La transición democrática es el periodo de restauración de las instituciones democráticas que tuvo lugar en España entre 1975 y 1982. Comenzó con la muerte de Franco y la proclamación de J.C 1 (1975) como rey y jefe de estado. Supuso la restauración de la monarquía borbónica por tercera vez. La victoria electoral del PSOE (1982) fue el momento histórico que acabó con la transición, con la llegada al poder de uno de los grandes partidos políticos supervivientes de la etapa anterior a la guerra civil, significaba la consolidación democrática de España.
Dentro de la transición destaca el quinquenio (1975-1979), una etapa en la que se diseñó el actual estado español. El carácter de la transición española: a diferencia de otros procesos de democratización, la transición española fue impulsada desde dentro del sistema. Por ese motivo, no se sustituyó al rey ni al presidente del gobierno. Adolfo Suárez, que había sido un alto cargo en los últimos años del franquismo, también fue junto al monarca uno de los principales impulsores de la transición.
Características de la transición: se trató de una revolución controlada del franquismo hacia la democracia. Se considera un ejemplo de los cambios y la madurez alcanzados por la sociedad española en los años 60. La revolución fue relativamente pacífica y no conllevó reformas profundas. Fue fruto de un acuerdo entre algunos dirigentes del antiguo estado franquista y la oposición. La transición no fue solo el resultado de la habilidad de grandes personalidades políticas, ni tampoco consecuencia de la presión de las masas sobre los dirigentes, que mantuvo un equilibrio entre ambos supuestos.
Gobierno de Arias Navarro
Tras el juramento del príncipe J.C de Borbón como rey, el entonces presidente del gobierno Carlos Arias, fue confirmado en su cargo, lo que significaba la vigencia del régimen, ya que entre los ministros figuraban representantes del franquismo. El proyecto fracasó debido al enfrentamiento personal entre Arias y el propio rey, partidario de una democratización plena. El monarca fue respaldado por Adolfo Suárez.
Gobierno de Suárez
Su gabinete y las circunstancias del momento fueron decisivas para la restauración de la democracia en España. La oposición consideraba a Suárez un político sin muchos méritos. Suárez tuvo dificultades para formar gobierno debido a la hostilidad de los políticos franquistas más importantes, constituyó un gabinete con políticos jóvenes de la misma generación. Se logró el asentimiento de los herederos del régimen franquista al proceso de reforma (ley para la reforma política), esencial para la demolición de la dictadura, el equilibrio era fundamental y los apoyos imprescindibles, tanto de la oposición como de las cortes franquistas. La aprobación de la ley representaba la liquidación del régimen para dar lugar a otro régimen de democracia política, soberanía popular. El congreso sería elegido por sufragio universal: el gobierno quedaba facultado para convocar elecciones. Para tranquilizar a los militares reacios a las reformas, Suárez les prometió que el PCE no sería legalizado. La ley para la reforma política fue aprobada en referéndum.
El Periodo Constituyente (1977-1979)
Tras las elecciones, UCD intentó gobernar en solitario estableciendo pactos con otras fuerzas políticas con el objetivo de elaborar una nueva constitución, construir el estado de las autonomías, gestionar una política económica fuerte para acabar con la crisis energética mundial.
Los Pactos de Moncloa
Se hicieron para resolver los problemas políticos y económicos en España. El paro se disparó y la inflación, junto al déficit exterior, amenazaban con quedar fuera de control y arruinar todo el sistema económico, poniendo en peligro el cambio político iniciado. La idea de un gran pacto fue inspirada por el economista Enrique Fuentes Quintana. Los Pactos de la Moncloa consiguieron ciertas mejoras, reduciendo la inflación y poniendo cierto orden en el caos económico y, sobre todo, en el laboral. Su aplicación se vio limitada por la segunda crisis del petróleo.
La Constitución del 78
Mediante la aprobación de la Constitución se configuró en España un nuevo sistema democrático que sustituyó a las viejas estructuras políticas franquistas. Se asienta sobre un conjunto de principios y valores esenciales: libertad, justicia, pluralismo político, igualdad ante la ley, etc. Se garantiza la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas a través de la obligación del estado de promover el bienestar colectivo por medio del mantenimiento de una serie de prestaciones públicas de carácter económico y social. Se reconoce el derecho a la seguridad, educación, seguridad social, libertades religiosas, expresión, pensamiento, reunión y manifestación. Se creó la figura del defensor del pueblo que se encarga de garantizar y salvaguardar los derechos básicos de los ciudadanos. La constitución también establece la no confesionalidad del estado. El rey desempeña la jefatura del estado, carece de poderes políticos y no participa en la toma de decisiones. El poder legislativo reside en las cortes generales, formadas por dos cámaras: el congreso de diputados y el senado. Ambas cámaras son representativas y sus miembros son elegidos por los ciudadanos mayores de 18 años. El gobierno tiene el poder ejecutivo y lo componen el presidente, los vicepresidentes y los ministros. El tribunal constitucional se ocupa de controlar la constitucionalidad de todas las leyes.
Estado de las Autonomías
El establecimiento de las autonomías políticas como forma de organización territorial supuso el reconocimiento de las aspiraciones de autogobierno de los nacionalistas y el final del rígido centralismo anterior. Las comunidades autónomas son provincias o agrupaciones de provincias que acceden a su autogobierno, asumiendo funciones y competencias mediante la aprobación de estatutos de autonomías. La capacidad de negociación de cada comunidad autónoma y el equilibrio de fuerzas políticas de cada momento son determinantes en este proceso. Hay dos vías para crear comunidades autónomas: vía rápida, que permite el acceso directo e inmediato al nivel máximo de competencias mediante la aprobación en referéndum de un estatuto de autonomía; vía lenta, estas comunidades pueden asumir todas las competencias en el plazo de 5 años y no precisan un referéndum para crearse. Las regiones autónomas disponen además de recursos económicos propios para gestionarlos libremente.