Carácterísticas generales del periodo
Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se desarrolló en España, al igual que en gran parte de Europa, el proceso de construcción del Estado liberal.
Así pues, se establecerá una monarquía constitucional inspirada en los principios liberales, se llevarán a cabo una serie reformas legales carácterísticas de un Estado moderno y centralizado, se asentará una economía capitalista y se estructurará una sociedad de clases. Pero una serie de problemas dificultaron este proceso: el modelo político liberal que terminó implantándose en España fue de carácter moderado y estuvo controlado por una minoría (alianza de la antigua nobleza terrateniente y de la nueva burguésía agraria y de negocios) que mediante el sufragio censitario restringido y la manipulación del sistema electoral, dejaba marginada de las decisiones políticas y económicas a la inmensa mayoría de la población. Además, el periodo estuvo marcado por la constante intervención de los militares en la vida política, liderando pronunciamientos para impulsar un cambio de gobierno, como líderes de los partidos o jefes de gobierno. Por otro lado, durante el reinado de Isabel II se fueron configurando los partidos que dominaron la vida política española del Siglo XIX: moderados, progresistas, unionistas, demócratas y republicanos. Estos partidos funcionaban más bien como camarillas, agrupaciones de personas influyentes en torno a algún notable (civil o militar) unidos por relaciones personales, opiniones políticas e intereses económicos. Todas estas circunstancias produjeron una constante inestabilidad política.
La regencia de María Cristina (1833-1840)
Tras la muerte de Fernando VII, en 1833 le sucedíó en el trono su hija Isabel II, gracias a la abolición de la Ley Sálica de 1713. Al ser menor de edad, su madre, María Cristina, asumíó la regencia y se vio obligada a buscar el apoyo de los liberales frente a Carlos María Isidro, hermano de rey, que no aceptó los derechos de su sobrina y se levantó en armas. Este conflicto dinástico dio origen a las guerras entre carlistas (absolutistas) e isabelinos (liberales) en 1833-1840 y 1846-1849. El programa ideológico del carlismo se basaba en la defensa del absolutismo, el catolicismo, los privilegios del Antiguo Régimen y el foralismo vasco-navarro. La Primera Guerra Carlista concluyó con el Convenio de Vergara de 1839, firmado por el general liberal Espartero y el carlista Maroto. El triunfo de los liberales hizo posible la transformación de la antigua monarquía absoluta en una monarquía constitucional. Durante los primeros años la vida política estuvo protagonizada por monárquicos reformistas y por liberales moderados, quienes fracasaron en su intento de reconciliar el absolutismo y el liberalismo. Se aprobó el Estatuto Real de 1834 impulsado por Martínez de la Rosa, una carta otorgada que no contemplaba derechos individuales y establecía unas Cortes bicamerales sin atribuciones legislativas y subordinadas a un monarca con amplios poderes. En 1836 se produjo la Sublevación de los sargentos de la Granja, motín progresista con el fin de forzar a la Regente a una vuelta a la Constitución de 1812. Se redactó la Constitución de 1837, que recuperaba algunos de sus aspectos más progresistas, pero con concesiones a los moderados: separación de poderes, declaración de derechos, Cortes bicamerales, reconocimiento de la soberanía nacional, pero atribuida a las Cortes con el rey, quien podía nombrar y cesar a los miembros del Gobierno, vetarlas leyes y disolver las Cortes. Se mantuvo el sufragio censitario. Durante la Regencia de Ma Cristina, las medidas más importantes fueron la división provincial en 49 provincias de Javier de Burgos en 1833, y la desamortización de Mendizábal en 1836, que consistíó en la nacionalización de las propiedades eclesiásticas y su subasta pública, con el fin de crear una clase de nuevos propietarios afines a la causa liberal y sanear la deuda pública. Supuso la sustitución de la propiedad amortizada y
vinculada por la propiedad libre y circulante de una economía de mercado. El intento de promulgar una ley de Ayuntamientos de 1840 y la elaboración de un proyecto de ley que recortaba el sufragio, aumentó la oposición de los progresistas y el estallido de sublevaciones populares. Finalmente, Ma Cristina se vio obligada a renunciar a la Regencia. La Cortes eligieron como nuevo regente a Baldomero Espartero, general del ejército liberal que se había convertido en el líder de los progresistas.
La regencia de Espartero (1840-1843)
Espartero impuso un régimen liberal autoritario apoyado en el ejército, especialmente en su grupo de fieles. La firma de un acuerdo librecambista con Inglaterra engendró grandes protestas en Barcelona que fueron duramente reprimidas. El bombardeo de la ciudad llevó a que Espartero perdiera toda su popularidad, incluso entre los propios progresistas. Finalmente, una sublevación militar organizada por los moderados y liderada por el general Narváez, puso fin a su Regencia. Las nuevas autoridades aceleraron la coronación como reina de Isabel II.
La mayoría de edad de Isabel II (1843-1868)
Durante la mayoría de edad de Isabel II, ya desmantelado el Antiguo Régimen, se procedíó a la construcción del nuevo Estado liberal en España de manera definitiva, aunque no se consiguió la estabilidad política. Una vez en el trono y con poca experiencia (13 años) Isabel II se vio pronto manipulada por una camarilla de favoritos. La reina mostró desde un principio su preferencia por los moderados, dejando fuera del juego político al partido progresista. Comienza así la Década Moderada (1843-1854) con el gobierno del general Narváez. Se promulgó la Constitución de 1845, en la que la soberanía es compartida entre la Corona y las Cortes, se otorgan más poderes a la Corona y al Gobierno, y se recortan los del Parlamento. El rey designa el Senado (cargo vitalicio de miembros de la Iglesia, el Ejército y la oligarquía), el sufragio censitario es más restringido; la declaración de derechos es limitada y el catolicismo es la religión del Estado. Además, se pusieron en marcha otras medidas para lograr la centralización administrativa y legislativa tales como la ley de administración local (1845), por la que los ayuntamientos pasaron a ser elegidos por los mayores
contribuyentes y la Corona podía designar a los alcaldes de las grandes ciudades, y la ley de ordenación provincial (1845), por la que los gobernadores civiles quedaron como representantes del Gobierno en cada provincia mientras
las diputaciones perdían influencia. Se aprobaron además el Código penal (1848) y el Código civil (1851). La creación de la Guardia Civil en 1844, en sustitución de la Milicia Nacional, tenía como objetivo mantener el orden en el medio rural y proteger la propiedad. La Ley Mon-Santillán (1845) pretendíó resolver la deuda estatal y sistematizar los impuestos heredados del Antiguo Régimen mediante un impuesto directo sobre las tierras y otro de consumos, que encarecía los productos de uso diario. El Plan Pidal (1845) regulaba la educación estableciendo niveles de enseñanza y planes generales de estudio. Se reestablecieron las relaciones con la Iglesia con el Concordato con la Santa Sede (1851), reconociendo la religión católica como única de la nacíón. Esta podía intervenir en la enseñanza, aceptaba la desamortización y el Estado reconocía su capacidad para adquirir bienes y sufragaba los gastos “de culto y clero”.
Continuación mayoría de edad de Isabel II
El Bienio Progresista (1854-1856) se inició con el pronunciamiento militar de “la Vicalvarada”, liderado por el general O’Donnell. Fue seguido por la publicación del Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo, en el que se exigían reformas políticas y cortes constituyentes para hacer posible una auténtica regeneración liberal. El golpe triunfó e Isabel II llamó a formar gobierno a Espartero. En este periodo se elaboró un proyecto de Constitución en 1856 (non nata), en la que se recogían los principios de soberanía popular, libertad de imprenta y religiosa, ampliación del sufragio, recuperación de la Milicia Nacional, elección directa de los alcaldes… Además, se llevó a cabo la desamortización de Pascual Madoz (1855) que afectó sobre todo a los bienes comunales de los ayuntamientos y que permitíó, con los fondos obtenidos poner en marcha la Ley General de Ferrocarriles (1855). También la Ley Bancaria de 1856 permitíó la creación del Banco de España. Durante el Bienio estallaron numerosos conflictos sociales por una crisis de subsistencia que favorecieron la caída del gobierno progresista y la vuelta de Narváez y los moderados al poder en 1856. De esta manera, se inicia la última etapa del reinado de Isabel II (1856-1868) durante la que se alternan en el poder el Partido Moderado y la Uníón Liberal, un partido de centro fundado por O’Donnell que gobernará entre 1858 y 1863. Se vuelve a la Constitución de 1845, se paraliza la desamortización de 1855 y se fortalece a la Guardia Civil. Destaca la ley de instrucción pública de Moyano (1857), que creaba los institutos de enseñanza media, los cuerpos de catedráticos y reconocía el derecho de la Iglesia a inspeccionar el sistema educativo. Esta época estuvo marcada por la euforia económica (expansión de los ferrocarriles) y por el intervencionismo exterior (Marruecos, México, Indochina…) con una serie de guerras “patrióticas” en el exterior para ganar popularidad en el interior, sofocando las críticas y los problemas sociales. Con la vuelta de Narváez al poder en 1863 se inicia el final del periodo, marcado por la inestabilidad política
y una deriva cada vez más autoritaria y represiva de Narváez. Además, a partir de 1864 comenzó una crisis económica que empeoró la situación del gobierno. Por otro lado, el favoritismo de la reina hacia el partido moderado excluía a los grupos de la oposición (progresistas, demócratas y republicanos) del acceso al poder. Es por ello, que progresistas, demócratas e incluso unionistas, firmaron el Pacto de Ostende en 1866 (apoyado por generales como Prim, Serrano y el vicealmirante Topete) con el objetivo de derrocar a la reina y a su régimen y establecer unos derechos fundamentales. Finalmente, la revolución de Septiembre de 1868, conocida como “la Gloriosa”, supondrá el destronamiento de Isabel II, su exilio a Francia y el inicio del periodo denominado Sexenio Democrático.