Estándar XIX: Identifica el ámbito geográfico del carlismo, explica su ideario, así como sus apoyos sociales, y especifica brevemente las causas y las consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.

Fernando VII, rey absolutista que reinó desde 1814 hasta 1833, tuvo solo una hija, Isabel II. Para que esta pudiese reinar, antes de su muerte abolíó la ley sálica impuesta por Felipe V en 1714 cuando comenzó el reinado de la dinastía Borbón en España, por la cual solo los hombres podían reinar. Sin embargo, el hermano de Fernando VII, Carlos Mª Isidro, reclamó sus derechos al trono por ser el primer hombre en la línea sucesoria.  

Pero más allá de la cuestión sucesoria, el carlismo defendía a ultranza el mantenimiento de las viejas tradiciones del Antiguo Régimen, en abierta oposición a la modernización identificada con la revolución liberal.

Además, el país atravesaba una situación económica complicada y la pequeña nobleza y el campesinado se opónían a las nuevas reformas liberales a lo que se le sumó, el conflicto foral con la abolición de los fueros y privilegios en Navarra, País Vasco y Cataluña, desde la llegada de los Borbones en 1700.

Todo este ambiente conflictivo dio lugar a las Guerras Carlistas, que llegaron a ser hasta tres.  La primera y más importante (1833-1840) a la que se le sumaron otras dos entre los años (1846-1849) y (1872-1876). 

Los dos bandos que luchaban en las Guerras carlistas eran:  Por un lado, los Carlistas, tradicionalistas y absolutistas, se agrupaba bajo el lema Dios, Patria y Rey Su partidarios eran la pequeña nobleza, clero y campesinos de País Vasco, Navarra y Cataluña interior de Cataluña y la Sierra del Maestrazgo Aragónés y valenciano.  Pero este apoyo al carlismo fue muy escaso en las grandes ciudades, incluso en las del norte No tuvieron reconocimiento internacional, solo el apoyo del Papa y de las monarquías absolutas (Rusia, Prusia y Austria).  

Por otro lado, se encontraban los isabelinos, en torno a la regente María Cristina y de talante liberal. Sus partidarios eran la alta nobleza y el sector de la jerarquía eclesiástica, burguésía y clases populares urbanas. Fueron apoyados a nivel internacional por Portugal, Inglaterra y Francia.  

La primera Guerra Carlista (1833-1840)
se inició con el levantamiento de partidas carlistas en el País Vasco y Navarra, y pronto controlaron el medio rural, aunque ciudades como Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona, permanecerán fieles a Isabel II y al liberalismo. 

Durante la primera etapa se estabiliza la guerra y avanzan los carlistas, que consiguen ocupar varias cuidades como Tolosa o Vergara, pero fracasan en las grandes cuidades como San Sebastián o Bilbao. También se extendieron por el interior de Cataluña, el bajo Aragón y el Maestrazgo. 

Sin embargo, la segunda etapa se decantó por el bando isabelino. El general liberal Espartero vencíó a las tropas carlistas en Luchana en 1836 y en 1837 se llevó a cabo la Expedición Real, encabezada por Carlos María Isidro. Las tropas carlistas llegaron a las puertas de Madrid en Septiembre de 1837 pero terminaron por retirarse al norte, lo que fue entendido como un fracaso. 

El último periodo del conflicto estuvo marcado por la iniciativa del ejército liberal al mando de Espartero. Mediante el Convenio de Vergara (1839), los generales Maroto y Espartero firmaron la paz, y acordaron mantener los fueros en las provincias vascas y Navarra e integrar a la oficialidad carlista en el ejército liberal. Las partidas de los intransigentes dirigidas por Cabrera, continuaron la guerra en la zona del Maestrazgo hasta su total derrota en 1840. 

La segunda guerra carlista, se produjo en 1846-1849, en un levantamiento en Cataluña. Su origen estuvo en el rechazo de los liberales para casar a Isabel con el hijo mayor de Carlos Ma Isidro, conde de Montemolín, conocido entre sus seguidores como Carlos VI. La negativa a ese matrimonio, que hubiera resuelto el conflicto dinástico, provocó el levantamiento carlista. Fue conocido como “Guerra dels Matiners” 

Las guerras carlistas generaron una serie de consecuencias como un alto coste de vidas humanas entre 150.000 y 200.000 personas, además de la crueldad que se generó en el conflicto como forma de represalia.  A nivel político una inclinación de la monarquía hacia el liberalismo para mantener el trono, y el ejército se convirtió a partir de ahora en una elemento fundamental para defender el régimen liberal, tanto que intervino muy a menudo en política a través de los pronunciamientos militares las consecuencias económicas provocaron un aumento de la deuda pública para financiar la guerra, y forzaron el proceso de desamortización de Mendizábal para obtener fondos para el estado. 

