10B. PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS

Las desamortizaciones supusieron la puesta en el mercado a través de subasta pública de tierras y propiedades en “manos muertas”, sobre todo, bienes de la Iglesia y los baldíos y tierras comunales de titularidad municipal, previamente expropiados de modo forzoso. Fueron procesos históricos de carácter político y económico.

1. Antecedentes del proceso desamortizador

Desde la Edad Media el régimen más común de propiedad de la tierra fue la amortización;
Vinculados a una persona jurídica, los bienes amortizados se detentaban por sus propietarios en régimen de posesión, lo que permitía disfrutar de su usufructo, pero no cabía la posibilidad de cambiarlos o venderlos. Esto se ratificó en España con las Leyes de Toro (1505), que instruyeron el mayorazgo para evitar la pérdida de poder económico de la nobleza por el fraccionamiento de sus bienes derivado de herencias o ventas. Los privilegiados fueron los que se hicieron con unas grandes propiedades que les facilitaron la vida como rentistas y el mantenimiento de su posición socioeconómica dominante, aunque estos bienes amortizados quedaron fuera del circuito económico del mercado por no poderse poner en venta.

Las doctrinas fisiocráticas de la Ilustración lo criticaron por considerarlo poco racional, un lastre para la modernización de las explotaciones y por ser “manos muertas” los beneficiarios. Además, lamentaban que los campesinos no pudieran adquirir la propiedad de las tierras que cultivaban, limitándose a ser arrendatarios que debían afrontar elevadas rentas y una excesiva presión fiscal. El remedio para esto pasó porque el Estado arbitrara los mecanismos precisos para hacerse con las tierras amortizadas y ponerlas en venta, los liberales decimonónicos lo apoyaban entendíéndolo como un elemento clave para la desaparición del Antiguo Régimen y para la generación de una riqueza que permitiría el saneamiento de la Hacienda Pública.
Para ellos el único modo de hacer del campo una fuente de ingresos para la Hacienda nacional y un elemento dinamizador de la revolución industrial era una reconversión del mundo agrario que pasaba por una modificación de la estructura de la propiedad, haciendo que los propietarios de las tierras aplicaran sobre ellas criterios “empresariales” para aumentar la productividad y generar riqueza para aumentar la demanda de productos industriales y llenar las arcas del Estado. Desde estos planteamientos, el liberalismo acometíó las desamortizaciones, estructuradas siempre en dos pasos sucesivos:
La nacionalización de los bienes de “manos muertas” y la venta de estos bienes a propietarios individuales.

Las grandes desamortizaciones decimonónicas tuvieron importantes antecedentes en España, que parten desde la Real Provisión del conde de Aranda (1766), que permitíó el arrendamiento de tierras de propiedad municipal a los vecinos más necesitados, no ofrecíó resultados y, además, al tratarse de alquileres, no se considera como una desamortización, las reformas de Olavide, que puso en el mercado tierras procedentes sobre todo de las propiedades confiscadas a la Compañía de Jesús tampoco se considera desamortización. De hecho, la primera desamortización como tal fue la de Godoy, entendida como solución a los problemas crónicos de la Hacienda española con Carlos IV y aplicada como la emisión de deuda pública a través de “vales reales”; así en 1798 se promulgó una Real Orden que afectó a bienes de instituciones eclesiásticas. Aplicada hasta su paralización por Fernando VII en 1808, acabó suponiendo la confiscación y venta de una sexta parte de los bienes de la Iglesia española.

Ya durante la Guerra de la Independencia se aprobaron diversas medidas desamortizadoras, entre las que sobresalen, de un lado, las confiscaciones que siguieron al Decreto firmado por José Bonaparte en 1809 para la abolición de las Órdenes religiosas masculinas, y de otro, las incautaciones promovidas por Canga Argüelles para la venta en pública subasta de los bienes confiscados a conventos, afrancesados y parte de los baldíos municipales, suprimidos durante la contienda. Ambos procesos se paralizaron con el retorno de “El Deseado” y la promulgación de los Decretos de Valencia en 1814. Por último, precedente inmediato de las desamortizaciones isabelinas fueron las disposiciones promulgadas durante el Trienio Liberal y recogidas en Decretos aprobados en Octubre de 1820 que supónían la aplicación de medidas aprobadas en su momento por las Cortes de Cádiz; lógicamente, la restauración del absolutismo en 1823 supuso la paralización de estas confiscaciones y ventas.

