Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII encargó al general Dámaso Berenguer la formación de un gobierno que retornara a la normalidad constitucional restableciendo garantías, reponiendo en las cátedras de las universidades a los profesores sancionados y disolviendo la Asamblea Nacional Consultiva. Sin embargo, la sociedad española estaba transformándose y pedía cambios. Por un lado, los partidos dinásticos tradicionales, ya no apoyaban al monarca que los había relegado de la vida política, por otro, la sociedad urbana censuraba el caciquismo y se acercaba a posturas republicanas. De hecho, en 1930, los diversos partidos republicanos firman el Pacto de San Sebastián que perseguía la proclamación de la república.
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A las elecciones municipales del 12 de Abril de 1931 convocadas por el almirante Aznar que sustituyó en el gobierno a Berenguer, concurrieron en coalición los socialistas y republicanos. Las plantearon como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía y su victoria en 41 de las 50 grandes ciudades precipitó la abdicación de Alfonso XIII y la proclamación de la II República el 14 de Abril.()
Se establecíó entonces un gobierno provisional, presidido por el conservador Alcalá Zamora y con ministros de todos los partidos republicanos que representaban tanto a las clases medias y burguesas, Derecha Liberal Republicana y el centrista Partido Radical de Lerroux, hasta a los trabajadores y jornaleros, PSOEy partidos republicanos de izquierda. Había además, miembros de partidos nacionalistas gallegos y catalanes()
Mientras se trabajaba en la convocatoria de Cortes Constituyentes, que lograra entre otros objetivos un debate sobre la cuestión territorial, el gobierno abordó tres grandes reformas: laboral, militar y educativa que trajeron a la larga, serias consecuencias. En cuanto a la reforma laboral, dirigida por el socialista Largo Caballero, pretendía mejorar fundamentalmente las condiciones de trabajo en el campo. Para ello, se aprobaron dos decretos: en primer lugar, el Decreto de Laboreo Forzoso que obligaba a los propietarios agrícolas a poner en cultivo la totalidad de sus tierras, y a continuación, el Decreto de Términos Municipales, que les obligaba además a contratar a braceros y jornaleros de sus términos municipales. Se aprobaron también la jornada de ocho horas y el seguro de accidentes de trabajo. Por lo que respecta a la reforma militar llevada a cabo por Azaña, buscaba reducir el número de oficiales en favor del poder civil como planteamiento para modernizar y mejorar el ejército, a cuyos miembros se les hizo prometer fidelidad a la República. Además, se clausuró la Academia Militar de Zaragoza, de la que era director Francisco Franco. Finalmente, en el ámbito educativo, Marcelino Domingo planteaba la necesidad de extender una educación de carácter laico dirigida al progreso que erradicara el analfabetismo. Se crearon alrededor de 7000 escuelas a las que se asignaron un número similar de maestras y maestros. La aprobación de la no obligatoriedad de la enseñanza de religión terminó de irritar a la Iglesia católica que entendíó esta reforma como una pérdida de poder.
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Las elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron en Junio con sufragio universal masculino pero con una nueva ley electoral que favorecíó que fueran las primeras realmente limpias. Por primera vez hubo tres diputadas: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. El resultado fue una gran mayoría, el 90% del Parlamento, para la coalición republicano socialista, que no logró sin embargo el consenso en un texto que declaraba la forma de gobierno de España como una república democrática con auténtica división de poderes y laica. La Constitución de 1931 reconocía el derecho a voto de las mujeres, la educación primaria obligatoria, gratuita y libre, el matrimonio civil y el divorcio. Reconocía también el derecho a la propiedad privada pero establecía que podía ser objeto de expropiación con indemnización por utilidad social.
Era un primer paso hacia la nacionalización de tierras. El punto sin embargo más conflictivo del texto fue el planteamiento de la separación Iglesia – Estado. La libertad de cultos, el fin de la financiación estatal de la Iglesia, la prohibición a las congregaciones religiosas de ejercer la educación y la disolución de la Compañía de Jesús supusieron incluso la dimisión del presidente de la República, Alcalá Zamora. La cuestión territorial, promovida por catalanes que lograron aprobar en 1931 el Estatuto de Nuria, y vascos que aprobaron el suyo en 1936, se resolvíó en el texto constitucional reconociendo el derecho de las regiones a constituirse en régimen de autonomía
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de la propiedad creando una clase de campesinos propietarios. La aplicación de la ley quedó en manos del Instituto de Reforma Agraria (IRA) pero la complejidad de la legislación y el escaso presupuesto para indemnizaciones provocaron que los resultados quedaran lejos de los planteados: de los 70000 campesinos a los que se dirigía sólo pudieron asentarse 12000. A estas cifras hay que añadir el consiguiente malestar de expropiados campesinos. Estos últimos se fueron postulando a lo largo de esta etapa en posturas promovidas por el anarquismo tanto de la CNT como de la FAI (Federación Anarquista Ibérica) que promovieron la intensa agitación social que estalló en los episodios sangrientos de Arnedo y Castilblanco y Casas Viejas cuya gestión por parte del gobierno minó su credibilidad entre el electorado de izquierdas y precipitó su caída.
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Aprobada la Constitución de 1931, se convocaron elecciones generales. En la presidencia de la República de nuevo el conservador Alcalá Zamora, que encargó la formación de gobierno a Azaña. Este optó por la alianza con republicanos y socialistas. Comenzaba el Bienio Reformista (1931 – 1933) que ahondó en las reformas iniciadas por el gobierno provisional. Se amplió la red escolar con la construcción de 13000 escuelas más y la aprobación de 12000 plazas de maestros nuevas. De la mano de intelectuales como García Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernández se pusieron en marcha las Misiones Pedagógicas. Largo Caballero continuó en el planolaboral legislando para alcanzar niveles europeos de derechos: se aprobaron las leyes de Contrato de Trabajo, de Jurados Mixtos para abordar los conflictos y de Asociaciones Obreras. En esta línea el gobierno aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria (1932) que acometía expropiaciones de tierras a grandes latifundistas con el objetivo de modernizar técnicamente el campo y la redistribución A las elecciones generales de Noviembre de 1933, en el que por primera vez se hizo efectivo el derecho a voto de las mujeres, se llegó en un ambiente de fuerte confrontación política y de gran despliegue propagandístico. Las derechas encabezadas por una nueva formación, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) liderada por Gil Robles, lograron movilizar a los votantes católicos, mientras que las formaciones de izquierda llegaron profundamente desunidas y decidieron concurrir separadas. En 1933 José Antonio Primo de Rivera fundaba Falange Española, cercana a la ideología del Fascismo. El resultado de los comicios dio paso al Bienio Radical Cedista (1933 – 1936) con un Parlamento fragmentado, formado por más de veinte formaciones políticas, en el que la victoria de la CEDA no supuso sin embargo que lideraran el gobierno. Alcalá Zamora encargó la presidencia a Lerroux, que se vio obligado por la presión de estos, a revisar todas las reformas emprendidas durante el Bienio Reformista: se dejaron en suspenso aspectos de la reforma religiosa y se modificaron las leyes en materia laboral.
Se aprobó la Ley de Amnistía que supónía el reingreso en el ejército de los militares que participaron en el intento de Golpe de Estado de 1932, la Sanjurjada. En 1934 el mundo obrero extremó sus posturas y encabezado por la UGT de Largo Caballero exigía la nacionalización de la tierra y la disolución de las órdenes religiosas, la Guardia Civil y el ejército.