Crecimiento demográfico
Al comienzo del siglo XIX, la población española contaba con once millones de habitantes, y al cierre del siglo, alcanzó los 18 millones. Una de las grandes dificultades para la modernización en España fue el lento crecimiento demográfico. Durante los primeros quince años, la sociedad española sufrió diversas calamidades, entre ellas el efecto devastador de la Guerra de Independencia. Sin embargo, comenzó a recuperarse a partir de 1815. A lo largo del siglo XIX, la población creció un 77%, cifra inferior al resto de potencias europeas. Pese a tener una alta tasa de natalidad, también padecía de una elevada tasa de mortalidad. La esperanza de vida no llegaba a los 35 años, debido a la alta tasa de mortalidad infantil, las hambrunas y crisis de subsistencias causadas por: malas cosechas, elevación de precios en cereales y epidemias tanto periódicas como la fiebre amarilla y el cólera como las endémicas, tuberculosis, viruela o difteria.
La transición demográfica no tuvo lugar en España hasta la mitad del siglo XX, cuando se redujo significativamente la mortalidad infantil.
Modernización de las infraestructuras: el impacto ferroviario
Carreteras
En España, la movilidad dentro de la Península era imposible, lo que dificultaba el comercio. El rey Carlos III intentó realizar un mínimo esfuerzo para solucionar este problema, pero fueron los liberales quienes planearon un gran proyecto a lo largo de la Década Moderada, el Plan radial de carreteras. Este proyecto favoreció la modernización de la capital, Madrid, convirtiéndola en la gran ciudad que debía ser. De esta manera, se consiguió»vertebra» a la Península, favoreciendo la red de comunicación que comunicaba la capital con las seis vías principales con destinos a Irún, Barcelona, Valencia, Andalucía, Extremadura y la frontera portuguesa y Galicia.
Ferrocarril
La expansión del ferrocarril se dio en tres fases: la primera se extendió durante la Década Moderada. Aunque España llegó con retraso, se construyeron las primeras líneas ferroviarias entre Barcelona y Mataró en 1848. Sin embargo, el Estado renunció a promover por sí mismo, en consecuencia de la escasez de recursos, la construcción de vías y en 1844 se elaboró una orden que reguló el permiso, sobre todo, a las empresas extranjeras de la construcción y explotación de las líneas. En muchos casos, las adjudicaciones de las obras estuvieron relacionadas con casos de corrupción y que acusaron a la madre de la reina por algunos de ellos. Estos casos fueron una de las causas de la revolución de 1854. Así se abrió paso al Bienio Progresista y comenzó la segunda fase de la expansión. Mediante las desamortizaciones de Madoz se consiguió financiar el ferrocarril, además de la influencia de la Ley de Ferrocarriles aprobada en 1855. Las empresas privadas extranjeras se encargaron de la construcción de líneas. Y por último la tercera fase, en 1860 que se concibió como el gran»BOO» de ferrocarriles. Se construyeron miles de líneas. Buena parte de la red ferroviaria conectaba Madrid con tres nudos ferroviarios (Venta de Baños, Alcázar de San Juan y Zaragoza) donde se abrían otras líneas hacia puertos de mar y las fronteras. El gran auge de la expansión ferroviaria coincidió con la minera, por lo que la mayoría de líneas conectan con minas. El desarrollo de la red ferroviaria fue posible gracias a la importación de capital, tecnología y material del extranjero. Lo cual no incidió en el fomento de la industria española.
El impacto del ferrocarril fue decisivo para la vertebración interior del territorio y revolucionó la vida social y económica del país. El transporte de pasajeros tuvo mayor impacto que el de mercancías. Sin embargo, en consecuencia de la diferencia en la anchura de la vía española con respecto al resto de Europa, provocó un cierto aislamiento ferroviario de España.