El conflicto con los carlistas no se terminó con estas guerra, ya que se producirá una tercera, que dará comienzo en el Sexenio democrático y se solucionará en el reinado de Alfonso XII. 

Estándar XX: Describe las carácterísticas de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II

El reinado de Isabel II (1833- 1868) es un periodo muy complejo desde el punto de vista político. En él hay dos regencias (la de María Cristina y la del general Espartero), la guerra carlista, cuatro constituciones y continuos pronunciamientos militares. Estos cambios van a ir acompañados del origen de los diferentes partidos políticos que se articularon, especialmente, a través de dos grupos, el moderado y el progresista, y entre ambas surgíó la Uníón Liberal, de los moderados más progresistas y los progresistas más conservadores. Finalmente, surgirán también los primeros núcleos de demócratas y republicanos.

Los primeros partidos políticos surgieron en el Siglo XIX con la instauración del liberalismo y la necesaria formación de  órganos representativos cuyos miembros eran electivos (ayuntamientos, diputaciones y Cortes). Fueron los instrumentos para proveer de representantes a estas instituciones y organizar las diferentes opciones políticas. Inicialmente estos partidos tenían poco arraigo social, con programas poco elaborados y se trataba de agrupaciones de personalidades con corrientes de opinión vinculadas por relaciones personales o intereses económicos, que se unían para participar en las elecciones, y funcionaban como “camarillas” más que como partidos al uso.

Uno de los partidos con más poder es el partido moderado, el que tuvo siempre le apoyo de la reina.Los moderados se definían como “personas de orden” y eran un grupo heterogéneo formado por terratenientes, comerciantes e intelectuales conservadores, junto a la antigua nobleza, el alto clero y los altos cargos militares. Defendían el derecho a la propiedad como base de la organización de la sociedad y se opónían a las desamortizaciones; Además, restringían el sufragio, concebían la libertad como un bien individual, pero antepónían los principios de autoridad y orden social, por lo que la participación en la política quedaba en manos de la minoría propietaria e ilustrada. Asimismo, defendían la soberanía compartida entre las cortes y la Corona, poder ejecutivo exclusivo de la Corona a través del gobierno sin apenas limitaciones; ; un parlamento bicameral con un congreso elegido por sufragio y el Senado por designación real entre las élites. También se mostraban partidarios de limitar los derechos individuales como la libertad de imprenta, opinión, reuníón… Por último, defendían la confesionalidad del Estado. ; los alcaldes son elegidos por el Gobierno; y con una política económica basada en el proteccionismo (impuestos indirectos) y la defensa de la burguésía terrateniente. Supresión de la Milicia Nacional. La autoridad y el orden se anteponen a la libertad.

Los moderados controlaron el gobierno durante la regencia de María Cristina y  gran parte del reinado de Isabel II Entre sus líderes destacan Narváez y Bravo Murillo.

En la oposición se encuentra el partido progresista.
Los progresistas se consideraban como los “defensores de la libertad” y entre ellos predominaba la mediana y pequeña burguésía, la oficialidad media del ejército y las clases populares urbanas, cuyo denominador común era el espíritu de reforma, teniendo como objetivo la libertad política y el progreso económico. Defendían el principio de soberanía nacional y el predominio de las Cortes en el sistema político mientras rechazaban la intervención de la Corona. Eran partidarios de fortalecer los poderes locales (ayuntamientos libremente elegidos y mantener la milicia nacional…) y de otorgar amplios derechos individuales y colectivos, (libertad de prensa, opinión, religión, asociación y reuníón). Manténían el principio del sufragio censitario más amplio y defendían la necesidad de una reforma agraria y deseaban limitar la influencia social de la iglesia, procediendo a la desamortización de los bienes eclesiásticos. Entre sus líderes destacaban Mendizábal, Espartero y el general Prim, y gobernaron en cortos periodos de tiempo, durante la Regencia de M. Cristina, la de Espartero y el Bienio Progresista.

En 1849, unido a la revolución de carácter democrático en Europa en 1848, surgíó el Partido Demócrata, proveniente del ala izquierda del partido progresista. Defendían una monarquía democrática y un gobierno independiente de la Corona, en el que las Cortes ostentaban el poder legislativo y el parlamento era unicameral. Estuvo apoyado por las clases populares urbanas y grados bajos de la Milicia; apoyaba la elección de ayuntamientos y diputaciones; defendía la soberanía popular y el sufragio universal masculino; y era partidario de la ampliación de las libertades individuales y derechos colectivos. Defendía la intervención del Estado en temas sociales, una enseñanza pública y gratuita, la reducción de impuestos de consumos, y exigía la libertad de culto para todas las religiones, siendo el Estado aconfesional. Sus principales líderes fueron Figueras y Pi y Margall.