2. Desamortización de Mendizábal

Cuando murió Fernando VII, distintas causas hacen que el proceso desamortizador alcance sus mayores proporciones en el Reinado de Isabel II;
Destacamos la necesidad de la regente María Cristina de conseguir fondos para afrontar la guerra contra los carlistas, la favorabilidad a cualquier medida antieclesiástica de muchos españoles que rechazaban el apoyo de la Iglesia a Carlos Mª Isidro y la presión de los compradores de propiedades desamortizadas durante el Trienio que exigían la restitución de las mismas, se consiguió durante el gobierno del conde de Toreno.

La primera gran desamortización corresponde a Mendizábal con su desamortización de bienes eclesiásticos en 1836. Entre sus objetivos socioeconómicos, financieros y políticos, destacamos: acabar con el poder económico de los privilegiados para terminar con la sociedad estamental, permitir a los campesinos el acceso a la propiedad, aumentar la superficie de cultivo, conseguir fondos para sostener la guerra, el pago de la deuda pública que debía afrontar el gobierno y la creación de una nueva clase de propietarios. El proceso comenzó con el Decreto de 11 de Octubre de 1835 que ordenó la exclaustración general de los conventos y la disolución de todas las Órdenes religiosas, con excepción de las dedicadas a la enseñanza y la asistencia hospitalaria; tras ello, los bienes y rentas de estas Órdenes quedarían afectados por el Decreto de 19 de Febrero de 1836, que dictaba su expropiación por parte del Estado. Convertidas en bienes nacionales, estas propiedades fueron vendidas en subasta pública. Los lotes subastados sobrepasaron las posibilidades económicas de los pequeños propietarios y del campesinado; por esto, la gran mayoría de las tierras las compraron nobles o burgueses adinerados, así que, aquel teórico objetivo de permitir el acceso a la propiedad a la gran masa de campesinos no se consiguió.

De todos modos, esta desamortización fue especialmente relevante por su volumen, la rapidez con que se realizó y porque significó la irreversibilidad del proceso de cambio en la estructura de la propiedad que se desarrolló a todo lo largo del Ochocientos, proceso al que contribuyó también en esos mismos años la Ley de desvinculación del patrimonio de la nobleza de 1837, que, desvinculando las tierras de sus propietarios, permitía su reparto o su venta. La desamortización mendizabalista continuó aplicándose incluso durante la Regencia de Espartero, en la que se pretendíó extenderla al clero secular, aunque con el acceso al trono de Isabel II los nuevos gobernantes moderados la detuvieron en un intento de recuperación de las buenas relaciones con la Iglesia que acabaría plasmándose posteriormente en el Concordato de Bravo Murillo de 1851.

3. Desamortización de Madoz

Durante el bienio esparterista (1854-1856) y con los progresistas en el poder, se reanudó la política desamortizadora a partir de las disposiciones impulsadas por el ministro de Hacienda Pascual Madoz en 1855. Un Decreto del 3 de Mayo de 1855 establecía la venta de toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, los bienes de propios, baldíos y comunes de los Municipios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados, esta vez con indemnización, además de los que se habían expropiado a los Borbones carlistas. A esta se le llama desamortización “civil”, si bien puede considerarse una denominación inexacta, pues fueron también muchos los bienes de la Iglesia que se pusieron en venta. Estuvo vigente, salvo el período entre Octubre de 1856 y 1858, hasta su derogación en 1924 y las cantidades recaudadas se emplearon en cubrir el déficit presupuestario del Estado, amortizar la deuda, realizar importantes obras públicas y, en virtud de los acuerdos vigentes con la Santa Sede, reedificar y reparar templos católicos.