Desarrollo urbano
A finales del siglo XIX, el 91% de la población vivía en ciudades de menos de 100.000 habitantes y Madrid y Barcelona no superaban los 500.000 habitantes. Se consolidaron dos grandes ciudades españolas, a pesar de sus limitaciones. La primera como capital y sede de la Monarquía, del gobierno, las instituciones y las entidades financieras y la segunda, por acoger un creciente desarrollo industrial.
Las grandes operaciones urbanísticas tuvieron lugar para dar respuesta a las necesidades del crecimiento de su población, las cuales fueron satisfechas por las dos grandes ciudades de Madrid y Barcelona, mediante la planificación de los dos célebres *»ensanche»**.
En Barcelona, Ildefonso Cerdá diseñó un ensanche caracterizado por la planificación de nuevos barrios de forma independiente al casco histórico. El trazado se ejecutó en 1860, de forma ortogonal uniforme, con ejes oblicuos (como el de la Diagonal) que facilitan el recorrido. La unidad básica es la manzana, achaflanada en las esquinas y con jardines interiores.
En Madrid, en los mismos años, se planificó el “ensanche” por Carlos María de Castro pero financiado por un gran empresario. Al igual que Barcelona, se diseñaron nuevos barrios al margen del centro histórico, en base a un plano ortogonal de manzanas. Se creó un eje aristocrático en el Paseo de la Castellana, con palacetes y una amplia zona para la burguesía, el actual barrio de Salamanca. Chamberí y el Sur del Retiro se idearon como barrios populares.
La revolución industrial. La incorporación de España a la era de la industrialización fue débil y localizada geográficamente. De entre las primeras industrias en desarrollarse se encuentra la industria textil catalana con base de algodón. La burguesía industrial catalana compitió con Inglaterra y se benefició de la ley proteccionista española de elevados aranceles en la importación de tejidos. Pero las pérdidas de las colonias en 1824 y la de Cuba y Puerto Rico en 1898 supuso un duro golpe. Aún así, los empresarios textiles catalanes demostraron una gran adaptación a esta situación renovando la tecnología, al colocar diversos telares en los alrededores de Barcelona basado en la tecnología de vapor. Ayudó a Barcelona a convertirse en una gran ciudad industrial, donde apareció el movimiento obrero con fuerza. También absorbió la industria textil castellana con base de lana y que entró en un profundo declive. La industria meta-siderúrgica se dió en tres ocasiones. La primera en Málaga en 1860, dada la existencia de minas de hierro, pero la importación del carbón extranjero para los hornos, encarecía el proceso, por lo cuál, fracasó. La segunda se dió en Asturias junto a las cuencas mineras, pero debido a la baja calidad del carbón, no permitió un gran despegue industrial. Fue finalmente en el País Vasco donde arraigó con más fuerza. Las minas de hierro a cielo abierto de Vizcaya proveían de mineral a los altos hornos en la ría de Bilbao. El carbón que se necesitaba era importado desde León por ferrocarril o de Gran Bretaña en barco, a quién se intercambia por hierro. La minería española tuvo un cierto auge en el último cuarto del siglo XIX, debido a la existencia de yacimientos mineros de plomo, cinc, hierro, cobre y mercurio. Pero durante la Década Ominosa de Fernando VII, la legislación impuesta en 1825 impidió la exportación privada de las riquezas del subsuelo que se volvieron propiedad de la corona española. Entonces, el gran auge minero tuvo que esperar hasta la aprobación de la Ley de Minas en 1868, que permitió a la iniciativa privada las minas propiedad de la Corona. Su explotación fue favorecida por la gran demanda por los minerales exigida por la industria europea. Y a muchas empresas europeas se le concedió la explotación de minas españolas como las minas de Río de Tinto en Huelva. También cabe destacar el auge de la industria agroalimentaria, la industria harinera castellana. Desde 1831 se permitió la construcción de fábricas de harina en los márgenes del Canal de Castilla, que facilitó su transporte a Santander para ser exportada allí. En conclusión, el resultado de la primera industrialización fue pobre y limitado geográficamente. Se le concibió como “el fracaso de la revolución industrial española”, debido a la debilidad del mercado interno, las malas comunicaciones internas y la escasez de capital para inversiones industriales. Sin embargo, la combinación de las inversiones extranjeras y el proteccionismo español fueron las bases para el desarrollo industrial español. 0
Las desamortizaciones.
Construir un estado liberal no se basó, solo, en la implantación de unas instituciones políticas liberales (Constitución, división de poderes…) o en un amplio conjunto de derechos (libertad de imprenta, derecho al sufragio), sino que la revolución liberal se apoyó en un programa de reformas liberales que pusieron fin al sistema del Antiguo Régimen.
Durante el Antiguo Régimen una gran parte de las tierras estaban en “manos muertas”. Es decir, unas tierras que no se podían vender ni comprar ya que sus propietarios (La Iglesia, las Órdenes militares…) no tenían la capacidad para ello. Estaban fuera del mercado. Los liberales concebían que el país se empobrecía por la carencia de producción en las tierras y aquellos que podían cultivarlas no podían comprarlas. La solución se halló en la desamortización. Expropiar las tierras por el Estado y venderlas en subastas públicas. Así, el Estado conseguía ingresos, los particulares, tierras para cultivar y la sociedad se beneficiaba al incrementar la producción y la riqueza del país.
Los liberales pudieron llevar a cabo su programa desamortizador durante el gobierno progresista de la Regencia de Mª Cristina, tras la insurrección de los sargentos en la Granja, en 1836 . Aunque, anteriormente, lo intentaron cuando estuvieron en el poder, en las Cortes de Cádiz y durante el Trienio Liebral. Entonces, además de aprobarse las Leyes Desamortizadoras de Mendizábal de 1835-1837, se suprimieron los mayorazgos nobiliarios y los señoríos. Mediante la ley de Mendizábal se expropiaron las tierras de la Iglesia y se subastaron. Fue una desamortización eclesiástica. Los objetivos de la desamortización eran, ganar ingresos para amortizar la deuda pública del Estado, financiar la I Guerra Carlista, y ganar el favor de los campesinos al posicionarlos como propietarios de la tierras. Pero, las subastas favorecieron a los grandes propietarios que pudieron adquirir las tierras. Un segundo impulso fue durante la regencia de Espartero en 1841.
Tras la década moderada, los progresistas volvieron al poder a través de la Vicalvarada. Comenzó el Bienio Progresista (1854-1856). Tuvo lugar, por segunda vez, el intento del programa desamortizador, con la Ley de Madoz de 1855. Esta Ley describió un amplio conjunto de propiedades como bienes susceptibles, expropiados y puestos en venta. La ley afectó a la tierras de la Iglesia no vendidas, las tierras de las órdenes militares y a los “bienes de propios” del Ayuntamiento y las tierras comunales de municipios. Los ingresos obtenidos sirvieron para financiar proyectos ferroviarios (Ley de los Ferrocarriles aprobada en 1855). El regreso al poder de los conservadores (1856-1858) frenó el proceso desamortizador, pero se volvió a incorporar durante el gobierno de la Unión Liberal (1858-1863).
El proceso desamortizador tuvo una gran importancia ya que afectó a diez millones de hectáreas (una quinta parte del territorio nacional). Fue un enorme proceso de privatización de la tierras de la Iglesia, Órdenes militares y los Ayuntamientos.
En consecuencia, el proceso desamortizador no consiguió el objetivo de crear una nueva clase de propietarios de tierras y tampoco elevó la baja productividad de la agricultura española. Por otra parte, las condiciones de vida de muchos campesinos empeoró, debido a la gran exigencia de los nuevos contratos de arrendamiento y que los grandes propietarios querían rentabilizar su inversión. Entonces, debido a la desesperación de su situación y las malas condiciones de vida llevó a muchos campesinos al anarquismo.