TEMA 2:

Isabel II: INTRODUCCIÓN

El concepto de revolución liberal–
Burguesa es esencial para explicar las transformaciones sufridas por las sociedades occidentales en la actualidad. Se podría definir como un proceso violento de sustitución de la sociedad feudo-señorial del Antiguo Régimen por una nueva sociedad liberal-burguesa y capitalista.

Al morir Fernando VII, durante siete años se enfrentaron los carlistas, de ideas conservadoras y fieles a Carlos V, contra los liberales partidarios de Isabel II;
Los focos de batalla se encontraban sobre todo en País Vasco y Navarra. Al principio, el tiempo que perdieron los liberales en organizarse fue aprovechado por Zumalacárregui para formar un ejército experimentado y obtener numerosas victorias; pero la obsesión de los carlitas por las capitales vascas extendíó la guerra demasiado.

Con el cansancio de la contienda, los generales Maroto (carlista) y Espartero (liberal) negociaron el Convenio de Vergara (Agosto 1839); los liberales se comprometían a mantener los fueros vascos, mientras que los pactistas de Maroto reconocían a Isabel II como reina. En 1840 concluía la guerra y los liberales implantaron un régimen constitucional.

EVOLUCIÓN POLÍTICA (1833-1843)

A) REGENCIA DE MARÍA Cristina

A la muerte de Fernando VII, la reina gobernadora se propuso realizar una serie de reformas para contentar tanto a los carlistas como a los liberales; la posterior guerra demostró que esto era imposible. Sin embargo, los gobiernos que se sucedieron en Madrid tuvieron diferentes actitudes.

TIPOS DE LIBERALISMO Y ESTATUTO REAL

Dentro del liberalismo habían dos corrientes no muy diferenciadas: moderados y progresistas. Ambos aceptaban ciertas bases, como la Constitución, el sufragio censitario y en un régimen con libertades individuales, pero había algunas diferencias:

– El modelo moderado atendía más a intereses económicos que políticos: su objetivo era construir un Estado unitario servido por una administración centralizadora controlada por clases propietarias, sin intervención de las clases populares. Consideran la monarquía como institución clave del sistema político.

– El modelo progresista planteaba un programa reformista sustentado en principios políticos: la soberanía reside en el pueblo, representado por las Cortes. El rey reina, pero no gobierna porque es un poder neutral. Encontraron apoyo en las clases medias, artesanos y obreros industriales.

En Enero de 1834, el ministro Martínez de la Rosa, sucesor de Cea Bermúdez, intentó conciliar a moderados y progresistas para ayudar a María Cristina frente al carlismo: el resultado fue la elaboración del Estatuto Real. Esta era una Carta otorgada parecida a la Carta constitucional de Luis XVIII en 1814: el monarca se limitaba a consentir a su lado otros poderes del Estado. Además era una Constitución incompleta, ya que no regulaba los poderes del Gobierno ni los derechos de los ciudadanos. Su promulgación no convencíó a los liberales, que pedían una nueva Constitución. 

CONSTITUCIÓN DE 1837

La incierta evolución de la guerra carlista y los problemas de la Hacienda resultaron en una serie de rebeliones que culminaron con el pronunciamiento de los sargentos en La Granja (Agosto 1836), que obligó a la regente a entregar el gobierno a los progresistas. La dificultad de adaptar la Constitución de 1812 condujo al establecimiento de una nueva Constitución (Junio de 1837).

Era una Constitución breve, bicameral, basada en los principios de la soberanía nacional, división de poderes y derechos individuales; todo esto acordado entre progresistas y moderados. Sus aspectos más progresistas eran la libertad de prensa, la autonomía política de los ayuntamientos y el restablecimiento de la Milicia Nacional.

B) REGENCIA DE Espartero

Tras el fin de la guerra carlista, el general Espartero se había convertido en un ídolo entre los progresistas, sobre todo después de su participación en los alzamientos frente al proyecto de Ley de Ayuntamientos, opuesta a lo establecido en la Constitución vigente. Sin embargo, la reina lo firmó, lo que provocó una serie de desórdenes y concluyeron con la renuncia de María Cristina y la formación de un ministerio-regencia presidido por Espartero, que duró hasta 1841, cuando las Cortes lo eligieron regente. Durante tres años gobernó de manera estricta y autoritaria, reprimiendo con dureza los pronunciamientos moderados; incluso en 1842, ordenó bombardear Barcelona por unos motines causados por una crisis industrial.