4. Consecuencias de las desamortizaciones

En cuanto a las consecuencias de los procesos desamortizadores, hemos de indicar, en primer lugar, las repercusiones económicas;
Se produjo el ingreso de más de 14.000 millones de reales en la Hacienda Pública, se acrecentó la concentración de tierras en pocas manos, se incrementó la superficie cultivada y la producción agraria causada más por la extensión del cultivo a tierras yermas que por una verdadera modernización, aunque no puede negarse que parte de los nuevos propietarios invirtieron en la mejora de la productividad e incentivaron la especialización de cultivos. Como aspecto negativo, se causó cierta deforestación ante la tala indiscriminada de árboles para aumentar las tierras de labor u obtener un beneficio inmediato con la venta de la madera.

Entre las consecuencias sociales, el proceso desamortizador ayudó a la sustitución de la estructura señorial heredada del Antiguo Régimen por otra capitalista. De todos modos, los grandes beneficiados no fueron los trabajadores de la tierra, de manera que las desamortizaciones fueron un factor importante en la consolidación de las clases medias urbanas, que al adquirir las fincas públicas se enriquecieron y diversificaron sus patrimonios. Por otro lado, la expropiación de los bienes de propios, baldíos y comunes empobrecíó a los Ayuntamientos, al tiempo que la privatización de las tierras comunales afectó muy negativamente a la economía ya de subsistencia de quienes antes se beneficiaban del uso de aquéllas. Por otro, se ocasiónó el desmantelamiento casi por completo del poder económico de la Iglesia, cuya pérdida de recursos se acentuaría con otras medidas, como la supresión del diezmo en 1837. Por último, se originó la exclaustración de miles de religiosos, iniciada por la Real Orden de 25-VII-1835 y la modificación del paisaje urbano por la desaparición de numerosos establecimientos eclesiásticos.

Entre las consecuencias políticas, hemos de destacar que los beneficiados por las desamortizaciones se convirtieron en una masa de incondicionales a la causa liberal, aunque en el polo opuesto se encontraban quienes se mostraban más afines a la Iglesia, que rechazaban un proceso que directamente la perjudicaba. Igualmente, se produjo una escalada de tensiones entre la misma Iglesia y el Estado liberal, dada la violación de acuerdos concordatarios que supusieron las leyes desamortizadoras. No obstante, se desaprovechó la ocasión de crear una clase media agraria capaz de estimular la demanda del mercado e impulsar las inversiones tanto en el campo como en otros sectores económicos. En ese sentido, fracasó como intento de reforma puesto que hizo más mísera la condición del campesinado, al tiempo que posibilitó la constitución de una oligarquía agraria que durante largo tiempo ejercíó el poder político y económico. No fue ajena a esta situación Andalucía, donde se consolidó el latifundismo, quedando las grandes propiedades en manos de personas que poco hicieron para remediar los problemas de su campesinado.

En cuanto a la historiografía, para historiadores como Jaime Vicens Vives o Raymond Carr, el proceso desamortizador fue un proyecto fracasado de una verdadera reforma agraria que desembocó en un enriquecimiento burgués, paralelo a la mayor pobreza del jornalerismo, mientras que para otros, como Josep Fontana, se limitó a un conjunto de medidas tendentes al remedio de la Hacienda Pública, pasando por opiniones como la de Francisco Tomás y Valiente, que lo calificó como un intento bienintencionado y necesario, pero realizado con mecanismos inadecuados;
En suma, aunque la desamortización de Mendizábal sirvió para salvar al gobierno cristino de la bancarrota y la de Madoz supuso un gran empuje para la construcción de nuestros ferrocarriles, ninguna de las dos supuso la solución de los males endémicos de la agricultura española, por más que esto se antojara como su objetivo fundamental.

11. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN. REINADO DE Alfonso XIII HASTA LA DICTADURA (1902-1923)

1. La pervivencia del sistema de la restauración y el revisionismo modernizador

El desastre del 98 mostró las deficiencias del régimen de la Restauración y dio lugar a un reformismo político. El período iniciado en 1902, con Alfonso XIII y acabado en Septiembre de 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, se caracterizó por una permanente crisis política, debido al fuerte intervencionismo político del propio monarca Alfonso XIII.
Su apoyo a los sectores más conservadores del ejército culminó con la Dictadura de Primo de Rivera y la enorme división de los partidos del «turno», fueron elementos clave en el desprestigio de la monarquía.