En 1854 se formó un nuevo partido, que nacíó como una escisión de los moderados, pero que atrajo a su seno a los grupos más conservadores del progresismo.

La Uníón liberal

Por último, se encuentra el partido Republicano, quienes tras la revolución de 1868, adquirieron protagonismo durante el Sexenio Democrático y ganaron influencia social entre las masas populares. Los republicanos defendían la república como una vía verdaderamente democrática para permitir la elección de todos los cargos públicos, incluyendo la jefatura del Estado, y presentaban un fuerte carácter social y popular.

Estos primeros partidos políticos serán los precursores de los que surgirán posteriormente. Su propio carácter minoritario, sus líderes y la escasa representación social, hará que para acceder al poder recurran, o bien, a la influencia excesiva de la corona, en el caso de los moderados, o bien a los pronunciamientos militares en el caso de los progresistas, lo que propiciara el constante protagonismo de los militares en la vida política a lo largo de todo el Siglo XIX.

Estándar XXII: Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra

Durante el antiguo régimen la mayor parte de la tierra de España era propiedad de la Iglesia, de los Ayuntamientos o de los nobles, y estaba vinculada (mediante el mayorazgo) o amortizaba, es decir, que no se podía ni comprar ni vender. Esta situación no encajaba en las carácterísticas del sistema liberal, donde la propiedad debe ser libre y plena para su propietario, lo que implicaba que las tierras se deben de poder comprar y vender dentro del mercado, considerando prioritario liberalizar la propiedad de todos esos bienes.

En ese aspecto el nuevo sistema liberal, significó también el impulso de una reforma agraria que desmantelase el sistema señorial, introduciendo las nuevas relaciones de mercado, basadas en la propiedad privada y en la libre disponibilidad de la tierra. Tuvo tres componentes esenciales: la abolición de los señoríos jurisdiccionales (la tierra pasa a manos de los señores, pero como propiedad privada). La desvinculación de los mayorazgos (la tierra se puede vender libremente), y la desamortización de bienes del clero y de otras instituciones.

Estas ideas liberales arrancan en los proyectos ilustrados del Siglo XVII (Jovellanos y su informe de la Ley agraria). Y ya en el Siglo XIX, en el reinado de Carlos IV con Godoy, y posteriormente con la Constitución de 1812 y durante el Trienio Liberal en el reinado de Fernando VII (1820-1823), en las que se llevaron a cabo prácticas de incautación de tierras a manos del Estado. Todas ellas constituyen los antecedentes de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz que se dieron en el Siglo XIX, durante el reinado de Isabel II.

La desamortización fue una medida puesta en práctica por los liberales progresistas durante el reinado de Isabel II. Consistíó en la expropiación, llevada a cabo por el Estado, de los bienes de la Iglesia, de los municipios, de las Órdenes Militares y de otro tipo de instituciones privadas, para su posterior venta a personas particulares en subasta pública.

La desamortización de Mendizábal se enmarca en el contexto de la regencia de María Cristina (1833-1840) y la de Madoz corresponde a la época del reinado de Isabel II, durante el Bienio progresista (1854-1856).

La desamortización de Mendizábal afectó a todos los bienes de la Iglesia: a los del clero regular y luego a los del clero secular en 1837. Por su parte, la de Madoz trataba de continuar lo que había iniciado Mendizábal. Afectó a todos los bienes de propiedad colectiva: no solo a las posesiones de la Iglesia que no habían sido vendidas con anterioridad sino también a las del Estado, órdenes militares, instituciones benéfica y municipios (bienes de propios y comunes). Se conoce como eclesiástica a la de Mendizábal y general o civil a la de Madoz.

Los objetivos de Mendizábal los podemos clasificar en:
Financieros, obtener dinero para ganar la guerra carlista y garantizar la continuidad en el trono de Isabel II y con ello el nuevo estado liberal;
políticos, atraer a las filas liberales a los beneficiarios de la desamortización, (incipiente burguesa);
sociales, crear una clase media agraria de campesinos propietarios; y económicos, favorecer el desarrollo de la agricultura, ya que los nuevos propietarios estarían dispuestos a introducir mejoras en las formas de producción y cultivo.