Las revueltas encabezadas por generales moderados partidarios de Mª Cristina (O’Donnell, Narváez, de la Concha…) hicieron que su regencia finalizase a finales de 1843; ambas corrientes liberales habían decidido acabar con su excesivo poder personal.

 LA DÉCADA MODERADA (1844-1854)

Cuando Narváez llega a la presidencia del Gobierno en 1844, inició unas reformas que limitaban las libertades progresistas y robustecían el poder de la Corona; sus principios se basaban en el orden público estricto y el control político de una administración centralizada. Para garantizar estos principios, la Milicia Nacional fue sustituida por la Guardia Civil, y en 1845, los alcaldes pasaron a ser nombrados por el Gobierno, que también se hicieron con el control directo de la imprenta y la prensa.

Estas reformas culminaron con la promulgación de la Constitución de 1845, sustituyendo el principio de soberanía nacional por la soberanía compartida; se limitaba el poder de las Cortes en beneficio del rey.

EL CONCORDATO DE 1851

Además de esto, la Constitución establecía que la religión de España era la católica, apostólica y romana; así los moderados pretendían restablecer las relaciones con el Papa, después de la ruptura provocada por las desamortizaciones de Mendizábal. Se negoció así un concordato que se firmaría en 1851 (con Bravo Murillo), cuyas principales repercusiones fueron la intervención de los obispos en la enseñanza y el apoyo de los gobiernos en la represión de las »doctrinas heréticas». (DOCUMENTO 161)

En el orden político, los gobiernos conseguían la aceptación por Roma de la desamortización y el derecho a la presentación de obispos, lo que favorecía a los moderados al poder presentar candidatos afines a sus pretensiones. Este pacto ayudó a mantener la tranquilidad general en el orden público, lo cual era muy importante.

ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Los objetivos de los moderados eran tres: un orden jurídico unitario, una administración centralizada y una hacienda con impuestos únicos. El deseo de tener un corpus de leyes unitario y la eliminación de fueros, leyes y costumbres excepcionales hizo que en 1843 se formase una Comisión General de Codificación, para elaborar un proyecto de código civil centrado en la defensa de la propiedad privada. Aunque fue rechazado en 1851, será la base para la redacción del código de 1889. La centralización y organización administrativa quedó consolidada desde Enero de 1848, concentrando en los gobernadores civiles la autoridad provincial.Un decreto de 1845 centralizó la instrucción pública y se organizó la enseñanza en distintos niveles, según el modelo francés. Esto fue propuesto por el marqués de Pidal, aunque no acabó de consolidarse hasta la ley de 1857, con el ministro Claudio Moyano. La más urgente de las reformas fue la hacendística, por la que se refundían los antiguos impuestos en unos pocos de corte moderno; pero los fraudes y la evasión fiscal la hizo fracasar, y hubo que recurrir de nuevo a potenciar los impuestos indirectos.

EL BIENO PROGRESISTA (1854-1856):

La corrupción del gobierno moderado a causa del clan de los polacos llevaron a la calle a las clases populares. Esto provocó la revolución de 1854, que trajo consigo un cambio de orientación de la política de España, mediante un pronunciamiento militar: una facción del ejército encabezada por O’Donnell se pronunció en Vicálvaro, enfrentándose a las tropas del Gobierno. El resultado quedó indeciso y O’Donnell se retiró a Andalucía.En Manzanares se le uníó el general Serrano y ambos decidieron lanzar un Manifiesto al País con promesas progresistas, desembocando en un movimiento popular y progresista. A la vista de estos sucesos, la reina Isabel II decidíó entregar el poder al general Espartero: finalizaba así la Década Moderada y comenzaba el Bienio Progresista. Los gobiernos se esforzaron en la elaboración de una nueva Constitución non nata, debido a los conflictos políticos posteriores. El texto refleja el ideario progresista: soberanía nacional, limitaciones a la Corona, el regreso de la Milicia Nacional, la elección de los alcaldes por los vecinos, un Senado elegido por votantes y autonomía de las Cortes. La política económica se basó en la desamortización de Madoz, la recuperación del crédito bancario (Ley Bancaria de 1856) y el fomento del ferrocarril (Ley de Ferrocarriles 1855).El carácter progresista de esta etapa facilitó la consolidación de nuevas corrientes liberales, como el socialismo y el federalismo. Durante estos dos años, los gobiernos progresistas se vieron hostigados en las Cortes tanto por los derechistas como por la izquierda radical, lo que produjo movimientos obreros y aumento la inseguridad en las calles.