A la muerte de Cánovas y de Sagasta, alcanzaba la jefatura del Partido Conservador Antonio Maura, mientras en el Partido Liberal José Canalejas.
Conformaban así una nueva generación de políticos que se esforzó por mantener el sistema de la Restauración y superar las secuelas del 98, pero ninguno fue capaz de consolidar un liderazgo indiscutible. Alfonso XIII encargaba su primer gabinete al Partido conservador, liderado por Antonio Maura y Francisco Silvela.
Maura dirigíó en sus dos gobiernos diversas iniciativas, destacando la Ley Electoral de 1907 cuyo fin era luchar contra el fraude electoral y la creación del Instituto de Reformas Sociales, o del Instituto Nacional de Previsión, antecedente de la Seguridad Social. Entre los dos gobiernos mauristas, gobernó el Partido Liberal, con Montero Ríos, Segismundo Moret o José Canalejas.

2. La oposición al sistema

En cuanto a la oposición al sistema destaca el republicanismo, con Nícolás Salmerón, fundador de la Uníón Republicana en 1903 y Alejandro Lerroux, creador del centralista Partido Radical en 1908. El carlismo manténía una notable presencia en el norte peninsular. En 1909 fallecíó el pretendiente Carlos VII, sucedíéndole su hijo don Jaime, lo que ocasiónó la escisión liderada por Vázquez de Mella en 1919 al fundar el Partido Tradicionalista.
También destacaron los movimientos nacionalistas, sobre todo en Cataluña, con la Liga Regionalista. En el País Vaco, el PNV de Sabino Arana viviría un proceso de debate interno entre las posiciones autonomistas y las independentistas. En Galicia el galleguismo cultural avanzó mucho más que el político, debiendo esperar hasta 1929 para la fundación del ORGA. En Andalucía, la Constitución de Antequera o las propuestas de Antonio Machado Álvarez encontrarían continuación en las inquietudes de Blas Infante.

Igualmente, se desarrolló el movimiento obrero;
El socialismo evolucionará de manera lenta dentro de la U.G.T. El PSOE rechazaría la vía violenta, optaría por una participación electoral que le llevaría a las instituciones municipales y en 1910 a la designación como diputado a Cortes de su líder Pablo Iglesias. En 1921 nacería el más extremista Partido Comunista de España, de una escisión del movimiento socialista. En 1910 se había creado en Barcelona la CNT, y que gozaría de cierta importancia en Cataluña. Por último, hay que destacar al ejército, que jugará un papel decisivo en la historia de España, estimulado por factores como la falta de recursos, el retraso armamentístico y la desproporcionalidad entre oficialidad y la tropa y la oleada pacifista después del 98.

3. La crisis de 1909 y sus consecuencias

Los graves sucesos producidos en Barcelona en 1909 conllevarán a la primera gran crisis del reinado. Barcelona se había convertido en el corazón de la industrialización española. Alejandro Lerroux y su Partido Republicano Radical tuvieron un amplio desarrollo con un programa demagógico y anticlerical.

Se aprobó la Ley de Jurisdicciones de 1906, lo que trajo un reforzamiento del anticlericalismo y antimilitarismo en la ciudad. La política autoritaria del gobierno de Maura no ayudó a calmar los ánimos. Sin embargo, fue la guerra de Marruecos, la que determinó el estallido de la Semana Trágica.

Los acuerdos de la Conferencia de Algeciras de 1906 cónferían a España una parte de Marruecos, sin embargo, las tribus no aceptaron el dominio español. Las protestas obreras pronto aparecieron en Barcelona y Madrid y los primeros choques militares se saldaron con el Desastre del Barranco del Lobo. El día 26 de Julio estalló la huelga general en Barcelona, convocada por Solidaridad Obrera y la UGT. Se iniciaron tres días de protestas, quemas de conventos y enfrentamientos con el ejército. La represión fue muy dura, sobresaliendo el exilio de Lerroux y la ejecución de F. Ferrer Guardia con el lema de “Maura, no”.