Los objetivos de Madoz fueron:
financieros, amortizar deuda pública y con ello evitar el déficit; y económicos, destinar parte de lo recaudado a la industrialización del país y a subvencionar le ferrocarril y la construcción de obras públicas en general.

Ambas desamortizaciones se llevaron a cabo mediante subastas públicas de los bienes incautados. Con Mendizábal los lagos se realizaban mediante vales de deuda pública o en menor medida, con dinero, mientras que con Madoz únicamente a través de dinero en metálico. La mayor parte de los bienes puestos en venta en las dos desamortizaciones fueron adquiridos por los grandes propietarios agrícolas, que dispónían de capital para poder comprar, y por la burguésía.

Todo ello tuvo consecuencias económicas y sociales. Respecto a la economía se produjo el aumento de la superficie de la tierra cultivada lo que benefició la producción, aunque la agricultura estaba todavía poco mecanizada. Sin embargo, no hubo un cambio real y amplio en la estructura de propiedad de la tierra, ya que se mantuvieron los minifundios en el norte y los latifundios en el sur. En referencia a la sociedad, aparecíó la burguésía terrateniente, que se había convertido en propietaria de las tierras sacadas en subasta y que buscaba equiparse en poder a la aristocracia. Estos comerciantes y industriales, engrosaron más su patrimonio, y veían en la tierra un signo de prestigio y de estabilidad económica, hasta el punto de que se fusionara con la antigua nobleza y formarán el grupo dominante de la oligarquía financiera.

Por el contrario quedo una importante masa de campesinos que siguió sin tierras en propiedad y que además no podían disfrutar de los bienes comunales de los ayuntamientos, e incluso perdieron los derechos de arrendamiento de los que habían disfrutado hasta entonces. Añadir que la desamortización tampoco resolvíó el problema de la deuda, aunque si contribuyó a atenuarlo.

Por otra parte, se produjo una dispersión del patrimonio histórico que se encontraba en los monasterios desamortizados, lo que garantizó el descontento de la iglesia que se veía privada de bienes e ingresos de los que había disfrutado hasta entonces.

En consecuencia, el problema de la tierra y su reparto seguiría existiendo en el Siglo XIX y bien entrado el Siglo XX, y las revueltas campesinas, especialmente en el sur, provocarán serios problemas a los gobiernos posteriores.

Estándar XXIII: Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas

El Sexenio Democrático es el nombre que identifica el periodo comprendido entre 1868, fecha de la revolución que provoca la caída de Isabel II, y 1874, momento de la vuelta de los Borbones al trono de España, en lo que se conoce como la Restauración. Durante este tiempo se implantó un régimen con carácterísticas democráticas y se ensayaron nuevas fórmulas políticas. Se produjeron importantes novedades en la vida política española, con una gran movilización de la opinión pública en la que influyó el desarrollo de la prensa. Se amplió el abanico de partidos existentes, y fue el inicio de la toma de conciencia política y social del movimiento obrero, con la llegada y acogida de las corrientes ideológicas internacionales (marxismo y anarquismo).

Fue un periodo corto, pero realmente complejo, en el ocurrieron conflictos más o menos graves y no se solucionaron los problemas del país: una nueva guerra carlista, la guerra de Cuba con pretensiones independentistas y el problema social y político del movimiento cantonalista en medio de la 1a República, sin olvidar la búsqueda de un nuevo rey.

Tras la caída de la monarquía en Septiembre de 1868, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes en Enero de 1869, que una vez constituidas redactaron una nueva Constitución promulgada en Junio de ese año, muy avanzada en aspectos políticos y sociales, y considerada como la primera constitución democrática de nuestra historia.

Durante la regencia del general Serrano, a la espera de la llegada de un nuevo rey, se produjo a finales de 1868 una insurrección armada en Cuba al grito de “Viva Cuba libre” (Grito de Yara), dando comienzo con ella a una guerra, conocida como “Guerra Larga” o “Guerra de los Diez Años”, que se convertiría en uno de los problemas más graves del Sexenio, y que no termino hasta 1878, ya en el reinado de Alfonso XII con la firma de la Paz de Zanjón. Durante la 1a República la formulación de un estado federal intentó dar solución a este conflicto reconociendo a Cuba como un estado más, pero no contribuyó a solucionar el conflicto, que se volverá a abrir en el reinado de Alfonso XII.

