Aunque los avances democráticos realizados hasta llegar a las elecciones de 1977 habían sido muy importantes, la democracia española era aún incompleta y acababa de empezar. Entre las muchas cuestiones que estaban pendientes se encontraba la propia organización de las instituciones estatales que debían ajustarse al nuevo modelo democrático. Por tanto, la Constitución de 1978 culminó la transición española a la democracia, al menos en el plano jurídico.

Una vez constituidas las nuevas Cortes democráticas, los representantes elegidos decidieron elaborar una nueva Constitución, en vez de reformar las viejas Leyes Fundamentales franquistas. En consecuencia, las Cortes se convirtieron en constituyentes, aunque las elecciones no se habían celebrado con esa finalidad explícita.

Primero se creó una comisión formada por representantes de los diferentes grupos parlamentarios, de la que salieron elegidos siete miembros (la Ponencia), cuyo cometido consistía en redactar un anteproyecto de Constitución. En la Ponencia estaban representados UCD, Alianza Popular, PSOE, PCE y Pacte Democràtic per Catalunya; quedando fuera el Partido Socialista Popular y el PNV.

Finalmente, el texto definitivo fue aprobado por amplísima mayoría en el Congreso y en el Senado el 31 de Octubre de 1978. Menos entusiasta fue la respuesta del pueblo español en el referéndum convocado para el 6 de Diciembre de ese mismo año, ya que la abstención fue muy alta, aunque los votos emitidos fueron claramente favorables a la constitución.

Sin embargo, conviene resaltar una carácterística de la Constitución española de 1978: fue el resultado de un verdadero consenso entre grupos políticos de ideologías muy dispares, en un afán de integrar a todos en un proyecto común. Este consenso en materia política se añadió al alcanzado anteriormente con la firma de los Pactos de la Moncloa en el ámbito económico y social.
Por todo ello no resulta extraño que la transición española hacia la democracia se convirtiera en un modelo para muchos países que aspiraban a salir de una dictadura.

La Constitución es un texto extenso y detallado que define a España como un “Estado social y democrático de Derecho”. Se promulga la soberanía nacional. El Título I recoge una amplia lista de derechos entre los que destacan: libertad ideológica, religiosa y de culto, libertad de expresión, derechos de reuníón, manifestación, asociación, sindicación y huelga. El carácter de “Estado social”, al que hace referencia el título preliminar, queda plasmado en el reconocimiento de los principios que deben regir la política económica y social del Estado. Los principales son el mantenimiento del pleno empleo, asistencia y prestaciones sociales, protección de la salud pública, protección del medio ambiente, apoyo económico a los ciudadanos de la tercera edad y defensa del consumidor. 

En cuanto a la parte orgánica, la Constitución establece como sistema político para España una monarquía, parlamentaria:

• El Jefe de Estado es el rey que actúa como árbitro y moderador. Su poder está muy limitado

• El poder ejecutivo recae esencialmente en el Gobierno, cuyo presidente es nombrado de forma oficial por el monarca; no obstante, en realidad la designación depende de la composición política del Congreso, puesto que es la votación de los diputados la que ratificaal pre sidente del Gobierno.

• El poder legislativo reside en las Cortes, que son bicamerales (Congreso y Senado) y cuyos miembros son elegidos por sufragio universal directo.

• El poder judicial lo integran “jueces y magistrados independientes”.

El aspecto más original es la organización territorial del Estado que no responde ni al modelo de Estado unitario ni al de Estado federal, sino que adopta una estructura intermedia que se podría definir como estado unitario de las autonomías. Así se reconocen las diferentes comunidades históricas que integran España, a las que se concede un amplio margen de autonomía, concretado en la instauración de órganos de gobierno propios que poseen importantes competencias, e incluso, con la posibilidad de elaborar leyes propias en aquellos ámbitos que no constituyen materia exclusiva del Estado.

La transición española, en lo político, es el proceso de desmantelamiento de la dictadura que culminó con el establecimiento de un régimen democrático. Franco muere el 20 de Noviembre de 1975. La situación general era extremadamente delicada. Por una parte, amplios sectores del país reclamaban el paso a una democracia. Por otra, estaba el control que sobre toda la organización del Estado, ejercían los ultras (“búnker”). En medio de estas dos fuerzas opuestas se encontraba el Rey.

El primer acto político importante del Rey fue la confirmación de Arias Navarro como presidente de Este gobierno emprendíó la tarea de democratización parcial que, sin provocar a los ultras, contentase a la oposición y al pueblo español. Pero ello llevó a la oposición a endurecer su postura.

Los aún ilegales partidos políticos democráticos reclamaban la liquidación inmediata del aparato franquista. Acompañaron sus peticiones con huelgas y manifestaciones. Perseguían tres objetivos: restaurar las libertades públicas, la amnistía para los presos políticos y la autonomía de las nacionalidades históricas.