El Rey, intentando acercarse a los sectores progresistas, dejará el gobierno en mano del liberal Segismundo Moret. Mientras el PSOE conseguía que Pablo Iglesias fuera elegido diputado, en las elecciones de 1910, ocupa la presidencia José Canalejas, llevando a cabo el último intento regeneracionista.

Procurará aportar soluciones a los problemas religiosos, al catalán e impulsar medidas sociales. Destacamos el servicio militar obligatorio en tiempos de guerra, la Ley de Asociaciones Religiosas, o la Ley de Mancomunidades, la cual fue finalmente frenada por el Senado, por su asesinato de la mano del anarquista Manuel Perdíñas.

Tras once meses de gobierno del liberal conde de Romamones, en 1913 accede a la presidencia Eduardo Dato, hasta finales de 1915, provocando esto una división dentro del partido conservador, entre los mauristas y aquellos más autoritarios. También sucedería con el Partido Liberal.

4. El impacto de la primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial dividíó al país entre aliadófilos (liberales e izquierdas) y Germánófilos (derechas conservadoras) pero trajo un periodo de prosperidad económica.
España, neutral, pudo convertirse en abastecedora de muchos productos para los países contendientes.

Se produce un auge de las exportaciones textiles, metales y siderúrgicas, pero se reducen las importaciones. Todo ello dará a un encarecimiento de los productos agrícolas y un alza de los precios en general, lo que facilita una importante concentración capitalista y un distanciamiento entre el sector financiero favorecido por el incremento de las exportaciones y las clases humildes perjudicadas por la subida de los precios.

5. La crisis de 1917

El sistema de la Restauración estallaría con la crisis de 1917, en la que confluyeron diversos factores:

• El desigual reparto social de los beneficios del boom económico, ocasionado por la guerra, y la creciente inflación llevaron al estallido social.
• La bajada de la capacidad adquisitiva o el deseo de suprimir los ascensos por méritos de guerra suscitó el malestar en un ejército que mantiene el conflicto marroquí.
• La incapacidad del gobierno en integrar nuevas realidades sociales, como los regionalismos y el movimiento obrero, y las disputas de los partidos de la Restauración ocasionaron el colapso del sistema.

La cuestión militar tiene su origen en el descontento generado entre los oficiales «peninsulares» ante los rápidos ascensos de los «africanistas», lo que culminó con la creación de las Juntas de Defensa. El gabinete conservador de Eduardo Dato aceptó unas Juntas que iban contra la disciplina militar. Su rápida extensión y el miedo a un Golpe de Estado militar provocaron su disolución, en 1922.

La actitud de las Juntas Militares influyó en los partidos de izquierda y regionalistas, que vieron una oportunidad para reformar la Constitución. Pero Romanones había cerrado las Cortes en Julio de 1916 y su sucesor, Dato, se negaba a reabrirlas. Ante esta situación los parlamentarios catalanes aprueban una petición de autonomía para Cataluña y convocan a setenta diputados españoles a una Asamblea de Parlamentarios, en donde no acuden políticos dinásticos. En ella se pide unas elecciones para las Cortes Constituyentes con el objetivo de realizar una profunda reforma política y limitación del poder de la Corona a lo que el gobierno reacciónó cerrando los periódicos catalanes y la ocupación militar de Barcelona.

Pero, la proliferación de huelgas a lo largo de este año fue evidente cuando los ferroviarios valencianos iniciaron el 20 de Julio, la huelga general que se extiende por toda la nacíón en Agosto.

Ante la amenaza de revolución obrera, las Juntas de Defensa abandonaron sus peticiones y apoyaron la represión contra los huelguistas. La dimisión de Eduardo Dato y la formación de un gobierno de coalición con la Liga Regionalista trajeron la inmediata desactivación de la Asamblea de Parlamentarios.

6. La desintegración del sistema (1917-1923)

Durante el sexenio de 1917-1923 destacaremos las difíciles circunstancias políticas del país.

En los últimos meses de 1917, los gobiernos del liberal García Prieto y el conservador Maura serán los últimos del sistema turnista. Cabe destacar la incorporación de políticos catalanistas, como Cambó, quien, en 1918, detentará la cartera de Fomento.

El bienio 1917-1919 está dominado por una serie de gobiernos de concentración nacional que hicieron renacer las esperanzas democratizadoras. Pero no cuajaron en la práctica tanto por las dificultades de aquellos años como por el enfrentamiento entre Cambó y Alba.

Entre 1919 y 1921 destacaremos la reacción conservadora fruto del desorden terrorista y de las repercusiones de la Revolución Rusa, en un sector obrero afectado por un incremento del paro.

Con el final de la Guerra se asiste a una contracción de los mercados, muy negativa para comerciantes, industriales y grandes propietarios agrícolas, lo que motiva un incremento del paro, mientras que en Barcelona se desarrollará la huelga de «La Canadiense”. A la extensión del movimiento huelguista por Cataluña responden los patronos con un cierre patronal y el pistolerismo generando un clima de violencia. Las protestas campesinas en el Sur y los acontecimientos en Marruecos condenan al fracaso al gobierno del conservador Sánchez de Toca.

En 1920, volverá a la presidencia Eduardo Dato, que extremará las órdenes represivas a través de la Guardia Civil y la Ley de Fugas. Sin embargo, fue asesinado en 1921 y se dieron diversas derrotas militares en Marruecos.

En Andalucía, la crisis de 1917 tuvo sus repercusiones en el Trienio Bolchevique (1918-1921). En ningún otro territorio del Estado tenía una mayor importancia el caciquismo, los niveles de industrialización eran escasos, había una escasísima capacidad de consumo y una incultura generalizada, haciendo crecer al movimiento obrero. El campesinado reclamaba la mejora de su nivel de vida y de las condiciones laborales con protestas por los anarquistas y la Federación Nacional de Agricultores fundada en Córdoba en 1913. Las protestas se fueron produciendo la huida de los grandes propietarios al medio urbano, a lo que el Gobierno respondíó ejerciendo una fuerte represión y la detención de los principales cabecillas.

En este contexto, la cuestión de Marruecos derivó hacia un gran conflicto. Durante el Siglo XIX se había acrecentado la presencia española en el Norte de África. Por intereses estratégicos, naciones como Inglaterra o Alemania se entrometen en una regíón sobre la que España no quiere que se tomen decisiones sin su participación. El acuerdo hispano francés de 1904, será previo a la Conferencia de Algeciras de 1906.

Definitivamente, un tratado de 1912 establece sobre Marruecos dos protectorados, uno francés y otro español. Políticos, el ejército y Alfonso XIII presionan para tener una fuerte presencia y grandes sectores de la opinión pública se oponen por los riesgos y los elevados gastos que supondría.

En 1919 es nombrado Alto Comisario de Marruecos el general Dámaso Berenguer, quien pone en marcha nuevas operaciones militares con el resultado de la toma de Xauen.

En 1921, un ataque mal preparado e imprudente al mando de Fernández Silvestre sin el conocimiento de Berenguer, produce las gravísimas derrotas de Monte Arruit y Annual, que llegan a poner en peligro Melilla. Se generalizarán las protestas, exigíéndose responsabilidades a los partidos políticos y se creará un germen de malestar social y militar.

Los últimos gobiernos constitucionales plantean la reforma de la Constitución, cuya viabilidad es imposible. En 1923 se suceden manifestaciones, huelgas y atentados terroristas en Cataluña. Los asesinatos del sindicalista Salvador Seguí en Barcelona y del arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevila acrecientan el temor de las clases medias y del sector empresarial. Aunque el Gobierno conoce la conspiración, no toma ninguna medida, así que cuando Primo de Rivera inicia el golpe militar el 13 de Septiembre de ese mismo año, Alfonso XIII acepta el pronunciamiento militar, al tiempo que el gabinete dimite, facilitando que los golpistas dejen en suspenso la Constitución instaurando la