A este problema exterior se añade el de encontrar un nuevo rey, que muestre un talante democrático y que sea aceptado por los gobiernos europeos para no alterar el equilibrio internacional. La elección recayó en el italiano Amadeo de Saboyá, por el que apostó el general Prim, a la sazón jefe de gobierno. Su llegada, en los últimos días de 1870, estuvo marcada por el asesinato del propio Prim en un oscuro atentado tres días antes, con lo que desaparecía la persona que había apostado por el monarca. Desde el primer momento sufríó el rechazo de los conservadores, de las élites burguesas y de la Iglesia, que recelaba de él por la política llevada a cabo por su padre, el rey Víctor Manuel de Saboyá, al reducir los Estados Pontificios al Estado del Vaticano en la reciente unificación de Italia en 1871, y evidentemente, de los propios republicanos.

Durante esta etapa, se añade el problema de la tercera guerra carlista, que da comienzo en 1872. El carlismo había pervivido en el País Vasco y Navarra. Tras las dos guerras anteriores (1836, 1846), el ahora pretendiente Carlos VII, exigirá el trono dejado por Isabel II, y llegará incluso a instalarse en España organizando una especie de estado alternativo desde Estella, con aparato administrativo y ejército propio de entre 30 y 40.000 hombres. El conflicto perdurará hasta 1876, en el reinado de Alfonso XII, momento en el que la Restauración de la monarquía le vaya restando apoyos y sean definitivamente derrotados.

Durante el breve reinado de Amadeo de Saboyá, se producirán también revueltas y protestas de los sectores populares, campesinos y obreros, que se mostrarán descontentos con las reformas llevadas a cabo por considerarlas insuficientes, y traerán como consecuencia el aumento de la influencia de la Internacional obrera en España, , surgiendo asociaciones obreras de anarquistas y socialistas por todo el país. A ellos se unirán los republicanos que impulsarán insurrecciones reivindicando la República Federal.

Todo ello provocará la pronta dimisión del rey en Febrero de 1873 y la proclamación de la Primera República, que no supondrá el fin de los conflictos. El debate sobre la organización de una República Federal, desde arriba, organizada por el Estado, defendida por Pi i Margall, o desde abajo, de libre adscripción de los diferentes territorios, dando el poder de decisión a las regiones para acabar con el centralismo, originará lo que se conoce como movimiento cantonalista, y marcará el devenir del breve experimento republicano. La insurrección cantonal, que se originó en Cartagena a comienzos de Julio de 1873, y se extendíó por las ciudades del sur y levante peninsular. A la par se produjo en Alcoy una seria insurrección de carácter obrero. Todo ello propició que el movimiento cantonalista, a pesar de ser breve, causara un enorme desorden y fuera un factor primordial para el fracaso de la Primera República. Fue duramente reprimido y provocó una situación de crisis gravísima, llevando a la dimisión de Pi i Margall a mediados de Julio, que llevó al poder a Nícolás Salmerón, en lo que supónía un giro conservador en la República. La pronta dimisión del propio Salmerón, después de restablecer el orden y reprimir los movimientos obreros, dejó la frágil república en manos de Emilio Castelar, que tomó medidas excepcionales y suspendíó las Cortes.

Finalmente, el 2 de Enero de 1874 el capitán general de Madrid, Pavía, entró con sus tropas en el Congreso y disolvíó a los diputados. De nuevo el general Serrano, en una nueva regencia, tomaba las riendas del gobierno a la espera de la llegada de los Borbones.

Los complicados años del Sexenio provocaron un giro hacia posiciones más conservadoras, y generaron en amplios sectores sociales el deseo de una monarquía que garantizase el orden y la estabilidad. A la vez se produjo la toma de conciencia política del movimiento obrero, que supuso la irrupción de las masas populares en la vida pública provocando un cambio en la actitud de la burguésía, que, tras haber protagonizado el último movimiento revolucionario, pasarán a desear la defensa del orden establecido y la estabilidad política y económica. Deseo que se hizo patente con la restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, a finales de 1874.

El Sexenio representó el último episodio de la revolución liberal del Siglo XIX, ligado a la burguésía y el primero de la revolución obrera, que protagonizará el Siglo XX, constituyendo la primera experiencia de intento de transformación democrática de la sociedad española.

Estándar XXIV: Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas (contemplar la constitución de 1876)

En 1874, comienza la conocida como época de la Restauración, una etapa de estabilidad política sin precedentes desde el establecimiento del liberalismo en España, propiciada por el sistema del turno de partidos diseñado por Cánovas. La estabilidad política se vio acompañada de cierta prosperidad económica que contribuyó al funcionamiento del sistema, pero que a la larga no podrá evitar su desintegración.

Tras el Golpe de Estado del general Pavía en 1874, que significó el fin del Sexenio Democrático, el político conservador Cánovas del Castillo, prepara, junto a los monárquicos, la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso de Borbón, Alfonso XII. El futuro monarca firmó el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas para preparar la vuelta del rey, en el que se ponía al servicio de los españoles. Un nuevo Golpe de Estado, esta vez del general Martínez Campos, aun en contra del deseo de Cánovas, proclamó rey a Alfonso XII.

Cánovas diseñó un nuevo sistema político, inspirado en el modelo inglés, basado en el bipartidismo y con el marco legal de la Constitución de 1876. Sus objetivos eran superar la inestabilidad del Sexenio, acabar con los conflictos bélicos, la guerra de Cuba y la tercera guerra carlista, y acabar también con las continuas intervenciones del ejército en la vida política.

Tras la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, se elaboró y promulgó la Constitución de 1876, de claro carácter conservador y ejemplo de liberalismo doctrinario. Su carácter de texto legal fue flexible, con la intención de que los dos partidos del turno gobernaran sin tener que cambiarla cada vez que uno de ellos accediese al poder. Establecía la soberanía compartida entre las Cortes y el rey, lo que otorgaba amplias competencias a la Corona, por las que el monarca podía hacer leyes y vetarlas. Los derechos y libertades individuales quedaron sujetos a la elaboración y publicación de leyes posteriores. El sufragio quedó también a decisión del gobierno de turno, censitario para los conservadores, y universal masculino para los liberales. Las Cortes eran bicamerales, el Senado formado por miembros de las clases más poderosas del país, nombrados por el rey o elegidos por sufragio censitario de los mayores contribuyentes, mientras que el Congreso era elegido por sufragio directo. Se reconocíó el catolicismo como religión oficial y se siguió manteniendo el presupuesto de culto y clero.

En realidad el espíritu de la Constitución y los privilegios de la Corona, favorecieron la formación de una élite de poder de carácter oligárquico.

El sistema canovista permitía la alternancia pacífica de los dos grandes partidos dinásticos, el conservador, fundado por el propio Cánovas que aglutinaba a los antiguos moderados de la burguésía latifundista y financiera, y el Liberal o Fusionista de Práxedes Mateo Sagasta, formado por los antiguos progresistas, algunos republicanos y demócratas, pertenecientes a la burguésía industrial y comercial, las clases medias de las ciudades y las profesiones liberales. Los dos defendían el Estado Liberal, monárquico y centralizado pero con notables diferencias, basadas en el sufragio, las reformas sociales, la educación y el laicismo. Entre ambos lograron la estabilidad institucional invirtiendo los principios del sistema parlamentario

Su principal mérito fue dotar a la monarquía restaurada de un sistema liberal y autoritario que permitía la alternancia pacífica en el gobierno de dos fuerzas políticas: conservadores y liberales, que no se marginaban entre sí ni recurrían a la insurrección popular o al ejército para desalojarse mutuamente del poder (que había quedado de momento sometido al poder civil). Los demás partidos quedaron excluidos y fuera del sistema, al igual que las masas populares, ya que los resultados electorales se obténían gracias a la manipulación y al fraude. Los cambios de gobierno eran pactados de antemano entre ellos (turno de partidos) y una vez acordado el cambio de gobierno se convocaban elecciones y se amañaban para que los resultados fueran favorables al partido que iba a gobernar.

Para garantizar el turno político se recurríó al fraude electoral. De forma pactada, el rey encargaba la formación de un nuevo gobierno al partido liberal o al conservador. El jefe de gabinete convocaba elecciones con el objetivo de construirse una mayoría parlamentaria para gobernar de manera estable. Desde el ministerio de Gobernación se confeccionaba el encasillado o listas de diputados que deberían salir elegidos y ganadores en cada distrito, reservando siempre algunos a la oposición dinástica. El encasillado se entregaba a los gobernadores civiles de cada provincia para que, a través de los caciques locales, impusieran la lista en los ayuntamientos. Para conseguir que el encasillado impuesto saliese ganador, los caciques recurrían a la manipulación fraudulenta de las elecciones (pucherazo). Podían alterar los censos de electores e incluir a personas fallecidas que ejercían el voto, o excluir a otras que sí estaban vivas y no lo podían ejercer.

El cacique dispónía del poder necesario para coaccionar a los votantes, bien mediante la violencia o bien comprando votos a cambio de favores como promesas de empleos en el Ayuntamiento o en labores agrícolas. Además, controlaba el propio ayuntamiento, como alcalde o nombrándolo, el sorteo de quintas repartía las contribuciones, y organizaba el arrendamiento de las tierras comunales.