El 30 de Junio de 1976 Arias Navarro se vio obligado a dimitir y le sustituyó Adolfo Suárez, joven político formado en filas del Movimiento Nacional, pero que conectaba con las pretensiones de la Corona. Inicialmente, la elección de Adolfo Suárez no fue bien acogida por la oposición a la vista de su pasado falangista. Pero ya en la primera declaración del gobierno anunció una relación franca con la oposición, la instauración de un régimen democrático y de libertades, así como la convocatoria de elecciones antes de un año. Inmediatamente se empezó a entrevistar con los líderes de la oposición y del franquismo, convencíéndoles de que su proyecto de transición era el único viable.

El obstáculo principal podía venir del lado franquista. Suárez decidíó presentar su proyecto de reforma política a un grupo de altos oficiales. Estos, a la vista de que contaba con el apoyo del rey, la aceptaron con la condición de que no se legalizaría el Partido Comunista. El paso siguiente, era que las Cortes aceptasen la reforma voluntariamente. Este era el punto culminante del derribo del franquismo.

La Ley de Reforma Política (LRP), aprobada el 18 de Noviembre de 1976 por las propias Cortes franquistas, supuso el progresivo desmantelamiento del régimen. Fue la pieza clave que permitíó despejar el camino hacia la democracia desde la legalidad franquista. Se trataba de una ley con rango de Ley Fundamental, cuyo texto prevéía la transformación de las Cortes existentes en un Congreso de los Diputados y un Senado elegidos por sufragio universal y directo cuyo cometido sería emprender las reformas que ellas mismas estimases pertinentes. La ley fue aprobada en Noviembre de 1976 por una amplia mayoría de las Cortes y refrendada en referéndum, en Diciembre. La participación en el referéndum fue muy alta y la ley fue respaldada con el 94 % de los votos.

Entonces la oposición democrática renunció a la ruptura democrática, el rechazo a la monarquía, el gobierno provisional o el derecho de autodeterminación. El principal problema fue la legalización del Partido Comunista, que se realizó en Semana Santa. Ello provocó un hondo malestar en el ejército y la dimisión de algunos altos mandos. Para tranquilizarlos el PC aceptó la bandera y la Monarquía.

El 15 de Abril de 1977 Suárez anunció elecciones para Junio. Los partidos que se presentaban: Uníón de Centro Democrático (UCD), que pretendía aglutinar al sector moderado. A su frente aparecían Suárez y el gobierno. Los hombres provenientes de la Dictadura se organizaron fundamentalmente alrededor de Alianza Popular, comandada por Manuel Fraga. Junto a ellos se presentaron el PSOE, el PCE y los partidos nacionalistas. Las elecciones se celebraron el 15 de Junio con una participación muy elevada (77% del censo) en un ambiente tranquilo y esperanzado. Los resultados consagraron dos grandes partidos: UCD, con 156 escaños en Congreso de los Diputados, y el PSOE, con 118.

Estos resultados dieron paso a un nuevo gobierno, formado por UCD y presidido por Suárez. Tras las elecciones, la UCD intentó gobernar en solitario estableciendo pactos con otras fuerzas políticas con el objetivo de elaborar una nueva Constitución, construir el Estado de las Autonomías y gestionar una política económica de urgencia para paliar los efectos de la crisis de 1973.

La muerte de Franco (20 de Noviembre de 1975) fue recibida con serenidad por la población. La situación general era extremadamente delicada. Por una parte, amplios sectores del país reclamaban el paso a una democracia, y frente de ellos estaban los partidos antifranquistas. Por otra, estaba el control que sobre toda la organización del Estado, ejercían los ultras. En medio de estas dos fuerzas opuestas se encontraba el Rey. Los primeros pasos de don Juan Carlos fueron cautelosos, estando atrapado entre el creciente deseo del pueblo español de vivir en democracia y el aparato intacto de la Dictadura.

Don Juan Carlos ante las Cortes, de acuerdo con las normas que regulaban la sucesión de Franco, juró lealtad a los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales. En su discurso ya se podía ver la voluntad real de apertura. El rey contó con un respaldo internacional.

En este contexto la población española y, más concretamente, las diferentes fuerzas políticas, tanto franquistas como de la oposición, se alineaban a favor de alguna de las tres alternativas posibles para el futuro político del país: continuismo, reforma o ruptura:

Continuidad

La continuidad del régimen franquista, con el mantenimiento de sus viejas estructuras o, todo lo más, con alguna modificación superficial. Era la posición defendida por el llamado “búnker”, integrado por los sectores más reaccionarios e inmovilistas del régimen, que contaba con una enorme fuerza en las instituciones políticas y el ejército.

Reforma

La reforma política, a partir de las mismas leyes e instituciones del franquismo, que pretende la liberalización paulatina del régimen desde dentro hasta su equiparación, en mayor o menor grado, con las democracias occidentales. Era la vía propuesta por los aperturistas del régimen conscientes de que el franquismo sin Franco era inviable y de que la definitiva integración de España en Europa requería una evolución política hacia formas más o menos democráticas. Esta fue finalmente la estrategia que se impuso en la transición española. El primer acto político importante pendiente era la formación del nuevo gobierno que sustituyera al de Franco. 

El rey logró situar al frente de las Corte franquistas a un hombre procedente del régimen que estaba comprometido con el cambio. Fue elegido Torcuato Fernández Miranda. El paso siguiente, la elección del Jefe del Gobierno, se resolvíó de forma compensatoria, y se confirmó a Arias Navarro en su puesto, los ministros fueron variados y se incorporaron algunos político partidarios de un cambio moderado (Fraga, Areilza, Garrigues). Este equipo emprendíó la tarea de democratización parcial, que sin provocar a los ultras, contentase a la oposición y al pueblo español. Pero ello llevó a la oposición a endurecer su postura. No obstante, el gobierno remitíó a las Cortes una serie de proyectos de ley que ampliaron las libertades públicas. La mayoría de los proyectos eran tan restrictivos, aunque ampliaran el marco anterior, que las Cortes no tuvieron inconveniente en aprobarlos.

Ruptura

La ruptura democrática que propugnaba acabar de forma inmediata con el viejo régimen dictatorial y restaurar una verdadera democracia. Era la estrategia defendida por la izquierda antifranquista y, en general, por la mayoría de la oposición democrática. Los aún ilegales partidos políticos democráticos reclamaban la liquidación inmediata del aparato franquista, que se denominó “ruptura democrática”. Esta incluía la amnistía a los condenados por delitos políticos, la legalización de los partidos y de los sindicatos libres, y la convocatoria de elecciones democráticas. Acompañaron sus peticiones con huelgas y manifestaciones multitudinarias, las cuales culminaron con la muerte de cinco trabajadores por disparos de la policía. La oposición fue moderando sus posturas iniciales radicales y adoptó una estrategia pacifista.

El 1 de Julio de 1976, Arias Navarro presentó su dimisión al rey, puesto que este dejó claro su apoyo a la democracia (discurso en Estados Unidos).

El régimen de Franco supuso una adaptación del fascismo a las condiciones especiales de España. Se legitimó tras ganar la guerra y fue muy autoritario. El Estado que surgíó entonces fue una mezcla de una dictadura militar y un estado fascista. Sus rasgos principales son:

1. Autoritarismo: Suprime la Constitución de 1931, clausura las Cortes y prohíbe todos los partidos políticos y sindicatos. Sólo habrá un partido y un sindicato. El militarismo impregna la vida cotidiana; los símbolos militares y la organización del Ejército se reflejan en los emblemas.

2. Caudillismo: Concentración de todos los poderes en la figura de Franco. Al acabar la guerra tomó el título de Caudillo de España. Era el Jefe del Estado, del Gobierno, del Ejército y del Partido. Se establece el culto a la personalidad. El providencialismo era resaltado (Caudillo de España por la gracia de Dios).

3. Unitarismo y centralismo: Abole los estatutos de autonomía y españoliza a la población catalana, vasca y gallega (se prohíben las lenguas vernáculas). La asignatura que fomentaba estos ideales se llamaba Formación del Espíritu Nacional.

4. Represión de la oposición: Se persigue a los simpatizantes de la República (republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, etc.) durante todo su mandato. El concepto de “rojo” se extiende a todos los que se oponen a su régimen. Cuando España es admitida en los organismos internacionales, la propaganda se ceba en el anticomunismo.

5. Catolicismo: La Iglesia católica se identificó con la sublevación señalando la causa nacional como una cruzada contra el comunismo. El régimen fue definido como nacional-católico y dio a la Iglesia un control absoluto sobre la vida social.

Un objetivo prioritario de Franco, tras su victoria en la Guerra Civil, era la creación de un nuevo Estado, cuya configuración concreta estaba todavía por definir. En este sentido, Franco únicamente tenía claro que sería un Estado autoritario, nacionalista y católico, en el que él mismo ejercería la máxima autoridad con el apoyo incondicional del Ejército, y cuya imagen exterior debería girar en torno a la defensa de la religión y la lucha contra el comunismo.

En el afán de ganarse el apoyo de las democracias occidentales, vencedoras de la de la II Guerra Mundial, la propaganda franquista empezó a calificar al nuevo régimen como democracia orgánica. La democracia orgánica partía del hecho de que los órganos naturales de asociación eran tres: la familia (donde se nace), el municipio (donde se vive) y el sindicato (donde se trabaja). Por tanto, la democracia verdadera sería la que recogiera la representación de estos tres órganos naturales de la sociedad y no de los partidos políticos. Se trataba de presentar al exterior una organización política con la apariencia de un Estado de derecho. Para ello se elaboró un conjunto de Leyes Fundamentales (equivalentes a una Constitución), que pretendían proporcionar al franquismo una imagen de Estado democrático a su manera. Estas Leyes Fundamentales eran solamente una fachada jurídica para ocultar la férrea dictadura militar de Franco. En conjunto quieren parecer una Constitución pero no lo son. Destacan:

1. Ley Constitutiva de Cortes (1942): Las define como el órgano de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Sus representantes se llaman procuradores y son designados por el poder (ministros, Consejo Nacional del Movimiento y Organización Sindical, alcaldes, rectores de Universidad y altas jerarquías eclesiásticas).