LA UníÓN LIBERAL (1856-1868):

Ante la inestabilidad existente, en 1856 O’Donnell dio un Golpe de Estado, finalizando el Bienio Progresista como empezó, con un derramamiento de sangre en Madrid; este desplazó del poder a Espartero y asumíó la presidencia del Gobierno con el respaldo de su partido, la Uníón Liberal.El objetivo de O’Donnell era establecer un liberalismo centrista. Repuso la Constitución de 1845 con un Acta Adicional, suprimíó la Milicia Nacional y reorganizó los ayuntamientos; sin embargo, este gobierno fue breve. Volvíó Narváez al Gobierno, con la supresión del Acta Adicional y la interrupción de la desamortización, rodéándose de los elementos más conservadores del moderantismo con el apoyo de la reina.Una nueva oportunidad para la Uníón Liberal surgíó en la etapa de 1858-1863 con la vuelta de O’Donnell. La guerra de Marruecos (1859-1861) con escasos logros territoriales, tenía un valor simbólico y estaba más orientada a la opinión pública española. Adquiríó gran renombre en la guerra el

general Prim, líder progresista y defensor de la monarquía constitucional. En 1864 regresó Narváez al Gobierno (sí, otra jodida vez), imponiendo su política conservadora y de represión.En 1866, una seria crisis industrial, financiera y de subsistencia puso en entredicho la eficacia del gobierno moderado de Isabel II. Además, la violenta represión de la manifestación estudiantil (noche de San Daniel) el 10 de Abril de 1865 y la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil conmovieron a la opinión pública. El militar Juan Prim, que había estado urdiendo planes para derrocar al Gobierno, comprendíó que debía aliarse con el partido demócrata para conseguir sus objetivos: la destrucción del sistema político isabelino y la formación de un nuevo orden mediante unas Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal.

LA UníÓN LIBERAL (1856-1868):

Ante la inestabilidad existente, en 1856 O’Donnell dio un Golpe de Estado, finalizando el Bienio Progresista como empezó, con un derramamiento de sangre en Madrid; este desplazó del poder a Espartero y asumíó la presidencia del Gobierno con el respaldo de su partido, la Uníón Liberal.El objetivo de O’Donnell era establecer un liberalismo centrista. Repuso la Constitución de 1845 con un Acta Adicional, suprimíó la Milicia Nacional y reorganizó los ayuntamientos; sin embargo, este gobierno fue breve. Volvíó Narváez al Gobierno, con la supresión del Acta Adicional y la interrupción de la desamortización, rodéándose de los elementos más conservadores del moderantismo con el apoyo de la reina.Una nueva oportunidad para la Uníón Liberal surgíó en la etapa de 1858-1863 con la vuelta de O’Donnell. La guerra de Marruecos (1859-1861) con escasos logros territoriales, tenía un valor simbólico y estaba más orientada a la opinión pública española. Adquiríó gran renombre en la guerra el general Prim, líder progresista y defensor de la monarquía constitucional. En 1864 regresó Narváez al Gobierno (sí, otra jodida vez), imponiendo su política conservadora y de represión.En 1866, una seria crisis industrial, financiera y de subsistencia puso en entredicho la eficacia del gobierno moderado de Isabel II. Además, la violenta represión de la manifestación estudiantil (noche de San Daniel) el 10 de Abril de 1865 y la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil conmovieron a la opinión pública. El militar Juan Prim, que había estado urdiendo planes para derrocar al Gobierno, comprendíó que debía aliarse con el partido demócrata para conseguir sus objetivos: la destrucción del sistema político isabelino y la formación de un nuevo orden mediante unas Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal.