Antecedentes
La Semana Trágica de Barcelona, 26 Julio-1 de Agosto de 1909, en la que una huelga general por la guerra de Marruecos y el envío de reservistas, degeneró en una insurrección que el ejército reprimíó con un saldo de 800 muertos. Ferrer Guardia, líder anarquista fue fusilado. Maura tuvo que dimitir.
La crisis de 1917; la inestabilidad política;
La radicalización del movimiento obrero y su contrapartida patronal; y el desastre militar de Annual (1921) fueron decisivos para el pronunciamiento militar de Primo de Rivera (1923).

La crisis de 1917:
Algunos historiadores piensan que la crisis de 1917 fue muy importante en el reinado de Alfonso XIII, que aceleró la caída del sistema liberal y de la monarquía.
Tuvo su origen en la crisis del sistema político de la Restauración y en los efectos de la PGM. Dicha neutralidad y no-intervención hizo que se dividiesen los españoles en dos bandos (aliadófilos-izquierdas- y Germánófilos-derechas) y enriquecíó a la burguésía, por los negocios de exportación benefició a los países beligerantes, y empobrecíó a las clases medias y trabajadoras, por la subida de precios y bajos salarios, fomentando la crispación social y huelgas.
La crisis estalló en el verano 1917. En la crisis de 1917 confluyeron el militar, el político y el obrero.

El Ejército.
Desde principios de siglo, los militares volvían a convertirse en un grupo de presión política (En 1906, Ley de Jurisdicciones, por la que las ofensas al ejército y a la patria se juzgarían en tribunales militares).

Además, los oficiales comenzaron a organizarse en Juntas de Defensa (sindicatos militares, para defender sus intereses económicos (mejoras salariales) y profesionales (regulación de los ascensos por antigüedad y no por méritos de guerra, como pretendían los militares “africanistas”), lo que expusieron en el Manifiesto de las Juntas, Junio de 1917). El Gobierno, ante el temor de una rebelión militar, tuvo que admitir dichas peticiones y promulgó en 1918 la Ley del Ejército.
La Asamblea de Parlamentarios.
Desde Febrero de 1917 las Cortes estaban cerradas y el Gobierno de Dato gobernaba mediante decretos ignorando al poder legislativo y a la oposición. En Julio de 1917, F. Cambó, convoca una asamblea de parlamentarios en Barcelona, que exigíó al gobierno de Dato convocar unas Cortes Constituyentes, el fin del turnismo y la posibilidad de un régimen autonómico para Cataluña. Solo asistieron 68 parlamentarios. Aunque socialmente se vio bien, la Asamblea fue disuelta por el Gobierno, tachándola de separatista.

El movimiento obrero.
En 1916 se produjo una huelga para abaratar los poductos de primera necesidad (tuvo éxito). La UGT y CNT convocaron una huelga general indefinida para el 13 de Agosto de 1917, creyendo contar con el apoyo de la Asamblea de Parlamentarios y de las Juntas de Defensa. Protestaban de forma pacífica por el incremento de los precios de alimentos básicos. No obstante, podía acabar en una revolución que derrocara al régimen establecido con una República democrática. El Gobierno declaró la Ley Marcial y envió al ejército contra los huelguistas (+70 muertes, 2000 detenidos

La instabilidad política:
A partir de la crisis de 1917, el sistema de la Restauración empezó a descomponerse. Conservadores y liberales, sin líderes claros y divididos, eran incapaces de mantener el turnismo, conseguir mayorías parlamentarias suficientes y formar gobiernos estables. Desde 1917 se recurríó a los “gobiernos de concentración”, integrados por políticos influyentes de diversos partidos monárquicos, para salvar situaciones conflictivas, pero las crisis gubernamentales eran continúas: desde Noviembre de 1917 hasta Septiembre de 1923 se produjeron 11 cambios de gobierno.
La radicalización del movimiento obrero:
La represión de la huelga de 1917, el impacto en los partidos socialistas de toda Europa de la revolución bolchevique y el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores, tras terminar la Guerra Mundial (aumento del paro y subida de precios), radicalizaron los movimientos obreristas.
       