2. Fuero de los Españoles (1945): Pretende aparentar que en la España franquista hay libertades.

3. Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958): Se reafirma en el partido único, que cambia de nombre, y dice que todos los altos cargos civiles y militares sean considerados miembros natos del Movimiento.

4. Ley Orgánica del Estado (1966): Separa los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno, se aumenta el número de procuradores a Cortes, se afianza la institución monárquica y se pueden crear asociaciones con fines pacíficos.

Para controlar el aparato productivo del país, se establecíó una organización sindical en la que se encuadró de forma obligatoria a empresarios, técnicos y obreros, agrupados por ramas o sectores de producción. El nombre de sindicatos verticales, deriva de este criterio de agrupación por ramas. Su fundamento ideológico era el principio fascista de que no existían conflictos entre trabajadores y patronos, sino armónía social e intereses comunes entre todos los españoles.

La Guerra Civil tuvo un balance trágico para España que se manifestó en muertes y desapariciones, el exilio de numerosos españoles, la represión y las pérdidas económicas. La producción agraria disminuyó en algo más del 20 %; y la industrial, en más del 30 %. La renta per cápita cayó también casi un 30 %. Las consecuencias más destacables fueron:

• Los muertos y desaparecidos: aunque en los campos de batalla se calcula que murieron unas 300.000 personas, si añadimos los fusilados, asesinados, los presos muertos a raíz de sus malas condiciones de reclusión, las enfermedades y la desnutrición derivadas de la contienda, la cifra de 1.000.000 de personas se superaría con facilidad.

• Represión ejercida por la República: represión descontrolada contra las clases que apoyaron el alzamiento por parte de las milicias y los partidos. Se hizo común la represión y asesinatos políticos en cárceles clandestinas y la detención y ejecución de personas (“paseos”), ante lo cual el Estado creó los Tribunales Populares. Personalidades ejecutadas: Melquíades Álvarez, José Antonio Primo de Rivera (y otros líderes de la Falange),…

• Represión ejercida por los nacionales: fue ejercida por el ejército de forma sistemática contra todos los posibles enemigos, produciendo un mayor número de víctimas que los republicanos y prolongándose después de la guerra. Fueron especialmente graves las matanzas de civiles en Málaga, Sevilla o Badajoz y los sublevados mataron a todos las personalidades republicanas que apresaron: García Lorca, Lluis Companys, Besteiro,.. Además de los fusilados, hay que contar con los presos e internados en campos de concentración franquistas, los condenados a trabajos forzados, los depurados, etc.

• Exiliados: desde el principio de la guerra la población civil republicana se vio obligada a desplazarse ante el avance de los nacionales (especialmente hacia Levante y Cataluña). Hacía el final de la guerra, medio millón de personas de todas las edades y condiciones cruzaron la frontera francesa. La mitad regresó a España a los pocos meses, el resto vivíó en el exilio.

• Las pérdidas económicas: al descenso de la natalidad y de la población activa hay que sumar el envió a la URSS de más de 500 toneladas de oro procedentes del Banco de España, los gastos ocasionados por la guerra y la destrucción de edificios públicos y privados (desaparecieron más de 200.000 viviendas) y de las redes ferroviaria y viaria. Se registraron descensos generales en los índices de producción de todos los sectores y la recuperación de las cifras anteriores a la Guerra Civil no llegará hasta los años 60.

La dureza de los enfrentamientos políticos del Bienio Conservador provoco que la política española se polarizara y quedara dividida entre derechas e izquierdas. Los partidos de derechas se agruparon en el Bloque Nacional (CEDA, monárquicos, tradicionalistas y, en algunas provincias, radicales y Lliga Catalana) pero no lograron elaborar un programa electoral consensuado. Las izquierdas (republicanos, socialistas y comunistas) se agruparon en el Frente Popular, cuyo programa exigía la amnistía para los encarcelados políticos y el restablecimiento de la Constitución.

En un ambiente de creciente radicalización, se presentaron las siguientes candidaturas a las elecciones de Febrero de 1936:

1. Frente Popular: pacto electoral firmado en Enero de 1936 por Izquierda Republicana, PSOE, PCE, POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y Esquerra Republicana de Catalunya. Este pacto agrupaba a todas las izquierdas. La CNT, con muchos presos en la cárcel, no pidió la abstención y apoyó de forma tácita a la coalición de izquierdas.

2. Coalición de la CEDA y Renovación Española, acudíó con un programa muy moderado basado en el miedo a la revolución social.

3. La Falange y el PNV se presentaron por su cuenta.

La victoria fue para el Frente Popular, que basó su triunfo en las ciudades y las provincias del sur y la periferia. La derecha triunfó en el norte y el interior del país. Tras las elecciones, Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República. El presidente del gobierno fue Casares Quiroga y estaba formado exclusivamente por republicanos de izquierda (sin socialistas, dominado por su sector más radical, ni comunistas). El nuevo gabinete tomó las siguientes medidas:

1. Amnistía para todos los condenados por la Revolución de Octubre de 1934. También se decretó el reingreso a sus puestos de trabajo.

2. Restablecimiento del Estatuto catalán, suspendido tras la revolución de Octubre. Companys volvíó a ocupar la presidencia de la Generalitat.

3.Alejamiento de Madrid de los generales enemigos de la República: Franco (a Canarias), Mola (a Navarra) y Goded (a Baleares).

4.Reanudación de la reforma agraria. Se retornó también a la expropiación y adjudicación de tierras a los campesinos, al amparo de la reforma agraria de 1932. Entre Marzo y Julio se expropió y repartíó más de medio millón de hectáreas. Sin embargo, esta medida fue rápidamente desbordada por la acción de los jornaleros que se lanzaron a la ocupación de fincas.

5.Tramitación de nuevos estatutos de autonomía. El Estatuto de Galicia, fue aprobado en plebiscito en Junio de 1936, y el del País Vasco estaba prácticamente terminado enjulio de 1936.

Sin embargo, el ambiente social era cada vez más tenso. La izquierda obrera había optado por una postura claramente revolucionaria y la derecha buscaba de forma evidente detener esta revolución. Desde el mes de Abril se sucedieron los enfrentamientos violentos en las calles entre grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas. Unos y otros parecían prepararse para el enfrentamiento inminente.

La conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. Por un lado, había una trama política conformada por los principales líderes de los partidos: Gil Robles, Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, crecía el número de generales implicados (Franco, Goded, Fanjul, Varela) y Mola, destinado en Pamplona, se convirtió en el jefe de la conspiración, el «director» del golpe. Iniciaron contactos con Mussolini y Hitler. La madrugada del 13 de Julio era asesinado José Calvo Sotelo, jefe de la oposición monárquica. El enfrentamiento era inevitable.

En suma, la República fue recibida con entusiasmo popular ante el ambicioso programa de reformas que abordó y que eran necesarias para modernizar el Estado, la economía y la sociedad. Sin embargo, la República encontró grandes obstáculos en el contexto internacional (crisis económica a nivel mundial tras la caída de la Bolsa de Nueva York y enfrentamiento entre el fascismo y la democracia en Europa) y en el interior (consenso débil, fuerte y heterogénea oposición desde derecha e izquierda, inestabilidad política, conflictividad social, falta de cultura democrática,…).

Las primeras elecciones republicanas fueron las más democráticas de las celebradas hasta entonces en la historia de España. El partido que obtuvo más escaños fue el PSOE. Considerados en conjunto, la izquierda alcanzó una clara mayoría. Tiempo después se formó el primer gobierno constitucional, presidido por Manuel Azaña (Acción Republicana) e integrado principalmente por republicanos de izquierdas y socialistas. En un gesto conciliador se cedíó la presidencia de la República al conservador Alcalá Zamora.

El nuevo gobierno se propuso la tarea de realizar una profunda transformación de la realidad española, con el fin de satisfacer las amplias expectativas sociales depositadas en él.

• Política religiosa: Se empezaron a promulgar leyes que afectaban directamente los intereses de la Iglesia (disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes, matrimonio civil, divorcio, prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, etc.). Amplios sectores del clero interpretaron estas medidas como una provocación. Esto significó una constante oposición entre la Iglesia, apoyada por el partido de Acción Popular, y la República.

• La enseñanza y la cultura: En el campo de la educación, el problema básico con el que se enfrentó la República fue el elevado índice de analfabetismo y la falta de escolarización de casi la mitad de la población infantil. Por ello los mayores esfuerzos se centraron en la enseñanza primaria. Para ello se programó la construcción de nuevas aulas que en algunos casos se vieron frenadas por falta de presupuestos pero que supusieron un aumento de un 50 % sobre las ya existentes. Otro objetivo, en concordancia con el carácter laico del Estado, fue establecer en la escuela la libertad religiosa, tanto para profesores como para alumnos.

• La reforma del ejército: La mayoría de los militares se habían mostrado contrarios al régimen republicano, por tanto, la reforma del ejército se convirtió en un asunto prioritario. Los objetivos eran dos: ganarse la fidelidad del ejército para la República y aumentar su eficacia. Para resolver este problema Azaña propuso el retiro, con el sueldo íntegro, de todos los oficiales que no quisieran prestar juramento de fidelidad a la República. Además, se colocó al frente de las principales capitánías generales a militares de confianza. Con ello se aseguró, teóricamente, la lealtad del ejército. Paralelamente, se creó la Guardia de Asalto, como cuerpo afín a la República y encargado del orden público, con el fin de sustituir al ejército en esta función.

• La política autonómica: La Constitución mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a las regiones que lo solicitasen. De esta manera Cataluña conseguía su Estatuto en Septiembre de 1932, a través del cual se convertía en regíón autónoma, que sería regida por un gobierno propio, la Generalitat, formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. El País Vasco, a pesar de la fuerza del movimiento autonomista, no tuvo su estatuto hasta 1936. No obstante, la política autonómica levantó el recelo de un sector del ejército y de los sectores sociales más conservadores temerosos de la posible división de España.

• El problema social: A causa de la crisis económica mundial de 1929, el paro obrero en España constituye uno de los elementos dominantes del panorama social entre 1931 y 1936. La legislación laboral alcanzó gran amplitud durante los dos primeros años de gobierno de la República: leyes de jornada máxima, de regulación del derecho a la huelga, etc. La actitud de los grandes sindicatos frente a la cuestión social no seguía una línea única, aunque, en general, destacó la oposición violenta de los anarquistas hacia la República.

• La reforma agraria: La reforma agraria fue, sin duda, el proyecto económico y social de mayor magnitud que debía acometer la República, pues España seguía siendo un país eminentemente agrario; los campesinos eran casi el 50 % de la población activa y de ellos la mayoría eran jornaleros, es decir, campesinos sin tierra. Sin embargo, el principal problema del campo afectaba a la estructura de la propiedad con amplios latifundios al sur del Tajo, que colocaba a amplios sectores sociales en una situación de miseria y paro. Por ello, periódicamente se producían ocupaciones ilegales y estallidos de violencia social. La Ley de Reforma Agraria establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas según las costumbres de la zona, para ser repartidas entre las familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria. Sin embargo el sistema de redistribución presentó muchos problemas, a los que hay que unir la oposición de los terratenientes expropiados, el carácter excesivamente burocrático del Instituto, la falta de estudios previos sobre calidad y rendimientos de la tierra, etc. La tan anhelada reforma agraria supuso una considerable frustración para los campesinos que habían depositado la esperanza de un futuro mejor.

A mediados de 1933, la oposición de los partidos de derechas y la postura violenta de los anarquistas en la cuestión agraria, hicieron aparecen síntomas de inestabilidad. En 1933, Azaña dimitíó como jefe del gobierno y Alcalá-Zamora decidíó convocar nuevas elecciones, que desembocará en el bienio radical-cedista.

La dictadura de Primo de Rivera se mantuvo hasta 1930. Las causas hay que buscarlas en la prosperidad de la segunda mitad de la década, un periodo de especial bonanza en la economía mundial, que permitíó en España un crecimiento importante. Sin embargo, el gran defecto de esta ambiciosa política económica de modernización de España es la gran generación y acumulación de Deuda Pública.

La mala coyuntura económica de 1929 (el famoso crack de la bolsa de Nueva York) impide la continuación de las obras públicas. A ello hay que añadir el descontento de los partidos políticos y de los militares. Cuando Alfonso XIII se convence de que la dictadura es un peligro para su régimen retira su apoyo a Primo de Rivera que dimite en Enero de 1930. Alfonso XIII decidíó restablecer el viejo sistema parlamentario, pero los dos Gobiernos que se sucedieron (el de Berenguer y el de Aznar) fueron incapaces ya de resucitar lo que podía considerarse un cadáver político.

Al margen del sistema, los partidos de la oposición establecieron el Pacto de San Sebastián (1930), integrado por republicanos y autonomistas catalanes, a los que se incorporaron después socialistas y anarquistas. Finalmente la caída de la monarquía se produjo por los resultados de las elecciones municipales que tuvieron lugar el día 12 de Abril de 1931, donde los partidos monárquicos fueron derrotados. El triunfo de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades precipitó, el 14 de Abril, la proclamación de la República. La amplitud del movimiento popular llevó a que el rey Alfonso XIII, aislado y sin apoyos, abdicara de la corona y se exiliara en Italia.

La crisis económica internacional de los años treinta, cuya primera manifestación fue el crack de la bolsa de Nueva York en el año 1929, ha sido la más profunda de las experimentadas por el sistema capitalista. No obstante, sus efectos en España se notaron en mucho menor grado debido principalmente al carácter cerrado de su economía, ya que se encontraba fuertemente protegida del exterior por la política arancelaria, puesto que su producción se destinaba al mercado interior. De hecho, la depresión tardó más tiempo en afectar a España (1933 fue el año más crítico). Sin embargo, como la economía española en muchos aspectos era dependiente de los países desarrollados, la crisis internacional tuvo al menos tres consecuencias:

1. Contracción del comercio exterior, que afectó en especial al sector agrícola más productivo, a la industria minera y a la siderúrgica. Las exportaciones disminuyeron en cuanto volumen y, sobre todo, en valor a causa del hundimiento generalizado de los precios en los mercados internacionales.

2. Colapso de las inversiones industriales extranjeras que se agravó con la crisis política en el interior de España.

3. Modificación de los flujos migratorios entre España y el extranjero, pues se interrumpieron a causa de la crisis en los países de destino y el aumento de los retornos que contribuyó al aumento del desempleo en España.

Sin embargo, los principales problemas de la II República estuvieron causados sobre todo por la situación interna: la desconfianza y el boicoteo de terratenientes y capitalistas, por un lado, y la radicalización y conflictividad social de campesinos y obreros por otro.

