EL REFORMISMO BORBÓNICO EN EL Siglo XVIII

DESARROLLO

  La Guerra de Sucesión se produjo tras la muerte de Carlos II de Habsburgo sin descendencia en 1700, al designar a Felipe de Borbón como heredero al trono. La victoria de Felipe V supuso la entronización en España de la dinastía Borbón y una nueva organización del Estado, basada en el absolutismo y en la centralización derivada del uniformismo impuesto por Felipe V mediante la supresión, por los Decretos de Nueva Planta, de los fueros e instituciones históricas de la Corona de Aragón, imponiendo la administración, leyes y lengua castellanas, debido al apoyo de dichos reinos al Archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión.

         Bajo el poder absoluto del monarca, las Cortes perdieron las potestades que ostentaban desde la Edad Media (aprobación de leyes e impuestos), quedando reducidas a funciones protocolarias.

De los Consejos, solo el de Castilla mantuvo su rango e importancia como suprema instancia jurisdiccional, siendo los secretarios de despacho los que ocuparon su espacio a partir de la reforma del marqués de la Ensenada (Secretarías de Despacho de Estado, Guerra, Marina, Hacienda, Justicia e Indias, antecedentes de los ministerios). En 1787 se establecíó la Junta Suprema de Estado, antecedente del Consejo de Ministros. La administración territorial se inspiraba en la tradición de Castilla y de la Francia de Luis XIV. El nuevo modelo político concedía las competencias militares y administrativas a los capitanes generales, la administración de justicia a las audiencias y la economía, la Hacienda y la supervisión administrativa a los intendentes.

La provincia se constituyó en la entidad territorial dependiente de un intendente y cuya función primordial era la gestión de todo lo referido a la milicia y a la Hacienda. El corregidor, de nombramiento real, controlaba el gobierno local.

El fomento de la industria se pretendíó mediante la fundación de Reales Fábricas (tapices, porcelanas y piedras duras, y cristal). Siguiendo el modelo francés, se quería proporcionar productos de calidad para los palacios reales y para las clientelas ricas de la península y América. La creación, la financiación y la gestión estaban en manos de la Corona, siendo su resultado económico negativo.

         Como consecuencia de los Decretos de Nueva Planta y con el objetivo de sanear la Hacienda Real, se obligó a contribuir a los territorios de la Corona de Aragón mediante el establecimiento para cada reino de una cantidad equivalente a la que se pagaba en Castilla, teniendo cada territorio libertad para elegir el sistema de recaudación que quisiera con tal de reunir la cantidad asignada En el reinado de Fernando VI, la reforma fiscal, promovida por el marqués de la Ensenada, tuvo como objetivo dotar al Estado de más recursos (además de las alcabalas, rentas de aduana y caudales de Indias) y asegurar su fortaleza militar, naval y administrativa, evitando los riesgos de bancarrota.

La ejecución del catastro (de 1749 a 1756) para aplicar la contribución única (único impuesto proporcional a la riqueza) se debíó a la necesidad de realizar una estadística general de población y recursos de Castilla, donde figurara la riqueza de cada contribuyente, como paso previo para la reforma global del sistema, siguiendo el modelo impuesto anteriormente en Cataluña. Sin embargo, las protestas y reclamaciones, especialmente de los estamentos privilegiados, frustraron el proyecto.

         Carlos III impulsó la política reformista ilustrada que ya había puesto en práctica como rey de Nápoles. Sus objetivos eran fortalecer y modernizar el Estado mediante la educación pública, la investigación científica y el desarrollo industrial.

         La fisiocracia fomentaba la agricultura al considerarla como la base de la riqueza de un país, siendo el punto de partida para implantar el modelo capitalista agrario inglés.

El Proyecto de Ley Agraria (Expediente General) fue una documentación crítica encargada por el Consejo de Castilla que constituyó el punto de partida para una Ley Agraria que solucionara los problemas del sector. Del Expediente General se elaboraron informes con soluciones: para Floridablanca el principal problema eran las tierras sin cultivar; para Campomanes, los campesinos no propietarios sin tierras para cultivar; y para Jovellanos, las grandes extensiones de tierra que no se podían vender (mayorazgos y manos muertas). La solución propuesta era adjudicar esas tierras a personas con intención de hacerlas producir. Pero, a pesar de estos estudios e informes, la ley no se realizó. Las reformas que sí se llevaron a la práctica fueron la introducción de nuevos cultivos, la expansión del regadío, la colonización de nuevas tierras (plan de Pablo de Olavide en Sierra Morena – La Carolina), el arrendamiento de las tierras de propios entre los vecinos más pobres de cada municipio y la primera desamortización de tierras del clero (venta de las propiedades de instituciones benéficas administradas por el clero).

En cuanto a la ganadería, se limitaron los privilegios de la Mesta (responsable del atraso agrario, junto con los mayorazgos, según los ilustrados) mediante los decretos de autorización de vallado de fincas rústicas.

         Las reformas en la industria también fueron numerosas: la limitación de los privilegios de los gremios (eliminación del control sobre técnicas y métodos de fabricación industrial), la continuación de las reales fábricas (especializadas en artículos de lujo —vidrio, cerámica, tapices— y de producción aún artesanal); la promulgación del Decreto de la honestidad de las profesiones, para fomentar la cultura industrial para el desarrollo económico y erradicar el rechazo a las actividades manufactureras; el proteccionismo en la importación de productos industriales, la eliminación de aranceles sobre materias primas textiles y la creación de escuelas industriales. El resultado no fue el esperado, pero sí fue el origen de la industrialización española, especialmente de las manufacturas catalanas de algodón (indianas) y las ferrerías vascas.

En lo referente al comercio, se aprobó la liberalización del comercio del trigo y la del comercio con América, dando fin al monopolio del comercio americano por parte de la Casa de Contratación desde Sevilla y Cádiz, ampliándose la autorización al resto de puertos españoles y creándose compañías comerciales, como las Compañías Privilegiadas, a las que se les cedía, a cambio de pagar una cantidad al Estado, el monopolio sobre ciertas rutas o ciertos productos.

         En la hacienda, se fundó el primer banco nacional de España, el Banco de San Carlos, para préstamos para el fomento de la industria y las infraestructuras. Además, se redujeron los impuestos populares (alcabala, millones) y se crearon un impuesto para los ricos (5% de impuesto a la propiedad), el primer papel moneda y la peseta, aunque no sería la moneda oficial del país hasta 1868.

En infraestructuras, Floridablanca trazó una red vial radial con centro en Madrid y se establecíó el servicio público de correos, del que también se mejoró la red de distribución, construyéndose también pantanos y canales para el abastecimiento de aguas, el fomento del regadío y el desarrollo del transporte fluvial (Canal de Castilla, Canal Imperial de Aragón).

         Otras reformas fueron la expulsión de los jesuitas, relacionados con el “motín de Esquilache” (aunque la verdadera causa fue su poder social y económico, que frenaba el progreso en la reforma económica), el fomento del centralismo y la limitación del poder de la Inquisición efectuada por Campomanes.