En el PSOE se debatíó sobre si deberían incorporarse a la Tercera Internacional. Finalmente, los socialistas decidieron no ingresar en ella, por lo que hubo una división que formó el Partido Comunista de España (1922). Pese a ello, la presencia política y electoral de los socialistas siguió creciendo. La UGT, controlada por el PSOE, fue muy activa en estos años y alcanzó su madurez como sindicato industrial (en 1923 tenía 200000 afiliados). La CNT anarquista en 1919 rebasaba los 700000.
La conflictividad laboral fue destacada en Cataluña, Extremadura y en Andalucía, donde durante el “trienio bolchevique” (1918-1921) se produjeron ocupaciones y reparto de tierras y 23 huelgas.
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Estos conflictos llevaron al cierre de empresas (lock out), con amenazas y acciones violentas contra los líderes sindicales (pistolerismo) y con la fundación de una Federación Patronal. Los sindicatos, sobre todo anarquistas, recurrieron al activismo violento y atentaron contra autoridades, patronos y fuerzas del orden. Desde 1918 a 1923 se produjeron más de 800 atentados con 270 muertos, entre ellos Eduardo Dato (1921). En la represión del movimiento sindical tuvo especial relevancia el general Martínez Anido, gobernador civil de Barcelona, que puso en práctica la Ley de Fugas.
El desastre de Annual (1921):
En el primer tercio de del Siglo XX, Marruecos fue el eje de la política exterior española. Tras la Conferencia de Algeciras de 1906, Francia y España fijaron que a España le correspondía la zona norte (Rif), que desde 1909 empezaron a atacar a los españoles (Barranco del Lobo).
La intervención militar española en Marruecos era defendida por la mayor parte de los militares, banqueros, empresarios, por el Gobierno y por el propio monarca. La opinión pública estaba en contra, por el coste humano que requería.
El segundo gran incidente se produce en 1921. El general Berenguer como alto comisario en Marruecos inicia un despliegue de tropas por el Protectorado. Fernández Silvestre, con el objetivo de controlar el Rif, pone en marcha una operación militar en la que las tropas españolas se alejaron de su base en Melilla con el objetivo de ocupar Alhucemas; cercados en la población rifeña de Annual por las tropas de Abd-el-Krim, los soldados españoles huyeron hacia Melilla. Hubo más de 10000 muertos, incluido el general Silvestre.

La catástrofe no tenía precedentes y las consecuencias fueron gravísimas. Afectaron al Ejército, muy dividido ya entre africanistas o partidarios de seguir la guerra en Marruecos (Francisco Franco, por ejemplo), y peninsulares o junteros, partidarios de abandonar el conflicto (como Miguel Primo de Rivera). El socialista Indalecio Prieto llegó a acusar al propio Rey de tener responsabilidad en el asunto. Los militares les reprochaban a los políticos que les exigieran resultados sin proporcionarles los medios adecuados.
En 1923, se abríó un debate sobre las responsabilidades del desastre (Expediente Picasso) donde quedaron claras las negligencias del General Dámaso Berenguer, entre otros. Además, el suceso fue utilizado como arma política para desacreditar al régimen, que responde con sucesivos gobiernos de concentración.
Desarrollo: La Dictadura de Primo de Rivera
Desde la primavera de 1923 algunos sectores del ejército querían derrocar al gobierno. Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, se convirtió en jefe de la sublevación.
El debate en las Cortes sobre las responsabilidades del desastre de Annual, convocado para el 1 de Octubre de 1923, no llegó a concluirse. En la noche del 12 al 13 de Septiembre, Miguel Primo de Rivera, declaró el estado de guerra y redactó un manifiesto (al país y al ejército español) donde, con un tono regeneracionista, prometía acabar con el terrorismo, los desórdenes públicos, la agitación separatista y la utilización política de la Guerra de Marruecos.
La Dictadura de Primo de Rivera se divide en dos etapas.

El Directorio militar (1923-1925).
Primo de Rivera presentaba su proyecto como una solución de carácter provisional, mientras se restablecía el orden en el país. Pero durante los meses posteriores al golpe, Primo de Rivera, como «ministro único» del Directorio, puso en marcha una serie de medidas para “acabar con todo lo anterior”: destituyó a los presidentes de las Cortes y procedíó a su disolución; implantó el estado de guerra en todo el país (hasta 1925); suspendíó la Constitución y establecíó la censura; los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares; se nombraron delegados gubernativos, militares, en los ayuntamientos, y los concejales electos fueron reemplazados por «vocales asociados», designados por sorteo.
Los problemas que el Directorio Militar debía resolver:
– Problema político: lo soluciona con la prohibición de las actividades de los partidos políticos y la creación de un solo partido gubernamental (con patriotas de buena voluntad y enemigos del desorden, y con una base ideológica populista y autoritaria). Este partido era la Uníón Patriótica.
– El desorden social: dura política represiva contra cualquier acto contrario al régimen. Para controlar el orden público instauró en toda España una milicia cívica armada (creada en Cataluña por la derecha patronal para luchar contra el sindicalismo), supeditada al Ejército, el Somatén Nacional.
– El nacionalismo catalán: prohibíó el uso de la bandera y lengua catalana en actos oficiales e ignoró el carácter político de la Mancomunitat. Los nacionalistas de izquierdas reaccionaron con F. Maciá.
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– La cuestión de Marruecos: para poner fin al conflicto marroquí, el dictador, tras contemplar la posibilidad de abandonar el protectorado, pasó a la ofensiva gracias a una operación militar conjunta Franco-española que se inició con el desembarco de Alhucemas (1925), en el que se logró someter a Abd-el-Krim y a las kábilas rifeñas. En 1927 terminaba una guerra que había costado a España más de 25.000 muertos y más de 5.000 millones de pesetas. La conclusión de este conflicto fue el mayor éxito de la Dictadura y reforzó la autoridad del Ejército.
El Directorio civil (1925-1930).
El éxito conseguido por Primo de Rivera en Marruecos aumentó su prestigio político y popular; hubiera sido el momento de abandonar la dictadura y restablecer el orden constitucional. Sin embargo, el dictador decidíó permanecer en el poder e instituir un régimen estable y duradero. Así, en Diciembre de 1925, sustituyó el Directorio Militar por uno Civil, formando un Gobierno compuesto por una mayoría de políticos civiles de derecha (Calvo Sotelo, Aunós y el conde de Guadalhorce) y algún militar (Martínez Anido), aunque mantuvo la suspensión de la Constitución y continuó gobernando por decreto.

