LA SEGUNDA REPÚBLICA
La proclamación de la Segunda República en España cerró el período de la Restauración e inició una corta etapa en la que se propusieron cambios políticos y sociales muy profundos.
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se presentaron como un plebiscito entre monarquía y república.
La oposición al régimen monárquico (republicanos, socialistas y nacionalistas de izquierda, firmantes del Pacto de San Sebastián en 1930) constituyó una coalición para presentarse unida a las elecciones, mientras los partidos monárquicos se presentaron divididos. Estos mantuvieron su fuerza en gran parte de las zonas agrarias (obtuvieron un mayor número global de concejales), pero la coalición republicano-socialista triunfó en las grandes capitales y en las regiones industriales (lograron vencer en 41 de las 50 capitales de provincia). El resultado evidenciaba un rechazo a la monarquía y un deseo de cambio político. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República en medio del entusiasmo popular. Ante esta situación, el rey Alfonso XIII suspendió deliberadamente el ejercicio del poder real y partió al exilio.
Inmediatamente, se formó un gobierno provisional, integrado por republicanos (moderados y de izquierda), socialistas y regionalistas, que inició las primeras reformas:
Amnistía para los presos políticos y libertad de partidos y sindicatos.
Leyes sociales agrarias: la jornada laboral de ocho horas, la creación de jurados mixtos (para mediar entre patronos y jornaleros), o el Decreto de Términos Municipales (obligación de emplear preferentemente a jornaleros del municipio).
Establecimiento de una Generalidad provisional de Cataluña, como paso previo a la autonomía.
Reforma militares para corregir el exceso de mandos en relación a la tropa y para asegurar el sometimiento del ejército al poder civil. El gobierno elaboró una Ley de Retiro que concedía el pase a la reserva con el sueldo íntegro a todos aquellos oficiales que se negasen a jurar acatamiento al nuevo régimen. Igualmente, se suprimió la Academia Militar de Zaragoza y los ascensos por méritos de guerra.
En los primeros meses, el nuevo gobierno tuvo que afrontar algunos conflictos, sobre todo la quema de conventos como respuesta a las declaraciones a favor de la monarquía por parte de la jerarquía eclesiástica. Además, en algunas ciudades españolas estallaron importantes huelgas obreras convocadas por la CNT, que aspiraba a la revolución social.
En junio de 1931 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron la mayoría a la coalición republicano-socialista. En diciembre se aprobó la Constitución de 1931:
o Organización territorial: El Estado se configuraba de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones (Art. 1: La república constituye un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones).
o Derechos y deberes: Presentaba una declaración de derechos individuales y establecía amplias libertades públicas y privadas (reunión, asociación, expresión…). Reconocía el derecho a la propiedad privada, pero se facultaba al gobierno para expropiar bienes considerados de utilidad pública. Se concedía el derecho al voto de la mujer. Se proclamaba la separación de la Iglesia y el Estado, y el respeto a todos los cultos y creencias. La cuestión religiosa originó los mayores debates y provocó la dimisión de los miembros conservadores del gobierno, Alcalá Zamora (presidente) y Maura (ministro de la Gobernación).
o División de poderes: El poder legislativo, en las Cortes (una sola cámara); el poder ejecutivo, en el Consejo de Ministros y en el Presidente de la República (Jefe del Estado); y el judicial, en tribunales independientes.
EL BIENIO REFORMISTA (dic 1931-nov 1933)
Una vez aprobada la Constitución, Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República, y Manuel Azaña presidente de un gobierno formado por republicanos de izquierda y socialistas (los republicanos centristas del Partido Radical pasaron a la oposición). El nuevo gobierno emprendió, durante dos años, numerosas reformas:
– La reforma religiosa y educativa.- Se intentó disminuir el peso de la Iglesia católica y su influencia en la educación. Se abolió el presupuesto del clero, se disolvió la Compañía de Jesús, se introdujeron el matrimonio y el entierro civiles y se elaboró una ley de divorcio. Se prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas, por lo que el Estado hubo de destinar grandes inversiones a construir escuelas y a incrementar el número de profesores.
– La reforma territorial.- La Constitución abrió el camino a la descentralización del Estado, ofreciendo la posibilidad de elaborar estatutos de autonomía y establecer gobiernos autónomos. El Cataluña, se redactó un Estatuto de Autonomía que fue aprobado por las Cortes en 1932; Francesc Macià se convirtió en president de la Generalitat. En el País Vasco se empezó la redacción de un estatuto, que fue aprobado en 1936.
– La reforma agraria.- La República abordó el problema del latifundismo. En algunas zonas de España, sobre todo en Andalucía y Extremadura, existían cientos de miles de jornaleros sin tierras y en una situación de extrema miseria, mientras que la propiedad se concentraba en manos de unos centenares de propietarios. Una ley del gobierno, en 1932, decretó expropiables las grandes fincas que no se cultivaran y permitió distribuirlas entre los campesinos sin tierras. El Instituto de Reforma Agraria (IRA) era el organismo encargado de indemnizar a los propietarios y de facilitar el asentamiento a las familias campesinas. Sin embargo, los resultados de la reforma agraria fueron muy limitados, por lo que los jornaleros se sintieron profundamente decepcionados y empezaron a pensar que la vía reformista republicana podía resultar insuficiente para solucionar sus problemas.
El reformismo republicano tuvo que hacer frente a la oposición de:
„X Desde la derecha.
– Los grandes propietarios agrarios, la jerarquía de la Iglesia católica, una parte del ejército y amplios sectores de las clases altas y medias. El principal grupo de la derecha era la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), con José María Gil Robles al frente. En la extrema derecha, los monárquicos alfonsinos (Renovación Española, de José Calvo Sotelo -luego, Bloque Nacional-), los carlistas y un nuevo grupo de carácter fascista, la Falange Española (FE), dirigido por José Antonio Primo de Rivera. En 1932, un golpe de Estado, dirigido por el general Sanjurjo, fue frenado por el gobierno. La opción centrista la representaba el Partido Radical de Alejandro Lerroux.
„X Desde la izquierda.
– La lentitud de algunas reformas, especialmente la reforma agraria, exacerbó los ánimos de algunos jornaleros y obreros, que deseaban más cambios y más rápidos. La UGT se radicalizó y algunos núcleos anarquistas, sobre todo los vinculados a la FAI, apostaron directamente por la insurrección armada para transformar de manera revolucionaria la sociedad española. Así, protagonizaron algunos levantamientos que fueron duramente reprimidos por las fuerzas de orden público (Casas Viejas, 1933, saldado con una matanza de campesinos por parte de la Guardia Civil).
EL BIENIO RADICAL-CEDISTA (nov 1933-feb 1936)
La represión del levantamiento de Casas Viejas hizo entrar en crisis al gobierno. Manuel Azaña presentó su dimisión como jefe del gobierno y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933. Las elecciones fueron ganadas por los partidos de derecha (40% de los votos) y de centro (21%), y Alejandro Lerroux, del Partido Radical, fue elegido presidente con el apoyo parlamentario de la CEDA. El nuevo gobierno inició un proceso de desmantelamiento de la obra reformista del bienio anterior; paralizó la reforma agraria,
modificó la política religiosa (sueldos a sacerdotes, centros educativos religiosos), y amnistió a los sublevados del golpe del general Sanjurjo. Esta situación provocó la radicalización de los partidos de la izquierda.
En 1934 la tensión subió (entran ministros de la CEDA en el gobierno) y se produjeron algunas importantes revueltas.
En Cataluña, fue el propio presidente Lluís Companys el que encabezó la insurrección, proclamando el Estat Català. La rebelión fue rápidamente sofocada y, en represalia, se disolvió la Generalitat, se encarceló a su presidente, junto a otros líderes políticos, y se suspendió el Estatuto de Autonomía. En Asturias, la revolución tuvo un carácter más social. Los anarquistas, socialistas y comunistas, unidos, ocuparon la cuenca minera y proclamaron la revolución social. La revuelta fue sofocada por el ejército (bajo el mando del general Franco) y estuvo seguida de una gran represión.
EL FRENTE POPULAR (1936)
Las desavenencias entre los partidos de la coalición gubernamental (Partido Radical y CEDA) y, sobre todo, los escándalos de corrupción en el gobierno (caso del estraperlo) llevaron a la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936.
Las fuerzas de izquierda se presentaron agrupadas en una coalición electoral, el Frente Popular (republicanos de izquierda, socialistas, nacionalistas catalanes y gallegos, y comunistas). Su programa consistía en recuperar las grandes reformas del bienio reformista y en conseguir la amnistía para los represaliados en 1934. La CNT, que no participaba en las elecciones debido a su apoliticismo, recomendó el voto a esta coalición. La derecha acudió dividida entre la CEDA y otras formaciones políticas (Falange Española, Renovación Española…). Su programa pretendía modificar la Constitución en un sentido conservador.
Las elecciones dieron la victoria, aunque por escaso margen, al Frente Popular (que, sin embargo, se tradujo en una holgada mayoría en las Cortes). Azaña encabezó un gobierno integrado solo por republicanos de izquierda (ya que los socialistas y los comunistas prefirieron limitarse a darle apoyo parlamentario). Se continuaron las reformas frenadas en 1933 y se reinstauró la Generalitat de Cataluña, reiniciándose de nuevo el proceso autonómico en el País Vasco y Galicia. El 7 de abril Alcalá Zamora es destituido por las Cortes como presidente de la República, siendo sustituido en el cargo por Azaña, ocupando la jefatura del Gobierno Santiago Casares Quiroga.
La división entre derechas e izquierdas, plasmada en el resultado electoral, se dejó sentir en la calle. Los sectores más radicales de la izquierda propugnaban la revolución social. Los extremistas de derechas, que contaban con el apoyo de un sector del ejército, defendían la necesidad de un golpe de Estado que pusiese fin a la República y al proceso de reformas. Las tensiones entre los bloque opuestos desencadenó un clima de violencia social, que culminó con el asesinato del diputado de derechas Calvo Sotelo, en represalia por la muerte del teniente Castillo, militante socialista. Este clima de violencia fue el pretexto de las fuerzas conservadoras para decidir que había llegado el momento de acabar con la República.
Las causas del final de la Segunda República fueron varias, internas y externas. Podemos señalar, entre las internas:
– Una estructura social muy polarizada (una minoría muy rica frente a una mayoría en la miseria, con poca clase media).
– La escasa base social sobre la que se sustentaba el régimen, al que se oponían desde la izquierda (anarquistas, socialistas, comunistas, independentistas) y la derecha (monárquicos, falangistas…).
– La oposición de la Iglesia católica, que agudizó el enfrentamiento entre católicos practicantes y anticlericales convencidos.
– El fracaso de la reforma agraria, que atemorizó a los propietarios y decepcionó a los jornaleros.
– El descontento del ejército por las reformas republicanas y su convencimiento de la necesidad de intervenir para evitar la revolución social.