11.2 España había quedado totalmente arruinada tras la guerra. La producción agrícola e industrial se redujo a niveles anteriores a 1936, así como la renta nacional y per cápita. Es la época de las cartillas de racionamiento y el estraperlo (mercado negro). La recuperación económica fue mucho más lenta que en Europa. La política económica adoptada durante los primeros años del régimen fue la autarquía, propia de la ideología fascista, y forzada por el aislamiento internacional, la Guerra Civil y la mundial. Este término se refiere a la búsqueda de la autosuficiencia de un determinado país, reduciendo al mínimo su dependencia respecto al exterior.
Sin embargo, en el caso español la carencia de materias primas (petróleo), tecnología y capitales supusieron un gran obstáculo a la política autárquica. Esta política se acompañó de un fuerte intervencionismo estatal. En 1937 se creó el Servicio Nacional del Trigo que impónía a los agricultores la entrega del cereal a precios bajos, lo que desanimó la producción. En 1949 se creó el Instituto Nacional de Colonización que estimulaba la conversión de las tierras de secano en regadío. En 1952 se puso en marcha la Ley de Concentración Parcelaria y en 1953 el Plan Badajoz. A la vez el Estado controlaba el mercado interior por medio del racionamiento (hasta 1953), fijaba los salarios y controlaba los precios. Esto provocó la aparición del mercado negro. En la industria se reguló la creación de nuevas empresas y se impidieron las inversiones extranjeras que superasen el 25% de una empresa. Esto creó una industria débil, incapaz de competir con el exterior. Se constituyeron empresas públicas con carácter subsidiario de la empresa privada como el INI (Instituto Nacional de Industria en 1941) que actuó en el transporte, la industria o la electricidad a través de empresas subsidiarias (ENDESA, ENSIDESA,) o la RENFE (1940). No obstante, la mala situación económica a finales de los años 50 puso de manifiesto que era necesario un cambio y produjeron las primeras protestas sociales en Madrid y Barcelona en 1956. El nivel de vida se había deteriorado enormemente sobre el existente antes de la Guerra Civil. El problema de la economía española era la inflación y la incapacidad para hacer frente al pago de las importaciones (cada vez más caras pero imprescindibles. Por ejemplo, España se podía haber quedado sin petróleo por no disponer de dinero público para pagarlo). En 1957 se produjeron cambios importantes en el gobierno.
Se incorporaron nuevos

integrantes procedentes del Opus Dei que ocuparon las carteras de Hacienda (Navarro Rubio) y Comercio (Ullastres), desplazando a los católicos de la ACNP. Los llamados tecnócratas aportaron al gobierno una sólida formación técnica, encaminada a la liberalización de la economía. En el aspecto económico es donde el régimen consiguió los mejores resultados. En 1958 España se había incorporado a la OECE y al FMI. En 1959 los tecnócratas iniciaron la liberalización de la economía con la puesta en marcha del Plan de Estabilización. Sus medidas iban encaminadas a frenar la inflación (estabilizar la economía, precios y salarios) y a liberalizar el sector exterior. Se devaluó la peseta con respecto al dólar (1 dólar= 60 pesetas) Progresiva liberalización del comercio exterior (arancel de 1960). Se redujo el gasto público, con lo que disminuyó la inflación. Además, se intentó equilibrar la balanza comercial disminuyendo las importaciones y en los años siguientes se tomaron medidas con respecto a la banca (1962): se puso al Banco de España bajo el control del Ministerio de Hacienda, se limitó el crédito a la banca privada y se crearon instituciones de crédito estatales (Banco Hipotecario). Finalmente, se subieron algunos impuestos (tabaco, gasolina) para aumentar la recaudación. Los costes de este ajuste económico fueron los siguientes: se redujo la actividad económica, crecíó el paro, lo que forzó despidos masivos y se produjo la emigración al exterior de

población desempleada (Francia, Alemania Federal o Suiza). Con todo entre 1960-1973

España experimentó un importante crecimiento (la producción industrial crecíó un 160%) e

incluso se habló de un “milagro español”, si bien es cierto que éste se desarrolló en una etapa de crecimiento económico a nivel europeo y se vio sustentado por capitales extranjeros, la adopción de tecnología foránea, la emigración de trabajadores a la CEE y la entrada masiva de turistas. La economía adoptó la forma de Planes Cuatrienales llamados Planes de Desarrollo (1962- 1968, 1969-1972 y 1972-1975), dirigidos a través de la Comisaría del Plan de Desarrollo

(López Rodó). De este modo se pretendía organizar el progreso económico para que éste

fuese equilibrado, si bien, a la hora de la verdad, hubo grandes desequilibrios entre sectores y regiones. La agricultura se modernizó, el campo español inició un proceso de mecanización

(abonos, especialización, diversificación de la producción…). Asimismo se intentó aumentar los rendimientos mediante un programa de regadíos (1962: Ley de Grandes Zonas Regables). En la industria se crearon Polos de Desarrollo y de Promoción en aquellas zonas donde se quería incentivar la industrialización (Valladolid, Zaragoza). Fruto de ello la industria crecíó sobre todo en determinados sectores como el automóvilístico (SEAT 600), la industria química, naval o la eléctrica. Sin embargo, seguía habiendo una gran dependencia del exterior en lo relativo a inversión y la tecnología. Del mismo modo, la balanza de pagos se fue desequilibrando, ya que hubo que importar maquinaria, materias primas básicas y combustibles (petróleo). Dicho desequilibrio se vio compensado por el turismo, inversiones extranjeras y las remesas de capital enviado por los emigrantes españoles. El turismo se vio beneficiado por el bienestar de los años 60 en Europa Occidental. Las clases medias europeas llegan a España, atraídas por el clima y los bajos precios. No obstante, el interés demostrado por la Administración en el desarrollo turístico no fue acompañado de una planificación racional del sector y los costes sociales del fenómeno turístico (destrucción del paisaje, caos urbanístico, falta de infraestructura…) han sido enormes. Desde el punto de vista político, continuó la institucionalización del régimen, lo que produjo tensiones entre los partidarios de modificar algunos aspectos del mismo y aquellos contrarios a cualquier cambio (inmovilistas). Del mismo modo continuó el acceso de los miembros del Opus Dei que en los sucesivos gobiernos ganarían peso con su incorporación a las carteras económicas (López Bravo, Industria). Asimismo, irrumpieron figuras clave como Manuel Fraga (Turismo). Esto, sin embargo, no supone una apertura democrática, sino que continuó la represión frente a las huelgas y manifestaciones (ejecución de Julián Grimau, 1963). Los choques entre los aperturistas como Fraga y Solís y los tecnócratas del Opus Dei, liderados por Carrero Blanco, continuaron. Esta lucha llegó a su punto álgido con el escándalo MATESA, que fue utilizado por Fraga para desprestigiar a los tecnócratas. Ante las protestas de Carrero Blanco por el tratamiento que la prensa dio al asunto, Franco remodeló el gobierno en 1969. En 1966 se promulga la Ley de Prensa, que supuso el mayor intento aperturista del régimen. En ella se eliminaba la censura previa, lo que permitíó un talante más abierto y liberal en los espectáculos y publicaciones, pero no impidió el secuestro de las ediciones en los periódicos o incluso el cierre de alguno de ellos (diario Madrid, 1971). Ese mismo año se promulgó la Ley Orgánica del Estado, articulada por el ministro Fraga y aprobada en referéndum nacional. En ella se reitera la configuración de España como reino y se diferenció entre presidente del Gobierno y el Jefe del Estado. Este último tenía poderes muy amplios (capacidad legislativa, designación del presidente del Gobierno, derecho de veto sobre las leyes de Cortes). Se le atribuyó la representación de la soberanía nacional y el gobierno sólo responde ante él. Además, establecía el predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo. En las Cortes se introdujo la elección directa de los procuradores familiares (108), sin embargo, los demás eran elegidos por el poder ejecutivo. Al año siguiente se promulgó la Ley de Libertad religiosa, que permitía libertad de culto para las confesiones no católicas. En 1969, el príncipe Juan Carlos fue nombrado heredero de Franco, lo que supónía la instauración de una monarquía nacida de la “legitimidad” del 18 de Julio. En el plano externo se procedíó a la descolonización de Guinea Ecuatorial (1968) y el régimen retomó la cuestión de Gibraltar consiguiendo una sentencia de la ONU favorable a la descolonización (1967). Esta medida fue respondida por el Reino Unido con un referéndum favorable a su permanencia en el país (1969). B) Transformaciones sociales. Todas estas transformaciones económicas provocaron grandes cambios sociales. Entre 1940-1975 España conocíó un gran incremento demográfico, llegando a los 34 millones de habitantes en 1973. El Estado favorecíó ese incremento, mediante la promoción de las familias numerosas (premios de natalidad). También contribuyó la influencia de la Iglesia, así como las mejoras en la alimentación y la sanidad (baby boom). Sin embargo, la natalidad fue cayendo progresivamente. La mortalidad también disminuyó y España, poco a poco, entró en el ciclo demográfico moderno: tasas de natalidad y mortalidad muy bajas, progresivo freno al crecimiento y en consecuencia, envejecimiento de la población. Otro rasgo demográfico fue la constante emigración al exterior, motivada por la carencia de puestos de trabajo. Esta se orientó a Europa Occidental, donde más de dos millones buscaron trabajo entre 1960-1973. La emigración cesó a partir de la crisis del petróleo de 1973. Asimismo estos movimientos tuvieron su correspondencia en el ámbito interno, donde se produjo un gran éxodo rural a las zonas industriales (Madrid, Barcelona), lo que provocó la despoblación del campo. En 1970 el 66% de los españoles vivía ya en núcleos urbanos. La población activa sufríó una modificación: se redujo el número de personas dedicadas a las tareas agrícolas (más de dos millones hacia 1970) y aumentó progresivamente las empleadas en el sector servicios (proceso de Terciarización). Aumentan las clases medias (médicos, abogados) que ven aparecer nuevos integrantes en su estructura: miembros de la administración, cuadros técnicos de las empresas. También se incrementó el número de obreros (más de un millón) en la industria, que además se fueron especializando frente a los simples peones. Con todo, la población activa seguía siendo numéricamente inferior a la de otros países europeos, ya que en España la mujer aún no estaba plenamente incorporada al mundo del trabajo (sólo un 17% frente al 33% europeo). El aumento de la producción de bienes de consumo y crecimiento de la renta per cápita propició la entrada en lo que se llama la «sociedad de consumo», aunque no plenamente si la comparamos con el resto de los países occidentales. Así, entre 1966 y 1975 la adquisición de alguno de los típicos bienes de consumo (coche, frigorífico, lavadora, televisión…) se duplicó. Esta mejora del nivel de vida presenta diferencias importantes entre regiones y entre el medio

urbano y rural.