Medidas políticas:
Para afianzar su Gobierno e institucionalizar el nuevo proyecto político, Primo de Rivera trató de consolidar el partido único, la Uníón Patriótica, y un órgano de propaganda, el diario “La Nacíón”.
Para regular la política local mandó elaborar a Calvo Sotelo el Estatuto Municipal. También propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva (1926), integrada por representantes de instituciones y corporaciones, excluyendo a anteriores políticos. 

Esta Asamblea debía hacer una nueva Constitución, que sustituyera a la de 1876, y legitimase el nuevo régimen. Rompía así con el parlamentarismo liberal. Se elaboró una Constitución, que instituía un Estado corporativo y conservador, a la manera italiana. El texto no fue sancionado por la oposición del monarca, lo que puso de manifiesto la incapacidad del régimen para encontrar un fórmula institucional alternativa al parlamentarismo.
Medidas sociales:
Para solucionar la conflictividad social, la intervención estatal en las decisiones económicas y en las relaciones laborales era imprescindible. Eduardo Aunós creó la Organización Corporativa Nacional (1926), con la que se pretendía suprimir las organizaciones patronales y los sindicatos obreros, integrándolos en Corporaciones que, en Comités Paritarios, resolvían los conflictos laborales.
Además, se promulgaron una serie de leyes sociales paternalistas que aumentaron las prestaciones de la seguridad Social y concedieron ayudas a las familias numerosas y por maternidad. Estas medidas contaron la oposición del sindicato anarquista CNT, pero obtuvieron el apoyo del empresariado y de la UGT socialista.
Medidas económicas:
Hubo un crecimiento hasta 1929, que permitíó que se incrementaran los gastos estatales (obras públicas, viviendas sociales e infraestructuras). Fue promovido por Calvo Sotelo y el conde de Gudalhorce.
Se impulsaron los monopolios estatales para obstaculizar la actuación de empresas extranjeras: CAMPSA (petróleos) y Compañía Telefónica.S 

Mediante un Plan Nacional de Infraestructuras se crearon las Confederaciones Hidrográficas y se inauguraron numerosos pantanos, se construyeron carreteras y ferrocarriles.
España organizó con éxito dos grandes Exposiciones Universales (Sevilla y Barcelona), que disminuyó el desempleo, pero la financiación de las mismas, mediante préstamos y deuda pública, produjeron un gran déficit, ya que la ausencia de reformas fiscales limitaba los ingresos del Estado.
 
La oposición a la Dictadura
La mayoría de la sociedad aceptó la Dictadura. Pero algunos se opusieron: políticos de los antiguos partidos de la Restauración, de cuyas filas surgieron muchos republicanos (como el liberal Niceto Alcalá-Zamora); determinados sectores del Ejército se enfrentaron con el dictador y organizaron conspiraciones contra el régimen de Primo de Rivera (Sanjuanada (1926)), motivadas por un desacuerdos entre los Cuerpos del Ejército (el problema de los ascensos surgido entre el cuerpo militar de artilleros); la Iglesia; y la mayoría de los intelectuales (gran repercusión la polémica entre el dictador y Miguel de Unamuno, que fue expulsado de la Universidad de Salamanca y desterrado a Fuerteventura). A los disidentes de la Dictadura se unieron los perseguidos por ella: el nacionalismo catalán, la CNT y el PCE.

desde 1929 se incrementó la conflictividad social. En Enero de 1930, el dictador dimitíó y se exilió a París, donde murió poco después, dejando a Alfonso XIII frente a un grave problema de gobierno.
Consecuencias
La caída de la Monarquía la República (Enero de 1930-Diciembre de 1931)
Dámaso Berenguer sustituyó a Primo de Rivera, quien prometía la vuelta a la situación anterior a 1923. Sin embargo, fue un proceso lento (Dictablanda). La oposición comenzó a organizarse y los republicanos, el PSOE y otros grupos (como los catalanistas de izquierda) acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián (Agosto de 1930) y se comprometían a proporcionar una alternativa republicana a la Monarquía. El Rey se estaba quedando sin apoyos: toda la izquierda, el republicanismo, los intelectuales (Delenda est Monarchia, escribía Ortega y Gasset en Noviembre de 1930 en su artículo “El error Berenguer”), los nacionalistas e incluso un sector del ejército: a finales de año se produjo un intento de pronunciamiento militar dirigido por Queipo de Llano en Cuatro Vientos, que fracasó, al igual que la intentona de sublevación general republicana puesta en marcha desde Jaca por Galán y García Hernández, que fueron fusilados.
El rey mandó formar un gobierno de concentración al almirante Aznar, que intentó reconducir la situación con una doble propuesta dentro del sistema político: la celebración de elecciones municipales y la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes.