1. Cambio Dinástico y Guerra de Sucesión
El siglo XVIII se abre con un conflicto dinástico: Carlos II murió sin descendencia y nombró como sucesor en su testamento a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. El otro candidato, Carlos de Habsburgo (hijo del emperador de Austria) no lo aceptó. Gran Bretaña, Holanda y Portugal le apoyaron, argumentando que se rompía el equilibrio político en Europa. Se inició así, en 1701, la Guerra de Sucesión a la corona de España, que en nuestro país tuvo además un carácter de guerra civil, puesto que la corona de Aragón apoyó al candidato austriaco, por temor a las medidas centralizadoras de los Borbones.
El fin de la guerra vino marcado por la muerte del emperador de Austria. El archiduque Carlos heredó la corona imperial y las potencias europeas le dejaron de apoyar. Se firmó el Tratado de Utrecht, en 1713, por el que Felipe V fue reconocido como rey de España a cambio de amplias concesiones territoriales y comerciales que España tuvo que hacer a Gran Bretaña (Gibraltar, conquistado por Gran Bretaña en 1704, Menorca, recuperada en 1783) y a Austria (Bélgica, Nápoles, Sicilia…).
El reinado de los Borbones se inició con una importante pérdida de poder e influencia de la corona española en el contexto internacional. España perdió todas sus posesiones en Europa. Sin embargo, este hecho liberó a la monarquía de la pesada carga fiscal y militar que había supuesto en los siglos XVI y XVII el mantenimiento de estos dominios. Los Borbones concentraron todas sus energías en mejorar la situación de España y de los territorios americanos.
Así, el siglo XVIII fue un siglo de relativa estabilidad, aunque España participó en algunas guerras en la lucha por la defensa de los intereses españoles. Para ello firmaron una serie de pactos con Francia denominados Pactos de Familia. El primero fue realizado en 1733 por Felipe V en su intento de obtener el apoyo francés contra Austria para recuperar los territorios españoles en Italia. Fernando VI mantuvo una política exterior de neutralidad. Con Carlos III, España se alió a Francia (Tercer Pacto de Familia, 1769) para combatir a Inglaterra en la Guerra de los Siete Años.
2. Reformas Institucionales
La monarquía: La llegada de los Borbones al trono español significó la consolidación del absolutismo monárquico de inspiración francesa. El poder del monarca se situaba por encima de cualquier institución (Cortes y Consejo de Castilla). Se estableció, como en Francia, un estado centralizado. Por los Decretos de Nueva Planta se suprimieron las cortes de los diferentes territorios de la Corona de Aragón, quedando las cortes de Castilla como las cortes de España, aunque apenas se convocaban (para jurar al heredero). Igualmente fue abolido el consejo de Aragón y el de Castilla se constituyó en el órgano esencial del gobierno del país.
La labor del rey era auxiliada por las Secretarías, parecidas a los actuales ministerios. En 1714 se crearon las Secretarías de Estado y Asuntos Extranjeros, Asuntos Eclesiásticos y Justicia, Guerra y Marina. En 1754 la secretaría de Hacienda. Los secretarios eran nombrados y destituidos por el rey.
El territorio: También se procedió a una nueva organización de todo el territorio: se eliminaron los antiguos virreinatos (con excepción de los americanos) y se crearon demarcaciones provinciales. Al frente de cada una había un capitán general con atribuciones militares y administrativas, que ejercía de gobernador. Se establecieron reales audiencias, presididas por los capitanes generales. También se extendió a todas las ciudades la figura del corregidor como representante del rey y persona de su confianza.
Fue una novedad en la administración la introducción de los intendentes, de origen francés. Eran funcionarios que dependían directamente del rey y gozaban de amplios poderes. Se encargaban de la recaudación de impuestos y de fomentar el desarrollo de la economía, así como de controlar a las autoridades locales.
La Hacienda: Los Borbones intentaron mejorar el sistema de recaudación de impuestos. Como consecuencia de los Decretos de Nueva Planta, Felipe V obligó a contribuir a los territorios de la corona de Aragón. Se estableció para cada reino una cantidad equivalente a la que se pagaba en Castilla, teniendo libertad cada territorio para elegir el sistema de recaudación que quisiera, con tal de reunir la cantidad asignada. En Castilla Fernando VI (1746-1759) pretendió implantar una reforma fiscal según el proyecto del Marqués de la Ensenada, a la vez ministro de la guerra y de Hacienda. Trató de sustituir la gran diversidad de impuestos que se cobraban, por una única contribución, inspirada en el sistema que se había establecido en Cataluña con éxito. Para establecer la cuantía correspondiente a cada súbdito era necesario, previamente, un recuento detallado de todos los habitantes de Castilla así como de sus propiedades. La investigación se realizó (catastro de Ensenada, fuente histórica de primer orden para conocer la economía y la sociedad de Castilla a mediados del siglo XVIII) pero las protestas de los estamentos privilegiados acabaron con el ambicioso proyecto.
