acción Popular que, en 1933, formaron la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José Mº Gil—Robles; los monárquicos alfonsinos agrupados en Renovación Española, con José Calvo Sotero; los carlistas de la Comunicen Tradicionalista; los propietarios agrícolas, especialmente de Castilla y Leen, que formaron
el Partido Agrario.
Asimismo, se articularon los primeros grupos autoritarios paramilitares próximos al fascismo. En 1931, Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo fundaron las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), y en 1933 José Antonio Primo de Rivera funde Falange Española. En 1934 se fusionaron las dos organizaciones.
El Bienio Progresista (1931-1933)
Las elecciones a Cortes constituyentes se celebraron el 28 de junio de 1931, según la nueva ley electoral, que concedía el derecho de voto a los hombres mayores de 23 anos y ampliaba las circunscripciones electorales para combatir el caciquismo. Fue el primer proceso electoral democrático en España desde el sexenio democrático.
El Parlamento, con una mayoría republicano-socialista, redacto una nueva Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931. Al día siguiente, las Cortes eligieron al conservador Niceto Alcalá-Zamora presidente de la República. Hasta 1933, Manuel Azaña presidio el gobierno, en el que no participaron los radicales, y, a pesar de la oposición de la derecha y de parte de las organizaciones obreras, impulso una política reformista.
La Constitución de 1931
La Constitución de 1931 reflejaba, por primera vez, un sistema democrático de gobierno, basado en unas Cortes unicamerales (el Congreso de los Diputados) que ejercían el poder legislativo y que eran escogidas por sufragio universal de los mayores de 23 anos para un mandato de cuatro anos. Así pues, era la primera vez que se concedía el voto a las mujeres, las cuales también podían ser elegidas como diputadas.
El gobierno, con poder ejecutivo, era responsable de su gestión ante las Cortes. El presidente de la Republica era elegido por las Cortes, por un periodo de seis anos, y podía nombrar o destituir al jefe de gobierno, promulgar las leyes y disolver las Cortes, aunque su actuación estaba subordinada al poder legislativo.
También se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales para decidir sobre Ia constitucionalidad de las leyes.
Como corresponde a un sistema democrático, se reconocieron las libertades individuales y los derechos sociales y políticos, tanto para hombres como
para mujeres. Así, se estableció la libertad religiosa, la libertad de expresión, asociación y reunión, etc.
Sin embargo, la falta de un amplio consenso de todos los partidos provoco fricciones, especialmente en los temas más problemáticos, como la estructura del Estado y la cuestión religiosa.
La estructura del Estado era unitaria, pero se reconocía el derecho de autonomía a los municipios y regiones, aunque el artículo 13 negaba la federación entre regiones autónomas.
La cuestión religiosa se abordo en los artículos 26 y 27, en los cuales se reflejaba la voluntad de republicanos y socialistas de eliminar el inmenso poder e influencia de la Iglesia en la sociedad española. Se establecía Ia separación iglesia-Estado, instaurando un régimen laico. También se suprimía el presupuesto del clero y culto católicos, y las órdenes religiosas no podían ejercer la enseñanza. Los republicanos conservadores no aceptaron lo que consideraban un atentado a Ia libertad religiosa, y Miguel Maura y Aléala-Zamora abandonaron el ejecutivo; Manuel Azaña paso a ocupar la presidencia del gobierno provisional.
-Las Reformas Progresistas
EI gobierno de coalición republicano-socialista, dirigido por Azaña, realizo importantes reformas, aunque su aplicación practica no fue satisfactoria en todos los casos.
La Reforma Religiosa
Además de las Ilimitaciones constitucionales, se aprobaron varias leyes para reducir el poder de la Iglesia en todos los ámbitos. Se disolvió Ia Compañía de
La Iglesia se alineo rápidamente contra Ia Republica, con el apoyo de la oligarquía económica y de los pequeños y medianos propietarios que, bajo la bandera del catolicismo, defendían sus intereses, afectados también por otras reformas.
La Reforma Militar
La reforma militar era necesaria para profesionalizar el ejército, racionalizar los ascensos, reducir el excesivo número de jefes y oficiales, además de asegurar su fidelidad a la Republica y alejar a los mandos monárquicos. La Ley Azaña de abril de 1931 permitía el retiro voluntario anticipado a los militares que no quisiesen jurar fidelidad a la Republica manteniendo su sueldo integro; se redujeron las regiones militares y se suprimieron las capitanías generales y Ia Academia Militar de Zaragoza, dirigida entonces por el general Franco, considerada ineficaz y antirrepublicana.
También se creó Ia Guardia de Asalto, se sometió Ia jurisdicción militar a la civil y se redujo a un año el servicio militar. Estas reformas provocaron malestar en el ejército, pero en realidad quedaron limitadas por la falta de presupuesto.
La Reforma agraria
La reforma agraria era una cuestión pendiente en España y el gobierno provisional promulgo algunos decretos para iniciarla.
Finalmente, en 1932, el gobierno Azaña aprobó la Ley de Reforma Agraria con el objetivo de eliminar el latifundismo y crear una clase de pequeños propietarios que facilitase la modernización de la agricultura y el aprovechamiento de las tierras.
La ley establecía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los Grandes de España y, con indemnización, de las grandes fincas no cultivadas directamente por los propietarios, las tierras deficientemente cultivadas y las no regadas en zonas de regadíos. Su aplicación Ia realizo el Instituto de
Reforma Agraria (IRA), que entregaba las tierras a las Juntas Provinciales para que las distribuyera individual o colectivamente, según Ia decisión de los campesinos.
La división de opiniones entre los partidos, Ia oposición de los propietarios afectados, la complejidad de Ia ley, Ia falta de presupuesto para pagar las indemnizaciones, las carencias técnicas y organizativas y el carácter burocrático del IFIA se tradujeron en una ineficaz aplicación de la reforma, Io que provoco el descontento del campesinado.
Las reformas Sociales
El socialista Largo Caballero, ministro de Trabajo, dicto medidas destinadas a mejorar la situación laboral del trabajador, tanto del proletariado industrial como del campesinado (promovió seguros sociales, redujo la jornada laboral de los campesinos…).
A pesar de todo, no existió un plan eficaz para combatir el paro, que afectaba a un elevado número de trabajadores.
También se intento reformar la educación en un país en el que más del 33 % de la población era analfabeta. La reforma se centro en la enseñanza primarla: se construyeron nuevas escuelas, se dotaron nuevas plazas de maestro, a los que se subió el sueldo, y se impulso un proyecto pedagógico innovador. Se crearon
También las l\/lisiones Pedagógicas, con el fin de llevar la instrucción y Ia cultura al mundo rural. Además, se suprimió la obligatoriedad de la formación religiosa en las escuelas. Pero, una vez más, la falta de fondos hizo difícil llevar a buen término una reforma educativa.
La Cuestión autonómica
La Republica fue la ocasión para que las nacionalidades históricas reclamasen una nueva organización territorial descentralizada que recogiese las aspiraciones de autogobierno pendientes desde el siglo xix.
En Cataluña, en abril de 1931, E Maciá, de Esquerra Republicana, había proclamado Ia República catalana en un marco federal. Esto obligo al gobierno provisional a negociar con Maciá acia la creación de un gobierno autonómico, la Generalitat. Esta redacto el Estatuto de Nuria, aprobado en referéndum
por un 99% de la población catalana, que reconocía el derecho de autodeterminación y el catalán como única lengua oficial. Pero esto superaba el modelo descentralizador recogido en la Constitución y en septiembre de 1932 las Cortes aprobaron un Estatuto de Autonomía muy recortado respecto al proyecto original. Las elecciones al Parlamento de Cataluña dieron el triunfo a ERC, y Francesc Maciá fue elegido presidente de Ia Generalitat.
En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el tradicionalismo carlista elaboraron el Estatuto de Estella en junio de 1931 basado en la recuperación de los privilegios forales y la defensa del catolicismo. EI gobierno republicano lo rechazo por su conservadurismo. Además, las disensiones entre las fuerzas políticas vascas dificultaron la aprobación de un nuevo proyecto: Navarra rechazo un Estatuto con el resto de las provincias vascas y Álava solo lo aprobó por minoría. Cuando el Estatuto se presento por fin a las Cortes, en 1934, el nuevo gobierno derechista lo paralizo hasta que el triunfo de la izquierda permitió su aprobación en octubre de 1936.
En Galicia, las aspiraciones autonómicas cristalizaron en un Estatuto que, al presentarse en las Cortes una vez ya iniciada Ia guerra civil, no pudo ni empezar a discutirse. El reconocimiento constitucional a Ia autonomía regional propicia otras iniciativas en Valencia, Aragón, Baleares y Andalucía que, frenadas por la política conservadora de los años 1934 y 1935, se relanzaron en 1936, pero se vieron coartadas por la guerra civil.
La Oposición y el fin del gobierno de Azaña
El bienio reformista estuvo amenazado desde el principio por la oposición de la derecha, afectada por las reformas del gobierno y por la izquierda radical, que se mostraba insatisfecha con ellas.
La derecha monárquica propicio la frustrada sublevación militar que dirigió el general Sanjurjo (1932), aprovechando el malestar creado por la cuestión
autonómica, Ia reforma religiosa y los desordenes públicos. Aunque el gobierno pudo sofocarla, se demostró la importancia que tenía el sector antirrepublicano.
Por otra parte, la derecha parlamentaria agrupo a amplias capas de las clases medias urbanas y rurales que, bajo la bandera de catolicismo, confluyeron en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), cuyo líder, Gil-Robles, dirigió una virulenta campaña de desprestigio contra el gobierno y los partidos de izquierda.
En la izquierda obrera la CNT, radicalizada por la Federación Anarquista ibérica (FAI), se oponía al reformismo burgués y propugnaba la revolución Libertaria, canalizando el descontento social provocado por el paro, los escasos resultados de las reformas sociales y la política de contención del gasto publico condicionada por Ia crisis económica. En este contexto, también la UGT se decanto por Ia radicalización.
El ambiente de agitación social iba en aumento desde 1931, lo que se refleja en la convocatoria de huelgas, insurrecciones de trabajadores y ocupaciones de tierras. Entre los conflictos mas graves destacan insurrecciones campesinas como la de castellano (Extremadura), dirigida por la UGT en 1931, o Ia de Casas Viejas (Andalucía), dirigida por la CNT en 1933. La dura e irregular actuación policial, especialmente en Casas Viejas, donde se fusilo a numerosos campesinos indiscriminadamente, desacredito al gobierno e indigno a Ia opinión publica.
El Fin del gobierno de Azaña
El deterioro del gobierno a causa de la represión de los conflictos sociales se vio incrementado por la actitud del Partido Flácida, que maniobro para
debilitar la coalición republicano-socialista uniéndose a la campaña de desprestigio que estaba llevando a cabo Ia derecha. En estas circunstancias, las elecciones municipales de abril de 1933 supusieron un gran avance de radicales y derechistas.
El presidente Alcalá-Zamora retiro su confianza a Azaña, que tuvo que dimitir. Se convocaron elecciones generales para el 19 de noviembre. A estas elecciones, en las que las mujeres ejercieron su derecho al voto por vez primera en España, la izquierda se presento desunida en medio de una fuerte campana abstencionista del anarquismo. En la derecha, en cambio, agrarios y monárquicos se coaligaron con la CEDA en la defensa de la propiedad, la religión y el orden social. Presentaron un programa electoral basado en la reforma de la Constitución y la anulación de la legislación agraria y religiosa.
Los resultados electorales dieron una amplia mayoría a la derecha y expresaron el desgaste de la gestión gubernamental al llevar a cabo las reformas que había establecido.
El bienio conservador (1933-1936)
En las elecciones de 1933, Ia CEDA de Gil-Robles fue el partido más votado, pero no obtuvo mayoría absoluta el Partido Radical de Alejandro Lerroux se convirtió en la segunda tuerza política de las nuevas Cortes. Las discrepancias internas de los partidos de derechas las como las diferencias doctrinales entre los radicales y Ia CEDA provocaron una gran inestabilidad gubernamental, que se plasmo en la formación de numerosos gobiernos durante todo el periodo.
Hasta octubre de 1934, se sucedieron varios gobiernos en minoría presididos por radicales (D. Martínez Barrio, A. Lerroux, Ft. Samper) a causa de la negativa del presidente de Ia Republica Alcalá-Zamora a
entregar el poder a la CEDA, que no reconocía Ia Republica. Los gobiernos radicales mantuvieron una actuación moderada hasta la entrada de Ia CEDA en el gobierno, en octubre de 1934. Se inicio así un periodo de gobierno en coalición de los radicales y las derechas, hasta diciembre de 1935.
Este bienio radical-cediste se caracterizó por el conservadurismo político y la anulación de las reformas sociales, económicas y autonómicas del periodo anterior, por lo que fue llamado
La Revisión de las reformas progresistas
Los aspectos esenciales de la actuación de los gobiernos radical-cedistas fueron los siguientes:
— Aprobación de una Ley de Amnistía para los civiles y militares sublevados con Sanjurjo en 1932. Supuso la vuelta a sus cargos de significados militares contrarios a la Republica.
— Aprobación de un presupuesto para el clero católico y derogación de la Ley de Congregaciones. Permitió a la iglesia volver a las escuelas y recuperar parte de los bienes confiscados.
— Revisión de la reforma agraria, anulando las expropiaciones y suprimiendo las leyes y los decretos relacionados con las mejoras laborales y salariales de los campesinos. Finalmente, en 1935 se recorto el presupuesto para la aplicación de la reforma, lo que significo su definitiva paralización.
— Enfrentamiento con la Generalitat de Cataluña, gobernada por Esquerra Republicana, al ser declarada inconstitucional la Ley de Contratos de Cultivo que
beneficiaba a los arrendatarios y que ya había aprobado el Parlamento catalán.
También se opusieron a la aprobación del Estatuto vasco, a pesar de la orientación conservadora y católica del PNV
Otras actuaciones políticas realizarlas por ministros de la CEDA mas allá de la revisión ole la legislación anterior fueron: la ley de arrendamientos rústicos, la promoción de viviendas ole alquiler y la política de obras públicas
Radicalización sociopolítica: la revolución de octubre de 1934
El freno de las reformas y las consecuencias de la Crisis económica favorecieron el aumento de la agitación social. El problema agrario y la Cuestión autonómica fueron los aspectos más problemáticos
La política agraria y la ofensiva de la patronal del campo desencadenaron numerosas huelgas campesinas, convocadas por la CNT, por la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), próxima a UGT, que derivaron en choques con las fuerzas del orden. La dure represión desmanteló las organizaciones campesinas.
En Cataluña y el País Vasco, la actitud antiautonómica del gobierno provocó un aumento del clima de tensión. En Cataluña, la política de izquierdas del gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, desencadenó constantes enfrentamientos. En el País Vasco, la paralización del proyecto de Estatuto y el recorte de los privilegios fiscales generó tensiones con los ayuntamientos vascos.
En este ambiente de agitación social, la entrada de la CEDA en el gobierno, en octubre de 1934, fue percibida por la izquierda y por’ el movimiento obrero como un intento de Gil Robles de destruir la República por medios legales, como había hecho Hitler en Alemania, y decidió recurrir a la fuerza para evitarlo.
Cabe destacar que, en este momento, en la UGT triunfaban las tesis de Largo Caballero favorables a no colaborar con la izquierda burguesa y a promover la vía insurreccional junto con el resto de las fuerzas sindicales. Los comunistas, por su parte, grupo de escasa incidencia hasta entonces, entraron en la Alianza Obrera (comités conjuntos UGT-CNT) y se acercaron a los socialistas.
Así pues, la mayor parte de las organizaciones obreras convocaron una huelga general el 5 de octubre de 1934. La huelga tuvo un seguimiento irregular y fue reprimida rápidamente por el gobierno, que declaró el estado de guerra. Además, la no intervención de la CNT y de las organizaciones agrarias, diezmadas por las huelgas anteriores, y la falta de Coordinación contribuyeron al fracaso del movimiento.
Sólo en Cataluña y Asturias triunfó momentáneamente la insurrección. En Cataluña, el presidente Companys se enfrentó al gobierno radical-cedista proclamando el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. La intervención del ejército y la falta de apoyo de la CNT frustraron la sublevación. Los miembros del gobierno autónomo fueron encarcelados y el Estatuto fue suspendido.
En Asturias, la huelga se convirtió en una auténtica revolución social. La Alianza Obrera, que integró también a la CNT junto a diversos grupos comunistas y socialistas, tomó el poder en Oviedo y la cuenca minera durante dos semanas. Miles de obreros armados ocuparon casi toda la región y organizaron comités para dirigir la lucha y las actividades en las zonas controladas, desde la economía a los servicios de transportes, el abastecimiento y la sanidad. La intervención del ejército y la Legión, al mando del general Francisco Franco, aplastó el movimiento después de una lucha encarnizada que provocó más de mil muertos.
La revolución se saldó con una dura represión: 30000 encarcelados, torturas, ejecuciones sin juicios, condenas a muerte, destitución de ayuntamientos de izquierdas, Censura de prensa…
También en el bando revolucionario se cometieron excesos y atrocidades, como el saqueo de propiedades o el asesinato de guardias civiles y sacerdotes.
La Crisis del gobierno Radical cediste
El alargamiento y la contundencia de la represión por los hechos de octubre produjeron una reacción popular favorable a la izquierda obrera y la aproximación de ésta a republicanos y nacionalistas, que actuaron unidos en comités pro amnistía y actos antigubernamentales. Además, la actitud impune de la patronal, bajando salarios y despidiendo a los obreros afiliados a sindicatos, sin respetar las leyes ni los contratos laborales, acentuó la tendencia de la izquierda a unirse en defensa de los derechos perdidos.
Por otra parte, a lo largo de 1935, la política del gobierno se hizo más reaccionaria: paralización definitiva de la reforma agraria, reducción del presupuesto de educación, acercamiento a la Alemania nazi en política exterior, nombramiento de militares antirrepublicanos para ocupar cargos de responsabilidad en el ejército…
Además, se permitió a la derecha fascista actuar abiertamente contra la izquierda y la República.
El duro enfrentamiento entre grupos de derecha y de izquierda provocó una creciente división social y política de España, influida además por la situación internacional.
En los años treinta, los fascismos europeos habían ascendido al poder y se presentaban como una solución a la crisis de las democracias liberales y un medio de contener el avance del comunismo. Identificada con los fascismos triunfantes, la extrema derecha española se fortaleció. El Bloque Nacional y Falange Española y de
las JONS se opusieron a la política de la CEDA por considerarla moderada, y la violencia se adueñó de sus organizaciones juveniles, que pronto atrajeron a militantes de la CEDA.
Como respuesta al avance del fascismo, los partidos comunistas europeos, a través de la lll Internacional, orientada doctrinalmente desde Moscú, propusieron la formación de un Frente Popular para unir a todas las fuerzas liberales y de izquierdas contra la amenaza fascista. La primera experiencia unitaria se dio en Francia y pronto se formó también en España.
En este clima de creciente tensión sociopolítica, el gobierno conservador se vio inmerso en una grave crisis. La causa fue la salida a la luz pública de varios escándalos de corrupción, como el relacionado con la concesión de permisos para un tipo de ruleta llamada straperlo, que obligaron a Lerroux a dimitir y hundieron al Partido Radical, sin el cual era imposible obtener mayoría de gobierno.
Ante esta situación, a finales de 1935, el presidente Alcalá-Zamora nombró jefe de gobierno al centrista Portela Valladares, puesto que no se fiaba de Gil-Robles para entregarle el poder. Este gobierno fue el encargado de convocar nuevas elecciones.
La Victoria del Frente Popular
Ante la convocatoria de elecciones, los republicanos de centro-izquierda, los socialistas y los comunistas del PCE y del POUM suscribieron un pacto (enero de 1936) por el que constituían el Frente Popular, con el objetivo de presentarse unidos a los comicios defendiendo la continuación de las reformas del primer bienio y la amnistía a los represaliados de octubre de 1934. La CNT a pesar de que no firmó el pacto recomendó a sus afiliados votar a la coalición.
Por el contrario, la derecha tuvo dificultades para unirse en un frente antirrevolucionario, a causa de las querellas internas entre la CEDA y la extrema derecha, por lo que pactó sólo acuerdos parciales.
La campaña electoral fue extremadamente agresiva y puso de manifiesto la actitud insurreccional de la derecha fascista y la división de España en dos bloques antagónicos. Finalmente, el Frente Popular consiguió la victoria y reemprendió la tarea reformista del primer bienio, pero durante los cinco meses que duró su gobierno se acentuó la polarización política y aumentó el deterioro de la convivencia social.
LA continuación del reformismo
El nuevo gobierno, presidido por Manuel Azaña, estaba formado por miembros de Izquierda Republicana (Azaña) y Unión Republicana (Martínez Barrio), como se había acordado en los pactos preelectorales. Eran partidos republicanos que contaban con el apoyo de socialistas y comunistas.
En este nuevo período republicano, Alcalá―Zamora Continuó ejerciendo como presidente hasta el mes de mayo, cuando fue destituido por las Cortes a iniciativa de la izquierda. Azaña fue elegido nuevo presidente de la República y Santiago Casares Quiroga fue nombrado jefe de gobierno.
El gobierno del Frente Popular inició su labor aplicando el programa electoral. Se concedió una amplia amnistía política y se restituyeron los cargos públicos suspendidos; se restauró la Generalitat de Cataluña, con el gobierno de Companys; se inició la tramitación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Galicia; se concedió mayor autonomía a los municipios; se readmitió a los trabajadores despedidos y represaliados por actividades políticas O sindicales; y la reforma de la enseñanza recibió un nuevo impulso.
También se reanudó la reforma agraria con una serie de medidas: suspensión del pago de arrendamientos en Andalucía y Extremadura; prohibición de los
desahucios por impago; y asentamientos de miles de Campesinos. De hecho, el gobierno se vio obligado a legalizar las tierras ocupadas espontáneamente por los campesinos, con la ayuda de las organizaciones agrarias, sobre todo en Extremadura. Con este procedimiento, más de 500000 hectáreas de tierra fueron expropiadas en estos meses, hecho que suscitó un gran temor entre los propietarios.
Problemas Internos, oposición y radicalización social
A pesar de los acuerdos de las izquierdas, las diferencias internas surgieron pronto, pues en el Frente Popular coexistían dos tendencias: los partidarios del reformismo democrático y los que se mostraban favorables a iniciar un proceso revolucionario. En realidad, la confluencia electoral de ambas fue un hecho coyuntural, como un medio para contener a la derecha.
Tras las elecciones, Largo Caballero impuso la estrategia revolucionaria en el PSOE, la UGT y las Juventudes Socialistas, apartándose del reformismo suscrito en el pacto electoral. Menos radical se mostró el Partido Comunista, que defendía el apoyo al gobierno republicano, para consolidar las transformaciones democráticas, y que se mostró contrario a los desórdenes públicos que alarmaban a las clases medias. La CNT continuó impulsando los movimientos revolucionarios.
Estos planteamientos explican las actuaciones revolucionarias de un sector de la izquierda y el clima de tensión que se desató: huelgas continuadas; ocupaciones de tierras; asaltos de iglesias, conventos y periódicos; choques entre cenetistas y ugetistas, que rivalizaban por aumentar su influencia entre los obreros; altercados entre campesinos y guardias civiles…
Los sectores conservadores de la sociedad se alarmaron ante la política reformista que amenazaba su poder económico, y por la radicalización obrera que subvertía el orden burgués. Así pues, apoyaron a las fuerzas políticas que representaban sus intereses:
el Bloque Nacional y la CEDA, y formaron un verdadero contrapoder en defensa del orden, la propiedad, la religión y la patria, mediante la insurrección contra la izquierda.
El gobierno fue incapaz de frenar la espiral de violencia e imponer medidas de consenso que solucionasen la crisis social y la desestabilización del equilibrio democrático.
En la primavera de 1936 la confrontación política se intensificó en todos los ámbitos y proliferaron los enfrentamientos callejeros y los atentados tantos contras líderes de derechas como de izquierdas. La violencia partía de ambos bandos, pero para el Bloque Nacional y la Falange se trataba de un medio para desestabilizar al régimen. Para ello, contaron además con el apoyo de algunos militares que, desde la Unión Militar Española, preparaban una conspiración contra la República desde la misma noche electoral. Aunque el gobierno alejó de Madrid a los generales sospechosos (Franco a Canarias, Mola a Pamplona y Goded a Baleares), la sublevación siguió organizándose.
En esta atmósfera de inquietud, el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, fue vengado por un grupo de compañeros y militantes socialistas con el asesinato de José Calvo Sotero, jefe de la oposición monárquica. Este acontecimiento fue utilizado como excusa para el golpe militar del 17 de julio de 1936, planeado desde hacía tiempo y que, al fracasar, desembocó en la guerra civil.