En suma, las dificultades internas se definían por paro agrícola, reparto desigual de la tierra, escasa financiación empresarial, escasa competitividad internacional, déficit comercial y escasa confianza de los empresarios en el régimen republicano (por sus políticas sociales y de reformas laborales).

Por otra parte, la política de los sucesivos gobiernos republicanos de disminuir el gasto público para equilibrar el déficit heredado de la Dictadura de Primo de Rivera tuvo efectos desastrosos para la industria pesada (al reducirse simultáneamente la inversión pública y privada). Las reformas laborales (aumento de salarios, descenso de la jornada de trabajo), disminuyó el beneficio del empresario (aumentando su desconfianza hacia el gobierno) pero elevó la renta de los trabajadores (lo que favorecíó a las industrias de bienes de consumo).

1. – ¿Cómo justifica Primo de Rivera el Golpe de Estado de 1923?

Nos encontramos ante un texto de temática política en el que Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, anuncia y justifica su Golpe de Estado, el 13 de Septiembre de 1923, dirigíéndose “al país y al Ejército”.

En el primer párrafo dice que actúa forzado por las circunstancias y por el clamor popular para salvar a la Patria de los profesionales de la política que han llevado a España a una situación de absoluta inmoralidad desde 1898.

En el segundo párrafo comienza a desglosar cada uno de los males que, según él, están destruyendo a España y que le han llevado a dar un Golpe de Estado.  El primero de ellos, los vicios del sistema electoral (el encasillado, el pucherazo y el turnismo) que secuestran la auténtica voluntad popular.

En el tercer párrafo recalca la idea de que, según él, la intervención militar es un clamor popular y especifica más aún los males que, según él, estaban llevando a España a la ruina: asesinatos y secuestros, inseguridad ciudadana, mala gestión de la economía, corrupción política y económica, petición de responsabilidades por el desastre de Anual, huelgas, propaganda comunista y anarquista, politización de la Justicia, ataques a la Iglesia Católica y separatismo.

En resumen, pinta un cuadro catastrófico para España lo que le obligaría a intervenir para salvar a la Patria de un supuesto caos.

2. – Resume sus causas y los apoyos con lo que contó

 Entre las causas del Golpe de Estado tenemos:

1. Contexto internacional: Ascenso del fascismo tras la I Guerra Mundial y la Revolución Socialista en Rusia. Mussolini llegó al poder en Italia en 1922 con el fin de imponer el “orden social” por la fuerza y alejar el peligro comunista.

2. Crisis del sistema de la Restauración: El corrupto sistema de la Restauración entra en una fase de inestabilidad política con continuos cambios de gobierno incapaces de resolver los problemas del país.

3. Petición de responsabilidades por el desastre militar en Annual (Marruecos): Tras el desastre de Annual; primera derrota militar española en la guerra del Rift y una importante victoria para los rifeños comandados por Abd el-Krim, hay una petición de responsabilidades que afectarían a altos mandos del Ejército y al rey Alfonso XIII. Se elabora el Informe Picasso que jamás ve la luz.

4. Conflictividad laboral social: Las desigualdades provocadas por la neutralidad española en la I Guerra Mundial van a generar un descontento laboral y social. Todo esto, va a hacer que crezcan las huelgas y atentados que van a ser respondidos desde la patronal con el asesinato de líderes obreros y sindicales.

5. Auge de los nacionalismos periféricos y del republicanismo: La crisis del sistema hace que crezcan, además de las organizaciones obreras, los movimientos nacionalistas en algunos territorios y el republicanismo como alternativa a una monarquía muy desgastada.

El Golpe de Estado contó con los siguientes apoyos:

1. El rey, que veía con temor la descomposición del sistema, así como la petición de responsabilidades por el desastre de Anual que le afectaba a él mismo por su apoyo al General Silvestre.

2. El Ejército, que no admitía la petición de responsabilidades a altos cargos militares por el desastre de Anual y que se creía con el derecho y el deber de “salvar a la Patria” de los males descritos en el texto.

3. La patronal, en especial la patronal catalana, que veía con pavor las huelgas, los atentados terroristas y el temor a una revolución.

4. La burguésía catalana, que se puso sin disimulos al lado de la dictadura. Con esta postura alcanzaba lo que intentaba desde 1875: frenar a la clase obrera y a los políticos de los antiguos partidos, defensores en su mayoría de la España atrasada y terrateniente.

Podríamos añadir la pasividad del Movimiento Obrero, indiferente hacia la caída de un sistema político corrupto y caduco. Además, había la creencia de que la dictadura sería efímera, pasajera, hasta que el país se estabilizara.

Nos situamos en España, concretamente el 13 de Septiembre de 1923, día en el que Primo de Rivera dio un Golpe de Estado militar España, e implantó una dictadura que duró siete años. Se diferencian en ellas dos formas de gobierno: el Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930).

La dictadura se presentó como una solución provisional para “poner orden y solucionar los males de España”. Tras el Golpe de Estado, Alfonso XIII nombra a Primo de Rivera presidente del directorio, y le permite formar un gobierno integrado exclusivamente por militares. Para su mandato Rivera contó con el apoyo evidente del rey, así como el de la alta burguésía, las clases medias y el ejército. Este Directorio Militar disolvíó las Cortes, establecíó una serie de medidas como el estado de guerra, la suspensión (sin derogarla) de la constitución del 76 y de las garantías constitucionales, la disolución de los parlamentos, ilegalización de partidos políticos y organizaciones obreras.

Además, Primo de Rivera aplicó una política de «mano dura» en todo lo referente al orden público. Para contribuir al mismo fue militarizado, esto causó que los anarquistas se llevaran la peor parte en esta represión ya que, sus locales y órganos de prensa fueron clausurados.

De igual modo, en esta época se intentó acabar con el caciquismo, por ellos se reemplazan fueron disueltos y sus miembros sustituidos por personas adictas al nuevo régimen, se creó la Uníón Patriótica (1924), una especie de partido único bajo la dirección de un militar, tratando de seguir el modelo fascista impuesto por Mussolini en Italia.  Además, Instauró una política muy represiva dirigida a la CNT.

Con respecto al separatismo, Primo de Rivera se mostró inflexible con el catalanismo. En consecuencia, liquidó la mancomunidad catalana, prohibíó el uso de símbolos catalanistas y el uso del catalán en el ámbito público. No obstante, al haber restablecido el orden público, contó con el catalanismo moderado de la Liga Regionalista.

Todo esto reduce notablemente el bandolerismo, el pistolerismo y los conflictos laborales. También intenta mantener el apoyo del ejército resolviendo el problema de Marruecos. Adicionalmente el Directorio Militar y su carácter regeneracionista se concretó en una legislación social que reguló el trabajo de la mujer y las viviendas destinadas a obreros. Estos éxitos dieron gran popularidad Primo de Rivera y al final de 1925 cambió la composición del directorio por un gobierno más técnico en el que se inclinan hombres civiles, algunos procedentes de los antiguos partidos del régimen.

Será el llamado Directorio Civil (1925-1930), tuvo como objetivo abandonar la excepcionalidad política iniciada con el golpe y regresar a la normalidad, cediendo protagonismo a civiles e institucionalizando el régimen.  Se formó Un nuevo Gobierno del que formaba parte Calvo sotelo, ministro de Hacienda. Por otro lado, Primo de Rivera Llevó a cabo una reorganización del Estado basándose en el Implantado por Mussolini en Italia, y en 1924 crea la Uníón Patriótica cuya misión era apoyar la dictadura.

En consecuencia, a esa directriz, se convocó en 1927 la Asamblea Nacional Consultiva, una cámara que sustituirá a las Cortes (Congreso y Senado), de carácter corporativo. Esta inició sus trabajos para elaborar un proyecto de Constitución autoritaria en 1928, pero terminó siendo un fracaso y no llegó a cumplir sus objetivos.

Por otro lado, para hacer frente a la conflictividad social se combinó la represión con la negociación, reprimiendo las opciones radicales del movimiento obrero (PCE y CNT), y permitiendo la colaboración del PSOE y la UGT y el mantenimiento de sus actividades.

Cabe comentar que la política socio-laboral de Primo de Rivera se llevó a cabo sobre la base de una concepción paternalista del Estado e incorporando elementos del corporativismo fascista italiano que pretende, para superar la conflictividad social la idea de la colaboración entre grupos sociales al considerar a la comunidad social como un organismo, en el que resulta imprescindible la solidaridad y la distribución de funciones entre sus distintos miembros. El paternalismo supone que el intervencionismo del Estado debe extenderse a la mayor parte de los campos sociales

En referencia a la política económica, se caracterizó por el intervencionismo estatal en la economía, aunque respetando las reglas básicas del capitalismo. De igual modo, se continuó con la tradicional política proteccionista, se concedieron amplios monopolios como la Compañía arrendataria del monopolio de petróleos (CAMPSA), los grandes bancos continuaron su expansión. Con el nuevo régimen se acentuó el poder de la oligarquía financiera.

En otra orden de asuntos, los intentos de perpetuar la Dictadura no obtuvieron apoyos políticos suficientes. El régimen tuvo que afrontar numerosas críticas, una creciente oposición. Así encontramos el pronunciamiento militar conocido como la sanjuanada protagonizado por militares descontentos. Asimismo, El movimiento obrero se posiciona ya claramente en contra de la dictadura. Pues, tras la muerte de Pablo Iglesias en 1925, el PSOE estará dirigido por Julián Besteiro, muy moderado y partidario de la colaboración, pero, poco a poco, se irán imponiendo en el PSOE y la UGT las tesis de enfrentarse al régimen.

En conclusión, el ascenso de los partidos republicanos y la oposición al régimen tanto política como culturalmente se enfrentaron directamente al dictador, a pesar de la rígida censura. Primo de Rivera, falto de apoyos, incluso del grueso de los militares y del propio rey, cuya imagen había quedado ligada al régimen dictatorial, presentó su dimisión en Enero de 1930.