Las relaciones Iglesia-Estado estuvieron marcadas por el regalismo, doctrina que propugnaba la superioridad del rey sobre la Iglesia en cualquier ámbito que no fuera la pura doctrina religiosa. Uno de los objetivos de los monarcas fue someter a su autoridad a la Iglesia en sus naciones, para lo cual necesitaban obtener el patronato regio, o derecho de la Corona a nombrar a los cargos eclesiásticos, especialmente obispos. Un ejemplo claro de intromisión del Estado en asuntos religiosos fue la expulsión de la Compañía de Jesús de España y sus colonias en 1767.
3. Economía y Política Económica
Desde 1680 aproximadamente se había iniciado en España una nueva fase de expansión demográfica. El siglo XVIII fue sin duda un siglo de crecimiento demográfico, aunque desigual: fue mayor en las regiones periféricas y en Madrid, y menor en la España interior.
La agricultura: el principal obstáculo para el desarrollo de la agricultura era el régimen de propiedad de la tierra. La mayor parte de las tierras eran tierras amortizadas (manos muertas), que no se podían vender o entregarse a quienes tuvieran interés en mejorarlas. Eran tierras que pertenecían a la Iglesia, a los municipios (bienes comunales como prados, bosques, etc., o bienes de propios, arrendadas a particulares mediante una renta) o vinculadas a mayorazgos (nobleza). En consecuencia, los rendimientos agrícolas eran muy bajos.
Como la población aumentaba, y con ella, la demanda de productos agrícolas, era urgente producir más. Sin embargo, la Corona se limitó a adoptar algunas medidas parciales para no atentar contra los intereses de los estamentos privilegiados. Se intentó una solución más profunda para acabar con el problema de la tierra con el proyecto de una Ley Agraria. Para ello se encargó un informe sobre los problemas de la agricultura y sus posibles soluciones, dirigido por Jovellanos. Sin embargo, se publicó ya en el reinado de Carlos IV cuando las circunstancias no eran nada propicias para la reforma. El problema de la tierra pasó casi intacto al siglo XIX, durante el cual se trató de resolver con planteamientos mucho más radicales, de carácter liberal.
Se crearon nuevos tipos de industrias al margen del control de los gremios, como las Reales Fábricas (armas, construcción naval y elaboración de productos de lujo como paños, seda, vidrio, tapices, porcelana). Se impusieron las manufacturas privadas y la industria a domicilio, especialmente en el sector textil catalán y ferrerías vascas. La política industrial de la monarquía se basó en el proteccionismo, por el cual se prohibía por ejemplo la importación de telas de Asia, lo cual favoreció a la industria textil catalana más que a otras.
El comercio interior era todavía escaso debido a los obstáculos del territorio peninsular, las malas infraestructuras de comunicación y la escasez de medios de transporte terrestre. La monarquía prestó especial atención al comercio con América. En un primer momento se reforzó el monopolio castellano ejercido desde el puerto de Cádiz y se crearon compañías comerciales privilegiadas y monopolísticas, como la Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728) a la que la Corona concedió el monopolio de comerciar con Venezuela. Posteriormente se fue liberalizando el comercio americano hasta que en 1778 se estableció el libre comercio de cualquier puerto de España con América, lo cual fue un gran estímulo para la industria y el comercio, en especial en Cataluña.
4. La Ilustración – El Despotismo Ilustrado
La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que se dio desde finales del siglo XVII hasta la Revolución Francesa de 1789. El siglo XVIII fue llamado “siglo de las luces” y tuvo su mayor expresión en Francia, aunque sus fuentes procedían de otros países especialmente de Inglaterra, y de épocas anteriores. La característica básica de este movimiento fue una confianza ilimitada en el poder de la razón, (culto a la razón) que no podía ser sustituida ni por la autoridad, ni por la tradición, ni por la revelación. Todo lo que la razón no pudiera demostrar sería rechazado, de ahí el espíritu crítico de los ilustrados. El hombre, conducido por su inteligencia, alcanzaría el conocimiento, base del progreso y de la felicidad popular, entendida esta en el sentido actual de bienestar social. Destacó también la importancia de la naturaleza cuyas leyes debían ser descubiertas por la razón y formuladas científicamente.