DESAMORTIZACIONES

La desarticulación del Antiguo Régimen, no fue solo política o social, sino también y, sobre todo, económica pues se trataba tanto de eliminar los privilegios fiscales de los antiguos grupos privilegiados, como de liberalizar todas las actividades económicas tanto agrarias como industriales, para facilitar la conversión de la antigua economía en otra de corte capitalista. Durante el reinado de Carlos III aparecíó la crítica a la amortización de bienes raíces. Bajo el valimiento de Godoy (1795), la política belicista del gobierno y el crecimiento brutal de la deuda pública obligaron al ministro a iniciar la desamortización de bienes de institutos eclesiásticos. Durante la Guerra de la Independencia tanto el gobierno bonapartista como las Cortes de Cádiz realizaron
una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas, destinando el producto a amortizar la deuda del Estado. En el trienio volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz y se emprendíó la desamortización de bienes propios y baldíos, vendidos principalmente a inversores burgueses.

Liberalización del mercado de la tierra

En el Antiguo Régimen, la mayor parte de la tierra era vinculada o amortizada, es decir, no se podía vender, ni hipotecar ni ceder. Se trataba de los mayorazgos en las familias nobiliarias, de las propiedades eclesiásticas y de los bienes inmuebles municipales. Así, quedaban a salvo de manirrotos y acreedores. Con la supresión de mayorazgos en 1836, las tierras de la aristocracia pasaban  a ser de propiedad efectiva privada y podían ser vendidas, divididas o hipotecadas.

La abolición del régimen señorial (1837) ratificaba tanto la anulación de los derechos señoriales de carácter jurisdiccional como la transformación de las tierras de señorío en propiedades plenas de sus dueños. El problema estaba en discutir de quién era la propiedad ya que se distinguía entre el dominio útil del campesino que la explotaba y que la podía transmitir hereditariamente, y el dominio eminente del señor que cobraba del campesino determinados tributos por el cultivo de tales tierras. La solución a este problema se determinó en tribunales que sentenciaron la mayoría de veces a favor de los señores. En consecuencia, la nobleza salíó beneficiada y sumó su apoyo a la nueva monarquía liberal isabelina.

Desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837-1849)

La primera medida fue la disolución de todas las órdenes religiosas salvo las vinculadas a la enseñanza y la expropiación forzosa de sus bienes que pasaron a manos del estado. En 1837 el gobierno subastó estos bienes con la finalidad de sanear la hacienda, financiar la Guerra Civil carlista y convertir a los nuevos propietarios en adeptos a la causa liberal isabelina. Al venderse al mejor postor, la mayor parte de las tierras pasaron a la nobleza y la alta burguésía, por lo que los campesinos arrendatarios no tuvieron opción de compra. Durante a Regencia de
Espartero se abordó la desamortización de los bienes del clero secular aunque el proceso fue paralizado al llegar al poder los moderados en 1844 los cuales garantizaron las ventas ya realizadas.

Desamortización general de Madoz (1855-1867)

Se inició en 1855 y afectó tanto a las propiedades pertenecientes al estado o Iglesia como a las de la propiedad municipal. Perseguía la obtención de ingresos con los que financiar la red de ferrocarriles y reportó al estado mayores beneficios fiscales que la de Mendizábal, pues los pagos de los nuevos compradores podían ser aplazados y así, el estado estuvo recibiendo ingresos a cuenta de dicha desamortización durante 40 años. La ley fue derogada en 1895.

Consecuencias

Como consecuencia de ambas desamortizaciones, se pusieron en cultivo grandes extensiones de tierra hasta entonces poco cultivadas por lo que aumentó la producción total. No obstante, los bajos rendimientos se mantuvieron, superando al creciente aumento de la población por lo que siguieron siendo

frecuentes las crisis de subsistencia. Todo esto debido a los elevados aranceles que garantizaban la venta de producción, sobre todo de trigo. Se sacrificaron los campesinos que no vieron reconocidos sus derechos que no pudieron comprar las tierras por sus altos precios y vieron incrementados los arrendamientos a pagar a los nuevos propietarios. Además, al pasar a manos privadas las antiguas tierras comunales, dejaron de tener acceso gratuito a la madera que tales tierras reportaban. Todo esto provocó levantamientos campesinos como el de Loja de 1861. Al ser expropiados sus bienes sin contrapartida económica, la iglesia se vio desprovista de su autonomía financiera. Parte del clero apoyó al carlismo, la otra parte buscó la compensación estatal mediante una asignación económica anual, lo que provocó la afinidad

ideológica entre estado e iglesia. El estado no pudo aminorar la deuda pública a causa de los crecientes gastos de la hacienda. 

Una agricultura de bajos rendimientos

Aunque la superficie cultivada aumentó gracias a los procesos desamortizadores, la producción agrícola crecíó muy poco debido a los bajos rendimientos de las tierras. El capital agrícola fue inferior a la expansión demográfica, por lo que fueron todavía frecuentes las crisis de subsistencia. La política perfeccionista, la falta de inversiones públicas y privadas, el carácter rentista y no innovador de los nuevos propietarios burgueses, fueron algunos de los factores que causaron el paroxismo agrario el cual impidió que el primario fuera un factor dinamizador de la industria y la economía.

Las desamortizaciones agrarias españolas fueron las medidas necesarias en el proceso liberalizador de la estructura productiva española. Supusieron un cambio cualitativo importante en el panorama agrario tanto por el cambio en la propiedad como, sobre todo, por el incremento en la tierra cultivada y en la producción final agraria. Permitieron el pago de la gran deuda estatal a lo largo de casi todo el Siglo XX, sin embargo no lograron que la producción final agraria despegara respecto al incremento demográfico. Tampoco supusieron el necesario cambio en la estructura de la propiedad, por lo que la mayor parte de la población campesina siguió siendo campesinos sin tierra que rara vez obténían ganancias para algo más que la propia subsistencia. Por tanto la incidencia final de las desamortizaciones en las modernizaciones agraria y social fue mínima.