El caciquismo funcionaba sobre todo en las zonas rurales, donde un prohombre o una familia local, ejercían el control sobre los electores de esa zona, condicionando el sentido del voto mediante las presiones o las amenazas. Era una pervivencia de las viejas formas feudales, ejemplo del control del terrateniente sobre los campesinos.

En la práctica durante este periodo de gobierno se puso fin a la tercera guerra carlista, con el Reconocimiento de Alfonso XII como rey y la puesta en marcha de los Conciertos Económicos, que otorgaban cierta autonomía fiscal a las provincias vascas; y a la guerra de Cuba con la Paz de Zanjón, donde se incluía una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud en 1885, y la promesa de reformas políticas.

El turno político funciónó con regularidad, aunque la alternancia pasó por momentos difíciles. Tras la muerte del rey en 1885, Cánovas y Sagasta firmaron con la reina regente el Pacto del Pardo, con la finalidad de apoyar la regencia, y garantizar la continuidad de la monarquía y la alternancia pacífica. Todo ello permitíó que durante el gobierno de Sagasta se reconociera el sufragio universal masculino, y los derechos de asociación y reuníón, a través de la Ley de Asociaciones, lo que permitía la entrada en el juego político de las fuerzas de la oposición. Se elaboró también una Ley del Jurado y un nuevo Código Civil. Por su parte Cánovas regresó al poder en dos ocasiones más hasta su asesinato en 1897.

El sistema implantado por Cánovas era en realidad un espejismo, que ocultaba el verdadero control del poder por parte de una oligarquía minoritaria, y privaba en realidad al sistema de unas elecciones libres y limpias. Durante la década de 1890 se mantuvo el turno, pero comenzaron a manifestarse los problemas que impedirían la continuidad del sistema de la Restauración, como la a aparición de los movimientos nacionalistas y el desarrollo del movimiento obrero.

Con él, se garantizó la estabilidad política pero se ocultaron las deficiencias y las desigualdades que encerraba la realidad política y social, y que finalmente se volverán en su contra en los años posteriores, cuando las fuerzas que quedaban fuera del sistema se opongan a él y provoquen su desintegración.

Estándar XXV: Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego

El sistema político liberal que se implanta a lo largo del Siglo XIX afianza el modelo de estado de carácter centrista y uniformador. Tendencia que será continuada por los diferentes gobiernos de la Restauración que buscaban la aplicación de leyes, obligaciones tributarias y militares comunes para todos España. Frente a esta tendencia uniformadora comienzan a surgir organizaciones que formulaban un modelo de Estado más descentralizado, sobre todo en esos territorios donde pervivían elementos culturales propios, o también donde se había producido un desarrollo económico diferenciado del resto del país.

Todo ello tuvo como consecuencia en el último cuarto del Siglo XIX fue la aparición de movimientos de carácter nacionalista y regionalista que renegaban del centralismo de la corona y afirmaban la existencia de realidades diferenciales en sus territorios avaladas por la lengua, los fueros, la cultura y costumbres propias. Estos movimientos tendrán un carácter burgués, especialmente de las burguésías periféricas, que consideraba al Estado liberal español incapaz para hacer progresar al país y defender sus mercados e intereses. El regionalismo, aspiraba a la creación de instituciones propias o a la consecución de cierta autonomía administrativa dentro del Estado español, y el nacionalismo, demandaba mayores cotas de poder político y económico, llegando incluso a plantear la independencia.

CATALUÑA fue la primera regíón que desarrolló un movimiento de carácter regionalista, que vino propiciado por su importante desarrollo económico e industrial, y la fuerza de su burguésía, que fue una clase social muy emprendedora e influyente. A este aspecto económico y social se le uníó un notable desarrollo cultural, que se plasmó en un movimiento conocido como la Renaixença. Su finalidad era la recuperación de la lengua y de las señas de identidad de la cultura catalana, aunque en un principio carecía de aspiraciones y de proyectos políticos. Aparecieron gran número de asociaciones culturales, centros sociales y ateneos que difundieron la lengua, las costumbres, la música, la historia y los símbolos de la identidad catalana.

Las primeras formulaciones catalanistas con un contenido ya político, heredero del federalismo republicano de Pi y Margall, vinieron de la mano de intelectuales como Valentí Almirall, un republicano federal decepcionado, que fundó el Centre Catalá (1882), organización de carácter progresista que pretendía sensibilizar la opinión pública catalana para conseguir la autonomía, y que en 1885 impulsó la redacción de un Memorial de Agravios que presentó a la Corona, donde denunciaba la indefensión de los intereses de Cataluña frente al Estado.

En 1887, sectores de la burguésía conservadora y católica fundaron la Lliga de Catalunya, con un ideario monárquico y autonomista. Un paso importante fue cuando los distintos grupos catalanistas se fusionaron en la Uníón catalanista, organización de carácter progresista que pretendía sensibilizar la opinión pública catalana para conseguir la autonomía, y redactaron su programa en las Bases de Manresa, donde reclamaban la restauración de las instituciones históricas, y el traspaso a Cataluña de amplias competencias políticas y económicas.

Finalmente, tras el impacto de la crisis del 98, el conservador Prat de la Riba y Francesc Cambó fundaron en 1901 la Lliga Regionalista Catalana, que aspiraba a participar en política y a tener representación en las instituciones para defender los intereses de Cataluña. El éxito electoral situó a la LLiga como el principal partido de Cataluña durante el primer tercio del Siglo XX, siendo la fuerza mayoritaria hasta 1923.

En el PAÍS VASCO, la abolición de los fueros en 1876, tras la tercera guerra carlista, provocó una reacción en defensa de las instituciones perdidas y también de su lengua y cultura. Por ello, el origen del nacionalismo vasco a finales del Siglo XIX se vincula con la reivindicación de los fueros y con una reacción defensora de la lengua, cultura y sociedad vascas frente a los cambios sociales, económicos y culturales que provocaban la industrialización y la llegada masiva de inmigración del resto de España a Vizcaya.

Aunque en 1878 se aprobaron los Conciertos Económicos, que permitirían en un futuro y hasta la actualidad, que las provincias vascas mantuvieran un sistema exclusivo de autonomía fiscal, en Vizcaya surgíó un movimiento en defensa de los derechos históricos. Ligado además a la defensa de la singularidad de la cultura vasca y al rechazo de las costumbres llegadas de fuera, como consecuencia de la rápida industrialización de Vizcaya y Guipúzcoa, que recibían numerosos inmigrantes de otras zonas de España para trabajar en la industria.

Su ideólogo fue Sabino Arana, que desde 1890 proclamó que los vascos constituían una nacíón particular y diferente del resto de España. Su ideología le llevó a la idealización del mundo rural y tradicional vasco, y rechazó la llegada de inmigrantes de otras zonas de España (maketos) a trabajar en la emergente industria vasca por juzgarlos un peligro para la autenticidad y la cultura de la raza vasca, y reivindicó un Estado propio. En 1894, fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV), en Bilbao y su implantación se centró especialmente en Vizcaya.

Su ideología se articulaba en torno a los principios antiliberales, de los fueros y la religión. Su lema fue “Dios y ley vieja”. El movimiento se caracterizó por la defensa de la religión y de la tradición, además de impulsar la lengua y la cultura vascas. Arraigó bien entre las clases medias que recelaban del crecimiento de la clase obrera y con él, de la implantación de la doctrina socialista.

En un principio se declaró un movimiento antiespañolista e independentista, aunque posteriormente se moderó y evoluciónó aceptando que la autonomía debía alcanzarse desde la legalidad y dentro de la unidad del Estado español. Esto les acercó a los sectores de la burguésía vasca, que no querían perder su prebendas económicas ni la mano de obra que manténía sus industrias, ya que el nacionalismo podía ser un buen aliado contra el movimiento obrero que se organizaba en Vizcaya producto de su creciente industrialización.

Por su parte el REGIONALISMO GALLEGO, muestra unas diferencias específicas con respecto al nacionalismo catalán o vasco. También se articuló como un movimiento cultural, sobre todo con la defensa de la lengua, cuando a mediados del Siglo XIX los intelectuales y escritores gallegos, reivindicaron la importancia de la lengua y la cultura gallegas a través del movimiento conocido como Rexurdimento, donde destacó la figura de Rosalía de Castro (1837-1885). Pero este movimiento no tuvo en un principio fuerza política, y en este aspecto fue muy minoritario. Aunque sin alcanzar la fuerza de vascos o catalanes, aparecieron voces muy críticas con el atraso económico y la situación política que forzaba a cantidad de gallegos a la emigración.

En esta línea más política, en la última etapa de la Restauración, y bajo el reclamo de una descentralización administrativa y al defensa de la lengua, se formó la Asamblea Federal de la Regíón Gallega (1887), que aprobó un proyecto de Constitución para el Estado Galaico.

Terminar diciendo que también en Valencia, Aragón y Andalucía surgieron movimientos culturales que, de la mano de ese resurgimiento cultural, pasaron más tarde a la reivindicación política.

Con todo ello el carácter centralista del Estado de la Restauración quedaba en entredicho, y se verá sometido a la competencia de los regionalismos y nacionalismos periféricos.